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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05573-00

Fecha
13 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05573-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo interpuesta por Alexis Beltrán Sierra, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2024-05573-00 Accionante: Alexis Beltrán Sierra Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05573-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de noviembre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05573-00
Accionante: Alexis Beltrán Sierra
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05573-00
Accionante: Alexis Beltrán Sierra
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado

Tema: acción de tutela contra providencia judicial de pérdida de investidura. Subtema
1: requisitos generales de procedibilidad. Subtema 2: defectos fáctico, sustantivo y
violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por Alexis Beltrán Sierra en contra de la Sección
Primera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Alexis Beltrán Sierra, por conducto de apoderado judicial, presentó escrito de tutela en
el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
participación política, al ejercicio de cargos públicos y al mínimo vital, que consideró
vulnerados por la Sección Primera del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia
de segunda instancia del 5 de septiembre de 2024, emitida dentro del proceso
identificado con el radicado núm. 81001-23- 39-000-2024-00014-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala considera como relevantes los siguientes hechos:

2.1.1. Dumar Eliécer Blanco Ruíz radicó demanda de pérdida de investidura en contra
de Alexis Beltrán Sierra en su condición de concejal del municipio de Puerto Rondón,
en la que invocó como causal la dispuesta en el artículo 43, numeral 3 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que dispone que «no
podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)

1

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Accionante: Alexis Beltrán Sierra
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3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya
sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o
distrito».

2.1.2. El Tribunal Administrativo de Arauca profirió sentencia el 31 de mayo de 2024
en la que declaró que el señor Beltrán Sierra está incurso en la causal de pérdida de
investidura dispuesta en el artículo 55.2 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con
el artículo 43.3 de la Ley ibidem. Así, decretó la pérdida de investidura de este concejal.

2.1.3. Inconforme con esta decisión, Alexis Beltrán Sierra radicó recurso de apelación
en el que cuestionó que la decisión desconoció el precedente del Consejo de Estado,
la Ley 1881 de 2018 y la sentencia C-424 de 2016, por cuanto se violaron los principios
constitucionales y convencionales del debido proceso y las garantías predicables de
los procesos sancionatorios. En particular, reprochó que la providencia:

i) Realizó un juicio objetivo y no subjetivo como si el proceso fuera de nulidad
electoral, actuación que dejó de lado el carácter imperante de los principios del
derecho penal, como los de proporcionalidad de la pena y necesidad de la
sanción que rigen en el derecho sancionatorio.

ii) Interpretó de manera indebida el artículo 63 del Código Civil en torno a la
acreditación de la culpa grave, por cuanto estableció que por el hecho de que
el candidato se haya inscrito al concejo municipal tiene el deber de conocer el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, sin diferenciar la modalidad de
culpa en que este pudo incurrir.

iii) Incurrió en defecto fáctico porque no se valoraron las condiciones personales
de este candidato que hubieran impedido la sanción, como el diploma y el acta
de grado de bachiller, el certificado de víctima y el de residencia emitido por la
junta de acción comunal de la vereda Normandía.

iv) Incurrió en defecto sustantivo por violación del precedente judicial y por indebida
interpretación del interés propio o de los terceros.

Pidió la revocación de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca
el 31 de mayo de 2024 y que se declare que el señor Beltrán Sierra no incurrió en la
causal de pérdida de investidura atribuida.

2.1.4. La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia el 5 de septiembre
de 2024 en la que confirmó la providencia del 31 de mayo de 2024 del Tribunal
Administrativo de Arauca, en la medida en que encontró demostrados los elementos
objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura por transgresión del régimen
de inhabilidades.

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2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

«PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales de mi poderdante al debido
proceso, a la participación política, al ejercicio de cargos y funciones públicas, y
al mínimo vital y en consecuencia:

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS las sentencias del 31 de mayo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca dentro del radicado 81001
2339 000 2024 00014 00 y la Sentencia del 05 de septiembre de 2024 proferida
por la Sección primera del Consejo de Estado, y en consecuencia,

TERCERO: ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado proferir una
nueva sentencia teniendo en cuenta las nuevas interpretaciones y
planteamientos realizados por esta alta corte»1.

Como medida provisional, pidió que este juez constitucional le ordene a la mesa
directiva del Concejo de Puerto Rondón, Arauca, y a la Registraduría Nacional del
Estado Civil que no cancelen su credencial como concejal, hasta tanto se defina la
acción constitucional. Como fundamento de sus pretensiones, manifestó que la parte
accionada incurrió en los siguientes defectos:

Violación directa de la Constitución porque la autoridad demandada desconoció
garantías judiciales constitucionales y convencionales pactadas en la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos.

Particularmente, inobservó el debido proceso que caracteriza a los trámites
sancionatorios en aplicación del ius puniendi, por cuanto la pérdida de investidura está
instituida como un juicio inquisitivo que no responde a su naturaleza como el segundo
más restrictivo para los derechos fundamentales. De forma tal que, contrario a lo que
ocurre con los procesos disciplinarios y penales, en estos asuntos se deja de lado el
otorgamiento de garantías, como se materializa, entre otras, con el término de 5 días
para defender el derecho a la participación política, y el de 3 días para practicar
pruebas.

Igualmente, en este proceso se irrespetaron los principios de favorabilidad, presunción
de inocencia, pro homine y buena fe, al imponerle a todos los candidatos el deber de
investigar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Reprochó, también, que no se demostró que se hubiera afectado el bien jurídicamente
protegido, juicio necesario en el proceso de pérdida de investidura, de manera que
solo se constató que se cometió la conducta prohibida, aspecto que solo es compatible
con el proceso de nulidad electoral.

Por oposición, el proceso de pérdida de investidura radica en un análisis subjetivo de
la conducta a título de dolo o de culpa grave, el cual persigue la protección de bienes
jurídicamente protegidos, con el fin de resguardar otras garantías como la
proporcionalidad de la sanción y el principio de necesidad de esta.

1
Se transcribe incluso con errores.

3

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En consecuencia, se inobservó, por una parte, el principio de imparcialidad por falta
de dos autoridades, una que instruya y otra que juzgue el proceso; del derecho de
defensa por ausencia de imputación que impida defenderse en debida forma; y, por
otra, del principio de proporcionalidad de la sanción por ausencia de distinción entre el
dolo y la culpa grave, debido a que no se explicó con suficiencia por qué la violación
de las inhabilidades e incompatibilidades no puede ser una conducta que se cometa a
título de culpa leve o levísima.

Así como, del principio de necesidad de la sanción, por falta de estudio de la lesión al
bien jurídico protegido. En estos términos, afirmó que se vulneraron los artículos 23.1
y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Defecto sustantivo en razón a que la definición de si una conducta se realiza con dolo
o con culpa grave se hace a partir de una indebida interpretación del artículo 63 del
Código Civil, ya que se le exige al investigado que pruebe la buena fe exenta de culpa
o la diligencia, parámetro que es propio de la culpa leve y la levísima, lo que no es
admisible en un proceso sancionatorio, en el que por su naturaleza se lleva a cabo un
juicio de responsabilidad subjetiva al amparo de la conducta dolosa o gravemente
culposa.

En términos generales, consideró que la interpretación que realizó la Sección Primera
del Consejo de Estado desconoció los principios de buena fe, de presunción de
inocencia, de favorabilidad y pro homine, porque, pese a que se toma como derrotero
el artículo 63 del Código Civil, no se analiza la culpa leve o la levísima, cuando así lo
exige una lectura de la culpa grave a la luz de las disposiciones normativas que la
rigen.

Para el efecto, destacó que existía una diferencia entre las palabras diligencia y
cuidado, por cuanto la primera exige la realización de acciones para prevenir un
resultado desfavorable, y la segunda, busca la atención en el momento de ocurrir la
situación con el fin de evitar efectos desfavorables.

El tutelante definió y desarrolló cada uno de los parámetros de conducta que
comprenden la graduación de la culpa en las tres categorías contenidas en el artículo
63 del Código Civil, así como sus elementos y su desarrollo en el marco de las distintas
teorías existentes y afirmó que estos debían ser aplicables a los procesos de pérdida
de investidura. Precisó que la culpa grave exige solo cuidado, la culpa leve requiere
de diligencia y cuidado, y la culpa levísima de una esmerada diligencia.

Concretó lo anterior respecto de su caso en particular, al considerar que la Sección
Primera del Consejo de Estado le impuso, en su condición de candidato, el deber de
conocer el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades, exigencia que no se
predica respecto de la generalidad de la población, ni estaban dadas las situaciones
particulares para concluir que tenía un conocimiento previo, porque era un líder
campesino, víctima del conflicto y bachiller.

Para sustentar lo anterior, citó un extracto de la providencia proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado relacionado con el análisis de la culpa en el que esta
autoridad estableció que el concejal realizó acciones directas en el partido, y, por ende,
debió conocer cuáles eran los requisitos que tenía que cumplir para ser designado.

4

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Sin embargo, expresó que este desarrollo estaba equivocado, en la medida en que el
partido es el que recluta a los candidatos y se encarga de llevar a cabo la generalidad
de las acciones encaminadas a lograr la inscripción de su candidatura, aunado a que
por las condiciones particulares en que se encontraba, no pudo acceder a los
conocimientos requeridos, dado que, entre otras circunstancias, tuvo que prestarles
asistencia a víctimas del conflicto armado.

Sumado a ello, explicó que tampoco era comprensible para todas las personas que
con la suscripción de un convenio solidario se incurría en la causal de inelegibilidad,
de ahí que la interpretación adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado le
impuso un deber de diligencia a partir de una presunción.

Finalmente, de acuerdo con lo expuesto, el tutelante concretó que la Sección Primera
del Consejo de Estado inobservó que el parámetro de conducta exigido para la culpa
grave según el artículo 63 del Código Civil es el de cuidado, y no el de diligencia. De
ahí que, la interpretación de la accionada inadvirtió múltiples principios constitucionales
como el de favorabilidad, en la medida en que le confirió un alcance distinto a la culpa
grave que el legislador ya previó expresamente.

Falta de motivación. La conducta se enmarcó de forma directa en la culpa grave sin
analizar por qué estaría descartada la culpa leve o levísima. Esta última que sería la
única aplicable al caso en particular por la firma de un convenio solidario en el año
inmediatamente anterior a la elección.

Defecto fáctico. La parte accionada inobservó las condiciones particulares que lo
caracterizan como una víctima del conflicto armado, un líder campesino y comunal,
que vive en una zona de enfrentamiento, sin acceso a servicios públicos esenciales y
con estudio hasta el grado once de escolaridad. Tampoco se tuvo en cuenta que con
antelación no había ocupado un cargo de elección popular.

Invocó varias sentencias del Consejo de Estado en las que se ha precisado que es
necesario definir las condiciones personales del investigado; esto para poner en
evidencia que la Sección Primera del Consejo de Estado efectuó una deducción que
no respondió a particularidades relacionadas con su vulnerabilidad, que lo caracterizan
como un sujeto de especial protección constitucional.

2.3. Trámite procesal

La magistrada ponente admitió la solicitud de amparo en auto del 21 de octubre de
20242 en el que negó la medida provisional solicitada y vinculó como terceros con
interés a Dumar Eliécer Blanco Ruíz y al Tribunal Administrativo de Arauca.

2.4. Intervenciones

Luego de efectuadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes
intervenciones dentro del término de traslado:

2 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05573-00, índice 4, certificado 9F8C4B671ECA0C6B 94F0E8ADD69D6FC8

D5703F19EFDDE271 DB76DD5D934AC92B.

5

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Dumar Eliécer Blanco Ruíz3 adujo que no se afectaron los derechos fundamentales
porque Alexis Beltrán Sierra contó con todas las garantías procesales que lo facultaron
para designar un abogado en las distintas etapas del proceso. Expresó que la intención
del tutelante es dilatar el cumplimiento del fallo de pérdida de investidura, por cuanto
el deber que se le impuso deviene de que la ignorancia de la ley no puede servir de
justificación. Le pidió al juez constitucional que no acceda a la tutela.

La Sección Primera del Consejo de Estado4 pidió declarar improcedente esta
solicitud de amparo y, en su defecto, negar las pretensiones, ya que no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional, en la medida en que los argumentos
de la tutela son los mismos que se expusieron en el proceso de pérdida de investidura
y los defectos invocados no prosperan.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por Alexis Beltrán Sierra en contra de la Sección Primera
del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela que emana de una interpretación holística de los artículos 5, 10 y 13 del Decreto
2591 de 1991, de forma tal que se manifiesta en dos vertientes: una activa y otra
pasiva, condicionadas a si se trata de quien ejerce la acción de tutela, o ante quien es
factible dirigirla.

En términos de la Corte Constitucional5, la legitimación en la causa por activa se
cumple una vez constatado que la parte que interpuso la acción de tutela es la titular
del derecho fundamental que aduce desconocido, ya sea que lo haga de forma directa,
a través de agente oficioso, o por conducto de apoderado judicial. También, pueden
interponer la demanda de tutela el defensor del pueblo y los personeros municipales.

Por su parte, la legitimación en la causa por pasiva se cumple si la solicitud de amparo
es interpuesta «en contra del sujeto presuntamente responsable de la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales o aquel llamado a resolver las pretensiones,
sea este una autoridad o un particular»6.

La importancia de este requisito es fundamental en las acciones de tutela contra
providencias judiciales. Por ello, se considera metodológicamente correcto verificar

3 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05573-00, índice 10, certificado 12F16DD97FE95A36 D70A2C4AB7EB19FE

5622B650E3701061 B14416C0B6CCE788
4 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05573-00, índice 14, certificado A9429E4F2B61190D B7D42F679DF9A130

5777BF737030BE52 8F99E0E816B072BB.
5 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019.
6 Corte Constitucional, sentencia T-010 de 2023.

6

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primero su cumplimiento. Después de esto, se debe proceder a examinar los demás
requisitos de procedibilidad que permiten emitir un pronunciamiento de fondo 7.

Aplicado lo anterior al caso en particular, Alexis Beltrán Sierra está legitimado en la
causa por activa para acudir a esta acción de tutela, en tanto fue el concejal de quien
se solicitó la pérdida de investidura en el proceso ordinario cuya providencia es objeto
de este mecanismo. De ahí que, es el titular de los derechos fundamentales que aduce
le fueron desconocidos.

Igualmente, está legitimada en la causa por pasiva la Sección Primera del Consejo
de Estado al haber proferido el fallo del 5 de septiembre de 2024.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. Aunque el señor Beltrán Sierra dirige sus reparos en contra de las decisiones
proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo
de Arauca, el examen de esta providencia se contraerá a revisar si los defectos se
materializaron en la sentencia de segunda instancia, que resolvió definitivamente la
controversia, en los términos en que esta acción constitucional se admitió.

3.3.2. Pese a que el tutelante planteó que la accionada incurrió en una falta de
motivación, esta causal autónoma de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está estructurada sobre el deber que les asiste a los operadores
jurídicos de justificar sus decisiones judiciales, de forma tal que « […] supone una clara
vulneración al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los
funcionarios judiciales, el cual tiene que presentar las razones fácticas y jurídicas que
sustentan el fallo, actuación que se genera en virtud de un principio base de la función
judicial»8.

Así, por ejemplo, en la sentencia T-261 de 2013 «se reiteró la posición adoptada por
la Corte Constitucional mediante sentencia C-590 de 2005 en la cual se señaló que
las decisiones que no cuenten con la debida motivación constituyen un vicio que
permite que la acción de tutela proceda en contra de sentencias, y que adicionalmente
está relacionado con la legitimidad del actuar de los jueces ya que tienen que dar
cuenta de los hechos y de los fundamentos de derecho que sustentan sus
decisiones»9.

Así pues, de la construcción del cargo la Sala interpreta que la intención del señor
Beltrán Sierra no fue la de cuestionar específicamente la debida motivación del fallo
judicial, sino más bien poner de presente el error en que incurrió la decisión por haber
analizado directamente la culpa grave sin abordar por qué estarían descartadas las
otras dos modalidades de esta: la leve y la levísima.

En consecuencia, dado que el cargo se enmarca en la violación directa de la
Constitución, que el actor sustentó en la falta de precisión sobre por qué su conducta

7 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019. En esta providencia la Corte Constitucional abordó el abandono

de las denominadas vías de hecho y su reemplazo por los requisitos de procedibilidad generales y específicos de
la acción de tutela, delimitación en la cual destacó la necesidad de valorar los asuntos procedimentales primero,
una vez «verificada la legitimación en la causa».
8 Corte Constitucional, sentencia SU-635 de 2015.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-635 de 2015.

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no podía clasificarse como culpa leve o levísima, la Sala abordará este reparo en el
análisis del defecto y, en lo que resulte pertinente, en el defecto sustantivo.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional11.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C–590 de 2005 precisó que la
tutela contra providencia judicial es excepcionalísima y solo procede cuando se
cumplen rigurosos requisitos de procedibilidad: unos generales, que habilitan la
interposición de la acción, y otros específicos, relacionados con la procedencia del
recurso de amparo.

En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes: i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia
constitucional; ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial (subsidiariedad); iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo
razonable y proporcionado (inmediatez), iv) que si se trata de una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión
objeto de análisis y que afecte un derecho fundamental; v) que estén identificados los
hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados y, de ser posible, se
aleguen las razones de tal vulneración; y, vi) que no se trate de una tutela contra
sentencia de tutela.

Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales12 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que
se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución13.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
13 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional14 ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales el asunto que
entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido
el órgano de cierre sobre la materia.

Así pues, la alta corte constitucional15 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y
no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico» 16, lo que
implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental»17.

ii) Que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un
carácter legal, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se discute la forma de interpretar o
aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto
monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés
general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.

En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia constitucional,
toda vez que la parte accionante, más allá de indicar que existió una afectación de sus
derechos fundamentales, afirmó expresamente que la Sección Primera del Consejo de
Estado inobservó el debido proceso porque omitió otorgarle garantías que son propias
de juicios sancionatorios como el derecho penal y el disciplinario; realizó un examen
objetivo más no uno subjetivo, trastornando la naturaleza de la pérdida de investidura
como si fuera una nulidad electoral; le exigió estándares de prueba rigurosos derivados
de una aplicación de una presunción; dejó de examinar la culpa leve o levísima; y pasó
por alto sus condiciones particulares.

De esta forma, los reparos que le atribuyó a la providencia judicial podrían incidir en
sus garantías de participación política, en el ejercicio de cargos públicos y en el debido
proceso del que es titular por haber sido objeto de la declaratoria de pérdida de
investidura.

Aunado a que existe un componente de convencionalidad en los cargos planteados
por el tutelante, en la medida en que afirmó que se inobservó la Convención Americana
de Derechos Humanos que requiere, entre otras cosas, de un estudio del bloque de
constitucionalidad de acuerdo con los parámetros del artículo 93 de la Constitución
Política.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

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Accionante: Alexis Beltrán Sierra
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado

Por su parte, en cuanto al requisito de subsidiariedad, el accionante no cuenta con
otro mecanismo para la protección de sus derechos fundamentales, porque su
cuestionamiento se dirige contra la sentencia de segunda instancia proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado el 5 de septiembre de 2024, contra la cual no
cabe recurso ordinario ni extraordinario.

Lo anterior puesto que, los reparos del tutelante no aducen que se contrarió una
sentencia de unificación del Consejo de Estado, causal única para la procedencia del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, ni se encuadran en alguna de
las causales del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 del recurso extraordinario de
revisión.

Pese a que el señor Beltrán Sierra expresó que la sentencia incurrió en el defecto de
falta de motivación, no fundó este cargo en la ausencia absoluta de motivación sino en
que la parte accionada ajustó la conducta a una culpa grave sin descartar las otras dos
modalidades de culpa existentes: la leve y la levísima18; aspecto que, como fue
definido, no se abordará como una falta de motivación sino en los restantes defectos
propuestos.

Frente al punto, cabe destacar que, en su recurso de apelación, el señor Beltrán Sierra
reparó en que la evaluación que realizó el Tribunal Administrativo de Arauca, de su
conducta, fue incorrecta porque «no permite establecer con claridad si la conducta de
mi defendido fue cometida a título de culpa levísima, culpa leve o culpa grave».

También, indicó que «el análisis que hace el tribunal en el sentido de decir que mi
defendido por el hecho de inscribirse como candidato al concejo municipal tenía el
deber de ilustrarse respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, no
permite realizar una diferenciación razonada o motivada de la modalidad de culpa
en que pudo incurrir, pues tal presunción permite encuadrar la culpa en cualquier
modalidad». (Negritas fuera del texto original).

Por tanto, es factible considerar, sin incurrir en exigencias desbordadas, que el señor
Beltrán Sierra reparó en la ausencia de un examen de la culpa en sus distintas
modalidades, razón para respaldar que así debe ser estudiado el cargo en cuanto este
confluya con los defectos de violación directa de la Constitución y sustantivo.

Ahora bien, los cargos relacionados con la inobservancia del debido proceso, por ir en
contra de la naturaleza del proceso de pérdida de investidura como un juicio subjetivo
y no objetivo; la indebida interpretación del artículo 63 del Código Civil en lo relativo a
la acreditación de la culpa grave; y la falta de valoración de las condiciones personales

18 «En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, también la jurisprudencia de

esta corporación ha diferenciado la falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente
la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a
una decisión, es motivo de revisión bajo la causal sexta; que es improcedente con fundamento en dicha causal
alegar situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación errada de los hechos por parte
del juez, con las pruebas o las normas jurídicas aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las pruebas
etc, porque de admitir tales reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter extraordinario del recurso,
convirtiéndolo en otra instancia». Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021, expediente núm. 11001-03-25-000-2017-00852-
00(4598-17). Esta providencia extrajo el citado contenido de la sentencia proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 20 de octubre de 2009, dentro del expediente núm. 2003-0133.

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que hubieran impedido la configuración de la sanción, se incluyeron en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal.

Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la
sentencia proferida el 5 de septiembre de 2024 por la Sección Primera del Consejo de
Estado fue notificada el 19 siguiente del mismo mes y año19, y la demanda de tutela
se presentó el 16 de octubre de 202420, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses
establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional21 y el Consejo de Estado22
como período razonable.

En relación con el requisito de identificación razonable de los hechos y de los
argumentos, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la Corte Constitucional
ha precisado que «es necesario que quien reclama la protección constitucional
mencione los derechos afectados, identifique con cierto nivel de detalle en qué
consiste la violación alegada y demuestre de qué forma aquella se aparta del ámbito
del derecho o incurre en una actuación abusiva contraria al orden jurídico, debiendo
haber planteado el punto de manera previa en el proceso respectivo, siempre que este
fuere posible»23.

Este requisito está satisfecho en el presente asunto, en la medida en que la parte
actora mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada,
tan así que el asunto superó la relevancia constitucional.

Finalmente, los argumentos no exponen una irregularidad procedimental, y la
providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela, sino que se
profirió al interior de un proceso ordinario contencioso-administrativo, como lo es de
pérdida de investidura.

De acuerdo con lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los
requisitos generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico, sustantivo,
y de violación directa de la Constitución, y en ese orden, continuará con el análisis de
fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró
los derechos fundamentales de Alexis Beltrán Sierra. En particular, deberá establecer
si incurrió en los defectos de violación directa de la Constitución Política, así como en
los defectos sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 5 de septiembre de 2024
que confirmó la decisión de primera instancia que resolvió decretar la pérdida de
investidura del señor Beltrán Sierra.

19 Samai, exp. 81001233900020240001401, índice 20, certificado 1899E6C9B0F4EFC9 59EBB47253CEA98B

ACB4012DF67A1CAA ABBDDA992B02485B.
20 Samai, exp. 11-001-03-15-000-2024-05573-00, índice 2, certificado 1E5012A4E2FEE6A6 D248DADA3D9D268A

1016BBFD86E14F5E 980C5620A1430225.
21 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
23 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.

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Para ello, se estudiará: i) las generalidades de los defectos invocados y ii) el caso
concreto.

Generalidades de los defectos invocados

La parte actora consideró que el Tribunal accionado trasgredió las garantías
constitucionales, porque la providencia objeto de tutela incurrió en los defectos: i)
violación directa de la Constitución; ii) sustantivo; y iii) fáctico.

Violación directa de la Constitución

De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene fundamento en
la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 Superior, según el cual, la carta política es
norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y, ante cualquier
«incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de procedencia ocurre
cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un alcance insuficiente a
las reglas, principios y valores consagrados en el texto superior»24.

En un principio, el defecto de violación directa de la Constitución fue concebido como
un defecto sustantivo; sin embargo, en sentencia T-949 de 2003 fue comprendido
como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200525. Ahora bien, el alto
tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura en los siguientes
eventos:

«a) en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional;
b) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata;
c) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución; y
d) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la
Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales»26.

En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución supone el
desconocimiento por parte de los jueces, del mandato contenido en el artículo 4
superior que antepone de manera preferente la aplicación de los postulados de la carta
superior, sus reglas, principios y valores.

Defecto sustantivo

El defecto sustantivo es aquel que se configura cuando existe una interpretación
indebida de la norma u omisión de la aplicación que debía sustentar un caso concreto.
Por tanto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-649 de 2017, se encargó de
definir unos supuestos en los que se materializa este defecto, los cuales se sintetizan
cuando: i) la decisión se sustenta en una norma inaplicable, comoquiera que es
impertinente, está derogada, es inexistente, contraría la Constitución Política o no se

24 Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.

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adecúa a las circunstancias fácticas del caso; ii) la decisión se basa en una
interpretación normativa que excede la razonabilidad; iii) se desconocen sentencias
que tienen efectos erga omnes; iv) la norma es regresiva de forma injustificada; v) el
juez utiliza un poder fuera de los estándares previstos en la norma; vi) la aplicación de
la norma desconoce la interpretación sistemática; y vii) se desconocen disposiciones
legales o constitucionales27.

En este orden, el juez incurrirá en un defecto sustantivo cuando «[…] aplique una
norma de una manera manifiestamente errada que desconozca la ley y que deje
sin sustento tal decisión o que el funcionario judicial en su labor hermenéutica
desconozca o se aparte abierta y arbitrariamente de los lineamientos
constitucionales y legales […]»28.

Cabe destacar que, de acuerdo con la corporación constitucional «[…] no cualquier
interpretación o aplicación puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial
debe ser ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de lineamientos
constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior debido a que el juez constitucional
no debe ni puede definir la forma en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues
pueden existir vías jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también]
son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los
sujetos procesales”»29.

Defecto fáctico

De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto fáctico
cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión»30. Este vicio en la valoración probatoria debe
ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión»31
objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra
negativa.

La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia y da
valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una
valoración por “completo equivocada”»32. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»33.

En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

27 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
28 Corte Constitucional sentencia SU-453 de 2019.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
31 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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«(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas
no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión
respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto,
esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y
sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas
manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones
debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas
viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no
guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso»34.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el análisis
del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia
judicial35, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, por qué el juez
ordinario incurrió en el defecto, toda vez que «el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia» 36.

Finalmente, el alto tribunal ha enunciado de manera genérica, por lo menos cuatro
criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión judicial cuestionada
fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en cada caso:

«50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas] »37.

3.6. Caso concreto

La Sala abordará separadamente cada uno de los defectos propuestos; en primer
lugar, se ocupará de la violación directa de la Constitución; en segundo, examinará el
defecto sustantivo; y, por último, abordará el defecto fáctico.

Sin embargo, advierte que el tutelante aprovechó su solicitud de amparo para ampliar
los motivos de discordia que expuso en el recurso de apelación contra el fallo del
Tribunal Administrativo de Arauca, pues concretamente en esta acción de tutela,
reparó en que contrario a lo que ocurre en los procesos disciplinarios y penales, el de
pérdida de investidura solo otorga un término de 5 días para poder defender el derecho

34 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
35 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
36 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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de participación política y de 3 para practicar pruebas; no hay una distinción entre dos
autoridades, una que instruya y otra que juzgue el proceso; y no hay una imputación
que permita ejercer la defensa.

Estos argumentos, en la medida en que debieron ser expuestos en el recurso de
apelación, no pueden ser abordados en el estudio de fondo en sede constitucional, ya
que frente a estos no estaría superado el requisito de subsidiariedad. Por tanto, el
análisis de la Sala se limitará a los ejes centrales de los reproches propuestos en la
demanda de tutela, que integraron el recurso de apelación en sede ordinaria.

3.6.1. Violación directa de la Constitución

El señor Beltrán Sierra afirmó que existió un desconocimiento de garantías judiciales
constitucionales y convencionales pactadas en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, porque se inobservó el debido proceso característico de los
trámites sancionatorios.
Adicionalmente, cuestionó que no se haya hecho una distinción entre el dolo y la culpa
grave y que no se haya explicado por qué esta no podía ser leve o levísima. Por estas
razones, consideró que se vulneraron los artículos 23.1 y 23.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado fue enfática en establecer que
el análisis de la culpabilidad debe estar precedido del conocimiento que exista de los
hechos y de la conducta, con el fin de definir si el comportamiento desplegado por la
persona contrarió el ordenamiento jurídico, esto es, fue realizado de forma «[…] dolosa
o gravemente culposa». Aspecto frente al cual, destacó que la conducta del señor
Alexis Beltrán incumplió el estándar de diligencia y de cuidado que es requerido,
afirmación que acompañó de lo siguiente:
[…] máxime cuando se encuentra corroborado que como Presidente,
Representante Legal de la Junta de Acción Comunal Vereda Normandía,
suscribió el Convenio Solidario, así como sus actas de inicio y de liquidación
bilateral; esos documentos demuestran que, con independencia de que el
acuerdo de voluntades se denominara Convenio Solidario, tanto para la Alcaldía
Municipal de Puerto Rondón como para la Junta de Acción Comunal que
representaba, era claro que dicha Junta concurría como contratista; […].
Agregó, la autoridad accionada, que la antijuricidad del derecho penal o la ilicitud
sustancial del disciplinario no podían replicarse al proceso de pérdida de investidura,
de suerte que procedió a analizar la culpa como elemento subjetivo de cara a posturas
jurisprudenciales anteriores, a partir de las cuales razonó que en el caso concreto no
era suficiente que el señor Beltrán expusiera que estaba convencido de la legalidad de
su conducta, sino que el juez de la pérdida de investidura tenía que evaluar la
capacidad en que se encontraba la persona para superar su error.

Así fue como, determinó la necesidad de que el investigado demostrara la buena fe
con la que actuó amparado en un error invencible, aspecto que, al no estar probado
en el expediente, hacía inexcusable la conducta del concejal bajo la modalidad de la
culpa grave.

Ahora bien, los artículos 23.1 y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos indican que:

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Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio
de representantes libremente elegidos;

b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores, y

c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que
se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal.

De acuerdo con lo expuesto, en la providencia enjuiciada no se inobservaron los
principios constitucionales atinentes a la participación política materializados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues, la decisión estuvo
respaldada en la garantía de los principios que hacen parte del debido proceso, como
el pro homine, in dubio pro reo y legalidad, aunado a que el estudio de la culpa se
fundó en la naturaleza subjetiva del proceso de pérdida de investidura.

Tan así, que la Sección Primera corroboró que estuvieran acreditados los elementos
objetivos de la causal de pérdida de investidura, consistentes en que el concejal violó
el régimen de inhabilidades, se inscribió como candidato y fue electo en el municipio
de Puerto Rondón «[…] a pesar de que en el (sic) concurría la inhabilidad prevista en
el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136», porque quienes hayan suscrito contratos
en las condiciones de tiempo, modo y lugar precisadas en la citada norma, no pueden
inscribirse ni ser elegidos como concejales. Superado el primer nivel de análisis, siguió
con el estudio del elemento subjetivo del señalado medio de control.

Si bien el solicitante alegó que en el fallo no se diferenció el dolo de la culpa grave ni
tampoco se precisó por qué no podía estudiarse su conducta como culpa leve o como
levísima, lo cierto es que esta afirmación cuestiona directamente el análisis de la
culpabilidad que es de la órbita del juez de la pérdida de investidura, sin que sea
posible constatar de la lectura del fallo que la falta de un desglose de todas las
modalidades de culpa que existen en el ordenamiento jurídico conlleva a una violación
de los artículos 23.1 y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
que versan sobre garantías de participación política y el derecho a ser elegido.

Precisamente, la Sección Primera de esta corporación sostuvo lo siguiente, contrario
a lo que pretendió el apelante:

[…] no es admisible […] que su conducta no fue realizada con culpa puesto que el
Convenio Solidario no le representó ventajas políticas o utilidades económicas que le
permitieran desequilibrar la contienda electoral del 29 de octubre de 2023, porque la
conducta que da lugar a la pérdida de investidura es la violación del régimen de

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inhabilidades, y no lo es haber celebrado el contrato; este supuesto es el que constituye
la condición de inelegibilidad para quien lo cumple, e impide la inscripción y elección
como Concejal a cualquier persona que la reúna.

Adicionalmente, precisó que el concejal conocía cuáles eran sus deberes legales y
constitucionales, de ahí la exigencia de saber que su conducta encuadraba en la
causal de inhabilidad dispuesta en el numeral 4 del artículo 42 de la Ley 136, que
habilita la pérdida de investidura de conformidad con el numeral 2 del artículo 55 de la
misma ley. Así fue como, luego de un análisis integral del elemento subjetivo, concluyó
que la conducta fue gravemente culposa.

Al efecto, cabe destacar que el proceso de pérdida de investidura se caracteriza por la
estructuración de la culpabilidad en la modalidad de la culpa grave, a partir de la noción
que emana del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 2019 que dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. El
nuevo texto es el siguiente:> El proceso sancionatorio de pérdida de investidura
es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los
congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren
incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la
Constitución.

Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la
Constitución Política.

La pérdida de investidura, en los términos de la Ley 1881 de 2018, puede ser aplicada
no solo a congresistas sino a concejales, porque así lo dispuso el artículo 22 de esta
ley cuando consignó que las disposiciones allí consignadas serían aplicables, siempre
que ello fuera compatible, «[…] a los procesos de pérdida de investidura de
concejales».

Por consiguiente, no existió una violación directa de la Constitución Política ya que no
se desconocieron principios de índole constitucional como la proporcionalidad y la
necesidad de la sanción, ni normas convencionales que integran el bloque de
constitucionalidad, como aquellas contenidas en los artículos 23.1 y 23.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos con incidencia en el derecho
fundamental al debido proceso.

3.6.2. Defecto sustantivo
En cuanto a la indebida interpretación del artículo 63 del Código Civil, el tutelante
aduce que la Sección Primera del Consejo de Estado le impuso, en su condición de
candidato, el deber de conocer el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades,
exigencia que no se predica respecto de la generalidad de la población, ni estaban
dadas las situaciones particulares para concluir que tenía un conocimiento previo,
porque era un líder campesino, víctima del conflicto y bachiller.

De tal forma que, como tampoco era comprensible para todas las personas que con la
suscripción de un convenio solidario se incurría en la causal de inelegibilidad, la
interpretación adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado le impuso un

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deber de diligencia que solo es admisible como presunción para atribuir una culpa
grave.

También, consideró el tutelante, que la Sección Primera del Consejo de Estado
inobservó que el parámetro de conducta exigido para la culpa grave de acuerdo con el
artículo 63 del Código Civil es el de cuidado, y no el de diligencia. De ahí que, le confirió
un alcance distinto a la culpa grave que el legislador ya previó expresamente, pasando
por alto múltiples principios constitucionales como el de favorabilidad.
Al respecto, la accionada se pronunció en fallo del 5 de septiembre de 2024, en el que
precisó que el análisis subjetivo de la conducta está precedido por la acreditación del
elemento objetivo; y debe estar enfocado en que el sujeto «conocía o debía conocer
que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico, y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión, o mediaron serias circunstancias que justifican o
amparan su conducta».
De esta forma, sobre la base de que la acreditación del elemento subjetivo exige
analizar el conocimiento de los hechos y la ilicitud de la conducta y a partir de las
circunstancias puntuales en que se encontraba el candidato, concluyó, de acuerdo con
las razones invocadas por el apelante, que el Tribunal Administrativo de Arauca no se
equivocó en la interpretación del artículo 63 del Código Civil, sino que adoptó una
decisión ajustada a «[…] las normas constitucionales y legales que orientan el estudio
del elemento subjetivo en el proceso de pérdida de investidura».
Seguidamente, la Sección Primera del Consejo de Estado enfatizó que existen unas
presunciones que emanan de los artículos 4 de la Constitución Política, 9 y 18 del
Código Civil y 57 de la Ley 4 de 1913, conforme con las cuales el concejal debía
conocer sus deberes y que el despliegue de su comportamiento configuraba la
inhabilidad del numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136, que es causal de pérdida de
investidura de conformidad con el numeral 2 del artículo 55 de esta ley.
Sin embargo, ello no le bastó para concluir su análisis, puesto que procedió, amparado
en la jurisprudencia de la Corporación, a estudiar las condiciones personales del
concejal, a partir de las cuales concluyó que el señor Beltrán Sierra contaba con las
capacidades para discernir que debía cumplir con los requisitos dispuestos por el
ordenamiento jurídico para ser elegido, como lo podía hacer cualquier otra persona
que se encontrara en las mismas situaciones, lo que le imponía el deber de consultar,
como mínimo, la normativa atinente a las condiciones de elegibilidad.
Por tanto, la Sección Primera explicó que el comportamiento del concejal no cumplía
con el estándar mínimo requerido tanto de cuidado como de diligencia, porque, entre
otras situaciones, ejerció como representante de la junta de acción comunal y en esta
condición fue que suscribió el convenio solidario y las actas de liquidación, documentos
que permiten demostrar que, al margen de la denominación del convenio solidario, la
junta tenía obligaciones como contratista. De suerte que, las situaciones particulares
a través de las cuales el candidato pretendió justificar su conducta no fueron un
impedimento para que obtuviera el aval de su partido, para que inscribiera su
candidatura ni para que resultara elegido el 29 de octubre de 2023.
En consecuencia, no era excusable que el concejal no hubiere realizado alguna acción
tendiente a corroborar si en él concurría la causal de inhabilidad que da lugar a su
desinvestidura como revisar la jurisprudencia de esta corporación que ha sido pacífica
en considerar como condición de inelegibilidad la intervención en la celebración de un

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contrato, contando con la capacidad cognitiva para hacerlo, que le permitieran al juez
contencioso-administrativo considerar que actuó amparado por un error invencible.
De lo visto, la postura adoptada por la accionada contó con un respaldo jurídico
suficiente que la hace razonable, en la medida en que empleó el estándar de cuidado
que consideró óptimo y que esta Sala no puede calificar como una lectura aislada del
artículo 63 del Código Civil.
Por el contrario, el análisis específico de la graduación de la culpa, a partir de las
circunstancias particulares y personales del concejal, hace parte de la órbita
interpretativa del juez de la pérdida de investidura, quien es el llamado a definir cuál
es el estándar de diligencia requerido para tener por superado el elemento subjetivo
de este medio de control, máxime cuando en el caso en concreto está demostrado
que, como parte del análisis, la accionada hizo referencia a que el señor Beltrán Sierra
contaba con la capacidad de conocer cuáles eran los requisitos que debía reunir para
su designación, como lo podía hacer cualquier otra persona en las mismas
circunstancias.
Así pues, de la sentencia de segunda instancia no es posible extraer, como lo pretende
el tutelante, que se le otorgó una lectura inadecuada al artículo 63 del Código Civil o
que a partir de él se aplicó una presunción, en tanto la decisión, con fundamento en el
análisis de la situación particular del entonces candidato a concejal y de la
normatividad y jurisprudencia pertinente, concluyó dentro del margen de su autonomía
funcional y de manera fundada, que este actuó con culpa grave.
Una cosa es que haya partido del deber que tienen los ciudadanos que aspiran a un
cargo de elección popular de conocer las condiciones de elegibilidad y del hecho de
que la ignorancia de la ley no sirve de excusa (artículo 9 del Código Civil), y otra cosa
distinta es que esto implique que desbordó la interpretación avalada por el artículo 63
del Código Civil, que, entre otras, frente a la culpa grave establece que:
«Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias
civiles equivale al dolo».
De suerte que, para esta Sala una discusión lingüística en cuanto al empleo de
palabras como diligencia y cuidado no conlleva necesariamente a que se haya optado
por una lectura normativa desbordada que supera cualquier estándar de razonabilidad
y que atenta contra los derechos y las garantías fundamentales.
Tampoco resulta posible concluir que se inaplicó el artículo 63 del Código Civil porque
se exigió un estándar de diligencia que es propio de otra culpa, ya que, en línea con lo
visto, la Sección Primera del Consejo de Estado efectuó un análisis particularizado que
tuvo en cuenta el criterio de cuidado mínimo requerido que exigía del concejal indagar
la situación que daba lugar a su inelegibilidad. Tan así, que luego de analizadas las
situaciones particulares del accionante, la Sección Primera del Consejo de Estado
determinó que su conducta fue inexcusable y que esta era la razón por la cual tendría
por demostrada la culpa grave.
En consecuencia, el reparo del señor Beltrán Sierra está dirigido a que este juez
constitucional avale su propuesta interpretativa del análisis de culpabilidad en el
proceso de pérdida de investidura, para concluir que actuó con el máximo cuidado que
le era posible y que no podía cumplir con los estándares de diligencia esperados

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porque se encontraba bajo circunstancias particulares que se lo impedían; aunque
como acaba de ilustrarse, la autoridad judicial accionada de manera razonable,
fundada y dentro del margen de autonomía funcional que le asiste, como juez
especializado en la materia, desarrolló una tesis argumentativa distinta.
Por consiguiente, no puede afirmarse que la Sección Primera del Consejo de Estado
incurrió en defecto sustantivo, por el simple hecho de que no haya acogido la
alternativa interpretativa del accionante, en especial, cuando no está demostrado que
incurrió en una interpretación totalmente desalineada del artículo 63 del Código Civil.
Por tal motivo, no existió un desconocimiento de los derechos fundamentales
invocados.

3.6.3. Defecto fáctico
A juicio del tutelante la autoridad accionada incurrió en este defecto, porque dejó de
valorar sus condiciones particulares relativas a que es una víctima del conflicto
armado, vive en una zona de enfrentamiento, no cuenta con acceso a servicios
públicos esenciales, estudió hasta el grado once de escolaridad y no había ocupado
otro cargo de elección popular.
La Sección Primera del Consejo de Estado hizo mención a la necesidad de tener en
cuenta estos factores al momento de adoptar su decisión, por lo que indicó que estaba
demostrado que: i) el señor Beltrán Sierra es bachiller académico; ii) es víctima de
conflicto armado; iii) vive en la vereda Normandía en el municipio de Puerto Rondón,
Arauca; y iv) es líder social con una conducta ejemplar.
Consideró que estas eran suficientes para justificar que el señor Beltrán Sierra tenía
«[…] la capacidad de discernir y entender que para ser elegido Concejal (sic) del
municipio requería cumplir los requisitos que para el efecto exige el ordenamiento
jurídico, y que, en esa medida, como cualquier otra persona con las mismas
condiciones, tenía la obligación mínima de consultar la normativa y de verificar si
cumplía los requisitos del cargo, y establecer si se encontraba habilitado o inhabilitado
para inscribirse como candidato y hacerse elegir».
Así las cosas, la Sala denota que la apreciación de las pruebas desplegada por la
autoridad accionada no fue equivocada en términos de las reglas de la lógica, la sana
crítica y la experiencia.
Todo lo contrario, el fallo judicial analizó las pruebas que obraban en el expediente
relacionadas con las situaciones de índole personal que el tutelante aduce fueron
inobservadas.
Es más, la Sección Primera de esta corporación consideró que estas situaciones no le
impedían al concejal tener conocimiento de las exigencias para el cargo al que se
inscribió, en sintonía con lo ya analizado, en los siguientes términos:

[…] la Sala considera que para lograr el aval de su candidatura, inscribirse y hacerse
elegir, el Concejal tuvo que realizar acciones directas con dicho partido y con la
organización electoral, presenciales o remotas, por medios físicos, tecnológicos o
incluso telefónicos, de manera que si tales condiciones no le impidieron llevar a cabo
dicha empresa, en los términos en los que se encuentran probadas, tampoco tenían la
virtualidad o capacidad de impedirle tomar conocimiento de las exigencias que el
ordenamiento tiene previstas para lograr la dignidad de Concejal por voto popular.

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]…] En esa medida, el Concejal no solo contaba con la capacidad cognitiva y de
entendimiento suficiente para discernir que con la celebración del Convenio Solidario
se constituye un acuerdo de voluntades que genera obligaciones, y que en tales
términos, como lo señalaban los documentos que suscribió, se trataba de una especie
de contrato; también, pudiendo informarse, consultar o asesorarse, por ejemplo, con
su propio partido o con la autoridad electoral, optó por realizar su candidatura y hacerse
elegir, sin tomar en consideración que había celebrado el convenio y la inhabilidad que
tenía para serlo.
[…] Al respecto, la Sala debe señalar que en el expediente no se encuentra probado
que el Concejal hubiere realizado algún ejercicio informativo, de indagaciones o de
consultas jurídicas o de cualquier otra clase, con el objeto de establecer si al haberse
inscrito y resultar elegido como Concejal del Municipio de Puerto Rondón, pese a que
celebró el Convenio Solidario núm. 001-012-2023-2022 de 14 de marzo de 2023,
incurría en algún tipo de prohibición y, en especial, en la inhabilidad sub examine, como
causal de pérdida de investidura.

Así las cosas, para la Sección Primera del Consejo de Estado, a pesar de que
quedaron demostradas las situaciones personales especiales del concejal, estas no
alteraban la celebración del convenio ni justificaban la obligación que este tenía de
conocer la normativa aplicable al cargo de elección popular al que se postuló.

Además, se resaltó que el concejal no demostró que hubiera solicitado algún concepto,
asesoría o que estuviera amparado en algún criterio jurisprudencial que hiciera
excusable su conducta.

En conclusión, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico, ya que no
efectuó una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas allegadas al expediente
de pérdida de investidura. Por el contrario, como quedó visto, tuvo en cuenta las
circunstancias personales en el estudio del elemento subjetivo de la pérdida de
investidura. Cuestión distinta es que estas no hayan sido suficientes, a su juicio, para
considerar que la conducta del señor Beltrán Sierra era excusable.

IV. CONCLUSIÓN
Así las cosas, se impone negar la solicitud de amparo porque la Sección Primera del
Consejo de Estado no incurrió en los defectos alegados por Alexis Beltrán Sierra, y, por
tanto, no desconoció sus derechos fundamentales.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo interpuesta por Alexis Beltrán Sierra, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Accionante: Alexis Beltrán Sierra
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

VMP/SEJV

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