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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05591-01

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05591-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 17 de enero de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05591-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

5 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05591-01
Demandante: José Javier Duarte Suárez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05591-01
Demandante: JOSÉ JAVIER DUARTE SUÁREZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS ADMINISTRATIVOS – No
procede estudio de fondo debido al carácter residual de la acción de tutela /
SUBSIDIARIEDAD – El accionante tenía a su alcance el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir las decisiones que alude como vulneradoras
de sus derechos fundamentales.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 17 de enero de 2025 por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 17 de octubre de 20241, el señor José Javier Duarte Suárez, en nombre propio
y en representación de sus hijos menores de edad2, interpuso demanda de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura y del juez coordinador del Centro de
Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Cartagena, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la salud, con ocasión
de la expedición de la Resolución 097 del 5 de junio de 2024, mediante la cual se
ordenó el traslado permanente de su cargo de oficial mayor, del Centro de Servicios
Judiciales de Cartagena al Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Cartagena. Formuló la siguiente petición (transcripción
textual):

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, debido proceso

1 Se advierte que el 25 de marzo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
José Enrique Duarte Murcia, José Isaac Duarte Murcia, José Andrés Duarte Murcia y Tomás José
Duarte Gómez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-005591-01
Demandante: José Javier Duarte Suárez

de los menores JOSÉ ENRIQUE, JOSÉ ISAAC y JOSÉ ANDRÉS DUARTE
MURCIA, así como de TOMÁS JOSÉ DUARTE GÓMEZ y todo su núcleo
familiar, como mecanismo transitorio para suspender los perjuicios que
ocasionó y ocasiona la decisión de traslado, concediendo el término de 4
meses para acudir al Juez competente (jurisdicción contenciosa
administrativa).

SEGUNDO: SUSPENDER los efectos de la Resolución 097 de junio 5 de
2024, mediante la cual el ACCIONADO me trasladó permanentemente al
Juzgado Noveno Penal Municipal de Cartagena, hasta tanto la jurisdicción
contencioso administrativa establezca de manera definitiva si la decisión
administrativa que dio lugar a dicho traslado respetó las exigencias legales y
constitucionales o de lo contrario decida que fue OSTENSIBLEMENTE
ARBITRARIA y VIOLENTÓ DE FORMA CLARA, GRAVE Y DIRECTA LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE MIS HIJOS.

TERCERO: ORDENAR al ACCIONADO, que proceda a reintegrarme en el
cargo que venía ejerciendo en el Grupo de Jurídica del Centro de Servicios
Judiciales de Cartagena en las mismas condiciones al momento de mi
traslado.

2. Como fundamentos fácticos, el señor José Javier Duarte Suárez señaló:

3. Mediante el Acuerdo PCSJA24-12179 del 14 de mayo de 2024, el Consejo
Superior de la Judicatura ordenó trasladar de manera permanente uno de los seis
cargos de oficial mayor del Centro de Servicios Judiciales de Cartagena al Juzgado
Noveno Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena.

4. El juez coordinador del Centro de Servicios de Cartagena, facultado por el
acuerdo en mención, expidió la Resolución 097 del 5 de junio de 2024, por la cual
resolvió trasladar el cargo ocupado por el señor Duarte Suárez bajo el argumento
del mejoramiento del servicio, sin embargo, en criterio del accionante, ignoró las
situaciones particulares de su grupo familiar, dado que tiene 4 niños menores de
edad que padecen condiciones de salud delicadas, y por consiguiente, requieren
de su compañía para la asistencia médica, psicológica y social que actualmente
reciben.

5. A juicio del actor la decisión de traslado no respetó las condiciones del ius
variandi, y pese a que no se le cambió de domicilio, lo cierto es que el traslado de
lugar de trabajo interfiere con las actividades destinadas a la atención y cuidado de
sus menores hijos, considerando el cambio de horario laboral, toda vez que en el
juzgado de destino tendría que cumplir jornada diurna, lo cual dificulta la solicitud
de permisos, mientras que en el Centro de Servicios laboraba en horario nocturno,
lo que le permitía disponibilidad para realizar el acompañamiento y brindar el
cuidado que sus hijos requieren. Además, resaltó la incompatibilidad del horario
laboral en el nuevo lugar de trabajo y la jornada académica de sus hijos.

6. Argumentó que los cinco compañeros que no fueron trasladados, no tienen
situaciones personales y familiares como las suyas, lo que, en su concepto, les
permitiría asumir el cambio de lugar de trabajo, sin sufrir los inconvenientes y
contingencias que tendrá que padecer con ocasión a la decisión arbitraria que
ahora censura.

7. Aunado a lo anterior, afirmó que en el juzgado al cual se le trasladó existe una
sobrecarga laboral, razón por la cual, es evidente que el servicio se afectaría por la

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continua solicitud de permisos, que requiere para atender las situaciones
particulares de su núcleo familiar.

8. Agregó que su esposa trabaja en la Rama Judicial y tiene a cargo las audiencias
del Despacho 3 de la Comisión de Disciplina Judicial de Cartagena y la proyección
de decisiones, por lo tanto, no accede a permisos con facilidad y a su juicio, no hay
razón para forzar su concesión a través de una acción de tutela, cuando lo más
práctico es que se le permita continuar ejerciendo sus labores en el Centro de
Servicios como hasta el momento, para así, seguir atendiendo a sus menores hijos.

9. Señaló que el juez del Despacho Noveno ha sido comprensible y ha dispuesto lo
que está a su alcance para colaborarle, pero que se presentan situaciones que
hacen que se afecte la prestación del servicio.

B. Trámite impartido e intervenciones

10. Mediante auto del 22 de octubre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y dispuso que se notificara al Consejo Superior de la Judicatura y
al juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal
Acusatorio de Cartagena, como parte demandada. Como terceros con interés, se
vinculó al Centro de Servicios Judiciales de Cartagena, al Juzgado Noveno Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena y a las cinco
personas que ocupan el cargo de oficial mayor del Centro de Servicios Judiciales
de Cartagena.

11. El juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio de Cartagena se opuso a las pretensiones, dado que para el traslado
del cargo se tuvo en cuenta los precedentes que la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado han sentado sobre el ejercicio del ius variandi y las necesidades
del servicio.

12. En todo caso, señaló que la tutela es improcedente porque el actor cuenta con
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como mecanismo
ordinario de defensa para procurar la nulidad del acto administrativo de traslado.
Proceso dentro del cual, puede incluso solicitar la suspensión de los efectos del
acto que estima adverso a sus intereses.

13. Sumado a ello, adujo que no se advierte la existencia de algún perjuicio
irremediable que habilite la intervención del juez de tutela, dado que, a la fecha de
radicación de la misma transcurrieron más de dos meses y 20 días desde que se
materializó el traslado cuestionado y además los dos progenitores pueden solicitar
permisos en sus trabajos para ejercer el acompañamiento de los menores a las
citas, terapias y demás tratamientos que requieran.

14. Allegó un memorial por separado, en el que pidió que se tuviera su intervención
como respuesta del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio
de Cartagena.

15. La directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura manifestó su imposibilidad de atender las pretensiones,
por cuanto se escapan de la competencia asignada a esa dependencia por la

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Constitución y la ley, por lo que afirmó que carece de legitimación en la causa por
pasiva.

16. Agregó que la tutela es improcedente porque no cumple el requisito de
subsidiariedad, dado que el actor cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que puede ejercer para controvertir las Resoluciones
097 de 2024, mediante la cual se dispuso su traslado y la 199 de 2024 que decidió
el recurso de reposición contra la primera.

17. La titular del Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Cartagena expuso que, mediante el acuerdo Acuerdo PCSJA24-
12179 del 14 de mayo de 2024, se dispuso el traslado de un cargo un oficial mayor
del Centro de Servicios Judiciales de Cartagena al juzgado del que es titular, cuya
elección quedó a cargo del juez coordinador, desconociendo los criterios que aquel
tuvo para tomar la decisión consignada en la Resolución 097 de 2024.

18. Informó que, en la actualidad, al señor José Duarte Suárez le corresponde
asistir al despacho en forma presencial los días miércoles, jueves y viernes, toda
vez que tiene autorizado el teletrabajo los días lunes y martes. Además, se le asignó
el acompañamiento a las audiencias los días miércoles y viernes.

19. Carmen Alicia Martelo Castro, en calidad de oficial mayor del Centro de
Servicios Judiciales de Cartagena, intervino para señalar que ingresó a la Rama
Judicial hace más de 35 años, y que no cumple los requisitos para ser trasladada,
dado que al momento de su vinculación las exigencias académicas eran diferentes
a las actuales.

20. Además señaló que tiene 65 años, y sufre de percances de salud, razones por
las cuales su traslado de sede de trabajo cambiaría sus condiciones laborales en
detrimento de su bienestar.

21. Blanca Montes Sinning, como oficial mayor del Centro de Servicios Judiciales
de Cartagena, manifestó que no cumple con los requisitos para ocupar el empleo
de oficial mayor en el Juzgado, dado que al momento de su vinculación acreditó
aquellos exigidos para desempeñar el cargo del nivel auxiliar. Además, sostuvo que
ostenta la condición de prepensionada.

22. Iván de Jesús Garrido Viñas, también oficial mayor del Centro de Servicios
Judiciales de Cartagena, hizo un recuento de los hechos, y mencionó que todos los
oficiales mayores fueron escuchados antes de tomar la decisión censurada,
excepto José Javier Duarte Suárez, porque no asistió a la reunión convocada por
el juez coordinador.

23. A su juicio, el juez coordinador escogió al demandante para ser trasladado
porque era quien tenía mayor experiencia, por haber trabajado con anterioridad en
Juzgados de Control de Garantías y por ser especialista en el área de derecho
penal.

C. Fallo impugnado

24. En sentencia del 17 de enero de 2025, la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por el señor José

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Javier Duarte Suárez, por estimar que no cumple el requisito de subsidiariedad,
dado que tiene a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir la motivación y trámite administrativo que dio lugar a su
traslado.

25. Resaltó que tampoco resulta procedente el amparo como mecanismo
transitorio, por cuanto el accionante puede solicitar la suspensión del acto
administrativo como medida cautelar para salvaguardar sus intereses.

26. Aunado a lo anterior, adujo que no se probó la configuración de perjuicio
irremediable alguno que amerite la intervención del juez de tutela.

D. Impugnación

27. La parte actora dentro del término legal impugnó la decisión, sin exponer
argumentos adicionales.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

28. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019
(Reglamento Interno del Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 17 de enero de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

G. Análisis de la Sala

Subsidiariedad

30. Como es sabido, la tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

31. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

32. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela
la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos

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invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales3.

33. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

34. En el caso concreto, se observa que, las pretensiones se encaminan a solicitar
que se deje sin efecto la Resolución 097 del 5 de junio de 20244, que ordenó el
traslado del cargo de oficial mayor, ocupado por el señor José Javier Duarte Suárez,
del Centro de Servicios Judiciales de Cartagena al Juzgado Noveno Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Cartagena.

35. Así las cosas, la Sala encuentra que la parte actora tenía a su alcance un
mecanismo ordinario para la protección de sus derechos, cual es el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la ley 1437
de 20115, que bien podría ejercer para cuestionar la legalidad de las resoluciones
mencionadas. Sin embargo, no lo hizo6, razón por la cual, al igual que el a quo, se
concluye que no es procedente la acción de amparo. Aceptar lo contrario, implicaría
reemplazar los mecanismos principales previstos por el legislador para la defensa
de los derechos.

36. Adicionalmente, tampoco se probó el perjuicio irremediable que hace
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, amén de que, si no se
ejerció el respectivo medio de control oportunamente, este ya no estaría disponible.

3 En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó: «La acción de tutela ha sido concebida
únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que
implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema
jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de
lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto
no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para
esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de
tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el
fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su
naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a
la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las
personas una plena protección de sus derechos esenciales». Sentencia C-543 de 1992. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
4
Aunque no se incluyó en las pretensiones de la acción de tutela, se entiende que la inconformidad
del actor se extiende a la Resolución 199 de 2024, mediante la cual se resolvió el recurso de
reposición contra el acto de traslado.
5
«Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
6
El accionante no lo acredita en el expediente y una vez revisados el aplicativo Samai y la página
web de consulta de procesos de la Rama Judicial, no se encontraron resultados que evidencien el
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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37. La tutela, se repite, tiene carácter residual y, por consiguiente, no procede
cuando el interesado deja de ejercer los mecanismos que el ordenamiento jurídico
ha previsto para proteger eficazmente los derechos fundamentales en los procesos
ordinarios7.

38. Con fundamento en todo lo explicado, se confirmará la sentencia de la Sección
Tercera, Subsección C, de esta Corporación, que declaró improcedente la acción
de tutela presentada por el señor José Javier Duarte Suárez.

39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 17 de enero de 2025, proferida por la
Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

7
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia T-520 de 1992, explicó que la persona
que «no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para
obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las
consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el
Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció
recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión
propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y
extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal».

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