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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05577-00

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05577-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Amparar el derecho a la salud de la señora María Josefa Barrios en la faceta de accesibilidad, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia. Segundo: Ordenar a la Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud - MUTUALSER EPS que suministre a la accionante los siguientes gastos a) de transporte que comprenden la ida y el regreso de ésta y su acompañante, desde el municipio el Banco Magdalena y hasta la clínica Costa de la ciudad de Barranquilla o donde se vaya a realizar el reemplazo de la rodilla izquierda b) de alojamiento y alimentación en caso de que la intervención quirúrgica que le van a realizar requiera que la accionante y su acompañante pernocten fuera de su municipio de residencia. Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05577-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de noviembre de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05577-00

de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05577-00
Accionante: María Josefa Barrios Márquez
Accionado: Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud -
MUTUALSER EPS

Tema: Tutela por presunta violación de los derechos fundamentales a la
salud y otros/ Obligación de asumir gastos de transporte y alojamiento
cuando los servicios de salud se prestan en municipio diferente al de
residencia del afiliado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora María Josefa Barrios
Márquez, en nombre propio, en contra de la Asociación Mutual Ser Empresa
Solidaria de Salud - MUTUALSER EPS.

ANTECEDENTES

La señora María Josefa Barrios Márquez solicita el amparo de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la salud y a la vida, los cuales estima
vulnerados por la EPS con base en los siguientes.

HECHOS

Manifestó que padece de artrosis de rodilla, que en la ciudad de Bogotá se le
realizó cirugía de la rodilla derecha y ahora la EPS le aprobó el reemplazo de la
rodilla izquierda, para ser realizada en Barranquilla, pese a que su lugar de

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residencia es El Banco -Magdalena.

Que el 11 de septiembre de 2024 le solicitó a la Asociación Mutual Ser Empresa
Solidaria de Salud - MUTUALSER EPS viáticos para movilizarse a la ciudad de
Barranquilla con un acompañante para que se le realice la cirugía de rodilla y los
exámenes preoperatorios, porque no cuenta con los recursos económicos para
sufragar dichos gastos.

Que la EPS le contestó el 17 de septiembre de 2024 que su solicitud no es
procedente porque “el servicio de transporte en un medio diferente a la
ambulancia, para acceder a una atención incluida en el plan de beneficios en
salud con cargo la upc, no disponible en el lugar de residencia del afiliado, será
cubierto en los municipios con cargo a la prima adicional para la zona especial
por dispersión geográfica” y que el municipio donde reside no se encuentra dentro
de aquellos para los que el Ministerio de Salud estableció esta prima adicional.

Considera que la negativa de la EPS le transgrede los derechos fundamentales
a la salud, a la vida y a la dignidad humana, pues no tiene la capacidad económica
para cubrir sus gastos y los de su acompañante. Trajo a colación la sentencia de
la Corte Constitucional T 122 de 2021.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene
a MUTUALSER sufragar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de
la accionante y su acompañante a la ciudad de Barranquilla, donde se autorizó
cirugía de reemplazo de la rodilla izquierda.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 18 de octubre de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó notificar a la
entidad accionada.

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POSICIÓN DEL ACCIONADO

Se notificó en debida forma a la Entidad Promotora de Salud MUTUALSER y
esta se limitó a remitir acuse de recibo, guardando silencio en relación con los
hechos y pretensiones de la tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas:
I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho a la salud garantías de
accesibilidad e integralidad y III) caso concreto.

I) Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.

II) Derecho a la salud garantías de accesibilidad e integralidad

La Corte Constitucional en la sentencia T 224 de 2020 en relación con el derecho
a la salud expuso que la Ley 1751 de 2015 como la jurisprudencia constitucional
ha reconocido que el principio de accesibilidad exige que “[l]os servicios y
tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad,
dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al
pluralismo cultural”. Dicho principio, comprende igualmente la no discriminación,
la accesibilidad física y económica y el acceso a la información1.

1 La Ley 1751 de 2015 (Artículo 6) y la jurisprudencia constitucional han determinado que existen cuatro

elementos o principios del derecho a la salud: disponibilidad; aceptabilidad; accesibilidad; y calidad e
idoneidad profesional. Estos elementos se derivan de la Observación general 14 adoptada por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas el 11 de agosto de

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Frente al transporte intermunicipal para atención de tecnologías y servicios que
se encuentran incluidos en el plan de beneficios en salud- PBS la Corte
Constitucional2 ha sostenido que es un medio para acceder al servicio de salud
y, aunque no es una prestación médica como tal, de ello puede depender su
efectiva materialización, de tal manera que si no se garantiza puede vulnerar los
derechos fundamentales al desconocer la faceta de accesibilidad al sistema de
salud reconocida en el literal c del artículo 6.º de la ley estatutaria de salud.

Además, La Corte3 ha destacado que se presume que los lugares donde no se
cancele prima por dispersión geográfica tienen la disponibilidad de infraestructura
y servicios necesarios para la atención en salud integral que requiera todo
usuario; por consiguiente, la EPS debe contar con una red de prestación de
servicios completa. De esta manera, si un paciente es remitido a una IPS ubicada
en un municipio diferente a su domicilio, el transporte deberá asumirse con cargo
a la unidad de pago por capitación -UPC general pagada a la entidad promotora
de salud, so pena de convertirse en una barrera de acceso, que está prohibida
por la jurisprudencia constitucional.

Así mismo, no es exigible el requisito de capacidad económica para autorizar el
suministro de los gastos de transporte intermunicipal de los servicios o
tecnologías en salud incluidos por el PBS y tampoco se requiere prescripción
médica atendiendo a la dinámica de funcionamiento del sistema (prescripción,
autorización y prestación). Es obligación de la EPS a partir del mismo momento
de la autorización del servicio en un municipio diferente al domicilio del paciente.

En lo referente al acompañante la Corte4 ha señalado que, de la mano con la
garantía del transporte del paciente, la EPS adquiere también la obligación de
sufragar los gastos de traslado del acompañante en los siguientes casos:

“(i) el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento,
(ii) requiera atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio

2000, relativa al “derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.” Ver, las sentencias T-760 de 2008,
T-501 de 2013, C-313 de 2014, T-706 de 2017, T-050 de 2019 y T 122 de 2021.
2 Corte Constitucional. Sentencia SU 508 de 2020.
3 Ibidem
4 Corte Constitucional. Sentencia T 147 de 2023.

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adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con
los recursos suficientes para financiar el traslado”.

Agregó que en estos casos, “tanto el transporte como los viáticos del paciente
como los de su acompañante, cuando haya lugar al mismo, serán cubiertos por
la prima adicional en áreas donde se reconozca este concepto; sin embargo, en
los lugares en los que no se destine dicho rubro se pagarán con la UPC básica”.5

En relación con los primeros dos requisitos, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que “en aquellos eventos en los cuales el procedimiento médico sea
practicado a un menor de edad, a un discapacitado o a una persona de la tercera
edad, se hace indispensable, adicionalmente, cubrir los gastos de
desplazamiento de un acompañante, dado el estado de indefensión y el grado de
dependencia en que pueden encontrarse”6.

En cuanto al elemento de alimentación y alojamiento, la jurisprudencia ha
resaltado que, en principio, no hacen parte de los servicios de salud o médicos,
sin embargo, esta consideración se ha flexibilizado por la imposibilidad de
imponer barreras insuperables para acceder a la prestación, y de forma
excepcional la Corte Constitucional ha ordenado su financiamiento7. Para ello ha
aplicado por analogía las subreglas relacionadas con el servicio de transporte.

En este orden, corresponde verificar a) que ni el paciente ni su familia cercana
cuentan con capacidad económica suficiente para asumir este gasto; b) si la
decisión de negar este pago implica o no un riesgo para la vida, la integridad
física o el estado de salud del paciente; y c) si la atención médica requiere más
de un día duración, caso en el cual es procedente otorgar el gasto de alojamiento.

Con respecto a la capacidad económica, la jurisprudencia constitucional ha
dispuesto que la negativa indefinida relacionada con la posesión de recursos
económicos está amparada por el principio de la buena fe, por lo que ante la
manifestación del paciente, la carga de la prueba se invierte y le corresponde a

5 Corte Constitucional. Sentencia T-010 de 2019.
6 Al respecto, ver sentencia T-275 de 2016, entre otras.
7 Ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C del 31 de mayo de 2024 con

radicado 11001-03-15-000-2024-01590-00 y de la Corte Constitucional T-487 de 2014, T-405 de 2017 y T-
309 de 2018.

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la EPS desvirtuar lo dicho. Respecto de las personas afiliadas al Sistema de
Seguridad Social en Salud mediante el Régimen Subsidiado o inscritas en el
SISBEN hay presunción de incapacidad económica teniendo en cuenta que
hacen parte de los sectores más pobres de la población”8

III) Caso concreto

La señora María Josefa Barrios Márquez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, los cuales considera
vulnerados por la EPS MUTUALSER, ante la negativa de sufragar los gastos de
transporte, alojamiento y alimentación de la paciente y su acompañante, para
trasladarse a la ciudad de Barranquilla, para la realización de cirugía de
reemplazo de la rodilla izquierda.

Pues bien, de las pruebas aportadas la Sala observa:

• El médico tratante9 de la señora Barrios, en el municipio el Banco, expuso que
el motivo de la consulta fue “PACIENTE CON REMPLAZO TOTAL DE LA RODILLA
DERECHA HACE 4 AÑO (sic) CON BUENE (sic) EVOLUCION AHORA LE DUELE LA RODILLA
IZQUIERDA. RX DE RODILLAS CON REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA DERECHA BIEN
IMOPLANTADA CON RODILLA IZQUIERDA CON GRAN ARTROSIS”.

• La señora María Josefa Barrios Márquez asistió a cita en la ciudad de
Barranquilla10 el 22 de mayo de 2024 y en la historia médica de la atención se
lee: “PACIENTE CON MARCHA CON BASTON (sic), MARCHA CON DIFICULTAD, GENU
VARO IZQUIERDO. AMPLITUD DE MOVIMIENTO ACEPTABLE SIN DERRAME, RODILLA
ESTABLE. RADIOGRAFIAS MUESTRA (sic) ARTROSIS SEVERA GRADO III CON COLAPSO
EN COMPARTIMIENTO MEDIAL. IDX ARTROSIS DE RODILLA OBESIDAD TIPO II PLAN
INDICADO REEMPLAZO DE RODILLA IZQUIERDA”.

• El 26 de agosto de la misma anualidad tuvo consulta preanestésica en la misma
clínica11 para realizar el procedimiento quirúrgico.

8 Corte Constitucional. Sentencia T-259 de 2019. Al respecto, ver también sentencias T-329 de 2018, T-032

de 2018, T-260 de 2017 y T-970 de 2008, entre otras.
9 Consulta el 04 de abril de 2024 en el Hospital la Candelaria Empresa Social del Estado, ubicado en el

municipio el Banco.
10 Consulta externa Clínica Costa sede Barranquilla. Formato núm. 31. Anexó de la acción de tutela
11 Consulta externa Clínica Costa sede Barranquilla. Formato núm. 83. Anexó de la acción de tutela

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• La señora Barrios el 11 de septiembre de 2024, le solicitó a MUTUAL SER
sufragar los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de ella y su
acompañante a la ciudad de Barranquilla, diciéndole que no cuenta con los
recursos económicos para costear dichos gastos y la entidad le negó lo solicitado,
tal como se indica en los hechos.

La señora Barrios tiene 64 años de edad, reside en el municipio El Banco, se
encuentra afiliada a la EPS MUTUALSER en el régimen subsidiado en calidad de
cabeza de familia12, padece de artrosis de rodilla y, le autorizaron cirugía de
reemplazo de la rodilla izquierda en la ciudad de Barranquilla.

No se conoce la fecha en la cual se va a llevar a cabo el procedimiento y en qué
Institución Prestadora de Salud se va a realizar, lo cierto es que, ante el silencio
de la EPS y conforme a las órdenes médicas de los días 22 de mayo y 26 de
agosto de 2024, de la Clínica Costa de la ciudad de Barranquilla se entiende que
la intervención va a ser en dicho lugar.

Se presume la carencia de recursos de la accionante para costear el valor del
transporte, alojamiento y alimentación, para trasladarse del municipio de
residencia a la ciudad de Barranquilla porque pertenece al régimen subsidiado;
la EPS no desvirtuó la afirmación de la señora maría Josefa en relación con la
carencia de recursos, pues ninguna manifestación realizó frente a la acción de
tutela.

Ahora, La EPS MUTUALSER negó la solicitud de transporte que elevó la
accionante el 11 de septiembre de 2024, bajo el argumento de que el municipio
al que ésta pertenece, esto es, El Banco Magdalena, no se encuentra dentro de
los entes territoriales para los cuales el Ministerio de Salud y Protección Social
estableció UPC con prima adicional.

Al respecto, se advierte que en aquellos lugares en los cuales no se reconoce la
UPC diferencial, como es el caso de El Banco-Magdalena, corresponde a las EPS
con cargo a la UPC básica asumir el costo del desplazamiento del paciente

12 Información obtenida de la página ADRES

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generado por la falta de red de prestación de servicios en el lugar de residencia
del afiliado.

Sobre la necesidad de un acompañante para la accionante, la Sala la encuentra
probada porque la señora María Josefa Barrios es persona la tercera edad,
actualmente camina con dificultad usando bastón; además la intervención
quirúrgica que requiere es de rodilla y padece de diabetes mellitus13 y obesidad.

Así las cosas, considera la Sala que la negativa de la EPS MUTUALSER de
reconocer a favor de la accionante los gastos de transporte, alimentación y
alojamiento, tanto de ésta como de su acompañante, transgrede su derecho a la
salud en la faceta de accesibilidad, pues no le asiste razón válida para no acceder
a la solicitud, pues independientemente de que el municipio el Banco se
encuentre o no dentro de aquellos que tienen UPC por dispersión geográfica-, lo
cierto, es que la Corte Constitucional ha sido clara en la obligación que le asiste
a la EPS en asumir el pago de dichos costos, para acceder a los servicios que
impliquen el traslado del paciente cuando deba acudir a un municipio diferente al
de su residencia.

En consecuencia, se amparará el derecho a la salud de la accionante en la faceta
de accesibilidad y, se ordenará a la EPS MUTUALSER que, le suministre a ella
y a su acompañante los gastos de transporte que comprenden la ida y el regreso
desde el municipio el Banco Magdalena hasta la clínica Costa de la ciudad de
Barranquilla o donde se vaya a realizar la intervención quirúrgica, así como los
gastos de alojamiento y alimentación, estos últimos solo cuando la señora Barrios
y su acompañante deban pernoctar en la ciudad o municipio a donde se deban
desplazar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

13 Antecedentes señalados en el formato núm. 83 consulta preanestésica.

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FALLA:

Primero: Amparar el derecho a la salud de la señora María Josefa Barrios en la
faceta de accesibilidad, conforme a las consideraciones expuestas en esta
providencia.

Segundo: Ordenar a la Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud -
MUTUALSER EPS que suministre a la accionante los siguientes gastos

a) de transporte que comprenden la ida y el regreso de ésta y su acompañante,
desde el municipio el Banco Magdalena y hasta la clínica Costa de la ciudad de
Barranquilla o donde se vaya a realizar el reemplazo de la rodilla izquierda

b) de alojamiento y alimentación en caso de que la intervención quirúrgica que le
van a realizar requiera que la accionante y su acompañante pernocten fuera de
su municipio de residencia.

Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

HAPC

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