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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05610-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05610-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05610-01 Actora: OFELIA GUTIÉRREZ IBARGÜEN PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05610-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05610-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: OFELIA GUTIÉRREZ IBARGÜEN

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE
DECLARÓ IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS ARGUMENTOS DE LA TUTELA
FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DIGNIDAD HUMANA
MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 22 de noviembre de 2024, mediante la cual la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05610-01
Actora: OFELIA GUTIÉRREZ IBARGÜEN

ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora OFELIA GUTIÉRREZ IBARGÜEN, actuando a través de

apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al

mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la administración

de justicia, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ2 al haber proferido la providencia

de 26 de septiembre de 2024, dentro del proceso ejecutivo

identificado con el número único de radicación 27001-33-33-002-

2015-00504-01.

I.2.- Hechos

1
En adelante la Sección Tercera.
2
En adelante el Tribunal.

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Actora: OFELIA GUTIÉRREZ IBARGÜEN

Señaló que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL hoy

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP-3 con el fin de obtener el

reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de

jubilación.

Indicó que el proceso aludido fue identificado con el número único

de radicación 2012-00116-00 y atribuido para su trámite en

primera instancia al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE

QUIBDÓ que, mediante sentencia de 25 de junio de 2013, ordenó

reliquidar la pensión de jubilación teniendo en cuenta el IPC.

Mencionó que, inconforme con lo anterior, la entidad demandada

formuló recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, en

providencia de 22 de agosto de 2014, confirmó la decisión del a

quo.

Indicó que, al no obtener el pago de las acreencias reconocidas,

3
En adelante UGPP.

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Actora: OFELIA GUTIÉRREZ IBARGÜEN

presentó demanda en ejercicio de la acción ejecutiva contra la

UGPP.

Aseguró que el proceso aludido fue identificado con el número único

de radicación 27001-33-33-002-2015-00504-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al JUZGADO SEGUNDO

ADMINISTRATIVO DE QUIBDÓ4 que, mediante sentencia de 16

de septiembre de 2016, ordenó seguir adelante con la ejecución.

Resaltó que, presentó la liquidación del crédito ante el JUZGADO

que, mediante auto de 17 de octubre de 2019, declaró la

terminación del proceso por pago total de la obligación.

Aseveró que, inconforme con la anterior decisión, formuló recurso

de apelación ante el TRIBUNAL que, en providencia de 26 de

septiembre de 2024, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

4
En adelante el Juzgado.

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Actora: OFELIA GUTIÉRREZ IBARGÜEN

violación directa de la Constitución, en tanto se dejaron de

aplicar los derechos de las personas de la tercera edad y la

seguridad social.

Así mismo, manifestó que el TRIBUNAL incurrió en el defecto

orgánico, pues, a su juicio, se excedió en la facultad jurisdiccional,

por cuanto el auto de mandamiento de pago adquirió ejecutoria y,

por ende, no aprovechó dicha oportunidad procesal para

controvertir los requisitos formales del título ejecutivo.

Señaló que: “[…] la posición de la autoridad judicial demandada, no

se sustentó en argumentos razonables, ponderados y con análisis

de las pruebas obrantes, como es la sentencia de primera y

segunda instancia, donde se ordenó la mentada reliquidación de la

pensión, debidamente indexada la primera mesada […]”.

Asimismo, afirmó que el TRIBUNAL incurrió en el defecto

sustantivo, al desconocer el artículo 422 del Código General del

Proceso, aplicable a los procesos ejecutivos adelantados por la

jurisdicción contenciosa administrativa, pues efectuó una

interpretación contraevidente, irrazonable y desproporcionada de

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los requisitos formales del título ejecutivo afectando sus garantías

constitucionales.

Finalmente, señaló que la decisión judicial desconoció el

precedente judicial de las sentencias C-862 de 2006, C-397 de

2011, SU – 120 del 2003, SU-1073 del 2012, SU – 131 del 2013,

SU-415 del 2015, SU-637 del 2016 de la Corte Constitucional,

relacionados con el poder adquisitivo de la primera mesada

pensional.

Aseguró que: “[…] el Tribunal Administrativo del Chocó decidió

apartarse de forma ilegítima de los precedentes plenamente

identificados, consolidados y reiterados, que cuentan con fuerza

vinculante, en su propia jurisdicción, tanto con el precedente

constitucional vertical, en el control abstracto que se ejerce sobre la

ley y bajo el control excepcional en sede de tutela, tal como lo

dispone el artículo 243 constitucional […]”.

I.4.- Pretensiones

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Actora: OFELIA GUTIÉRREZ IBARGÜEN

La actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA: CONCEDER TUTELA COMO MECANISMO
DEFINITIVO A MI PODERDANTE SRA. OFELIA GUTIERREZ
IBARGÜEN, PARA LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA IGUALDAD, AL
MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES.

SEGUNDA: DECLARAR QUE EL AUTO INTERLOCUTORIO NO.
1186 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, PROFERIDA POR
EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
CHOCÓ, DENTRO DE LA ACCIÓN EJECUTIVA, RADICADO
NO. 27001-33-33-002-2015-00504-01, INSTAURADA POR
LA SUSCRITA, COMO APODERADA DE LA SRA. OFELIA
GUTIERREZ IBARGÜEN, CONTRA LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL (UGPP) ES UNA VERDADERA ARBITRARIEDAD
JUDICIAL, POR TANTO, VÍA DE HECHO.

SEGUNDA: (sic) TERCERA: ORDENAR AL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, DEJAR SIN
EFECTO ALGUNO, EL RESEÑADO AUTO INTERLOCUTORIO Y
PROFERIR UNA NUEVA DECISIÓN JUDICIAL, QUE CUMPLA
LO DEFINIDO POR EL MISMO TRIBUNAL, EN LA SENTENCIA
NO. 0145 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014, RESPECTO DE LA
INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL […]”.
(Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que las pretensiones de la acción

constitucional deben despacharse de manera desfavorable, en tanto

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no se evidencia ninguna vulneración de los derechos fundamentales

de la actora.

Además, manifestó que la mesada pensional de la actora fue

reajustada año a año como lo dispone el artículo 14 de la Ley 100

de 19935, por lo que no había lugar a reconocer ninguna diferencia

a favor de la demandante.

Resaltó que, el ajuste anual de la mesada pensional de la actora se

efectuó aplicando el IPC, motivo por el cual confirmó la decisión del

a quo, que profirió una decisión de fondo ajustada a derecho.

I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital de la

acción ejecutiva objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento

alguno frente al fondo del asunto.

I.5.3.- La UGPP señaló que la autoridad judicial accionada no

incurrió en los defectos alegados por la actora, toda vez que, a su

juicio, la providencia judicial cuestionada se encuentra debidamente

5
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

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motivada y sustentada bajo las normas sustanciales y

procedimentales que regulan el asunto.

Aseguró que, la actora no puede pretender emplear el presente

mecanismo constitucional como una tercera instancia, para revisar

decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, después

de haberse agotado el procedimiento establecido en la Ley.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 22 de noviembre de

2024, declaró improcedente el amparo al considerar que no se

encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.

Señaló que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo

están encaminados a revivir la controversia zanjada por el juez

natural de la causa y, con ello, convertir el mecanismo

constitucional en una tercera instancia del proceso ordinario.

Precisó que “[…] la acción de tutela fue concebida como un

mecanismo de carácter excepcional, para evitar la amenaza o

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vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre sus

características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por

lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de

los derechos fundamentales invocados por la parte accionante

respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad

judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello

implique, como lo pretende la aquí accionante, un nuevo estudio

[…]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la

decisión, pues, a su juicio, dentro de la actuación judicial se logró

probar el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, ya

que la solicitud de amparo desarrolló ampliamente las razones por

las que se le están vulnerando los derechos fundamentales, al no

mantener el equilibrio de la remuneración pensional.

Recalcó que “[…] es descartable la argumentación del Consejo de

Estado, en lo referente a que no hubo demostración de la violación

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directa de la Constitución y menos para declarar improcedente la

acción de tutela, siendo procedente acceder a las pretensiones de la

acción constitucional […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia

de la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la

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irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de
sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se deje sin efecto la providencia de 26 de septiembre de 2024,

proferida por el TRIBUNAL dentro de la acción ejecutiva

identificada con el número único de radicación 2015-00504-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

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sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana,

al mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la administración

de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial

accionada incurrió en los defectos orgánico, sustantivo,

desconocimiento de precedente y violación directa de la

Constitución.

Los disensos de la actora radican en que la autoridad judicial

accionada incurrió en violación directa de la Constitución, en tanto

se dejaron de aplicar los derechos de las personas de la tercera

edad y la seguridad social.

Manifestó que el TRIBUNAL incurrió en el defecto orgánico, pues, a

su juicio, se excedió en la facultad jurisdiccional, en tanto el auto de

mandamiento de pago adquirió ejecutoria y, por ende, no

aprovechó dicha oportunidad procesal para controvertir los

requisitos formales del título ejecutivo.

Asimismo, afirmó que el TRIBUNAL incurrió en el defecto

sustantivo, al desconocer el artículo 422 del Código General del

Proceso, aplicable a los procesos ejecutivos adelantados por la

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jurisdicción contenciosa administrativa, pues efectuó una

interpretación contraevidente, irrazonable y desproporcionada de

los requisitos formales del título ejecutivo afectando sus garantías

constitucionales.

Finalmente, señaló que la decisión judicial desconoció el precedente

de las sentencias C-862 de 2006, C-397 de 2011, SU – 120 del

2003, SU-1073 del 2012, SU–131 del 2013, SU-415 del 2015, SU-

637 del 2016 de la Corte Constitucional, relacionados con el poder

adquisitivo de la primera mesada pensional.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 22 de noviembre

de 2024, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que

no se acreditó el requisito de relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la

motivación de la decisión, pues, a su juicio, dentro de la actuación

judicial se logró probar el cumplimiento del requisito de la

relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo desarrolló

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ampliamente las razones por las que se le están vulnerando los

derechos fundamentales, al no mantener el equilibrio de la

remuneración pensional.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y,

de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró

los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita,

cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe

discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional».

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Actora: OFELIA GUTIÉRREZ IBARGÜEN

Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado

que la acción de tutela contra providencias judiciales no está

diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de

reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud

de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad,

sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento

de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional 6,

de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras

de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho

podrán ser examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,

la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5

de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii)
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales para evitar que se

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal
atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar
improcedente el amparo constitucional [12].

[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el
Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la
demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral
1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del
Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su
general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive
que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061
de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la
acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento
de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer
criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo,
basada en los antecedentes originados en la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la
existencia de dos ámbitos del derecho al debido
proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor
legislativa, al que se denomina simplemente debido
proceso [14].

la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo
en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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En palabras de la Corte, el debido proceso
constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de
las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso.
En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el
derecho al juez natural [15]; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que
incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la
segunda instancia en el proceso penal; el principio de
predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y
decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos.
[…]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace
parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso,
anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la
acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”.
(Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades

las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los
jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la

[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal […]”.
(Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y

no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de

interpretación que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por

lo que indicó que para determinar si la acción de tutela en concreto

cumplía con el requisito de relevancia constitucional debía

analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente,
cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales
[…]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

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tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice

para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción

de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte

actora es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a

consideración del juez natural, como si este mecanismo

constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso

ordinario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad se

sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada

omitió la valoración de los requisitos generales de título valor y los

montos de la liquidación que debieron tenerse en cuenta para

indexar la primera mesada pensional.

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Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL de forma admisible,

así:

“[…]

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[…]”.

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que

el TRIBUNAL realizó un análisis de la situación fáctica y jurídica del

asunto y, coligió que, la entidad ejecutada realizó el ajuste de la

mesada a partir del 25 de abril de 2003, aplicando el porcentaje del

IPC.

Así mismo, contrario a lo alegado por el actor, la autoridad judicial

accionada señaló que la UGPP había efectuado el pago total de la

acreencia pensional, por cuanto ajustó la mesada año a año de

conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y, concluyó

que, al no existir diferencias económicas a favor de la actora, era

menester dar por concluido el trámite procesal.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se

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pronunció frente a todos los aspectos que la actora alude como

desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de

forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio

de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito

general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la actora no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino

que de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez

de conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial

como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma

admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela

no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la

acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y

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de paso invadir la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo presentada por la actora, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de febrero

de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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