Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05585-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05585-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05585-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 17 de enero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05585-00
Demandante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Derecho de
petición
Síntesis del caso: El actor reclamó la protección de su derecho fundamental de petición,
de cara a la presunta falta de respuesta de fondo a unas solicitudes que presentó la EPS
Sanitas ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sobre un trámite en el que
está involucrado.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Wilson Fernando
Muñoz Espitia contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 17 de octubre de 2024, Wilson Fernando Muñoz Espitia presentó una
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales de petición, salud, igualdad y seguridad social,
con ocasión de la falta de respuesta a unas peticiones de información
presentadas por Sanitas EPS ante la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, sobre los datos requeridos para adelantar un proceso de
calificación del origen de una enfermedad que él padece.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05585-00
Demandante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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“PRIMERA: Se solicita respetuosamente a ustedes señores Magistrados,
AMPARAR los derechos fundamentales de SALUD, SEGURIDAD SOCIAL,
DERECHO DE PETICIÓN E IGUALDAD, y la aplicación del Criterio de CONFIANZA
LEGÍTIMA de acuerdo con lo planteado en el presente escrito.
SEGUNDA: Se le ordene a los ACCIONADOS, dar respuesta a lo solicitado por el
área de Medicina Laboral de Sanitas EPS, en el término de (48) horas siguientes
a la notificación del fallo.
TERCERA: Teniendo en cuenta que ya se ha amparado derechos
constitucionales a favor del suscrito, solicito respetuosamente, ordenar a la
entidad y en especial al Dr. Nelson Orlando Jimenez que, en lo sucesivo se
realicen los trámites requeridos sin que el servidor Judicial WILSON FERNANDO
MUÑOZ ESPITIA deba acudir a la administración de justicia para obtener el
amparo correspondiente.
CUARTA: Aun cuando se produzca la carencia del objeto, se solicita
respetuosamente que su despacho realice pronunciamiento sobre la
vulneración del derecho fundamental a la IGUALDAD que considero me asiste
debido a lo reiterativo de la conducta.
QUINTA: Debido a la presencia de datos sensibles se solicita respetuosamente
no publicar esta tutela en la página web.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Wilson Fernando Muñoz Espitia se ha desempeñado como director
de la Unidad de Infraestructura Física de la sede Seccional Nivel Central del
Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá.
5. 2) Desde 2018, el señor Muñoz Espitia manifestó que comenzó a
presentar síntomas de depresión y ansiedad, por lo que, luego de recibir
tratamiento médico, fue diagnosticado con Trastorno Depresivo Recurrente
y Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión.
6. 3) El 14 de diciembre de 2023, el área de medicina laboral de la EPS
Sanitas le pidió a Wilson Fernando Muñoz Espitia que indicara si contaba con
historias clínicas de psiquiatría donde se evidenciara un seguimiento a su
patología por parte de esa especialidad, durante los últimos 2 años.
7. 4) La EPS Sanitas, mediante Oficio No. ATEP-00899- 24 de 1 de febrero
de 2024, le indicó al señor Muñoz Espitia cuáles eran los documentos que
debían tenerse en cuenta para poder iniciar el proceso de calificación de
origen de una enfermedad.
8. 5) Mediante Oficio No. 2274-24 de 12 de marzo de 2024, la EPS Sanitas
presentó una petición de información ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el fin de que le fueran proporcionados los datos
atinentes a las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódicas,
de egreso o de retiro, así como los cargos que había desempeñado el señor
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Muñoz Espitia durante el tiempo de servicio, la fecha exacta de ingreso, la
jornada laboral, las actividades que desarrollaba, el tipo de herramientas
que utilizaba, si había tenido alguna recomendación especial en razón a
una enfermedad y si en algún momento había sido reubicado de su puesto
de trabajo. Por último, la EPS solicitó que se le remitiera un análisis de puesto
de trabajo relacionado con la enfermedad en estudio y un Reporte Único
de Enfermedad Profesional (FUREL).
9. 6) El 24 de abril de 2024, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, mediante mensaje de datos remitido a la dirección electrónica
procesosmedicinalaboral@colsanitas.com, allegó a la EPS Sanitas los
siguientes documentos: Evaluación médica ocupacional (EMO) Fundación
Proservanda de 13 de diciembre de 2019, EMO Juan Bautista Salud
Ocupacional de 21 de junio de 2022, EMO Juan Bautista Salud Ocupacional
de 16 de diciembre de 2022 y EMO Colsanitas Salud Ocupacional de 15 de
septiembre de 2023.
10. 7) La EPS Sanitas, por medio de Oficio No. ATEP 05200-24 de 9 de julio
de 2024, presentó una petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, en la que indicó que, a pesar de haber recibido la mayoría de los
datos requeridos a través de Oficio No. 02274-24 de 12 de marzo de 2024,
aún faltaba el análisis de puesto de trabajo con énfasis en riesgo psicosocial
con aplicación del protocolo establecido por el Ministerio de Trabajo.
11. 8) Ante la falta de respuesta a esa última petición, el 26 de agosto de
2024, el señor Muñoz Espitia presentó una solicitud ante la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, con el fin de que desplegara las acciones
pertinentes para que la Unidad de Recursos Humanos de esa entidad
remitiera la información faltante a la EPS Sanitas.
12. 9) La EPS Sanitas, a través de Oficio No. ATEP 06979-24 de 11 de
septiembre de 2024, volvió a presentar la petición de 9 de julio de 2024 ante
la Dirección Ejecutiva de Administración, con el objeto de insistir en que se
le enviara el análisis de puesto de trabajo con énfasis en riesgo psicosocial
con aplicación del protocolo establecido por el Ministerio de Trabajo para
poder continuar con el proceso de calificación de origen de la enfermedad
padecida por Wilson Fernando Muñoz Espitia.
13. 10) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante correo
electrónico enviado el 16 de septiembre de 2024 a la dirección
procesosmedicinalaboral@colsanitas.com, le manifestó a la EPS Sanitas que
no había enviado la información faltante en razón a que, desde febrero de
2024, el señor Muñoz Espitia había estado incapacitado, por lo que no había
sido posible realizar el análisis de puesto de trabajo.
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14. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial había omitido dar respuesta
de fondo a las solicitudes presentadas por la EPS Sanitas el 9 de julio y el 11
de septiembre de 2024, por lo que acudía a presentar la acción de tutela
en consideración a que la información requerida tenía relación directa con
el proceso de calificación de origen de una patología que padecía.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2
15. El Consejo Superior de la Judicatura presentó informe en el que señaló
que la autoridad que tenía competencia para pronunciarse sobre la
controversia era la División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos
Humanos de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial y/o la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, puesto que, en virtud del
artículo 1 del Acuerdo PSAA09-6203 de 2009, las Direcciones Seccionales
estaban estructuradas operativamente en áreas y oficinas adscritas, dentro
de las cuales se encontraba el área de Talento Humano, a la cual se había
asignado expresamente dicha función. Con base en ello, determinó que
carecía de legitimación pasiva en la causa y solicitó ser desvinculada del
presente trámite.
16. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que había
remitido la mayor parte de información solicitada por la EPS Sanitas desde el
24 de abril de 2024, pero que no le había sido posible enviar los datos
correspondientes al análisis psicosocial de puesto de trabajo, toda vez que
para realizar ese estudio debían tenerse en cuenta 2 metodologías de
recolección de datos, a saber: la observación y la entrevista
semiestructurada. Además, porque el desarrollo de ese análisis suponía
verificar las dinámicas propias del puesto de trabajo ocupado por el servidor
público de manera presencial y, como Wilson Fernando Muñoz Espitia
estaba incapacitado desde febrero de 2024, no se había podido ejecutar
el estudio correspondiente.
17. La EPS Sanitas, a pesar de haber sido notificada en debida forma,
guardó silencio3.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Fijación de la controversia. 2.4. Verificación de la vulneración alegada. 2.5. Conclusión.
2 Mediante Auto de 22 de octubre de 2024, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como accionados al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, y vincular a la EPS Sanitas, como tercera con interés en el asunto.
3 Índice 8 del aplicativo SAMAI
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2.1. Identificación de derechos
18. Pese a que la parte actora indicó en su solicitud de amparo que se le
habían vulnerado varios derechos fundamentales, como la salud, la
igualdad y la seguridad social, esta Sala detendrá su estudio en el derecho
fundamental de petición, comoquiera que la presunta vulneración de las
garantías constitucionales se produjo por la falta de respuesta a unas
solicitudes presentadas por la EPS Sanitas, las cuales están relacionadas con
la situación jurídica de Wilson Fernando Muñoz Espitia, por lo que cobra
relevancia estudiar si se lesionó ese derecho. En consecuencia, en el evento
de encontrar vulnerado el derecho fundamental de petición, existiría razón
suficiente para conceder el amparo.
2.2. Procedencia de la acción de tutela
19. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque se orientó a obtener la
protección del derecho fundamental4 de petición. Wilson Fernando Muñoz
Espitia es el titular del derecho invocado como violado en razón a que, si
bien no presentó directamente las solicitudes cuya falta de respuesta se
alega en la acción de tutela, de la información que la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial le suministre a la EPS Sanitas depende su situación
jurídica al interior de dicha entidad, por lo cual se tiene por acreditada la
legitimación activa en la causa5.
20. De igual forma, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
cuenta con legitimación pasiva en la causa6, porque de esta se predica la
presunta vulneración (falta de respuesta a una petición de información).
21. Frente a la solicitud propuesta por el Consejo Superior de la
Judicatura, la Sala la despachará de forma favorable, en razón a que no
logró acreditarse que las peticiones se hubieran radicado específicamente
ante ese organismo, y en vista de que quienes tienen competencia para
resolver las cuestiones objeto de la controversia son las áreas de talento
humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las
Direcciones Seccionales de Administración Judicial, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Acuerdo PSAA09-6203 de 2009 del Consejo
Superior de la Judicatura.
22. Respecto del requisito de subsidiariedad7, la Sala lo dará por superado
por no existir recurso idóneo y eficaz que permitiera al accionante alegar los
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
5 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
6 Ídem.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1)
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reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado.
23. En relación con el requisito de inmediatez8, la Sala lo tendrá por
cumplido, pues, entre la presentación de las peticiones (9/7/2024 y
11/9/2024) y la radicación de la acción de tutela (17/10/2024), hubo un
plazo razonable, más si se tiene en cuenta que se ha insistido en la remisión
de la información requerida en las peticiones.
2.3. Fijación de la controversia
24. Corresponde a la Sala determinar si la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial vulneró el derecho fundamental de petición de
Wilson Fernando Muñoz Espitia, por la presunta falta de respuesta de fondo
a las solicitudes presentadas el 9 de julio y el 11 de septiembre de 2024 por
la EPS Sanitas.
2.4. Verificación de la vulneración alegada
25. La Sala amparará el derecho fundamental de petición del señor Muñoz
Espitia, por las razones que pasan a explicarse.
26. De conformidad con las piezas procesales que reposan en el
expediente digital, se tiene por probado que la EPS Sanitas presentó, el 12
de marzo de 2024, una solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en la que pidió, entre otros, los datos relacionados
con el análisis de puesto de trabajo con énfasis en riesgo psicosocial de
Wilson Fernando Muñoz Espitia. La Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial respondió esa solicitud el 24 de abril de 2024, pero no remitió la
información correspondiente al análisis mencionado, por lo que el 9 de julio
y el 11 de septiembre de 2024, la EPS volvió a radicar 2 peticiones
encaminadas a obtener los datos faltantes.
27. Ante la insistencia de la EPS, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, mediante mensaje de datos enviado al correo
procesosmedicinalaboral@colsanitas.com, le manifestó que se le había
imposibilitado remitir el análisis de puesto de trabajo con énfasis en riesgo
psicosocial porque el señor Muñoz Espitia había estado incapacitado desde
febrero de 2024 y para practicar ese estudio era necesario observar su
desempeño laboral de forma presencial.
28. En lo que respecta al análisis de puesto de trabajo con énfasis en riesgo
psicosocial, es preciso mencionar que la Resolución No. 2764 de 2022 creó
una batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)
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psicosocial, dentro de los cuales se encuentran unos factores relacionados
con el ámbito intralaboral, tales como las demandas cuantitativas, de carga
mental, emocionales, de demanda de trabajo y ambientales y de esfuerzo
físico, así como lo atinente a las exigencias de responsabilidad del cargo y
la consistencia del rol.
29. La evaluación de los factores de riesgo psicosocial debe realizarse
periódicamente con el fin de verificar que ningún aspecto relacionado con
el puesto de trabajo haya causado o pueda causar efectos negativos en la
salud, bienestar o desempeño laboral del trabajador. El artículo 3 de la
Resolución No. 2764 de 2022 se refiere sobre el particular en los siguientes
términos (se trascribe):
“Artículo 3. Periodicidad de la Evaluación. La evaluación de los factores de
riesgo psicosocial debe realizarse de forma periódica, de acuerdo al nivel de
riesgo psicosocial de las empresas.
Las empresas en las cuales se han identificado factores psicosociales
intralaborales nocivos evaluados como de alto riesgo o que están causando
efectos negativos en la salud, en el bienestar o en el trabajo, deben realizar la
evaluación de forma anual, enmarcado dentro del sistema de vigilancia
epidemiológica de factores de riesgo psicosociales y requieren intervención en
la fuente de forma inmediata a través de controles administrativos, controles
operacionales y cambios organizacionales.
En las empresas en las cuales se ha identificado un nivel de riesgo psicosocial
intralaboral medio o bajo, la evaluación se realizará cada dos años y requiere
intervención, tanto en la fuente como en el trabajador.
La periodicidad de la evaluación anual o cada dos años, deberá establecerse
a partir del inicio de la ejecución de las acciones de intervención y control, las
cuales deben realizarse de forma inmediata.
Parágrafo. Para calcular el nivel de riesgo psicosocial intralaboral de las
empresas se debe establecer el promedio del puntaje bruto total de los
trabajadores obtenido a través de la aplicación y calificación del cuestionario
intralaboral, y posteriormente transformarlo utilizando la fórmula que se
encuentra establecida en el Manual del Usuario de la Batería e identificar el
nivel de riesgo en los baremos.
Para este fin se debe calcular por separado el nivel de riesgo psicosocial
intralaboral tanto para la forma A (cargos de nivel técnico, profesional y
directivo), como para la forma B (cargos de nivel auxiliar y operativo), y en el
caso que el nivel de riesgo para alguna de estas dos formas sea alto o muy alto
la evaluación debe realizarse de forma anual.”
30. De acuerdo con esta disposición, la periodicidad para la realización
de la evaluación depende del nivel de riesgo psicosocial que tenga la
entidad, que en todo caso puede variar entre 1 y 2 años. Por lo tanto, es
deber del empleador, que en este caso es la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, cumplir con dicha obligación a fin de verificar las
condiciones en las que se encuentra el trabajador.
31. Lo anterior le permite a la Sala corroborar que, hasta el momento, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no ha brindado una respuesta
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sustancial de cara a lo solicitado por la EPS Sanitas, por lo que es preciso
recordar que la Corte Constitucional ha sido reiterativa en manifestar que
las respuestas a las solicitudes o peticiones de los administrados deben ser
oportunas, de fondo, claras, precisas y congruentes con lo solicitado; así
mismo, deberán ser puestas en conocimiento del peticionario. Todo ello, so
pena de llegar a configurar una vulneración del derecho fundamental de
petición9.
32. Ahora bien, en vista de que el empleador tiene el deber de examinar
periódicamente si existen riesgos psicosociales que puedan afectar el
normal desempeño del trabajador en su puesto de trabajo, con base en lo
establecido en la Resolución No. 2764 de 2022 del Ministerio de Trabajo, la
Sala ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que,
en el término de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de esta
providencia, realice el análisis de puesto de trabajo con enfoque en riesgo
psicosocial de Wilson Fernando Muñoz Espitia, siempre y cuando no se
desconozca su situación administrativa ni se vulneren sus derechos
fundamentales, y responda sustancialmente a la EPS Sanitas.
33. Por último, si la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial considera
que en el periodo mencionado le es imposible realizar el análisis de puesto
de trabajo con enfoque en riesgo psicosocial, se le ordenará que remita a
la EPS Sanitas la información obtenida en la última evaluación de los factores
de riesgo psicosocial, puesto que, como se vio con anterioridad, era su
deber realizarla periódicamente, por lo que no puede excusarse en que la
parte actora ha estado incapacitada desde febrero 2024 para no brindar
una respuesta sustancial de cara a lo requerido por la EPS.
2.5. Conclusión
34. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala amparará el
derecho de petición de la parte actora, luego de acreditar que la autoridad
accionada no ha brindado una respuesta de fondo a las solicitudes
presentadas por la EPS Sanitas, en relación con el análisis de puesto de
trabajo con énfasis en riesgo psicosocial de Wilson Fernando Muñoz Espitia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
9 Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, T-052 de 2018 y T-364 de 2020.
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PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA del Consejo
Superior de la Judicatura y, en consecuencia, desvincularlo del presente
trámite, de conformidad con los motivos expuestos.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición invocado por
Wilson Fernando Muñoz Espitia, por las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
que, en un término de 5 días, contados a partir de la notificación de esta
providencia, si no lo ha hecho, realice el análisis de puesto de trabajo con
énfasis en riesgo psicosocial de Wilson Fernando Muñoz Espitia y remita la
información pertinente a la EPS Sanitas.
CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
que remita a la EPS Sanitas, en un término de 5 días, contados a partir de la
notificación de esta providencia, los datos obtenidos en la última
evaluación de riesgo psicosocial que le fue realizada a Wilson Fernando
Muñoz Espitia, en caso de que no pueda realizar el análisis de puesto de
trabajo con énfasis en riesgo psicosocial dentro del periodo mencionado en
el numeral tercero.
QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.
SEXTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE,
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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