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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05572-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05572-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia del 15 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05572-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

27 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05572-01
Demandante: Harvey Moisés Rosemberg Laguna

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., ventisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05572-01
Demandante: HARVEY MOISÉS ROSEMBERG LAGUNA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial – medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra acto administrativo
proferido en proceso de fiscalización. Falta de cumplimiento de
requisitos generales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 15 de noviembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B que resolvió:

«PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso, defensa, igualdad, trabajo y seguridad social invocados por el señor
Harvey Moisés Rosemberg Laguna, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. (…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 16 de octubre de 2024, el señor Harvey Moisés Rosemberg Laguna interpuso
acción de tutela mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la seguridad social.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

«Por todo lo que viene expuesto, probado y sustentado, solicito al Honorable Consejo de
Estado, se sirva restablecer los derechos fundamentales vulnerados al señor HARVEY
MOISES ROSEMBERG LAGUNA, en la sentencia de fecha 25 de julio de 2024, proferida
en segunda instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, dentro
del proceso radicado con el numero 110013337 044 202100178 01. (…)».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Demandante: Harvey Moisés Rosemberg Laguna

El 22 de abril de 2019 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) profirió
Requerimiento de Información RQI2019-00512, en el que solicitó la relación de
ingresos costos y gastos al señor Rosemberg Laguna, como trabajador
independiente y obligado a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social integral
(SSSI) bajo la vigencia fiscal del año 2017, acto que se notificó el 30 de abril de
2019.

El 19 de julio de 2019, la UGPP expidió requerimiento para declarar y/o corregir,
en el que se propuso la afiliación y pago de los aportes correspondientes a la
vigencia del año 2017, acto que se notificó por correo el 14 de agosto de 2019, y
mediante radicado 2019400302529352 del 5 de noviembre de 2019 el actor dio
respuesta al requerimiento.

El 25 de marzo de 2020 la entidad UGPP emitió liquidación oficial núm. RDO2020-
00574, en la que determinó la obligación pendiente de aportes a cargo del actor.

El señor Rosemberg Laguna, en calidad de contribuyente, interpuso recurso de
reconsideración contra la liquidación oficial núm. RDO2,020-00574, el cual fue
desatado por la UGPP, mediante Resolución núm. RDC 2021-01304 del 7 de mayo
de 2021, en el sentido de confirmar el acto inicial. Dicha actuación fue notificada el
10 de mayo del 2021.

El señor Harvey Moisés Rosemberg inició medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el propósito de que se declarara
la nulidad de la Resolución núm. RDO - 2020-00574 del 25 de marzo de 2020, por
medio de la cual la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la Dirección
de Parafiscales profirió liquidación oficial y de la Resolución núm. RDC-2021-01304
del 7 de mayo de 2021, que resolvió el recurso de reconsideración y confirmó la
decisión inicial. A título de restablecimiento el actor solicitó que se declarara que
no estaba en la obligación de realizar aportes al Sistema de Seguridad Social
integral.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado
Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral de Bogotá, que, en sentencia del 28 de
febrero de 2023, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la
actuación administrativa de la UGPP fue concordante a los aspectos probados por
el señor Rosemberg en calidad de aportante, en el curso del proceso de
fiscalización en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2017, pues no
existió discusión que en el año 2017 demostró capacidad de pago al percibir
ingresos, los cuales, además fueron mensualizados según el reporte que el mismo
demandante allegó.

Explicó que al haber sido modulada la sentencia C-219 de 2019 con efectos
diferidos, la decisión de inexequibilidad no es retirada inmediatamente del
ordenamiento, razón por la que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 mantuvo
sus efectos hasta su derogatoria, la cual se dio con la expedición de la Ley 1955
de 2019.

Resaltó que la norma aplicable es aquella vigente al momento de ocurrencia de la
obligación y comoquiera que la Ley 1753 de 2015 entró en vigencia a partir del 9
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de junio de 2015, el IBC aplicable al asunto debía calcularse conforme lo indicaba
el mencionado artículo 135, esto es, sobre el 40 % del valor mensualizado de los
ingresos, suma de la cual se podían deducir las expensas que se generaran de la
ejecución de la actividad o renta que generó los ingresos, siempre que cumplieran
con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

Frente a la mensualización del ingreso, precisó que, si bien, con el requerimiento
para declarar se distribuyó en 12 meses iguales, en la Resolución núm. RDO-2020-
00574 del 25 de marzo de 2020, con la que se profirió la liquidación oficial, la UGPP
señaló que “el obligado remite soportes documentales que demuestren ingresos en los
meses fiscalizados, en consecuencia, desvirtúa la presunción de ingresos establecida en
el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011; por tal motivo se distribuyen los ingresos de
conformidad con los soportes documentales”.

El actor presento recurso de apelación contra la referida decisión, basado en que
la UGPP no tiene competencia para prorratear los ingresos percibidos en el periodo
fiscalizado, argumentó que, si bien, se establece que el pago de las cotizaciones
deberá hacerse de manera mensual, no puede entenderse de ninguna forma como
justificación para establecer una presunción de ingresos mensualizada y, de existir
esta posibilidad, sería el legislador el único órgano competente para así
determinarlo, toda vez que el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución
establece que es potestad del Congreso de la República, por reserva legal,
determinar por medio de leyes el establecimiento de las contribuciones,
parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la Ley.

Además, frente al efecto de la inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de
2015, indicó que el juez de primera instancia analizó de manera sumaria sus
efectos, sin embargo, no hizo mención del principio de seguridad jurídica,
evidentemente afectado.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
en sentencia del 25 de julio de 2024, confirmó la decisión de primera instancia, por
considerar que las personas naturales deben efectuar las cotizaciones al Sistema
General de Pensiones sobre los ingresos efectivamente percibidos, es decir,
aquellas sumas que recibe para su beneficio personal y de las cuales pueden
realizar las deducciones necesarias para desarrollar su actividad lucrativa en las
condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario. Además, resaltó
que la base de cotización para el Sistema General de Pensiones debía ser la
misma que para el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Explicó que la base de cotización del Sistema General de Pensiones para los
afiliados como trabajadores independientes, que no estén vinculados mediante
contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidores públicos,
corresponde a los ingresos efectivamente percibidos con deducción de las
expensas realizadas durante el periodo en desarrollo de la actividad productora de
renta siempre que tengan relación de causalidad y sean necesarias y
proporcionadas con la actividad, la cual será como mínimo 1 salario mínimo legal
mensual vigente y como máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Frente al argumento que sostuvo el apelante en el que indicó que el juez de primera
instancia erró al aceptar aplicar el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, porque, en
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su criterio, el hecho de que la Corte Constitucional la haya declarado inexequible
muestra su contradicción con el orden constitucional y, por ende, marcó la
imposibilidad para la Administración de emplearla aún con los efectos diferidos.

La Sala explicó que no era de recibo, porque el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015
estuvo vigente en los períodos fiscalizados, cuando se causó la obligación de pagar
y, por otro lado, la motivación de los efectos diferidos de la declaratoria de
inexequibilidad muestra que hubo una constitucionalidad temporal, es decir, una
vigencia atada a un término determinado por la Corte Constitucional, cuya razón
de ser era evitar que una situación particular, en este caso, que la cotización de los
aportes quedara sin regulación aplicable y resaltó que los efectos diferidos
funcionan como una excepción a la regla general de aplicación – e inaplicación –
de las normas en el tiempo, que opera de manera inmediata y hacia el futuro.

Finalmente, frente a la competencia de la UGPP para determinar la mensualización
de los gastos, el tribunal concluyó que el demandante no demostró la configuración
de la causal de falsa de motivación del acto administrativo demandado; por el
contrario, conforme con las pruebas aportadas al proceso era dable concluir que la
actuación administrativa de la UGPP se ciñó a los aspectos probados por el
aportante en el curso del proceso de fiscalización, pues no existió discusión frente
a que el señor Rosemberg en el 2017 demostró capacidad de pago al percibir
ingresos, los cuales, además, fueron mensualizados según el reporte que el mismo
demandante allegó. Resaltó que en el trámite del proceso ordinario el actor no
aportó pruebas distintas a las valoradas en sede administrativa.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte demandante indicó que la providencia que pretende dejar sin efecto
incurrió en defecto fáctico por no valorar la declaración de renta con vigencia fiscal
2017 en la que aparece declarado como sus ingresos una renta líquida que
asciende a la suma de $123´264.000 la cual cuenta como única prueba para
establecer el IBC sobre los que liquidó salud, pensión y, parafiscales, no fue
desglosada, cuestionada, mucho menos declarada nula, por la DIAN como
autoridad tributaria.

Razón por la que considera que se encontraba ejecutoriada y en firme Ia
información reportada en la Declaración de Renta, lo cual además, señala,
desconoce el principio de congruencia, porque al juez de la causa solo le resulta
permitido emitir pronunciamiento con base en lo probado y pretendido en el
proceso, sin que sea dable dictar sentencia por fuera de lo pedido.

Asimismo, afirmó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en
defecto sustantivo por inaplicación del artículo 746 del Estatuto Tributario, en el
que se consagra, que se consideran ciertos los hechos consignados en las
declaraciones tributarias, siempre y cuando, sobre tales hechos no se haya
solicitado una comprobación especial, ni que la Ley la exija.

4. Trámite previo

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en auto de 17 de octubre
de 2024, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
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Subsección B, a la UGPP y al Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral de
Bogotá, en calidad de demandados a quienes remitió copia de la demanda.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia por
incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, al considerar que
el actor pretende emplear la solicitud de amparo como una instancia adicional al
proceso ordinario para que se realice un juicio de corrección al fallo en la que se
discuta asuntos que ya fueron resueltos por la jurisdicción.

Explicó que en el caso objeto de estudio se debate la legalidad de la liquidación
oficial núm. RDO 2020-00574 del 25 de marzo de 2020 y Resolución núm. RDC
2021-01304 del 7 de mayo de 2021, actos por medio de los cuales la UGPP
determinó los aportes a cargo del señor Rosemberg por los 12 períodos del año
2017; lo cual, en principio, es un asunto reservado al juez ordinario en donde se
puede debatir la legalidad del trámite adelantado por la administración y la
valoración de los soportes aportados en el proceso de fiscalización, por lo que
considera que el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, no
se supera.

Aclaró que el trámite procesal debatido se surtió en apego a lo reglado en los
artículos 153 y 247 de la Ley 1437 de 2011, en el que se respetaron las
oportunidades procesales de las partes y se garantizó el derecho de defensa y
contradicción. Por ende, no se evidencia una irregularidad procesal que haga
procedente la acción de tutela.

Expuso que en la providencia objeto de debate se abordó el análisis del caso en
correspondencia con los argumentos de las partes y las pruebas allegadas al
proceso, razón por la que no se desconoció el principio de congruencia invocado
por el actor, pues, la discusión giro en torno a: i) el método utilizado por la UGPP
para mensualizar sus ingresos, pues consideró que no debían ser liquidados en
doce meses iguales, ii) el desconocimiento de los efectos de inexequibilidad de una
norma en la que se hizo referencia al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 y, iii)
refirió que “el método para definir tales costos y la forma de hacer su reparto deben ser
fijados por la Ley”, por tanto, manifestó que la UGPP no tenía competencia para
determinar los aportes parafiscales y, basado en los puntos expuestos en la
apelación, fue resuelto lo propuesto en el medio de control.

Resaltó que el actor no puede pretender alegar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, por el hecho de que la decisión haya sido contraria a sus
intereses, porque los reproches jurídicos presentados al interior del proceso fueron
ampliamente sustentados en las providencias judiciales tanto de primera como de
segunda instancia.

El Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo Oral de Bogotá solicitó ser
desvinculado de la acción de tutela de la referencia, al no advertir vulneración
alguna de las actuaciones emanadas en el proceso por su despacho.

Además, resaltó que en la sentencia efectuó un análisis normativo y probatorio que
le permitió concluir que no había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda,
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en todo caso, precisó que en el trámite procesal se garantizó el debido proceso a
las partes y la decisión se basó en lo probado en el expediente.

La UGPP solicitó ser desvinculada de la acción de tutela de la referencia por falta
de legitimación en la causa por pasiva, porque, la presunta vulneración alegada
proviene del trámite judicial en el que no incidio su voluntad, de igual forma, señaló
que la solicitud de amparo es improcedente porque no existen los alegados
defectos fáctico y sustantivo, por cuanto, el caso fue estudiado con base en las
normas existentes, el acervo probatorio allegado al expediente, sin presentarse
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 15 de
noviembre de 2024, declaró improcedente la acción de tutela porque no cumplió
con los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia constitucional, en la
medida que el demandante no estaba de acuerdo con la omisión en la valoración
probatoria de la declaración de renta del año 2017, frente a la renta líquida
declarada por la suma de $ 123´264.000 y la inaplicación del artículo 746 del
Estatuto Tributario en la providencia de primera instancia, debió exponerlos en el
recurso de apelación que interpuso, para que esas inconformidades fueran
estudiadas y decididas en sede de segunda instancia por el superior funcional,
pues, la solicitud de amparo no puede ser empledada como un mecanismo
alternativo o una instancia adicional para atender problemas jurídicos que debieron
ser resueltos y debatidos al interior del proceso ordinario o, en su defecto, proponer
nuevos que no fueron alegados en su momento.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia para lo cual reiteró los
argumentos del escrito inicial e indicó que no comparte la tesis jurídica en que se
fundamentó el fallo de tutela de primera instancia, en el sentido que dentro del
proceso ordinario administrativo radicado con el número 11001-33-37-044-2021-
00178-01, puntualmente, en el recurso de apelación se debió exponer que no
estaba de acuerdo con la omisión de la valoración probatoria de la declaración de
renta del año 2017, frente a la renta líquida declarada por la suma de $ 123´264.000
y la inaplicación del artículo 764 del Estatuto Tributario de la sentencia de primera
instancia.

Afirmó que, si bien, la tutela no está instituida como un mecanismo alternativo o una
instancia adicional para atender problemas jurídicos que deben ser resueltos al
interior del proceso ordinario o, en su defecto, proponer nuevos que no fueron
alegados en su momento en el caso objeto de estudio a su juicio está probado que
estos presupuestos no se dan en los términos planteados en la sentencia de tutela
materia de impugnación.

Expresó que esa regla no es absoluta, ya que el juez, al margen del contenido de
la apelación, tiene el deber de decidir las materias: (i) tocantes a presupuestos del
proceso, la acción o la sentencia favorable, (ii) que tengan conexión necesaria con
la decisión de alzada o, (iii) cuyo pronunciamiento sea oficioso.

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Lo anterior significa que el juez, de forma excepcional, debe ir más allá de los
argumentos expuestos por el apelante, para proteger los derechos de ciertas
personas, reconocer situaciones sobrevinientes que afectan el derecho
controvertido, resolver materias que no fueron falladas por el a quo o revisar
aspectos inescindiblemente conectados con la decisión.

Aclaró que, si se remite a la declaración de renta vigencia fiscal 2017, que se toma
como única prueba en el proceso administrativo adelantado por la UGPP y en el
proceso ordinario adelantado ante la Jurisdicción Administrativa, tenemos que, en
el ítem ingresos brutos no laborables, se declaró la suma de $ 2´436.264.000,
ingresos no contributivos de renta $ 3´000.000. Dineros que soportan unos costos
y gastos procedentes, en cuantía de $2´310.000.000, lo cual arrojó finalmente una
renta liquida de $ 123´264.000.

La renta liquida declarada de $ 123´264.000, que arrojó la cifra de $ 49´305.600, se
dividió entre doce meses, que dio como resultado la suma de $ 4´108.800, como el
ingreso mensual devengado, tomada como base para liquidar y pagar los aportes
a salud, pensión y parafiscales.

Asimismo, indicó que dicha renta no fue objetada por la DIAN, como la única
autoridad tributaria competente para estos efectos. Por lo tanto, es la legalmente
obtenida y sobre la que se hizo los aportes a pensión, salud y demás parafiscales.

Finalmente, precisó que en el sentido aquí alegado fue expuesta la postura de la
aclaración de voto de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar en el sentido que los
costos declarados en el denuncio privado de renta al no haber sido glosados por la
administración tributaria no pueden ser desconocidos por la UGPP en el
procedimiento de determinación de los aportes parafiscales, al considerarse que,
por contener una confesión, esta es indivisible en su valoración, por tanto, deben
ser aceptados, porque la única facultada para desconocerlos es la UAE DIAN.

Solicitó que se revoque la decisión impugnada y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

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En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Como fundamento de la impugnación, la parte actora argumentó que la acción de
tutela cumple con el requisito general de relevancia constitucional, al tiempo que,
reitera que no se está haciendo uso de la acción de tutela como instancia adicional,
si se tiene en cuenta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B vulneró los derechos fundamentales invocados al confirmar
la decisión que negó las pretensiones en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2021-00178-01, por no haber
demostrado la falta de motivación del acto administrativo demandado.

De acuerdo con los argumentos de la impugnación, corresponde a la Sala
establecer si la solicitud de amparo cumple con el requisito general de relevancia
constitucional y los demás requisitos generales de procedencia, solo respecto de
los cargos que superen dichos requisitos, será posible desplegar el análisis de
fondo.

De igual manera, la Sala advierte que no hará referencia a los argumentos nuevos
expuestos por el actor en la impugnación, tales como que el juez de la causa en
aplicación del principio de congruencia en algunas ocasiones debe pronunciarse
más allá de lo expuesto en el recurso de apelación, en la medida en que fueron
propuestos solo en el escrito impugnación y, en aras de garantizar el derecho al
debido proceso de las partes, no habrá lugar a pronunciarse sobre dicho
argumento.

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Ibidem.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05572-01
Demandante: Harvey Moisés Rosemberg Laguna

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo para proponer nuevos
argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y como una instancia
adicional, tal como se pasa a explicar.

Para empezar, se tiene que el señor Rosemberg Laguna interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la liquidación oficial núm RDO- 2020-
00574, en la que la UGPP determinó la obligación pendiente de aportes a cargo del
demandante y la Resolución núm. RDC 2021-01304 del 7 de mayo de 2021, en la
que negó el recurso de reconsideración. En el escrito de demanda, el actor precisó
que en su caso se dio aplicación al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, pese a que
este fue declarado inexequible y además que la UGPP no tiene competencia para
emplear la declaración de renta y complementarios para calcular el IBC de los
independientes razones por la que vulneró el principio de legalidad.

De igual forma, adujo que no era un hecho probado que devengó ingresos
mensuales como la UGPP lo indicó y, en caso de existir alguna duda, señaló que
está debía ser resuelta en favor del contribuyente y fue enfático en señalar que no
existía, ni existe una reglamentación para el año de fiscalización (2017) por la
declaratoria de inexequibiiidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, razón por
la que su argumento estuvo dirigido a acreditar que los actos acusados eran
contrarios a la norma aplicable, razón por la que, a su juicio, había lugar a acceder
a las pretensiones de la demanda.

El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Cuarenta y Cuatro
Administrativo Oral de Bogotá, que, en sentencia de 28 de febrero de 2023, negó
las pretensiones de la demanda con fundamento en que: i) si bien el artículo 135
de la ley 1753 de 2015 fue declarado inexequible al haber sido modulada la
sentencia C-219 de 2019 con efectos diferidos, el artículo 135 de la ley 1753 de
2015 no fue retirado inmediatamente del ordenamiento, sino que, este mantuvo sus
efectos hasta su derogatoria, la cual se dio con la expedición de la Ley 1955 de
2019; ii) el período fiscalizado es de enero - diciembre de 2017, por ende, la norma
aplicable era aquella vigente al momento de ocurrencia de la obligación y como
quiera que la Ley 1753 de 2015 entró en vigencia a partir del 9 de junio de 2015, el
IBC aplicable al asunto debía calcularse conforme lo indicaba el mencionado
artículo 135, esto es, sobre el 40% del valor mensualizado de los ingresos, suma
de la cual se podían deducir las expensas que se generen de la ejecución de la
actividad o renta que genere los ingresos, siempre que cumplan los requisitos del
artículo 107 del Estatuto Tributario; iii) Respecto a la mensualización del ingreso,
señaló que, si bien, con el requerimiento para declarar, se distribuyó en 12 meses
iguales, en la Resolución núm. RDO-2020- 00574 del 25 de marzo de 2020 que
profirió la liquidación oficial, la entidad demandada argumentó que esto ocurrió de
conformidad con los soportes documentales que demostraron ingresos en los
meses fiscalizados en consecuencia, mencionó que se desvirtuó la presunción de
ingresos establecida en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011; por tal motivo fueron
distribuidos los ingresos de conformidad con los soportes documentales.

Contra la referida decisión, la parte demandante presento recurso de apelación con
fundamento en que: i) la falta de competencia de la UGPP, a su juicio, la entidad
no tenía la competencia para prorratear los ingresos percibidos en el periodo de
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05572-01
Demandante: Harvey Moisés Rosemberg Laguna

fiscalización, señaló que los valores de la mensualización de los ingresos fueron
tomados abruptamente de la declaración de renta y ante la ausencia de hechos
probados, se debía establecer la condición más beneficiosa, esto es, pagar los
tributos parafiscales sobre los ingresos declarados por una sola vez; ii)
inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, señaló que, en su caso,
no era posible dar aplicación al referido artículo dado que el mismo fue declarado
inexequible y en respeto del principio de seguridad jurídica este no debio ser
aplicado al estudio del caso.

Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que la autoridad
judicial demandada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo porque: (i) omitió
valorar las pruebas aportadas al proceso puntualmente la declaración de renta del
presentada en la vigencia fiscal 2017, la cual a su juicio, era la única prueba para
establecer el ingreso base de cotización, sobre los que liquidó salud, pensión y,
parafiscales, la cual no fue desglosada, cuestionada ni declarada nula, por la DIAN
como autoridad tributaria; (ii) inaplicó el artículo 746 del Estatuto Tributario en el
que se consagra, que se consideran ciertos los hechos consignados en las
declaraciones tributarias, siempre y cuando, sobre tales hechos no se haya
solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija, es decir, se tuvo que tener
como cierta la declaración de renta presentada en el periodo de fiscalización
requerido. En lo pertinente, la parte actora manifestó:

«EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN CUARTA,
SUBSECCIÓN B, incurre en una vía de hecho por DEFECTO SUSTANTIVO Y
FACTICO, en la sentencia tutelada, al no tener en cuenta que la Declaración de Renta
del señor HARVEY MoisES RO0SEMBERG LAGUNA, vigencia fiscal 2017, que se toma
como única prueba para establecer el IBC, sobre los que liquidó salud, pensión y,
parafiscales, no fue desglosada, cuestionada, mucho menos declarada nula, por la DIAN
como autoridad tributaria. Razón por la que, incluso, a la fecha en que se redacta esta
acción de tutela, se encuentra incólume, ejecutoriada y en firme, Ia información reportada
en la Declaración de Renta en mención contiene una confesión, indivisible en su
valoración, por tanto, deben ser aceptados, porque la única facultada para desconocerlos
es la UAE DIAN.

Si nos remitimos a la declaración de renta vigencia fiscal 2017, que se toma como única
prueba en el proceso administrat.ivo adelantado por la UGPP, y en el proceso ordinario
adelantado ante la Jurisdiciión Adminlstrativa, tenemos que, en el ítem INGRESOS
BRUTOS NO LABORABLES, se declaró la suma de $2.436.264.000. INGRESOS NO
CONTRIBUTIVOS DE RENTA $3.000.000. Dineros que soportan unos COSTOS Y
GASTOS PROCEDENTES, en cuantía de $2.310.000.000 arrojando finalmente una
RENTA LIQUIDA de $123.264.000.

La RENTA LIQUIDA declarada de $123.264.000, que arrojó la cifra de $49.305.600, se
dividió entre doce meses, dando como resultado la suma de $4.io8.800, como el ingreso
mensual devengado por el señor HARVEY MOISES ROSEMBERG LAGUNA, tomada
como base para liquidar y pagar los aportes a salud, pensión y parafiscales.

La RENTA LIQUIDA que viene referida, reitero, no fue objetada por la DIAN, como la
única autoridad tributaria competente para estos efectos. Por lo tanto, la RENTA
LIQUIDA declarada en la Vigencia Fiscal 2017. Es la legalmente obtenida y sobre las
que mi representado, señor HARVEY MOISES ROSEMBERG LAGUNA, hizo sus
aportes a pensión, salud y demás parafiscales.

Es oportuno manifestar que, de manera sensata y sustentada, la Honorable Magistrada
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SUBSECCIÓN B doctora
NELLY YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARANDA. En la sentencia adiada 25 de julio de
2024, ACLARA SU VOTO, bajo las razones jurídicas contenidas en normas y
jurisprudencias, como las que a continuación transcribo:
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Demandante: Harvey Moisés Rosemberg Laguna

"En providencia de 17 de noviembre de 2023, expediente nro. 25000-23-37-000-2019-
00540-00, la Sala en su totalidad consideró:

«En jurisprudencia reciente del H. Consejo de Estado, el Alto Tribunal ha esbozado que
los costos declarados en el denuncio privado de renta al no haber sido glosados por la
Administración Tributaria no pueden ser desconocidos por la UGPP en el procedimiento
de determinación de los aportes parafiscales, al considerarse que, por contener una
confesión, esta es indivisible en su valoración, por tanto, deben ser aceptados, porque
la única facultada para desconocerlos es la UAE DIAN.

Subraya la Honorable Magistrada que ACLARA SU VOTO en la sentencia materia de
esta tutela textualmente lo siguiente:

"Dicha tesis, no la acoge la Sala Mayoritaria ya que se considera que es obligante
acogerla cuando el único medio probatorio que le sirve a la UGPP para determinar el
monto de los aportes a la Seguridad Social lo constituye la declaración privada de
renta del contribuyente y aportante..."

En la sentencia tutelada, también se incurre en un DEFECTO SUSTANTIVO, al no dar
aplicación al artículo 746 del Estatuto Tributario en el que se consagra, que se consideran
ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, siempre y cuando, sobre
tales hechos no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija.

En el presente proceso, está probado que la única prueba tomada como base para
determinar la RENTA LIQUIDA, sobre los que. el señor HARVEY MOISES
ROSEMBERG LAGUNA, liquidó sus aportes a salud, pensión, parafiscales, fue la
contenida en la DECLARACIÓN DE RENTA Vigencia Fiscal 2017. Declaración de Renta
que no fue desglosada, objetada, cuestionada ni se solicitó una comprobación especial
por parte de la DIAN, por lo tanto, a favor del señor HARVEY MOISES ROSEMBERG
LAGUNA, se debió dar aplicación a lo normado en el artículo 746 del Estatuto Tributario.
(…).»

Ahora bien, el 25 de julio de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, profirió sentencia de segunda instancia en el sentido
de confirmar la decisión inicial, que, en lo que interesa, consideró:
« ANÁLISIS DE LA SALA

i) Sobre los efectos de inexequibilidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015

El apelante sostiene que el juez erró al emplear la base gravable establecida en el artículo 135 de la Ley 1753
de 2015, debido a la declaratoria de inexequibilidad ordenada en la sentencia C-219 del 22 de mayo de 2019.

Sobre este punto, recuérdese que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 estableció la base gravable de los
aportes para los trabajadores independientes. La norma precisó que deben cotizar mes vencido “sobre un ingreso
base de cotización mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de sus ingresos”. Luego,
mediante Sentencia C-219 del 2019 la Corte Constitucional ordenó: “Declarar INEXEQUIBLE el artículo 135 de
la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país”,
por infracción al principio de unidad de materia”.

En dicha providencia, el Tribunal Constitucional difirió los efectos de la declaratoria de inexequibilidad hasta por
dos legislaturas, en consideración a:

“Siguiendo los anteriores postulados, y teniendo en cuenta que el nivel de gravedad de la afectación
constitucional puede resultar leve-moderada en función de la trascendencia social que supone la
regulación contenida en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyo retiro inmediato del
ordenamiento jurídico podría causar un impacto altamente negativo al (i) generar una grave alteración
en las dinámicas de cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y los
independientes con contrato diferente al de prestación de servicios al Sistema Integral de Seguridad
Social; (ii) causar una seria afectación a la sostenibilidad financiera de dicho Sistema; y,
eventualmente, (iii) suscitar una falta de reglamentación en un aspecto transversal propio de la
seguridad social, en el presente asunto resulta procedente efectuar el anunciado diferimiento, con
miras a «proteger la Constitución de la violación que se le ha infringido, pero sin afectar gravemente
otros valores constitucionales que se encuentran en juego».

Así las cosas, se insiste en el hecho de que esta modalidad de decisión se adopta bajo el entendido
de que la inexequibilidad inmediata del artículo 135 de la Ley 135 de la Ley 1753 de 2015, podría dar

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lugar a la eventual afectación de principios y valores constitucionales. El término de hasta por las dos
próximas legislaturas no menoscaba de manera desproporcionada el principio democrático y, en
cambio, sí le concede un espacio razonable al Congreso de la República para que, de una manera
deliberativa más amplia, apruebe una ley ordinaria en la que se establezca con precisión la base de
cotización de trabajadores independientes al Sistema Integral de Seguridad Social”.

Véanse los motivos de la declaratoria de inexequibilidad diferida que indican la pretensión de la Corte
Constitucional de evitar crear una falta de reglamentación respecto de la forma de cotización de los trabajadores
independientes, además de provocar una afectación seria en la sostenibilidad financiera del Sistema de
Seguridad Social.

Lo anterior evidencia que, si bien la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la norma por violación al
principio de unidad de materia, previó que la decisión tuviese efectos diferidos, con el propósito de evitar un
traumatismo en las cotizaciones de los independientes derivado de la ausencia de reglamentación. Sin perjuicio
de lo anterior, téngase presente que los períodos fiscalizados por la UGPP al señor Harvey Rosemberg son los
comprendidos en el año 2017, lo que significa que, al momento de causarse la obligación de declarar y pagar los
aportes, el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 tenía plena vigencia y aplicación, y a él debía sujetarse el cálculo
del IBC.

El argumento del recurrente discute que el juez de primera instancia haya aceptado aplicar el artículo 135 de la
Ley 1753 de 2015 porque en su criterio el hecho de que la Corte Constitucional la haya declarado inexequible
muestra su contradicción con el orden constitucional y, por contera, la imposibilidad para la Administración de
emplearla aún con los efectos diferidos.

Para la Sala, la tesis del apelante no es de recibo pues, en primer lugar, el artículo ibidem estuvo vigente en los
períodos fiscalizados, cuando se causó la obligación de pagar y, por otro lado, la motivación de los efectos
diferidos de la declaratoria de inexequibilidad muestra que hubo una constitucionalidad temporal es decir una
vigencia atada a un término determinado por la Corte Constitucional, cuya razón de ser es precisamente evitar
que una situación particular, en este caso la cotización de los aportes, quede sin regulación aplicable. Así los
efectos diferidos funcionan como una excepción a la regla general de aplicación – e inaplicación – de las normas
en el tiempo que opera de manera inmediata y hacia el futuro.

Sobre este punto, el Consejo de Estado ha dicho:

Según lo expuesto, es claro que el fallo de la Corte Constitucional no indicó que el retiro de la
disposición juzgada operaría desde siempre -ex tunc-, por el contrario, la orden consistió en diferir
hacia futuro la efectividad de la decisión de inconstitucionalidad, que se materializaría una vez
venciera el plazo otorgado al legislador para que adoptase la base de cotización de los trabajadores
independientes, justamente porque una inexequibilidad inmediata «podría dar lugar a la eventual
afectación de principios y valores constitucionales», de ahí que, contrario a lo aducido por el
apelante, la decisión de esa corporación no operó con efectos retroactivos.

Ahora bien, la causación de un gravamen está relacionada con el aspecto temporal del elemento
objetivo del hecho generador del tributo, y alude al momento en el que este se entiende realizado
y nace la obligación tributaria. Así, el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 preceptuaba que las
cotizaciones al sistema se realizarían «mes vencido».

Como la inexequibilidad diferida de la anterior norma surtiría sus efectos con posterioridad a la
causación de las contribuciones al sistema de seguridad social integral por los meses de julio a
diciembre de 2015, se tiene que el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 mantuvo su vigencia para
los periodos fiscalizados en el presente asunto, razón por la que era plenamente aplicable por la
entidad.

En ese sentido, se concluye que los actos administrativos enjuiciados no decayeron por la
expedición de la sentencia C-219 de 2019 respecto de los periodos de 2015 (julio a diciembre). No
prospera el cargo.

Lo anterior, coincide con la postura de esta Sala de Decisión que en múltiples oportunidades ha sostenido que
si bien el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, difiriendo
sus efectos hasta el año 2021 (2 legislaturas siguientes a la fecha de declaratoria (2019)), ello no deviene en la
nulidad de los actos demandados, al tratarse de una disposición normativa que se encontraba vigente y
produciendo sus efectos para el período fiscalizado. Por lo expuesto, el cargo de apelación no prospera.

ii) Respecto a la mensualización de ingresos.

En el caso no existe discusión que el señor Harvey Rosemberg se encontraba obligado a cotizar como trabajador
independiente por cuenta propia durante el 2017 dada su actividad con código 3600: “Captación, tratamiento y
distribución de agua”. De otra parte, también es claro que la UGPP cuenta con amplias facultades para adelantar
las acciones que considere necesarias con el fin de verificar la afiliación y pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social, dentro de estas potestades la Unidad puede requerir la información contable a efectos de
efectuar el cruce de información con la declaración sobre el impuesto de renta, pues el artículo 15 de la Ley 100
de 1993, estableció que para determinar los ingresos efectivamente percibidos, “podrán efectuarse cruces con
la información de las autoridades tributarias y, así mismo, solicitarse otras informaciones reservadas”. además,
que como ya se advirtió en virtud del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 la demandada puede tomar los ingresos
reportados en las declaraciones tributarias y con ello presumir la capacidad de pago.

Lo anterior, además de estar expresamente regulado en el marco normativo aplicable, guarda consonancia con
lo dispuesto en el artículo 746 del Estatuto Tributario, esto es que “se consideran ciertos los hechos consignados

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en las declaraciones tributarias”, es decir que existe una presunción de veracidad en la información reportada
por los contribuyentes en las declaraciones tributarias o sus correcciones.

(…)

Con lo antedicho, debe destacarse que el IBC se determina de manera razonada con base en los ingresos
registrados en la declaración del impuesto sobre la renta; al ser el punto de partida y uno de los principales
insumos para realizar la fiscalización de las contribuciones parafiscales, habida cuenta que los hechos que se
reflejan en los denuncios privados gozan de presunción de certeza. Y por tanto, la UGPP puede acudir a dicha
declaración con el fin de establecer la obligación de aportar al sistema, a tal punto que, si existen diferencias
entre los valores declarados ante la DIAN y los aportes, estos últimos deberán ser ajustados.

En el subjúdice, como se advirtió en la sentencia de primera instancia, si bien la UGPP al iniciar el proceso de
fiscalización determinó los ingresos de manera prorrateada en doce meses, lo cierto es que, con la liquidación
oficial, al valorar los soportes aportados por el contribuyente (certificado de revisor fiscal, balances de pruebas y
certificados bancarios) determinó los ingresos así:

Por lo tanto, no es cierto, como insiste el demandante, que la UGPP dividió en doce meses de manera equitativa
el ingreso reportado en la declaración de renta, pues se reitera, la Unidad ajustó dicho valor de conformidad con
las pruebas allegadas en sede administrativa.

En conclusión, como se mencionó en la sentencia de primer grado, el demandante no demostró la configuración
de la falsa de motivación; por el contrario; la actuación administrativa de la UGPP se ciñó a los aspectos probados
por el aportante en el curso del proceso de fiscalización, pues no existe discusión que el señor Rosemberg en el
2017 demostró capacidad de pago al percibir ingresos; los cuales, además fueron mensualizados según el
reporte que el mismo demandante allegó. No sobra advertir, que en sede judicial, el actor no aportó pruebas
diferentes a las ya valoradas por la Administración. Por ende, este cargo no está llamado a prosperar al no
desvirtuarse la legalidad de la actuación de la administración.

En suma, se concluye que los cargos de apelación del demandante no tienen procedencia, lo que conllevará a
confirmar la sentencia de primera instancia.».
(Subraya de la Sala)

De lo expuesto, se evidencia que el argumento relativo a la falta de valoración de
la declaración de renta y la inaplicación del artículo 746 del Estatuto Tributario,
planteados en esta acción de tutela, no fueron propuestos en el proceso ordinario,
pese a que dicho escenario era la instancia procesal idónea para su debate.

Por el contrario, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el actor
fundamentó su pretensión y el recurso de apelación en la falta de competencia de
la UGPP para el prorrateo en el proceso de fiscalización y la indebida aplicación del
artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 que fue declarado inexequible. Así, queda claro
que la alegación sobre la valoración de la declaración de renta como única prueba
y la aplicación del artículo 746 del Estatuto Tributario constituyen argumentos
novedosos en sede de tutela los cuales además pretenden replicar lo que la parte
interpretó de lo consignado en la aclaración de voto de la decisión objeto de debate,
lo que contraviene el principio de subsidiariedad de este mecanismo constitucional
y evidencia que se pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional
al proceso contencioso.

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Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que el accionante propone la misma
discusión jurídica que presentó al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, dado que insiste en que había lugar a declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados dado que la UGPP no tenía la competencia para tomar
el valor total declarado y prorratearlo por un valor equivalente mensual. Sin
embargo, estos argumentos fueron abordados y resueltos en la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En efecto, el Tribunal concluyó que no había lugar a acceder a las pretensiones de
la demanda, en la medida en que, por un lado, en el periodo de fiscalización objeto
de estudio, esto es, de enero a diciembre de 2017, el artículo 135 de la Ley 1753
de 2015 aún se encontraba vigente y, por otro, el actor en el trámite del medio de
control no demostró la configuración de la falsa de motivación alegada, pues
consideró que la actuación administrativa de la UGPP tuvo como fundamento las
pruebas aportadas por el actor en el curso del proceso de fiscalización, pues no
existió discusión en que el señor Rosemberg en el año 2017 demostró capacidad
de pago al percibir ingresos, los cuales, además fueron mensualizados según el
reporte que el señor Rosemberg allegó.

Siendo así, como se expuso, aunque en la presente solicitud de amparo se alega
que la providencia objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados,
lo cierto es que la parte demandante pretende hacer uso de la acción de tutela de
la referencia para insistir en los mismos argumentos expuestos en el trámite
ordinario, los cuales, como se vio, ya fueron resueltos por el juez natural.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los
argumentos que expuso en el marco del proceso ordinario y agregó nuevas
discusiones que no hicieron parte de esto. De ahí que, lo que realmente se
evidencia es su inconformidad con las conclusiones a las que llegó el juez natural
de conocimiento.

Finalmente, conviene decir que la existencia de una aclaración de voto no es
suficiente para concluir que la providencia incurrió en un defecto, en este caso
fáctico o sustantivo, pues, el disenso no implica que exista una valoración
probatoria contraevidente o caprichosa y menos una indebida aplicación de la
norma. En este punto la Sala considera necesario precisar que las aclaraciones y
los salvamentos de voto son un derecho de los magistrados que discrepan de la
decisión, razón por la que se trata de documentos en los que se exponen las
posiciones jurídicas de los magistrados disidentes, pero que no pueden ser
utilizadas para refutar las decisiones de la mayoría. En sentencia T-213 de 2014, la
Corte Constitucional explicó lo siguiente:

«No cualquier providencia judicial puede ser objeto de control por parte del juez de acción de
tutela, sólo aquellas que supongan una decisión arbitraria o irrazonable, constitucionalmente.
De resto, deberá respetarse la decisión del juez natural, permitiendo, por ejemplo, el legítimo
espacio de deliberación y disentimiento judicial. Un salvamento de voto, por más duro que
sea, por ejemplo, no implica que necesariamente el juez de tutela deba entrar a analizar la
cuestión. Puede tratarse de una legítima discusión legal, en la que las diferentes posiciones
del debate no violan el orden constitucional vigente, y, por lo tanto, no impliquen decisiones
arbitrarias.»

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por la parte actora, dado que la acción de
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Demandante: Harvey Moisés Rosemberg Laguna

tutela no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio del cargo por
parte del juez constitucional. En esa medida, la Sala confirmará la decisión
impugnada que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Harvey Moisés Rosemberg Laguna de conformidad a la parte considerativa de la
presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia del 15 de noviembre de 2024,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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