Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05582-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05582-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05582-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
28 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05582-00
Demandante: Albeiro Graciano Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05582-00
Demandante: ALBEIRO GRACIANO MARTÍNEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas: Contra sentencia de tutela. Improcedencia de la acción de tutela.
Subsidiariedad - Inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Albeiro Graciano Martínez contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 16 de octubre de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Albeiro Graciano Martínez pidió la protección de sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad y a la reparación
administrativa.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 10
de octubre de 2023, dictada por el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B,
en la acción de tutela con radicado nº 11001-03-15-000-2023-04942-00, que amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
la señora Andrea Nathalia Romero Figueroa, quien fungió como directora de la UARIV, y
dejó sin efectos un auto que le había impuesto sanción por desacato.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: solicito señores magistrados, que se protejan los derechos constitucionales y fundamentales
del señor ALBEIRO GRACIANO MARTINEZ, los cuales han sido conculcados y vulnerados por la
UARIV y ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA, o a quien haga sus veces, como funcionarias
encargadas de cumplir los fallos de tutela, que son dados en contra de esta entidad.
SEGUNDO: Le solicito muy encarecidamente señores magistrados que se le ordene a la UARIV o a
quien haga sus veces, para que se le dé cumplimiento al fallo de tutela que dio a favor de ALBEIRO
GRACIANO MARTINEZ el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA
SEGUNDA DE ORALIDAD de la fecha del 05 de junio de 2023 con radicado 05001-33-33-014-2023-
00122-01, pero que, a la fecha de hoy, la UARIV no ha acatado la orden que se dio a mi favor en
segunda instancia.
TERCERO: Solicito respetuosamente a su despacho honorables magistrados que, se REVOQUE el
fallo de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-04942-00 de fecha 10 de octubre de 2023, emanado
del CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMIISTRATIVO-SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN B, por medio de cual, se ampararon los derechos invocados por la señora ANDREA
NATHALIA ROMERO FIGUEROA, funcionaria de la UARIV que desacató el fallo de tutela dado a mi
favor en segunda instancia.
CUARTO: Consecuencialmente le solicito señores magistrados se amparen todas las garantías
constitucionales, para que no sigan vulnerando mis derechos constitucionales amparados en fallo de
tutela dado a mi favor.
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Demandante: Albeiro Graciano Martínez
Mi deseo no es que se le aplique la sanción a la funcionaria de la UARIV ya referida, si no que, le den
cumplimiento al fallo de tutela a favor del señor ALBEIRO GRACIANO MARTINEZ, para que el derecho
a la reparación no se quede en la incertidumbre, sin ninguna solución de fondo.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Acción de tutela presentada por el señor Albeiro Graciano Martínez
El 17 de abril de 2023, el señor Graciano Martínez presentó acción de tutela contra la
UARIV por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición, debido a que
la entidad no había atendido la solicitud que radicó el 16 de febrero de 2023, relacionada
con el pago de su indemnización administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado.
La tutela se adelantó bajo el radicado nº 05001-33-33-014-2023-00122-00 y correspondió
al Juzgado 14 Administrativo de Medellín que, por sentencia del 28 de abril de 2023,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al encontrar que el 18 de abril
de 2023 la UARIV había dado respuesta de fondo a la solicitud elevada por el actor el 16
de febrero de 2023.
Inconforme, el actor impugnó con en el argumento de que, contrario a lo afirmado por el
juzgado, la respuesta otorgada por la entidad no había sido de fondo.
Por sentencia del 5 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Segunda de Oralidad, revocó la sentencia impugnada, tuteló el derecho fundamental de
petición del actor y ordenó a la UARIV que, en el término de ocho días hábiles contados
desde la notificación de esa providencia, procediera a brindar una respuesta clara,
congruente, completa y de fondo a la solicitud de pago de indemnización administrativa
radicada por el señor Graciano Martínez el 16 de febrero de 2023.
Explicó que habían trascurrido más de ocho años desde que se había reconocido la
calidad de víctima del demandante y que la UARIV no había sido clara con las respuestas
y procedimientos que debía adelantar.
3.2. Primer incidente de desacato
El 29 de julio de 2023, el actor presentó incidente de desacato por incumplimiento de la
orden impartida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad,
en la sentencia del 5 de junio de 2023.
El 14 de julio de 2023, el Juzgado 14 Administrativo de Medellín resolvió el incidente de
desacato y sancionó a las señoras María Patricia Tobón Yagari, directora de la UARIV y
Andrea Nathalia Romero Figueroa, directora de reparación de la UARIV, con multa de un
salario mínimo legal mensual vigente, por no atender la orden de tutela del 5 de junio de
2023.
El 19 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquía resolvió el grado de
consulta y modificó el auto del 14 de julio de 2023, para en su lugar, sancionar únicamente
a la señora Andrea Nathalia Romero Figueroa, directora de reparación de la UARIV, al
considerar que era la funcionaria encargada del cumplimiento de la sentencia del 5 de
junio de 2023.
3.3. Segundo incidente de desacato
El 13 de octubre de 2023, el señor Graciano Martínez propuso nuevamente incidente de
desacato de la sentencia del 5 de junio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad.
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Demandante: Albeiro Graciano Martínez
El 27 de octubre de 2023, el Juzgado 14 Administrativo de Medellín resolvió el incidente
de desacato y sancionó a las señoras María Patricia Tobón Yagari, directora de la UARIV
y Sandra Vivian Alfaro Yara, directora de reparación de la UARIV, con multa de un salario
mínimo legal mensual vigente, debido al incumplimiento de la sentencia del 5 de junio de
2023.
El 1 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquía resolvió nuevamente
el grado de consulta y modificó el auto del 27 de octubre de 2023, para en su lugar,
sancionar únicamente a la señora Sandra Vivian Alfaro Yara, directora de reparación de
la UARIV, porque, a su juicio, era la funcionaria encargada de atender la orden de tutela
del 5 de junio de 2023.
3.4. Tercer incidente de desacato
El 20 de noviembre de 2023, el demandante radicó, por tercera vez, solicitud de incidente
de desacato de la sentencia del 5 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad.
El 12 de diciembre de 2023, el Juzgado 14 Administrativo de Medellín resolvió el incidente
de desacato y sancionó, una vez más, a las señoras María Patricia Tobón Yagari,
directora de la UARIV y Sandra Vivian Alfaro Yara, directora de reparación de la UARIV,
con multa de un salario mínimo legal mensual vigente, por el incumplimiento de la
sentencia del 5 de junio de 2023.
El 18 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquía resolvió nuevamente
el grado de consulta y modificó el auto del 12 de diciembre de 2023, para en su lugar,
sancionar solamente a la señora Sandra Vivian Alfaro Yara, directora de reparación de la
UARIV, al estimar que era la servidora encargada de dar cumplimiento a la sentencia del
5 de junio de 2023.
El 15 de enero de 2024, la UARIV allegó memorial en el que informaba que había
atendido la solicitud elevada por el demandante y había decidido: i) reconocerle medida
de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y,
ii) aplicar el Método Técnico de Priorización, para determinar el orden de entrega de los
recursos, que, por lo anterior, se debía suspender la sanción impuesta el 12 de diciembre
de 2023, que fue modificada el 18 de diciembre de 2023.
El 23 de enero de 2024, el Juzgado 14 Administrativo de Medellín no suspendió la
ejecución de la sanción, debido a que, a su juicio, no se había dado cumplimiento a la
sentencia del 5 de junio de 2023, puesto que la respuesta no había sido puesta en
conocimiento del señor García Martínez.
El 24 de enero de 2024, la UARIV manifestó que había notificado al demandante la
respuesta de fondo a su petición.
El 22 de febrero de 2024, el actor pidió que se diera inicio a <<trámite de cumplimiento>>,
al estimar que en las respuestas ofrecidas por la UARIV no se daba cumplimiento de la
sentencia del 5 de junio de 2023. Luego, el 10 de abril de 2024, el Juzgado 14
Administrativo de Medellín suspendió las sanciones impuestas: i) el 27 de octubre de
2023, modificada el 1 de noviembre de 2023 y, ii) el 12 de diciembre de 2023, modificada
el 18 de diciembre de 2023, al considerar que se había dado cumplimiento a la sentencia
del 5 de junio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
3.5. Acción de tutela presentada por Andrea Nathalia Romero Figueroa
El 11 de septiembre de 2023, la señora Nathalia Romero Figueroa instauró acción de
tutela en contra del Juzgado Catorce Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
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Demandante: Albeiro Graciano Martínez
al debido proceso, a la tutela judicial, al buen nombre y a patrimonio, con ocasión de los
autos del 14 y 19 de julio de 2023 dictados por las mencionadas autoridades judiciales,
en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-014-2023-00122-00
La tutela se adelantó bajo el radicado nº 11001-03-15-000-2023-04942-00 y correspondió
al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, por sentencia del 10 de
octubre de 20231, amparó los derechos de la señora Romero Figueroa, dejó sin efectos
el auto del 19 de julio de 2023, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la
acción de tutela con radicado 05001-33-33-014-2023-00122-00 y ordenó que se expidiera
auto de reemplazo.
Adicionalmente, ordenó al Juzgado Catorce Administrativo de Medellín que adoptara las
medidas necesarias para atender la orden de amparo, puesto que esa autoridad judicial,
el 15 de agosto de 2023, había ordenado enviar el proceso a la jurisdicción coactiva de
la Rama Judicial para perseguir el cobro de la obligación.
Explicó que el Tribunal Administrativo de Antioquía omitió valorar los informes rendidos por
la UARV y las consideraciones de la sentencia SU-034 de 2018 dictada por la Corte
Constitucional.
Esta decisión no fue objeto de impugnación por las partes ni por los terceros con interés,
incluyendo al señor Albeiro Graciano Martínez.
4. Fundamentos de la acción de tutela
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora alegó que, la autoridad judicial demandada
desconoció lo señalado en la sentencia C-367 de 2014, en la que, según dijo, se
manifestó que el incumplimiento de una providencia judicial afecta el acceso a la
administración de justicia, los principios a la confianza legítima, de buena fe, a la
seguridad jurídica y de cosas juzgada, además, ignora la prevalencia del orden
constitucional y la realización de los fines del estado.
Que la providencia cuestionada permitió que la UARIV desacatara los fallos de tutela
dictados a su favor. Que el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, incurre
en abuso de autoridad, al revocar las decisiones proferidas por Juzgado Catorce
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Que no se tienen en cuenta los derechos de los administrados que han sido víctimas del
conflicto armado y sí de las entidades públicas que incumplen fallos judiciales.
Que es inaceptable que la UARIV solicite que se inapliquen sanciones por desacato
cuando no cumple las órdenes de tutela. Que las sanciones impuestas a las funcionarias
de la UARIV se fundamentaron en la ley y la Constitución.
Que a la UARIV no se le vulneró ningún derecho fundamental, porque la señora Romero
Figueroa fue quien desatendió la orden judicial.
Que se desconocieron las sentencias T-205 del 2021, T-248 de 2021, T-377 de 2022, T-
450 de 2019 y el auto 331 del 2019, dictados por la Corte Constitucional, que ordenan
que las víctimas del conflicto armado deben ser informadas de los plazos en los que
accedería a las medidas indemnizatorias. Que, esas providencias también las desconoció
la UARIV al someterlo a un método técnico de priorización todos los años sin ninguna
respuesta de fondo.
Que el método técnico de priorización es inconstitucional y no debe ser implementado
indefinidamente.
1 Notificada el 4 de diciembre de 2023.
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5. Trámite procesal
Por auto del 22 de octubre de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y en calidad de tercero con interés,
al juez 14 Administrativo de Medellín, a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, a la señora Andrea Nathalia Romero Figueroa y a
la directora de la UARIV.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 30 de octubre y
el 5 de noviembre de 2024.
6. Intervenciones
El Juzgado 14 Administrativo de Medellín manifestó que su posición se encuentra
plasmada en las providencias dictadas en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-
014-2023-00122-00 y compartió el enlace de ese proceso.
La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
pidió su desvinculación porque considera que no ha vulnerado los derechos
fundamentales del demandante, además, debido a que, de acuerdo con la Ley 1448 de
2011 y los Decretos 4800 y 4802 de 2011, no tiene competencias para atender las
pretensiones del actor.
Sostuvo que la acción de tutela es improcedente porque no cumple el requisito de
subsidiariedad, puesto que, según dijo, el actor debió acudir primero a la entidad a
solicitar la protección de sus derechos fundamentales, antes que a la acción de tutela.
Que el demandante no acreditó la causación de un perjuicio irremediable y, por lo
anterior, considera que acceder a las pretensiones de señor Graciano Martínez vulneraría
el derecho fundamental a la igualdad de las demás víctimas del conflicto armado.
Los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, y la señora Andrea
Nathalia Romero Figueroa, no se pronunciaron pese a que, como se vio, fueron
debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional2 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia de tutela del 10 de octubre
de 2023, dictada por el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, que amparó
los derechos fundamentales de Andrea Nathalia Romero Figueroa, quien fungió como
2 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
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directora de la UARIV y ordenó dejar sin efectos un auto que la había sancionado por
desacato.
Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas solicitó su desvinculación al estimar que no tiene competencias para pronunciar
sobre las pretensiones de la parte actora.
No obstante, la vinculación de esas entidades no fue como parte demandada, sino en
calidad de tercera con interés, porque fue vinculada a la acción de tutela con radicado nº
11001-03-15-000-2023-04942-00.
En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Albeiro
Graciano Martínez para dejar sin efectos la sentencia del 10 de octubre de 2023, dictada
por el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, en la acción de tutela con
radicado nº 05001-33-33-014-2023-00122-00, que amparó los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Andrea Nathalia
Romero Figueroa, quien fungió como directora de la UARIV, y se dejó sin efectos un auto
que le había impuesto sanción por desacato.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, porque no se cumplen
los requisitos generales de subsidiariedad e inmediatez. En efecto, por un lado, la
sentencia cuestionada era susceptible de ser impugnada y el actor no hizo uso de ese
medio de defensa judicial y, por otro lado, la solicitud de amparo fue presentada luego de
10 meses y 12 días de haber sido notificada la providencia del 10 de octubre de 2023.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra sentencias
o actuaciones de otra acción de tutela, (ii) la subsidiariedad, (iii) la inmediatez y,
finalmente, (iv) analizará el caso concreto.
3. De la acción de tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela
La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación con la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra
una actuación anterior al fallo, y (iii) cuando se efectúa en contra de decisión posterior.
En la primera hipótesis, la Corte Constitucional señaló que la regla es la de que no
procede la acción de tutela, la cual no admite excepción si la sentencia ha sido proferida
por esa corporación, sea por su Sala Plena o por su Sala de Revisión de Tutela, caso en
el cual solo procederá el incidente de nulidad de dichas sentencias y deberá promoverse
ante esa Corte.
Ahora, si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional «cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación» (Resaltado fuera de texto) .
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Para la Corte, en cualquiera de las anteriores excepciones a la regla de improcedencia
de la solicitud de amparo contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de
tutela, sigue siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales3. (Resaltado
fuera de texto).
4. La subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “ solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.
La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.
5. La inmediatez
La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.
La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.
Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda 4,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.
Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»5.
3 La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, estableció los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, y dijo: «b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última».
4 Sentencia T- 123 de 2007.
5 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Albeiro Graciano Martínez
6. Análisis del caso concreto
Para la Sala la acción de tutela de la referencia no cumple los requisitos generales de
subsidiariedad e inmediatez.
Previo a resolver, conviene precisar que el actor cuestiona la sentencia del 10 de octubre
de 2023, dictada por el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, en la acción
de tutela con radicado nº 11001-03-15-000-2023-04942-00.
Esa acción de tutela fue interpuesta por la señora Nathalia Romero Figueroa contra del
Juzgado Catorce Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquía, al
estimar que esas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la tutela judicial, al buen nombre y a patrimonio, al proferir los autos
del 14 y 19 de julio de 2023, en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-014-2023-
00122-00, por medio de los cuales le impusieron una sanción de multa, por desacato de
una orden judicial, cuando fungía como directora de reparación de la UARIV.
La tutela se adelantó bajo el radicado nº 11001-03-15-000-2023-04942-00 y correspondió
al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, por auto del 13 de
septiembre de 2023, la admitió y, entre otras, vinculó como tercero con interés al señor
Albeiro Graciano Martínez y a la directora de la UARIV.
Por sentencia del 10 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, amparó los derechos fundamentales de la señora Nathalia Romero
Figueroa, dejó sin efectos el auto del 19 de julio de 2023, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que había decidido definitivamente sobre la sanción
impuesta a la señora Romero Figueroa y ordenó que se dictara auto de reemplazo.
Además, ordenó al Juzgado Catorce Administrativo de Medellín que iniciara las
actuaciones necesarias para acatar la orden de tutela, debido a que esa autoridad judicial
previamente había ordenado perseguir el cobro de la sanción impuesta a la señora
Romero Figueroa.
La sentencia del 10 de octubre de 2023 no fue impugnada por las partes ni por los
terceros con interés, entre los que se encontraba el señor Albeiro Graciano Martínez.
Ahora, el actor pretende que se deje sin efectos la sentencia del 10 de octubre de 2023,
dictada por el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B. Sin embargo, la Sala
advierte que la acción de tutela no cumple el requisito general de subsidiariedad, por
cuanto el señor Albeiro Graciano Martínez contaba con otro medio de defensa judicial,
para la protección de los derechos invocados, como lo era la impugnación contra la
mencionada sentencia del 10 de octubre de 2023, de acuerdo con lo previsto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 19916.
Por otro lado, consultado el expediente 05001-33-33-014-2023-00122-00 en el aplicativo
Sistema para la gestión Judicial SAMAI, se advierte que la providencia del 10 de octubre
de 2023 (que puso fin a la acción de tutela) fue enviada por correo electrónico a las partes
el 29 de noviembre de 2023, de modo que fue efectivamente notificada el 4 de diciembre
de 2023, en atención al numeral segundo del artículo 2057 del CPACA. Así puede
verificarse:
6 Artículo 31. Impugnación del Fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado
por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin
perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión.
7 La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:[…] 2. La notificación de la
providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05582-00
Demandante: Albeiro Graciano Martínez
Por su parte, la demanda de tutela fue presentada el 16 de octubre de 20248, esto es,
luego de 10 meses, 12 días de haberse notificado la providencia objeto de tutela, término
que supera el plazo límite previsto para la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al
juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera los derechos fundamentales sean permanentes, persisten en el tiempo y hacen
que la violación sea siempre actual.
En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar
que justifique la demora en presentar la acción de tutela y el demandante tampoco la
expone.
Si la parte demandante estimaba que la providencia del 10 de octubre de 2023 vulneró
sus derechos fundamentales, lo propio era que presentara la correspondiente
impugnación contra la sentencia del 10 de octubre de 2023 y luego si presentara la acción
de tutela, tan pronto como fuera notificada la decisión de segunda instancia, si
consideraba que persistía la vulneración. Cuando se cuestionan providencias judiciales,
la oportunidad de la solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se
notifica la providencia acusada, pues la notificación supone que las partes tienen
conocimiento de las decisiones judiciales.
Lo anterior es suficiente para que la Sala declare improcedente la acción de tutela, porque
no cumple el requisito de inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
8 Índice 1 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05582-00
Demandante: Albeiro Graciano Martínez
2. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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