Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05609-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05609-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05609-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
25 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05609-00
Accionante: Eduardo García Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro1
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de trámite de solicitud de pérdida de investidura. Falta de posesión
como concejal / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito
de relevancia constitucional – Se pretende emplear la acción de tutela como una
instancia adicional al proceso ordinario y reproches carecen de carga argumentativa
Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 18 de octubre de 2024 el señor Eduardo García Pérez promovió acción de tutela
contra la Sección Primera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de
Boyacá, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso y trabajo.
2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias de 13 de junio y 5 de septiembre
de 20243 emitidas dentro del trámite de solicitud de pérdida de investidura4 incoado
por el señor Henry Hernando Chacón Zamora en su contra, encaminado a que se
decretara la suya como concejal electo del municipio de Pesca en representación del
partido Alianza Verde, para el período 2024-2027.
3.
En la aludida providencia se confirmó el fallo de 13 de junio de 2024, mediante el
cual el Tribunal Administrativo de Boyacá decretó su pérdida de investidura. Se
1 Tribunal Administrativo de Boyacá.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Decisión judicial objeto de solicitud de aclaración y adición, la cual fue negada con auto de 19 de septiembre
de 2024.
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Expediente 15001-23-33-000-2024-00211-00/01.
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Accionante: Eduardo García Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
consideró que incurrió en la causal de desinvestidura prevista en el numeral 3 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000. No cumplió el deber constitucional y legal de tomar
posesión del cargo de concejal dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se
instaló dicha corporación pública, sin que mediara algún evento de fuerza mayor que
le hubiera impedido hacerlo.
4.
La parte actora sostuvo que en la decisión judicial se efectuó una indebida
valoración de la incapacidad médica que le fue otorgada del 31 de diciembre de 2023
al 4 de enero de 2024 por el Hospital San Blas -Subred Integrada de Servicios de
Salud Centro Oriente E.S.E., en razón a un esguince de rodilla. A pesar de que ello
demostraba la fuerza mayor contenida en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, como
causal eximente para tomar posesión en el cargo de concejal de Pesca, se realizó
un juicio de valor frente a la gravedad o no de la afección, al afirmar que era un
esguince de rodilla simple, del que no se probó complicación médica alguna o
intervenciones quirúrgicas delicadas.
5.
Indica el accionante que no se tuvieron en cuenta las circunstancias de tiempo,
modo y lugar de la mencionada incapacidad. El centro médico que la expidió está
ubicado en Bogotá y su posesión como concejal debía hacerse en el municipio de
Pesca, de manera que las condiciones médicas en las que se encontraba
representaban un obstáculo para su traslado, dado que debía estar en reposo, lo que
implicaba la inmovilización física de su pierna.
6.
Resulta desacertado que para determinar si se configuró o no fuerza mayor en su
caso se hayan valorado las manifestaciones que efectuó el 20 de noviembre ante la
Registraduría Nacional y el 29 de diciembre de 2023 ante el Concejo Municipal de
Pesca, sobre su intención de no posesionarse.
7.
También se desconocieron las sentencias (i) T-1026 de 2010 de la Corte
Constitucional5, en cuanto a que a la autoridad judicial no le es dable inmiscuirse en
la valoración del galeno frente al dictamen en determinar si es grave o no una
enfermedad; y (ii) de 16 de octubre de 2014 del Consejo de Estado6, según la cual
en temas de pérdida de investidura del cargo de concejal, la presentación de
incapacidades médicas comporta prueba suficiente de la fuerza mayor.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
8.
Mediante auto de 22 de octubre de 20247, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades demandadas y se vinculó al señor Henry Hernando
Chacón Zamora, en calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.
5 Expediente T 2722285, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Expediente 05001-23-33-000-2013-00868-01, C. P. María Elizabeth García González.
7 Notificado el 25 de octubre de 2024.
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Accionante: Eduardo García Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
(i) Sección Primera del Consejo de Estado
9.
Indicó que no se satisface el presupuesto de relevancia constitucional y se
pretende revivir una discusión que ya se surtió dentro de las diligencias de pérdida
de investidura.
(ii) Tribunal Administrativo de Boyacá
10.
Expuso que frente a la sentencia de primera instancia, la tutela no resulta
procedente, en la medida en que dicha decisión ya fue objeto de debate jurídico en
sede de apelación. Además, en esa providencia se analizó en forma precisa el caso
concreto, con base en la ley y en la jurisprudencia aplicables.
(iii) Henry Hernando Chacón Zamora
11.
Puso en conocimiento la existencia de una demanda de nulidad electoral8 que
instauró contra el acto de elección del tutelante como representante de las entidades
sin ánimo de lucro ante el Consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá - Corpoboyacá, pues pretendía ejercer de manera simultánea ese cargo
y el de concejal del municipio de Pesca. En esas diligencias aquel manifestó que
había renunciado a su calidad de concejal ante la Registraduría Nacional del Estado
Civil y que no tenía inhabilidad ni incompatibilidad alguna. Con base en lo anterior,
advierte que los argumentos planteados en aquel proceso y en el de pérdida de
investidura se contradicen.
(iv) Accionante
12.
La parte actora radicó un memorial al que adjuntó los registros civiles de
nacimiento de sus menores hijas, con el fin de acreditar la vulneración a su derecho
al trabajo y al mínimo vital.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestiones previas
13. La Sala no emitirá pronunciamiento alguno referente al escrito presentado por el
tutelante, allegado de manera posterior a que se rindieran los respectivos informes
de tutela.
14. Dicho escrito tiene por objeto incluir dentro de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados el del mínimo vital de sus menores hijas, lo cual no fue
planteado en la solicitud de amparo, y por tanto no fue puesto en conocimiento de
las autoridades accionadas, lo que les impidió manifestarse sobre el particular. Es
8 Expediente 15001-23-33-000-2024-00044-00.
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decir, aceptar la inclusión del supuesto quebranto de la aludida garantía superior
implicaría abordar un análisis adicional al que se delimitó inicialmente con la
presentación de la tutela, sin que se le haya otorgado la oportunidad a las
demandadas para exponer sus argumentos frente a esa circunstancia.
D. Análisis del caso concreto
15. La Sala precisa que solo se analizará lo relacionado con la providencia de 5 de
septiembre de 2024, por ser la que zanjó de manera definitiva el litigio.
16. Aunque el tutelante no enmarcó sus reproches dentro de alguna causal específica
de procedibilidad de la tutela, se evidencia que estos comportarían defecto fáctico y
desconocimiento del precedente. Sus inconformidades giran en torno a una presunta
indebida valoración probatoria de la incapacidad médica que le fue prescrita desde
el 31 de diciembre de 2023 hasta el 4 de enero de 2024, así como a la inobservancia
de algunas decisiones judiciales relativas a la competencia del juez para conceptuar
sobre la intensidad de una afección médica y al valor probatorio que se le debe
otorgar a una incapacidad médica para efectos de demostrar que constituye fuerza
mayor.
17. La Sala declarará la improcedencia de la acción, al no satisfacer el presupuesto
de relevancia constitucional. La argumentación del tutelante se dirige a cuestionar
la valoración probatoria realizada por la autoridad judicial e imponer la propia, sin
demostrar que aquella contraríe las reglas de la sana crítica ni que sea caprichosa
o arbitraria para acreditar la afectación constitucional que alega. De igual modo, se
pretende que se acojan unas decisiones judiciales, que carecen de fuerza vinculante
y sin que se despliegue mayor ejercicio argumentativo para tal efecto.
18. Para la Sala la anterior conclusión de la autoridad judicial no inobserva los
postulados de la sana crítica, pues lejos de usurpar el dictamen médico, se atiene a
los elementos de convicción allegados al plenario. Por tanto, no es factible que el
actor pretenda que la autoridad judicial valore tales pruebas de la manera que resulte
favorable a sus intereses, máxime cuando no se desconoció el esguince de rodilla
que sufrió aquel, sin embargo, se consideró que este no tenía la virtud de impedir
que asistiera a su posesión.
19. Con base en lo anterior, no resulta ajustado a la realidad que no se tuvieran en
cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se dio la aludida
incapacidad, sino que estas carecían de la potencialidad para constituir fuerza
mayor, dado que no se demostró la imposibilidad para acudir al acto de posesión, lo
cual no comporta arbitrariedad alguna, sino la materialización del principio de
autonomía judicial.
20. Lo pretendido por el accionante es que el juez constitucional fije al juez natural
una suerte de tarifa legal en virtud de la cual cualquier incapacidad médica se tenga
como elemento probatorio suficiente e incontrovertible de que operó una fuerza
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Accionante: Eduardo García Pérez
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mayor. Proceder en ese sentido privaría a los jueces de la posibilidad de adelantar
un ejercicio valorativo serio, respecto a los elementos de convicción que se le ponen
en consideración.
21. Eltutelante también puso de presente que no se debieron valorar las
manifestaciones que efectuó el 20 de noviembre y 29 de diciembre de 2023 ante la
Registraduría Nacional y el Concejo Municipal de Pesca referentes a su intención
de no posesionarse, dado que lo que impidió la materialización de tal acto fue la
ocurrencia de una fuerza mayor.
22. La Sala advierte que la autoridad accionada no solamente valoró las aludidas
declaraciones, sino que también afirmó que su voluntad de no posesionarse no se
modificó dentro de los 3 días siguientes a la instalación del Concejo Municipal. Por
ende, aunque el tutelante manifiesta que aquella intención se pudo cambiar al
momento de ese acto, de ello no hay constancia en el plenario por lo que era
razonable que se concluyera que no se adoptó una conducta distinta sobre ese
aspecto. En todo caso, también se analizó la ocurrencia de la causal de fuerza
mayor, diferente es que, como quedó expuesto, se haya concluido su no
configuración.
23. De los reproches expuestos se evidencia que la parte actora busca revivir el
debate relacionado con el valor probatorio que se le debía otorgar a la mencionada
incapacidad médica, el cual fue definido por la autoridad judicial, sin que se
acreditara algún tipo de arbitrariedad en la manera como lo hizo ni que las
conclusiones probatorias a las que arribó, con base en dicho análisis, contraríen los
postulados de la sana crítica.
24. Cabe recordar en este punto que la tutela no se instituyó como una instancia
adicional a los procesos ordinarios; es decir, no es concebida como un juicio de
corrección, sino como un juicio de validez, pues su finalidad es propender por la
salvaguarda de derechos fundamentales, mas no imponer el sentido en el que se
deben valorar las pruebas, máxime cuando no se comprueba que del modo
realizado por el accionado desatienda los preceptos de lógica y experiencia de la
sana crítica.
25. Por otro lado, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada desatendió
las sentencias T-1026 de 2010 de la Corte Constitucional y de 16 de octubre de 2014
del Consejo de Estado, en las que se había precisado que (i) no le es dable a la
autoridad judicial inmiscuirse en la valoración del galeno frente a la gravedad o no
de una enfermedad; y (ii) en casos donde se pretenda decretar la pérdida de
investidura de un concejal, la presentación de incapacidades médicas constituye
prueba suficiente de la fuerza mayor, respectivamente.
26. Esta Sala estima que, aunque el tutelante enunció los criterios que presuntamente
no tuvo en cuenta la autoridad judicial para desatar la controversia de pérdida de
investidura, no explica de qué modo se inobservaron, pues pretende su aplicación
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sin hacer referencia a las razones esgrimidas en la providencia acusada sobre tales
aspectos, máxime cuando en aquellos pronunciamientos judiciales no se zanjaron
litigios con supuestos fácticos similares.
27. En la sentencia T-1026 de 2010 se analizó, entre otros aspectos, una decisión
judicial que negó la calidad de justa causa de una incapacidad médica para justificar
la inasistencia a una audiencia celebrada en el marco del trámite de un proceso
penal. En todo caso, en esa providencia se concluyó que, “lo que debe entenderse
es que el juez no puede entrar a controvertir lo gravosa o no de una situación así
calificada por un profesional de la medicina; aunque queda dentro de su ámbito de
valoración el considerar dicha situación –grave o no- como una causa
que justifique la reapertura de términos ante la ausencia de un sujeto procesal”.
28. Es decir, la anterior pauta, aplicada al caso, respalda la determinación de la
autoridad accionada, pues sin desmeritar el quebranto de salud del tutelante,
sostuvo que ello no representaba un impedimento para acudir al acto de posesión.
29. En la providencia de 16 de octubre de 2014, aunque se revocó la determinación
de decretar la pérdida de investidura de un concejal, la causal invocada era la
consagrada en el numeral 29 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y si bien se
determinó que las dos incapacidades médicas aportadas para justificar su
inasistencia a las plenarias que constituían la referida causal comportaban fuerza
mayor, ello obedeció a que el origen de aquellas fueron su padecimiento de
lipotimia10, afección diferente a la que sufrió el accionante (esguince de rodilla).
30. En esa medida, el actor pretende que se le imponga a la autoridad accionada
acoger unas afirmaciones planteadas en unas decisiones judiciales, a pesar de que
no comparten similitud fáctica, y sin que, en todo caso, se expongan de manera
concreta las razones por las que considera que aquellas no se respetaron.
31. Así las cosas, los reproches de la parte actora no demuestran una afectación
constitucional ni contienen carga argumentativa suficiente que acredite algún yerro
de índole constitucional que implique vulneración de derechos fundamentales. Por
el contrario, evidencian un desacuerdo con la manera como la autoridad accionada
decidió la solicitud de pérdida de investidura formulada en su contra, en particular,
en lo referente a la valoración de una incapacidad médica.
32.
En ese orden de ideas, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo, al no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
9 “Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que
se voten proyectos de ordenanza o acuerdo, según el caso”.
10
Que “consiste en: ‘una pérdida breve del conocimiento debida a una anoxia cerebral global, es decir, que no
llega suficiente oxígeno a todo el cerebro debido a una disminución transitoria del aporte sanguíneo del mismo’”.
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Accionante: Eduardo García Pérez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Primera y otro
33.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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