Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05607-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05607-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05607-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
24 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05607-01
Demandante: Carmen Rosa Gómez Moncada
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05607-01
Demandante: CARMEN ROSA GÓMEZ MONCADA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por
falta de relevancia constitucional / AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL –
Los argumentos de la tutela coinciden con los esgrimidos en el proceso de origen, lo que
devela la intención de utilizar el trámite de tutela como una instancia adicional.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 21 de noviembre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo, por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 18 de octubre de 20241, la señora Carmen Rosa Gómez Moncada interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia, con ocasión del auto proferido el 15 de abril de 2024, dentro del contencioso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-006-2023-00060-
01, mediante el cual se confirmó la providencia del 27 de abril de 20232, que rechazó la
demanda. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):
Tutelar el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia que fuere conculcado por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, con ocasión de la expedición del auto que confirma
la decisión tomada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán;
acotando que de encontrarse que son otros los derechos fundamentales a amparar,
o por unas razones diferentes a las expuestas, se proceda de conformidad según las
posibilidades de fallar extra y ultra petita que rigen en sede de tutela.
Consecuencia de lo anterior, Revocar el auto del 15 de abril de 2024 emanada del
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA; que confirmó
1
Se advierte que el 19 de septiembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. Se destaca que la impugnación se concedió con
auto del 8 de septiembre de 2025, en cumplimiento del fallo de tutela del 5 de septiembre de esta anualidad,
dictado por la Subsección B, de la Sección Segunda de esta Corporación.
2 Proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán.
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la decisión del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán y ordenar que
el proceso continúe hasta su resolución de fondo.
2. Como sustento fáctico, expuso que se vinculó a la Rama Judicial el 1º de diciembre
de 1998 y que su último cargo fue el de escribiente en el Juzgado Primero Civil Municipal
de Santander de Quilichao.
3. A su retiro del servicio3, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas,
las cuales fueron autorizadas mediante la Resolución DESAJPOR22-1799 del 31 de
octubre de 2022, notificada por correo electrónico el 1º de noviembre de 2022.
4. Inconforme con el pago ordenado, promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, a fin de obtener el pago completo de las cesantías causadas
durante los años 1998 a 2021.
5. El proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Popayán, que, mediante
auto del 27 de abril de 2023, rechazó la demanda, por falta de agotamiento de la vía
administrativa, dado que no se interpuso el recurso de apelación contra el acto acusado.
6. La decisión se apeló y el Tribunal Administrativo del Cauca la confirmó con auto del
15 de abril de 2024.
7. La accionante resaltó que es una persona con pérdida de la capacidad laboral superior
al 50% y que es de edad avanzada, razón por la cual se encuentra en estado de
vulnerabilidad y merece protección especial.
8. Agregó que esas circunstancias le impidieron interponer el recurso de apelación, en
aras de agotar la vía administrativa. En su criterio, tal exigencia resulta desproporcionada
y debe flexibilizarse, precisamente ante su condición de vulnerabilidad.
9. Luego de afirmar que la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia
exigidos para cuestionar providencias judiciales, señaló que las providencias
cuestionadas incurrieron en los siguientes defectos:
10. Fáctico. El Tribunal accionado ignoró las circunstancias médicas que afectan a la
señora Carmen Rosa Gómez y su situación de invalidez, pues le fue diagnosticada una
pérdida de capacidad laboral superior al 50 %.
11. Sustantivo. La autoridad judicial demandada desconoció la jurisprudencia que
flexibiliza el cumplimiento de requisitos formales, como lo es el agotamiento de la vía
administrativa, cuando se trata personas de la tercera edad o que se encuentran en
estado de invalidez.
12. Violación directa de la Constitución. No se aplicaron los principios de favorabilidad
y protección especial a las personas en estado de invalidez y de la tercera edad, previstos
en los artículos 13, 48 y 229 de la Constitución Política. Sobre el particular, invocó la
sentencia SU-128 de 2021 de la Corte Constitucional.
3 Se le aceptó la renuncia mediante Resolución 032 de 16 de diciembre de 2021.
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13. Procedimental absoluto. Sostiene que en su caso es desproporcionado exigir el
agotamiento de la vía administrativa como requisito para acceder a la jurisdicción, dada
su condición de invalidez y su avanzada edad.
14. Desconocimiento del precedente judicial. El Tribunal demandado inaplicó
sentencias de la Corte Constitucional que son de obligatorio cumplimiento en materia de
protección de derechos fundamentales a personas en condiciones de vulnerabilidad,
tales como las T-459 de 2017 y T-019 de 2021.
B. Trámite impartido e intervenciones
15. Mediante auto del 28 de octubre de 2024, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca, y ordenó
la notificación al Juzgado Sexto Administrativo de Popayán, en calidad de tercero con
interés.
16. Los magistrados del Tribunal accionado guardaron silencio, pese a haber sido
notificados en debida forma. El juzgado vinculado tampoco intervino.
Fallo impugnado
17. Mediante sentencia del 21 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela ante el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, dado que, a su juicio, la señora Carmen Rosa Gómez Moncada
pretende reabrir el debate planteado en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y así convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso de
origen.
18. Concretamente, expuso que la parte accionante se limitó a reiterar los argumentos
del recurso de apelación que interpuso contra el auto del 27 de abril de 2023, proferido
por el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán.
19. Aunado a ello, señaló que los reparos expuestos en el libelo inicial no señalan con
suficiencia razones de peso que justifiquen la intervención del juez constitucional, ni se
evidencia la vulneración de las garantías fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada. Todo ello indica que se trata de una mera inconformidad respecto del sentido
de la decisión censurada.
D. Impugnación
20. La accionante señaló que el a quo incurrió en incongruencias internas y
contradicciones respecto de las pretensiones de amparo.
21. Reprochó que el fallo impugnado ignoró el impacto económico y social de la
liquidación completa de las cesantías, pues se trata de recursos indispensables para
cubrir sus necesidades básicas.
22. Acusa que el juez no valoró los documentos que demuestran la incorrecta liquidación
de las cesantías, y desconoció que, por su situación de vulnerabilidad, merece trato
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especial, por lo que es preciso que se flexibilicen los requerimientos formales, como el
del agotamiento de la vía administrativa que se exigió en este caso a la demandante y
obstaculizó su acceso a la justicia.
23. Afirmó que no busca una tercera instancia, sino la garantía de sus derechos
fundamentales, que se vieron conculcados por la autoridad judicial accionada al preferir
los formalismos sobre el derecho sustancial.
24. Invocó la sentencia de unificación 128 de 2021 de la Corte Constitucional, para
señalar que las formalidades no pueden ser aplicadas de manera rígida, cuando ello
afecta de manera desproporcionada los derechos de personas en condiciones de
debilidad manifiesta.
25. Así mismo, trajo a colación la sentencia T-025 de 2004, a fin de indicar que «el
mínimo vital no se reduce a la supervivencia física; comprende también la posibilidad de
vivir con dignidad, lo que incluye el acceso a recursos que permitan garantizar la
autonomía personal y el goce efectivo de los derechos fundamentales».
26. Resaltó que, en palabras de la Corte Constitucional, el agotamiento de la vía
administrativa no es un requisito absoluto, y que no puede convertirse en una barrera
insuperable que impida el acceso a la administración de justicia. Dijo también que el a
quo desconoció la normativa y el precedente jurisprudencial aplicables al caso.
27. Por último, sostuvo que el fallo impugnado desconoció el principio de
proporcionalidad y el derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 superior, que
garantiza un trato diferenciado para escenarios como el planteado en el proceso de
origen.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
28. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Problemas jurídicos
29. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 21
de noviembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
la cual declaró improcedente la tutela.
30. En ese orden, la Subsección deberá establecer si la tutela cumple con el requisito de
relevancia constitucional y los demás requisitos generales exigidos por la jurisprudencia
para cuestionar providencias judiciales. Solo en caso de que se supere el análisis de
procedencia, se estudiará de fondo del asunto planteado.
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G. Análisis de la Sala
Del requisito de relevancia constitucional
31. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa
mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia
adicional a las establecidas por el legislador.
32. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
33. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.
Caso concreto y solución del problema jurídico
34. De entrada, al igual que el fallador de primer grado, la Sala anticipa que la presente
tutela deviene improcedente porque no supera el requisito de relevancia constitucional,
en tanto que tiene la clara y marcada intención de revivir la controversia planteada en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-33-006-2023-
00060-01.
35. Tal y como lo advirtió el a quo, es evidente que a través de la acción constitucional
de la referencia la señora Carmen Rosa Gómez Moncada pretende revivir el debate
suscitado en el proceso de origen, lo que se hace más notorio con los argumentos
invocados tanto en la solicitud de amparo como en el recurso de apelación interpuesto
contra auto del 27 de abril de 2023, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de
Popayán y confirmado por el Tribunal Administrativo del Cauca mediante la providencia
censurada, que data del 15 de abril de 2024.
36. Dichos argumentos —que replica en la impugnación que ahora resuelve la Sala—,
se exponen bajo el cariz de los defectos sustantivo, fáctico, violación de la Constitución,
y defecto procedimental absoluto, pero, en el fondo, versan sobre el mismo aspecto: que
se flexibilice el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 161.2 de la Ley 1437
4 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022
y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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de 2011 (agotamiento de la vía administrativa)5, en consideración a su supuesto estado
de debilidad manifiesta, derivado de su avanzada edad y su pérdida de capacidad laboral
superior al 50 %.
37. Ahora bien, revisado el auto del 27 de abril de 2023, se observa que al calificar la
demanda, el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán advirtió la falta de agotamiento
de la vía administrativa, dado que contra la Resolución No. DESAJPOR22-1799 del 31
de octubre de 2022 (acto acusado), por el cual se autorizó la liquidación de las cesantías,
procedían los recursos de reposición y apelación, y este último, siendo obligatorio, no se
interpuso. Además, consideró inoficioso inadmitir la demanda, puesto que no podría
subsanarse dicha carencia. De manera que procedió a rechazarla.
38. La señora Carmen Rosa Gómez Moncada interpuso recurso de apelación contra
dicha decisión, bajo los siguientes argumentos:
Si bien es cierto, no se presentó recurso de apelación contra la resolución objeto de
demanda, es también cierto que hay una excepción a normatividad que exige el
agotamiento de la vía gubernativa, que jurisprudencialmente estudiada por el
Honorable Consejo de Estado.
Frente al caso particular de las personas de la tercera edad, la seguridad social
como derecho constitucional, adquiere una connotación ius fundamental en razón
de la debilidad manifiesta de dicho grupo poblacional, pues ha de entenderse que
su capacidad laboral se encuentra prácticamente agotada y que su condición física
luego de una vida de labor representa una situación desventajosa frente a los
demás individuos, de manera pues que la efectividad del mismo, involucra y
compromete directamente la vigencia de una serie de derechos como la dignidad
humana, la vida, la integridad física y el mínimo vital, que hacen necesario un
amparo especial, convirtiéndolo en un derecho de aplicación inmediata respecto a
tales individuos, cuya expresión formal se encuentra consignada en los artículos 13
y 46 de la Carta Constitucional, en donde se señala como un imperativo para el
Estado la protección y asistencia a las personas de la tercera edad y la garantía de
su derecho a la seguridad social” CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A”
Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN Bogotá D.C.,
diecisiete (17) de agosto de dos mil once (2011) Radicación número: 76001 2331
000 2008 00342 01 (2203-10) Actor: DANIEL GUILLERMO CALVACHE MESÍAS
Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL.
Es así como se considera que es posible acceder a la administración de justicia,
aun, sin haber presentado recurso de apelación frente a la resolución
DESAJPOR22-1799 del 31 de octubre de 2022.
39. El Tribunal accionado, al resolver la alzada en la providencia censurada, abordó los
reproches efectuados por la accionante y expuso:
5 Artículo 161. Requisitos previos para demandar
La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
(…)
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido
los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera
petición permitirá demandar directamente el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes,
no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.
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Se constata que en la Resolución No. DESAJPOR22-1979 de 31 de octubre de
2022, por la cual se autoriza el retiro de un auxilio de cesantía definitiva, se
determinó en el artículo tercero que, frente al acto procedía “los Recursos de
Reposición y Apelación, que podrán interponerse dentro de los 10 días siguientes
a su notificación, ante esta Dirección Ejecutiva Seccional”. La Sala observa que la
manera como la autoridad administrativa indicó la procedencia de los aludidos
medios de impugnación es la establecida en la norma procesal, luego, fue precisa
la manera en la que informó a la demandante sobre estos.
La parte demandante no interpuso el recurso de alzada y tampoco expuso las
razones jurídicas por las cuales se sustrajo de su ejercicio, de modo que incurrió
en el incumplimiento de un presupuesto procesal indispensable que hace parte
del debido proceso y no de una simple formalidad que pueda obviarse.
Ahora bien, se alega en la apelación que, debido a su condición de persona de la
tercera edad, no resultaba necesario agotar el requisito previo; sin embargo, el
Consejo de Estado ha admitido tal posición en tratándose de derechos como la
seguridad social de prevalente amparo constitucional, esto es, se circunscribe a
los eventos en los que se reclame una pensión de vejez, sobrevivientes, gracia,
entre otras.
Valga indicar que la providencia citada en la alzada, no resulta precedente
obligatorio para esta Corporación pues no existe similitud en sus presupuestos
fácticos y jurídicos, en tanto, en ese asunto, se resolvió lo relativo a la reliquidación
de la pensión del demandante, quien era beneficiario de la transición prevista en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Y, lo que aquí se discute es el reajuste de las
cesantías definitivas reconocidas a la actora.
Así las cosas, la a quo no se equivocó al advertir que la parte demandante no
había agotado frente a los actos acusados el recurso de apelación obligatorio cuya
carga correspondía única y exclusivamente a esa parte. Y, en ese sentido, se
confirmará el auto apelado.
40. Lejos de realizar una interpretación arbitraria y caprichosa, lo que se evidencia es
que el juez natural, al resolver la alzada, efectuó un análisis integral y razonado de la
normativa aplicable y las piezas procesales obrantes en el expediente, a partir del cual
concluyó que la parte actora no acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad
exigido por el legislador, como garantía del privilegio de la decisión previa que tiene la
administración a su favor.
41. Nótese que la autoridad judicial accionada analizó lo concerniente al supuesto estado
de vulnerabilidad de la señora Gómez Moncada, y explicó que, conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, es viable flexibilizar el requisito de procedibilidad
del agotamiento de la vía administrativa cuando la controversia gira en torno al derecho
a la seguridad social, esto es, en aquellos casos en los que se reclama la pensión, ya
sea de jubilación, vejez, sobrevivencia, o gracia, lo que no sucede en este caso, pues el
debate se centra en la reliquidación de las cesantías definitivas y, por consiguiente, no
procede aplicar tal excepción.
42. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada se
pronunció sobre la totalidad de los argumentos esgrimidos en la alzada, incluso los
relacionados con la inaplicación de la jurisprudencia invocada, que, como se indicó,
coinciden con los que cimentan la pretensión de amparo. De ahí que se evidencie la
intención de la parte actora de revivir el debate surtido en sede ordinaria, tal y como lo
determinó el a quo en el fallo impugnado.
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43. Sumado a ello, esta Subsección no observa que con la providencia censurada se
incurra en una flagrante violación de los derechos fundamentales de la señora Gómez
Moncada, y menos aún que se haya desconocido una condición de vulnerabilidad de la
accionante, que, dicho sea de paso, no se encuentra acreditada en el expediente, pues,
revisado el expediente, no se observa documental alguna que dé cuenta de la pérdida
de capacidad invocada y, en todo caso, la interesada omitió detallar cuál fue la situación
particular que le impidió interponer el recurso de apelación contra la resolución que
autorizó la liquidación de las cesantías.
44. Ahora bien, es claro que la controversia planteada por la señora Carmen Rosa
Gómez Moncada versa sobre la incorrecta reliquidación de las cesantías definitivas y,
aunque insista en que la diferencia en el monto finalmente reconocido afecta su mínimo
vital, lo cierto es que nada probó al respecto. Por el contrario, se encuentra demostrado
que actualmente percibe una mesada pensional, lo que, en principio, permite descartar
la afectación alegada y, con mayor razón, la necesidad de que el juez de tutela
intervenga.
45. Resulta evidente, entonces, que con la totalidad de argumentos invocados en la
tutela la accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los
derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso de origen. Por tanto, se
impone confirmar el fallo impugnado.
46. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 21 de noviembre de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la
acción de tutela.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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