Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05579-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05579-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05579-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
27 de febrero de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05579 01
Demandante: Unión Temporal Américas Tramo 2
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05579 01
Demandante: UNIÓN TEMPORAL AMÉRICAS TRAMO 2
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia
de relevancia constitucional cuando el debate
planteado por el demandante pretende reabrir la
controversia ya resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 26 de noviembre de 2024, dictado por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La Unión Temporal Américas Tramo 2, conformada por las sociedades
Procopal S.A., Bocacolina S.A. y Gaico Ingenieros Constructores S.A. (en
adelante UTAT2), por intermedio de apoderado, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que estimó
vulnerados con ocasión de la sentencia del 24 de enero de 2024, por
medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
revocó la providencia del 10 de marzo de 2016 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y en su
lugar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de
controversias contractuales promovida contra el Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU) y la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, Transmilenio
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05579 01
Demandante: Unión Temporal Américas Tramo 2
S.A.1, con ocasión del incumplimiento del Contrato 2212 del 25 de abril
de 20023.
1.2. El referido medio de control se fundamentó en que “el IDU y
Transmilenio S.A. incumplieron el Contrato 221 de 2002, porque (i) al
exigir el acaecimiento de condiciones no estipuladas para el pago del valor
global del remanente de las obras de construcción, incurrió en mora; (ii)
con la supresión del 97,73% de las obras de adecuación de desvíos,
acordada en convenios modificatorios, se frustraron sus utilidades y no
cubrió gastos de administración causados, sin que estos fueran
reconocidos ni pagados; y (iii) se pagaron actas mensuales de obra
indebidamente actualizadas”4.
1.3. La demanda de controversias contractuales correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, quien
profirió sentencia el 10 de marzo de 2016, mediante la cual denegó las
pretensiones de la demanda y negó la objeción al dictamen pericial
formulada por las demandadas.
1.4. La parte actora apeló la anterior decisión y, mediante providencia del
24 de enero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C, la revocó y en su lugar accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, y declaró responsable al IDU por el incumplimiento del Contrato
221 de 2002, y lo condenó de forma genérica al pago de los perjuicios
ocasionados con dicho incumplimiento.
1
Proceso que se identificó con el radicado 25000 23 36000 2013 00935 01.
2
Suscrito entre el IDU y Transmilenio S.A., como contratantes, y la UTAT2, en calidad de contratista.
3
Cuyo objeto consistió en: “Mediante este Contrato, el Contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias
para la adecuación de la Troncal de la Américas para el Sistema Transmilenio, entre la carrera 70B y Banderas,
para lo cual cumplirá con las obligaciones previstas en este Contrato y realizará, en especial, las Obras de
Construcción requeridas para i) la reparación, rehabilitación, construcción y adecuación de las Calzadas de
Transmilenio, ii) la reparación, rehabilitación, construcción y adecuación de las Calzadas de Tráfico Mixto, iii)
la construcción, reparación, rehabilitación y la adecuación de las zonas de espacio público, y iv) las Obras para
Redes previstas en el listado y descripción de obras del Apéndice C necesarias para la reparación,
rehabilitación, reubicación, renovación y construcción de las redes y/o accesorios de servicios públicos
domiciliarios que sea necesario ejecutar de acuerdo con las previsiones contenidas en dicho Apéndice C del
Contrato. (…)”.
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Transcripción tomada de la página 1 de la sentencia del 24 de enero de 2024.
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Sin embargo, denegó las pretensiones de la demanda relacionadas con la
compensación de costos de administración que no fueron pagados y las
utilidades frustradas como consecuencia de la supresión de las obras de
adecuación de desvíos, al considerar que dicho reconocimiento desconocía
lo pactado en el contrato, en el cual era claro que ese ítem tenía un tope
máximo, que no se contempló la obligación de contratarlo y que la
autorización de dichos desvíos dependía de lo que se fuera requiriendo
durante el desarrollo la ejecución, circunstancia que conocía el contratista
al suscribir el acuerdo de voluntades.
1.5. La accionante alega en la tutela que la anterior decisión incurrió en
desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 5 de marzo
de 2008 dentro del radicado 13001 23 31 000 1998 06856 01, M.P.
Enrique Gil Botero, que señala que la variación porcentual en la reducción
de las obras que se suprimen debe ser significativa para que se considere
afectado el equilibrio económico del contrato.
1.5.1. Señaló que, si bien la citada providencia denegó las pretensiones
que buscaban que se declarara el desequilibrio económico del contrato,
determinó varias reglas para que este se configurara, así:
“En efecto, recuérdese que, según uno de los apartes recién transcritos, los
incumplimientos alegados no rompieron el equilibrio económico contractual,
porque ‘i) la posibilidad de ejecutar cantidades inferiores a las pactadas estaba
contemplada en el contrato, ii) el valor suprimido no alcanzó a alterar la balanza
económica contractual, y porque iii) a la vez que se suprimieron cantidades de
obra, igualmente se ejecutaron y pagaron otras no contempladas originalmente,
que permitieron mantener la ecuación financiera’, todo lo cual se explicó en
detalle en los demás apartes referidos o transcritos de la sentencia del 5 de marzo
de 2008, de donde surge con claridad que ese equilibrio sí se rompe: (i) cuando
el contrato no contempla la posibilidad de ejecutar cantidades inferiores a las
convenidas o éstas se suprimen, (ii) cuando el valor suprimido afecta aquel
equilibrio de forma excepcional, es decir, al punto de alterarlo y (iii) cuando no
hayan pagos que permitan mantener la ecuación financiera del contrato por la
ejecución de obras no contempladas inicialmente.
Pero, además, es indispensable que la entidad contratante no modifique
(disminuyendo o suprimiendo) de manera caprichosa las cantidades o los ítems
de obra convenidos, pues, si bien es cierto que, en opinión del Consejo de Estado,
resulta “bastante razonable’ que en los contratos de obra pública sea
‘prácticamente imposible … que sus cantidades … se puedan garantizar de manera
precisa’, por lo cual es válido que ”las partes convengan que … sean
aproximadas’, ello no justifica ‘que caprichosamente se puedan modificar’.
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Igualmente, se requiere que haya una variación porcentual significativa en la
reducción de las obras que se disminuyen o se suprimen -o en su valor-, puesto
que, según la sentencia del 5 de marzo de 2008, para el Consejo de Estado la
variación que se dio en el caso resuelto con ella, que fue apenas del 6%, no afecta
el equilibrio económico del contrato “en forma extraordinaria y excepcional” y, en
consecuencia, sus implicaciones no exceden “en importancia las condiciones
económicas existentes al momento de proponer”, con lo cual el “contratista no
sufrió una verdadera pérdida, ya que las obligaciones contractuales no se vieron
agravadas más allá del límite del alea normal que debía soportar y que además
aceptó al momento de presentar su oferta”, pues no fue “una disminución de los
ítems de obra que pueda considerarse desproporcionada ... De hecho, es bastante
aceptable que las cantidades finales de una obra no ejecutada oscilen por el valor
porcentual que se acaba de anotar”.
1.5.2. Asimismo, considera que la decisión atacada desconoció el
precedente fijado en el fallo del 7 de mayo de 2021, proferido por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, bajo el radicado
número 25000 23 26 000 2009 00498 01, M.P. María Adriana Marín,
relacionado con la obligación de la entidad contratante de indemnizar al
contratista cuando el incumplimiento del principio de planeación, entre
otros, le genera perjuicios. Del análisis realizado sobre dicho proveído,
concluyó que:
“Conforme, entonces, a aquella sentencia, si se producen modificaciones en el
contrato de obra, consistentes en una mayor permanencia en obra por parte del
contratista, en la reducción o en la supresión de ítems de obra, porque la entidad
estatal contratante incumple el deber o principio de planeación, surge para
aquélla la obligación, conforme a la ley, a la jurisprudencia y a la doctrina, de
indemnizar al contratista cumplido los perjuicios que éste acredite en el proceso,
dado que los contratos estatales ‘deben ser debidamente diseñados y pensados
con antelación, delimitando claramente las necesidades y prioridades que se
busca satisfacer … y que demanda el interés público, pues ‘el ordenamiento
jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación’ ni
se someta a esta”.
Manifestó que el caso concreto guarda similitud con las anteriores
decisiones, pues, a su juicio, las demandas se fundaron en la reducción o
eliminación de cantidades de obra o del valor previsto para la ejecución
de estas:
“Como se observa, hasta acá hay plena similitud con los dos casos a que se refiere
el precedente judicial antes mencionado de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, integrado por las sentencias enunciadas en el título del numeral 1 y en el
del numeral 2 de este capítulo, es decir, la del 5 de marzo de 2008 y la del 7 de
mayo de 2021, pues, en ellos y en el que generó el proceso cuya sentencia es
acá materia de pedimento de tutela, las demandas se originaron en la reducción
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y/o en la eliminación de cantidades de obra o, lo que resulta ser igual, del valor
previsto para la ejecución de algunas de ellas.
En efecto: (a) en uno de los asuntos a que puso fin la sentencia de marzo de
2008, se alegó que la entidad contratante incumplió un contrato de obra, pues
disminuyó varios ítems y suprimió otro, (b) en el decidido con la sentencia de
mayo de 2021, se alegó el rompimiento del equilibrio económico o el
incumplimiento de otro contrato de obra y (c) en el que decidió la sentencia de
enero de 2024, se demandó por la enorme reducción del valor estimado
inicialmente para unas de las obras contratadas.
Pero, la similitud fáctica no para allí, puesto que, en el primero de aquellos casos,
se pidió declarar incumplido el contrato, en el segundo se solicitó igual
declaratoria o la de la ruptura del equilibrio económico y, en el tercero, los acá
demandantes pretendieron que se declarara que la reducción del valor del
componente de obras de adecuación de desvíos configuró un incumplimiento de
las demandadas o que, en su defecto, provocó la ruptura del equilibrio económico
contractual.
Además, esos tres litigios fueron iniciados en ejercicio de la acción de
controversias contractuales y en ellos se pidió condenar a las demandadas al pago
de las condenas solicitadas por los conceptos atrás expresados.
Para lo anterior en esos procesos debía resolverse similar problema jurídico
(similitud jurídica), esto es, si la eliminación o la reducción de unos ítems de obra
da lugar a la declaratoria de incumplimiento del contrato o a la del rompimiento
del equilibrio contractual, como se dijo en la sentencia del 7 de mayo de 2021 o
si, como se planteó en la del 24 de enero de 2024, la entidad demandada está
en ‘la obligación de compensar los costos de administración que no fueron
amortizados y las utilidades frustradas como consecuencia de la supresión del
97,73%’ del valor estimado en el contrato para la realización de las obras de
adecuación de desvíos.
A pesar de las similitudes fácticas y jurídicas mencionadas en los cuatro (4)
párrafos que anteceden y de que en las referidas sentencias del 5 de marzo de
2008 y del 7 de mayo de 2021, que conforman el precedente judicial del Consejo
de Estado, que acá se estima vulnerado, se dijo que las reducciones y las
supresiones de obra constituyen un incumplimiento que -bajo las condiciones o
reglas sintetizadas en las letras a) y b) de este capítulo- amerita la declaratoria
del mismo y la orden de indemnizar al contratista demandante, la sentencia del
24 de enero de 2024, de la Subsección C, si bien revocó en parte la de primera
instancia, que había negado las pretensiones formuladas, confirmó en el ordinal
tercero de su parte resolutiva (contra el cual se dirige esta demanda) la negativa
de los pedimentos atinentes al incumplimiento o, en su lugar, al rompimiento del
equilibrio económico del contrato 221 de 2002, ocasionado con la anotada
supresión de la casi totalidad (97.23%) del valor inicialmente estimado para las
obras de adecuación de desvíos.
Si bien la sentencia de enero de 2024 fue motivada, lo cierto es que ella para
nada expuso las razones que la llevaron a apartarse del precedente citado de
aquella Sección, pues ni siquiera lo mencionó, es decir, lo ignoró del todo, a pesar
de que la sentencia T-018 de 2023 atrás referida de la Corte Constitucional exige
citarlo y exponer las razones que se tengan para producir sentencia en sentido
distinto al consignado en él, las cuales deben ser claras, suficientes y sólidas.
En efecto, la sentencia parcialmente demandada dijo: (a) que en el contrato 221
se acordó que su precio final ‘remuneraría los costos directos e indirectos, así
como los riesgos asumidos por el contratista’, (b) que tal precio no serviría ‘de
base para reclamación alguna entre las partes por pretendidos o reales desfases
entre cualquier estimación o precálculo de cualquiera de las partes … y los
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resultados económicos reales de la ejecución del Contrato (sic)’, (c) que el monto
pactado del mismo para obras de adecuación de desvíos ($6.700’000.000.000)
era el máximo a ejecutar por éstas (numeral 5.8 de la parte motiva) y (d) que la
UTA2 asumió unos riesgos cubiertos con el precio pactado (numeral 5.8.1
ibídem); pero, nada de ello explica haber abandonado el referido precedente de
la Sección Tercera, no obstante las evidentes y claras similitudes que presentan
los tres casos.
Ahora, sostiene el numeral 5.8.3 de la misma sentencia de 2024 que la ‘UTA 2
asumió los riesgos derivados de la variación de los precios del mercado’ de los
ítems de las obras de adecuación de desvíos y que, en adición, ‘la contratista se
responsabilizó de los riesgos que conllevara la variación de los componentes
técnicos y económicos de las labores de administración, así como de la
rentabilidad del negocio, bajo el entendido de que los mecanismos de ajuste de
precios previstos mantenían las condiciones financieras formuladas’; pero, nada
de esto corresponde a la realidad, pues, por una parte, no se trata de una
variación de precios unitarios de los ítems de las obras de adecuación de desvíos,
sino de una casi que total eliminación de los recursos que, al contratar, fueron
estimados para tales obras y, por otra parte, las fórmulas de reajuste de precios
pactadas en el contrato no eran aplicables al evento de reducción de las mismas
(ver numerales 20.2.3 a 20.2.5 y 20.2.8, cláusula 20 del contrato). Además, nada
de esto contemplan siquiera las sentencias que conforman el precedente que se
estima vulnerado por la de enero de 2024, luego mal puede tomarse como razón
para apartarse de él.
Incluso, de manera acertada la sentencia objeto de esta acción afirma, en el
mismo numeral 5.8.3 recién citado, que ‘ante [la] (sic) imposibilidad de
establecer con exactitud, previamente a la ejecución del negocio jurídico, los
montos totales que resultarán de realizar la obra contratada, la entidad …
aproxima un cálculo estimado de la cantidad o unidades de obra que se requerirá
ejecutar para que el proponente establezca en su propuesta unos valores
unitarios respecto de cada unidad de obra prevista por el ente contratante …’;
pero, una cosa es establecer un monto aproximado de obra o de valor de la misma
y otra muy distinta es reducirlo hasta casi eliminarlo en su totalidad, como ocurrió
en este caso, que es a lo que se refieren las sentencias atrás citadas de 2008 y
de 2021.
De hecho, estas últimas sostienen que la reducción drástica de obra y, con mayor
razón, la eliminación de ítems completos de obra (acá la reducción fue de tal
envergadura que, en la práctica, casi que se eliminó por completo el ítem de
adecuación de desvíos, pues el valor estimado para ese fin se redujo en el
97.73%) hace incursa a la parte contratante en incumplimiento y, por ende, la
obliga a responder por los perjuicios que de ella se deriven, de donde también
resulta equivocado y contrario al precedente de la Sección afirmar, como lo hace
la sentencia objeto de tutela, ‘que el valor estimado, dentro del que se incluía el
valor de obras de adecuación de $6.700’000.000, no podría tomarse como base
para una reclamación por desfase alguno, ocasionada por el resultado económico
de lo efectivamente ejecutado’, pues, si bien así se convino en el contrato, lo
cierto es que tal previsión partía de la base de una ejecución normal del mismo
y no de una ejecución con una reducción tan extrema como la acabada de indicar,
que -se insiste- casi que eliminó todo un frente o ítem de obra, lo cual afecta
cualquier cálculo de cubrimiento de costos directos y/o indirectos del contratista
que, de buena fe, asumió que el contrato tenía una planeación adecuada y no un
estimado por completo equivocado de lo que podrían llegar a ser las obras de
adecuación de desvíos.
En estrecha relación con lo acabado de expresar, nótese que el valor estimado
en el contrato 221 para obras de adecuación de desvíos ($6.700’000.000), que
fue casi que eliminado por completo por las entidades contratantes (téngase
presente que la UTA2 accedió a la firma de los ‘otrosí’ correspondientes, pero
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quedando a salvo su reclamación al respecto, para ser dirimida por un amigable
componedor), equivalía al dieciséis punto cero cinco por ciento (16.05%) del valor
total estimado del contrato y que su reducción, como ya se ha dicho, fue del
noventa y siete punto setenta y tres por ciento (97.73%), porcentajes por
supuesto muy superiores ambos al que, en la sentencia del 5 de marzo de 2008,
que fue del seis por ciento (6%) ‘del valor pactado’, se tuvo en cuenta para
desestimar las pretensiones de la demanda respectiva (y si el porcentaje de
reducción se mide en función del valor total pactado del contrato -
$41.731’078.530- y del monto de ella -$6.547’959.146-, la disminución de la
suma prevista para adecuación de desvíos es del 15.69%, que igual supera de
manera considerable el citado 6%).
Es más, tal como se observa en el acta de liquidación final del contrato 221 de
2002, su valor final fue de $35.418’051.985, de los cuales solamente
$152’040.854 correspondieron a obras de adecuación de desvíos, suma esta
última que es apenas el cero punto cuarenta y tres por ciento (0.43%) de aquel
valor final, porcentaje de ejecución que, en todo caso, debió haber sido cercano
al 16.05%, según la estimación convenida del valor de dichas obras. Semejante
variación porcentual es, conforme a la sentencia de marzo de 2008, altamente
significativa y, por ende, la del 24 de enero de 2024 ha debido darle aplicación
(a la de 2008); pero, no solo se abstuvo de esto último, sino que decidió en
sentido por completo contrario a ella, negando (en su ordinal tercero) las
respectivas pretensiones de la demanda.
Lo anterior, no obstante que se trató de una reducción que, por lo drástica, no
fue ni podía ser previsible (sobre la previsibilidad, ver el numeral 3.2.2 atrás
transcrito de la sentencia de 2008) y que, en cambio, alteró de manera
significativa, es decir, extraordinaria y excepcional, la ecuación económica del
contrato sobre el cual versó el litigio decidido por la sentencia de enero de 2024,
con lo cual se excedieron de manera importante ‘las condiciones económicas
existentes al momento de proponer’ (como se dice en la sentencia de 2008), pues
se trató de una disminución ‘desproporcionada en relación con lo que
razonablemente las partes del contrato deben soportar’ (ídem).
En verdad, podía ser previsible y, por ello, aceptable que la cantidad de obra o
del valor estimado contractualmente para ella ($6.700’000.000) se redujera en
un porcentaje bajo (como el del 6% de que habla la providencia de 2008), mas
no en un 97.73% (como en el caso objeto de la sentencia de 2024), reducción
esta última que, por ser tan alta, denota una total falta de planeación (ver
sentencia de mayo de 2021) y afecta obvia y necesariamente el ‘límite del alea
normal’ del contrato (sentencia de 2008), más cuando el valor final de éste no se
aumenta (cosa que sí sucede en el caso a que se refiere esta última sentencia),
sino que se disminuye (como en el caso decidido por la de 2024, en el que,
además, el valor de las obras de adecuación de desvíos pasó de un estimado de
$6.700’000.000 a uno ejecutado de solamente $152’040.854).
En este punto, debe resaltarse que el monto que se estimó para adecuación de
desvíos en el contrato original o inicial fue disminuido por el IDU enteramente a
su arbitrio, esto es, de manera del todo caprichosa, pues ninguna razón dio para
ello; en efecto, lo único que hay respecto a esto último, que obra en el expediente
de la controversia contractual y que se anexa al presente escrito, es un informe
de interventoría, de fecha 22 de agosto de 2003, que da cuenta de la reducción
de aquel monto, mas no del motivo que la produjo, sino de otras circunstancias
o actividades que puso de presente la propia unión temporal contratista, según
allí mismo se indica, y que para nada se relacionaban con ella, como unas
dificultades que se encontraron para demoler un puente y unas demoras
ocasionadas por terceros.
En consecuencia, cabe recordar que, según la sentencia de 5 de marzo de 2008
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no se pueden disminuir o suprimir
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en forma caprichosa las cantidades o los ítems de obra convenidos (o su valor
estimado, si el contrato no menciona una cantidad de obra, sino que, como en el
caso dirimido con la sentencia de enero de 2024, lo que hace es estimar un valor
para la adecuación de desvíos), Hacer disminuciones caprichosamente no solo
reafirma la falta de planeación ya mencionada, sino que, además, conforme a la
doctrina que se cita en la sentencia del 7 de mayo de 2021 y que ésta comparte,
implica indemnizar los perjuicios causados con ellas.
Así, es evidente que la sentencia del 24 de enero de 2024 de la Subsección C de
la Sección Tercera de Consejo de Estado incurre en el llamado defecto material o
sustantivo, pues desconoce por completo todo lo dicho en el precedente de su
propia jurisdicción, es decir, el de esa misma Sección Tercera -integrado por las
citadas sentencias del 5 de marzo de 2008 y del 7 de mayo de 2021- y, por ende,
de conformidad con lo explicado en detalle por la Corte Constitucional en su
sentencia T-018 del 7 de febrero de 2023 (ver numeral 2 del capítulo IV del
presente escrito), afecta el derecho fundamental al debido proceso, así como los
principios de buena fe y de la confianza legítima que, en este escrito, se invocan
como lesionados.
Adicionalmente, cuando casos que son fáctica y jurídicamente iguales o similares
se deciden de manera distinta, sin que para ello se mencione el precedente de la
propia jurisdicción y se den razones de peso que expliquen el apartarse del
mismo, como lo exige la Corte -según ya se vio-, se viola también el derecho
fundamental a la igualdad, debido a que todos ellos deben fallarse de manera
igual, por cuanto, ante la misma situación de hecho, debe haber la misma
solución en derecho, según reza el viejo y sabio aforismo jurídico”.
1.6. Con fundamento en lo expuesto, la parte actora formuló las
siguientes pretensiones:
“1.- Que se deje sin efecto solamente el ordinal tercero de la sentencia del 24
de enero de 2024, con a (sic) que se puso fin en segunda instancia al proceso
de controversias contractuales con radicación.
2.- Que, en su lugar, se disponga que la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que la expidió, dicte un ordinal de reemplazo de aquél, en
el que, en acatamiento del precedente judicial antes referido de esa misma
Sección, se acceda a las pretensiones relativas al incumplimiento o al
desequilibrio económico del contrato 221 de 2002, contenidas en la demanda
decidida con dicha sentencia y (iii) que, para dictar el ordinal de reemplazo, se
señale un plazo”. (Subrayas de la Sala).
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 1º de noviembre de 2024, el a quo admitió la tutela
y ordenó vincular en calidad de terceros con interés a Transmilenio S.A., al
IDU, a Condor S.A. y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A; a este último le solicitó copia digital del expediente
con radicado 25000 23 36000 2013 00935 01.
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2.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, hizo un
recuento de los argumentos en los que se fundó la decisión atacada y
sostuvo que, contrario a lo manifestado por la accionante, en ella no se
configuró el desconocimiento del precedente judicial porque las
consideraciones realizadas en la sentencia del 5 de marzo de 2008, en
cuanto a que las modificaciones “caprichosas” de las cantidades o los
ítems de obra constituía un incumplimiento contractual, solo
constituyeron obiter dicta, y la razón para denegar las pretensiones de la
demanda fue que el desequilibrio ocasionado con dichas modificaciones
no afectó la ecuación económica del contrato.
Frente a la sentencia del 7 de mayo de 2021, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, manifestó que en ella se produjo
un rompimiento del equilibrio contractual por modificaciones al objeto del
contrato de manera unilateral e ilegal por el contratante; sin embargo, en
la decisión objeto de debate la supresión de las obras de desvíos fue
consensuada por las partes contratantes, mediante convenios
modificatorios.
2.3. El IDU sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva
para pronunciarse respecto de las pretensiones del accionante, pues la
solicitud de amparo no está dirigida contra esa entidad; por lo tanto,
solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.
2.4. Transmilenio S.A. se pronunció frente a los hechos de la acción de
tutela y solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva. Además, sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito de relevancia constitucional en razón a que el demandante
pretende instrumentalizar la acción de tutela como una tercera instancia
o un recurso extraordinario que permita revivir la discusión que ya fue
objeto de decisión dentro de las dos instancias del proceso judicial.
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2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, guardó silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 26 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, estudió de fondo el asunto y resolvió
negar la solicitud de amparo con fundamento en que la decisión objeto de
debate no incurrió en desconocimiento del precedente judicial, pues las
sentencias invocadas como desconocidas no constituyen precedente y no
son aplicables al caso concreto. Igualmente, decidió negar las solicitudes
de desvinculación elevadas por Transmilenio S.A. y el IDU.
Señaló asimismo que lo pretendido por el contratista implicaba
desconocer lo pactado en el contrato, el cual establecía un tope máximo
en el ítem de desvíos, y no contempló la obligación de contratarlo.
Además, dijo que era claro era que la autorización de esos desvíos
dependía de lo que se requiriera durante el desarrollo del contrato,
situación que conocía el contratista al momento de la suscripción.
Por lo anterior, sostuvo que el caso objeto de tutela difiere de las
sentencias que, a juicio de la accionante fueron desconocidas por la
accionada en su fallo, pues en el proceso ordinario la demandante no
alegó que la compensación se derivara de una afectación por el principio
de planeación. Adicionalmente, las estipulaciones contractuales fijadas en
los casos resueltos en las providencias invocadas como desconocidas son
completamente diferentes al contenido del Contrato 221 del 2022, lo que
hace sustancialmente distinta la forma en la que se debían resolver esas
controversias.
IV. IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia e hizo
énfasis en los argumentos planteados en la tutela frente al precedente
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que, a su juicio, fue desconocido en la decisión objeto de tutela, y sostuvo
que el fallo impugnado analizó de manera incorrecta lo pretendido en la
solicitud de amparo, pues la pretensión es “hacer ver que la sentencia de
enero de 2024 se adoptó pasando por alto en su expedición el presente
(sic) judicial del propio Consejo de Estado”, y no el asunto contractual
que se debatió en el proceso ordinario. Finalmente, adujo que el objeto
de la demanda de tutela ni siquiera fue estudiado.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. La UTAT2 interpuso demanda de controversias contractuales contra
el IDU y Transmilenio S.A. al considerar incumplido el Contrato 221 de
2002, como consecuencia de la reducción en un 97.73% del valor previsto
para obras de adecuación de desvíos, lo que frustró las utilidades de la
contratista y le impidió cubrir los gastos de administración causados; y
del pago inoportuno del remanente del valor global de las obras de
construcción y del restante de obras complementarias de redes.
Subsidiariamente, solicitó que se declarara que con dicho incumplimiento
se rompió el equilibrio económico del contrato, el cual debía ser
restablecido por los demandados.
5.2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, mediante sentencia del 10 de marzo de 2016, denegó las
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pretensiones de la demanda y negó la objeción al dictamen pericial
formulada por las demandadas.
5.2.3. La parte demandante apeló la anterior decisión y, mediante
providencia del 24 de enero de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, la revocó y en su lugar accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, declaró responsable al IDU por el
incumplimiento del Contrato 221 de 2002, y lo condenó al pago de los
perjuicios causados a la demandante, denegando las demás pretensiones
de la demanda.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación5,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20226, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.
5.3.1.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
6
M. P. Natalia Ángel Cabo.
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Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20197, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
7
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.
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la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.
5.3.1.1.2. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho9:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
8
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
9
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
5.3.2. Caso concreto
La Sala recuerda que los argumentos de la presente acción de tutela giran
en torno a las inconformidades de la parte actora con la sentencia del 24
de enero de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, pues considera que esta incurrió en desconocimiento del
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precedente al no tener en cuenta las decisiones dictadas por la misma
corporación el 5 de marzo de 2008 y el 7 de mayo de 2021.
5.3.2.1. Se advierte que esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre
de 202110, sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia
judicial en las que se alega el desconocimiento del precedente se exige,
como carga argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.
Entonces, en este caso, se advierte que el accionante (i) identificó las
providencias proferidas el 5 de marzo de 2008 y el 7 de mayo de 2021
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, que se adelantaron en los
expedientes 25000 23 26 000 2009 00498 01, M.P. María Adriana Marín,
y 13001 23 31 000 1998 06856 01 M.P. Enrique Gil Botero,
respectivamente, (ii) manifestó que las providencias invocadas
determinan que una modificación “caprichosa” de las cantidades o los
ítems de obra constituye incumplimiento contractual, y (iii) adujo que los
problemas jurídicos guardan similitud porque se desarrollaron sobre el
medio de control de controversias contractuales y en los tres casos se
pretendía que se declarara el incumplimiento del contrato y la ruptura del
equilibro económico.
10
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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Frente a los anteriores planteamientos, la Sala observa que en la
providencia que aquí se cuestiona se evidenció que las modificaciones con
las que se realizó la supresión de las obras de desvíos fue de mutuo
acuerdo, como se consta en los convenios modificatorios, mientras que:
(i) en la decisión del 5 de marzo de 2008 se denegaron las pretensiones
al considerar que, con las modificaciones realizadas sobre las cantidades
o los ítems del contrato, no se afectó el equilibrio económico, y (ii) en la
providencia del 7 de mayo de 2021, según alega el accionante, se
evidenció el rompimiento del equilibrio contractual por las modificaciones
al objeto realizadas de manera unilateral e ilegal por el extremo
contratante.
Entonces, la Sala estima que la parte actora no logra evidenciar cuáles
son las reglas y subreglas que sustentaron las decisiones que invoca como
desconocidas, contenidas en la ratio decidendi de estas, que
constituyeran precedente obligatorio frente al caso concreto. Y, de hecho,
se observa que los problemas jurídicos que allí se abordaron difieren del
que se decidió en el asunto que dio lugar a esta acción constitucional.
Siendo así, la Sala considera que la presente acción de tutela no cumple
con la carga argumentativa mínima que se exige en los casos en los que
se alega que una providencia judicial ha incurrido en desconocimiento del
precedente judicial. Para la Sala, lo anterior deja en claro que la parte
actora simplemente se encuentra inconforme con la decisión que adoptó
la autoridad accionada, y que, en consecuencia, pretende que el juez
constitucional realice un nuevo y distinto análisis frente al debate que ya
fue agotado en el proceso de controversias contractuales.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
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prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
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hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a pedir
que se aplique la interpretación que más le favorece, como si este
mecanismo pudiera emplearse como una instancia adicional.
Siendo así, es claro que la presente acción de tutela carece de relevancia
constitucional en relación con el tercero de los presupuestos estudiados,
razón por la cual resulta completamente innecesario el estudio sobre el
posible cumplimiento de los restantes requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia
impugnada, que negó el amparo en la presente acción de tutela, y en su
lugar la declarará improcedente al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia del 26 de noviembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, que denegó el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el accionante. En su lugar, DECLARAR
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Demandante: Unión Temporal Américas Tramo 2
IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la Unión Temporal
Américas Tramo 2, conformada por las sociedades Procopal S.A.,
Bocacolina S.A. y Gaico Ingenieros Constructores S.A., contra el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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