Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05578-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05578-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05578-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05578-01
Accionante: José Largo
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia del 14 de
noviembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción por no
cumplir con el requisito de la subsidiariedad.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1
El señor José Largo, actuando en nombre propio, instauró demanda2 contra el
Banco Agrario y la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, por la
presunta vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público; a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente y los cuales considera han sido vulnerados
por las referidas entidades.
La acción popular inicial, fue presentada el 16 de mayo de 2024, y fue tramitada
bajo el radicado 05001233300020240117800, que buscaba que el Banco Agrario
adecuara sus instalaciones en Medellín para garantizar la movilidad y acceso de
personas con limitaciones físicas, incluyendo baños apropiados para ciudadanos
en situación de discapacidad.
Mediante auto del 1º de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia
inadmitió la demanda para que se subsanara lo siguiente: indicación clara de los
derechos colectivos vulnerados, especificación de hechos, enunciación precisa
de pretensiones y aporte del requisito de renuencia exigido por la ley.
1 Índices 2 y 10 del aplicativo SAMAI.
2 La acción popular inicial, fue presentada el 16 de mayo de 2024 bajo el radicado
05001233300020240117800, ante el Tribunal Administrativo de Risaralda.
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Acción de Tutela
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Accionante: José Largo
A pesar de que el señor Largo subsanó los defectos a los que hizo referencia el
Tribunal Administrativo de Antioquia el 7 de octubre, la demanda fue rechazada
a través de la decisión del 10 de octubre de 2024.
2.2. Fundamento jurídico
La parte accionante señaló que el rechazo de la demanda por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia constituye un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, puesto que exigió requisitos no previstos en el artículo 18 de la Ley
472 de 1998.
2.2.2. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
«se ordene a la tutelada que admita inmediatamente mi acción pues
cumplo art 18 ley 472 de 1998 sin que pueda olvidar que no soy abogado
y por ello no escribo como abogado se le ORDENE a la tutelada aplicar
derecho sustancial y no cometer un exceso ritual manifiesto y se le ordene
tramitar mi Constitucional acción se ordene a la tutelada conceder amparo
de pobreza en la popular, pues no soy abogado, bajo juramento manifiesto
que no tengo trabajo y lo poco que percibo económicamente lo empleo en
mi subsistencia ». (Sic en toda la cita)
2.3. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado mediante auto del 21 de octubre de 2024, en el que ordenó
notificar como accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia
Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso al Banco Agrario de Colombia y al Ministerio de Salud y Protección
Social.
2.3.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque no se cumplió con el requisito de la
subsidiariedad, y porque no se acreditó la inminencia de un perjuicio
irremediable. Por otra parte, señaló que el escrito tampoco cumple con el
requisito de la relevancia constitucional.
2.3.2. El Banco Agrario de Colombia señaló que carece de legitimación en la
causa por pasiva y solicitó ser desvinculado de la demanda porque no es el
llamado a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
reclamados.
2.3.3. No se realizaron más intervenciones.
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Accionante: José Largo
2.4. Sentencia Impugnada3
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, profirió sentencia
el 14 de noviembre de 2024, en la que declaró la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad toda vez que el actor no
agotó todos los recursos ordinarios, ni demostró la existencia de un perjuicio
irremediable.
2.5. Impugnación4
El señor José Largo presentó impugnación contra el fallo de primera instancia
porque a su juicio se desconoció el derecho sustancial y se incurrió en exceso
ritual manifiesto, en una acción de naturaleza constitucional.
Para fundamentar su posición, el accionante se apoyó en jurisprudencia
constitucional, específicamente en las sentencias SU 238 de 2019 y T 201 de
2015 de la Corte Constitucional, alegando que se había producido un aparente
abuso de poder en contra de un ciudadano que ejerció su derecho a presentar
una acción popular.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
El problema jurídico se centra en establecer si la demanda presentada por el
señor José Largo cumple con los requisitos generales y específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En el evento en
el que la respuesta al anterior interrogante sea positiva, se deberá determinar si
la autoridad judicial incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al proferir la providencia del 10 de octubre de 2024, a través de la cual
rechazó la acción popular.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
3 Índice 32 del aplicativo SAMAI.
4 Índice 38 del aplicativo SAMAI.
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afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3.4. Del requisito de subsidiariedad
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia5.
3.5. Análisis del caso concreto:
Al analizar el caso concreto, la Sala coincide con lo señalado en la sentencia del
14 de noviembre de 2024, puesto que el ciudadano no hizo uso de los recursos
con los que contaba para discutir la decisión de rechazar la demanda.
En ese sentido, en el artículo 36 de la Ley 472 de 1998 se determinó que contra
los autos dictados en el trámite de la acción popular procede el recurso de
reposición.
Adicionalmente, en algunos pronunciamientos, esta corporación ha considerado
que el auto que rechaza la demanda presentada en una acción popular es
susceptible incluso del recurso de apelación. En ese sentido ha señalado:
«Abordar el análisis acerca de si el recurso de apelación, en contra
del auto que rechaza la acción popular, es procedente, se torna
indefectible, como quiera que el artículo 36 de la ley 472 ibídem,
señala que contra los autos proferidos a lo largo del trámite de la
acción popular procede el recurso de reposición.
5 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley
estipulan (sic) un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con
el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad,
vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
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Un estudio a priori de la norma precitada permitiría concluir que en
contra de la providencia de rechazo de la demanda, en las acciones
populares, sólo podría interponerse recurso de reposición. Ahora bien,
si se aborda el examen de fondo sobre el contenido y alcance de la
citada disposición legal, se concluye que el precepto normativo se
refiere, concretamente, a que son pasibles del recurso de reposición
las providencias que se profieren a lo largo del trámite de la acción
popular, es decir, la regla legal parte del supuesto de la existencia del
proceso; entonces, si el auto que rechaza la demanda trunca la
existencia del mismo – del proceso judicial -, por cuanto enerva la
materialización del derecho de acción, así como la posible formulación
de la pretensión a las partes que integran el extremo demandado, lo
procedente es dar aplicación al artículo 44 de la ley 472 de 1998,
precepto éste que remite, en los aspectos no regulados por dicho
cuerpo normativo, a las disposiciones del C.C.A. en lo concerniente a
las acciones populares que son de conocimiento de la jurisdicción
contencioso administrativa.
Como quiera que la remisión normativa se efectúa a las disposiciones
del C.C.A., es válido definir que el auto que rechaza la demanda es
de aquellos susceptibles de apelación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 181 – modificado por el artículo 57 de la ley
446 de 1998- de dicha codificación»6.
Ahora bien, es pertinente indicarle al señor Largo, que los argumentos esgrimidos
en la presente acción de tutela debió presentarlos ante el juez natural de la causa
a través de los recursos dispuestos para el efecto.
Por tal razón, la sala confirmará la sentencia del 14 de noviembre de 2024,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 14 de noviembre de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual
se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 23 de julio
de 2007, radicación: 25000-2324-000-2005-02295-01(AP), magistrado ponente: Enrique Gil
Botero.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05578-01
Accionante: José Largo
Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ. JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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