Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05613-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05613-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05613-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2024-05613-00
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: JUAN DE JESÚS MEDINA CORTÉS
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. NO SE OBSERVA VULNERACIÓN
ALGUNA AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LA PETICIÓN FUE
REMITIDA A UN CORREO ELECTRÓNICO INHABILITADO PARA EL EFECTO. NO
OBSTANTE, LA SECRETARÍA CON EL FIN DE DAR RESPUESTA AL ACTOR LA
REMITIÓ A GESTIÓN DOCUMENTAL – GRUPO DE ARCHIVO CENTRAL,
ENCARGADA DE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1986.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y
su SECRETARÍA.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
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En adelante el TRIBUNAL.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2024-05613-00
ACTOR: JUAN DE JESÚS MEDINA CORTÉS
El señor JUAN DE JESÚS MEDINA CORTÉS, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho
fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el
TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por cuanto no ha recibido una
respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud enviada, vía
electrónica, el 16 de septiembre de 2024, por medio de la cual pidió
información respecto de una demanda presentada en 1986.
I.2. Hechos
Afirmó que el 16 de septiembre de 2024 presentó petición, a través
de correo electrónico2, al TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por medio
del cual solicitó:
“[…] Se me suministre toda la información que en sus archivos
obre acerca de una demanda que, entre marzo y mayo del año
1986, radiqué como demandante contra la POLICÍA NACIONAL. Así
como copia, a vuelta de correo, de dicha información.
Si la búsqueda no arrojara resultados positivos dentro de la
delimitación temporal referida, luego la misma se amplíe a todo
ese año. Según recuerdo, la demanda habría sido anotada en un
libro de radicación denominado Mossos. Con tal propósito, dejo a
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Petición dirigida a las direcciones de correo electrónico
des02ssec01motadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2024-05613-00
ACTOR: JUAN DE JESÚS MEDINA CORTÉS
su disposición mi número telefónico XXXXXXXXX3.
En el evento de que el receptor de esta comunicación estimara no
ser el competente para desatarla, atendiendo lo preceptuado en el
artículo 21 de la Ley 1437 del 2011, respetuosamente ruego la
remita a quien estime sí lo sea […]”.
Sostuvo que a la fecha no ha recibido por parte de las accionadas
respuestas de fondo, clara y concreta a la solicitud presentada.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, las accionadas vulneraron su derecho
fundamental de petición, pues se excedió el plazo previsto para
desatar la solicitud de información, de conformidad con los artículos
23 y 86 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 30 de junio de
20154.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se ampare su derecho fundamental de petición
invocado como vulnerado, de la siguiente manera:
3
La Sala se reserva el número telefónico del actor por protección de datos personales.
4
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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ACTOR: JUAN DE JESÚS MEDINA CORTÉS
“[…] PRIMERO. Amparar el derecho fundamental de petición del
señor JUAN DE JESÚS MEDINA CORTÉS frente al TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.
SEGUNDO. Ordenar al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA que, dentro del
término perentorio de dos (2) días, contados desde su notificación
de la sentencia que así lo disponga, dé respuesta frente a lo que se
le solicito […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECRETARÍA DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL
TRIBUNAL refirió que revisados los documentos aportados en la
solicitud de amparo, se tiene que la petición presentada por el actor
fue remitida a un correo electrónico que no está dispuesto para la
recepción de correos electrónicos externos, comoquiera que su única
función es de enlace con la plataforma SIICOR para el envío de las
acciones de tutela a la Corte Constitucional tramitadas en el
despacho 02 de esa Sección, así como de vínculo para el desarrollo
de audiencias con la plataforma de Microsotf Teams, por lo que no es
posible verificar la recepción del mismo en la citada cuenta de buzón,
pues no tiene habilitada la recepción de correos.
Informó que todas las solicitudes, escritos y memoriales son de
recibo exclusivo de las cuentas habilitadas por el Consejo Superior
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de la Judicatura desde el año 2020 para esa secretaría, a través de
las cuales se tramitan y registran en las plataformas
correspondientes para el ingreso a cada despacho o, en caso de
tratarse de asuntos administrativos o de resorte de la secretaría su
atención correspondiente, siendo los buzones autorizados
únicamente a los que se refiere a continuación:
• Recepción de memoriales en acciones constitucionales:
rmemorialessec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
• Recepción de memoriales en procesos ordinarios:
rmemorialesposec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
• Radicación de demandas:
radesec01tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
• Correo de la secretaría:
scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co
Sostuvo que la anterior información se encuentra referida en la
página web de la Secretaría del Tribunal, a través de las circulares
núms. C018 de 30 de junio de 2020 y 001 de 11 de mayo de 2021,
sumado a que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
dispone a través de su plataforma de SAMAI la ventanilla virtual
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dispuesta para la recepción de memoriales y peticiones, de manera
digital.
Destacó que con el fin de resolver la solicitud de fondo del actor, se
permite indicar que el proceso solicitado conforme la referencia en
su escrito radicado en el año 1986, corresponde a un proceso
repartido y tramitado antes de la creación y funcionamiento del
sistema de información Siglo XXI, por lo que se desconoce su número
de radicación y la ubicación física del mismo, comoquiera que no se
cuenta con un inventario digital ni físico de procesos de la época.
Así las cosas, indicó que dispuso la remisión del escrito de petición
del actor a la Oficina del Archivo Central Sede Tribunales,
dependencia encargada de la custodia de los procesos tramitados y
archivados por esa sección, con el fin de que se proceda a la revisión
y búsqueda del proceso solicitado y dado el caso informe las resultas
de la gestión al peticionario, para lo cual adjuntó correo electrónico
de remisión del escrito a la dirección
gdocumentaltribunales@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual
estimó vulnerado por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, al no haber
recibido una respuesta de fondo, clara y concreta frente a la solicitud
enviada, vía electrónica, el 16 de septiembre de 2024, en la que
solicitó información respecto de una demanda que presentó en 1986.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si las
accionadas vulneraron el derecho fundamental invocado por el actor,
al omitir dar respuesta de fondo, clara y concreta a la petición
presentada el 16 de septiembre de 2024.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará mención al
marco legal del derecho fundamental de petición para enseguida
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abordar el estudio del fondo del asunto.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de
la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20116, estableció
que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos
se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.
Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y
T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la
Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión,
el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que
el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una
de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud
por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del
derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un
agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación
– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889
de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855
de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243
de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que
el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes
elementos: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir
otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno
de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo
decidido al peticionario, independientemente de que la
respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe
acceder a lo pedido […]”.
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El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos
constitucionales, como el de información, participación política y
libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la
posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva
para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre
en una vulneración del derecho constitucional fundamental de
petición.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20157 se
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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el
Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se
refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y
de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se
podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención
de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información,
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse
sin necesidad de representación a través de abogado, o de
persona mayor cuando se trate de menores en relación a las
entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de
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información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado,
precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia se aprecia
que, mediante petición de 16 de septiembre de 2024, dirigida al
TRIBUNAL, el actor solicitó información acerca de una demanda
promovida contra la Policía Nacional entre marzo y mayo de 1986,
en los siguientes términos:
“[…] Señores
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA E. S. D.
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REF. Derecho de petición: solicitud de información y copias
JUAN DE JESÚS MEDINA CORTÉS, mayor de edad y domiciliado
en Neiva (H), identificado con la cédula de ciudadanía No.
12.113.233, actuando en nombre propio y en ejercicio del derecho
fundamental de petición, respetuosamente me dirijo a ustedes con
el objeto de solicitarles lo enseguida indicado:
Se me suministre toda la información que en sus archivos obre
acerca de una demanda que, entre marzo y mayo del año 1986,
radiqué como demandante contra la POLICÍA NACIONAL. Así como
copia, a vuelta de correo, de dicha información.
Si la búsqueda no arrojara resultados positivos dentro de la
delimitación temporal referida, luego la misma se amplíe a todo
ese año. Según recuerdo, la demanda habría sido anotada en un
libro de radicación denominado Mossos. Con tal propósito, dejo a
su disposición mi número telefónico XXXXXXXX.
En el evento de que el receptor de esta comunicación estimara no
ser el competente para desatarla, atendiendo lo preceptuado en el
artículo 21 de la Ley 1437 del 2011, respetuosamente ruego la
remita a quien estime sí lo sea […]”.
Ahora, del informe rendido por la SECRETARÍA, se observa que el
actor remitió la petición al correo electrónico
des02ssec01motadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual no
está disponible para la recepción de memoriales, pues su única
función es de enlace con la plataforma SIICOR para el envío de las
acciones de tutela a la Corte Constitucional tramitadas en el
despacho 02 de la Sección Primera del TRIBUNAL, de tal forma que
no tiene habilitada la recepción de correos.
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Así las cosas, es del caso concluir que la petición formulada por el
actor ante las accionadas fue enviada a un correo electrónico no
dispuesto para el asunto, por lo que no es posible endilgarle al
TRIBUNAL y su SECRETARÍA la vulneración del derecho de
petición del actor frente a una solicitud de la cual no tuvieron
conocimiento.
No obstante lo anterior, en el escrito de contestación la
SECRETARÍA informó que con el fin de resolver la solicitud de fondo
del actor, de la cual tuvo conocimiento por la notificación de la acción
constitucional de la referencia, remitió la petición a la Oficina del
Archivo Central Sede Tribunales, dependencia encargada de la
custodia de los procesos tramitados y archivados por el TRIBUNAL,
para que proceda a la revisión y búsqueda del proceso solicitado y,
si es el caso, le informe los resultados de la gestión al mismo,
teniendo en cuenta la antigüedad del proceso.
En efecto, adjuntó el correo electrónico remitido a la Gestión
Documental del Grupo de Archivo Central el 24 de octubre de 2024,
con el fin de que se dé trámite a la solicitud del actor, tal como se
advierte a continuación:
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Visto lo anterior, la Sala destaca que si bien es cierto el derecho de
petición presentado por el actor fue remitido a una dirección de
correo electrónico no dispuesta para el asunto, también lo es que al
tener conocimiento de la presente acción de tutela la SECRETARÍA
inició el trámite de búsqueda del proceso solicitado y remitió la
petición a la dependencia correspondiente para ello, tal y como se
observa de las pruebas obrantes en el expediente, por lo que no se
observa vulneración alguna por las razones que a continuación se
exponen:
El artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece:
“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es
el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este
actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al
de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del
oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para
decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción
de la Petición por la autoridad competente […]” (Resaltado por la Sala)
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En relación con la remisión por competencia de una petición, esta
Sala mediante sentencia de 19 de abril de 20218, precisó:
“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión
que hizo dicha Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho
fundamental de petición del actor, toda vez que, de
conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio
de 2015, si la autoridad no tiene competencia para responder,
deberá remitir la petición a la autoridad competente e informar
al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine […]” (Resaltado
por la Sala).
Asimismo, esta Corporación mediante sentencia de 30 de junio de
20209, sostuvo:
“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala
evidencia que le asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá, al afirmar que no le concierne
expedir la constancia de ejecutoria del laudo de 6 de agosto de 2015,
porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad judicial,
por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.
No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de
Arbitraje y Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la
entrega del documento enunciado en el párrafo precedente, se debe
tener en cuenta lo previsto en el artículo 21 del CPACA, según
el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la
recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al
peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo
comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril
de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda,
sentencia de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2024-05613-00
ACTOR: JUAN DE JESÚS MEDINA CORTÉS
del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad
competente».
La anterior norma es clara en determinar que cuando una
autoridad se declara carente de competencia para conocer de
una solicitud deberá enviarla a la que corresponde, mandato que
no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición
de la actora […]”. (Resaltado por la Sala)
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que no se observa
vulneración alguna al derecho fundamental de petición del actor, toda
vez que conforme con el artículo 21 del Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la SECRETARÍA
remitió la petición a la Gestión Documental – Grupo de Archivo
Central, encargada de la búsqueda del proceso al que hace referencia
el accionante.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala concluye que
en el presente proceso no se vulneró el derecho fundamental de
petición invocado por el actor, por lo que se denegará la solicitud de
amparo constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
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ACTOR: JUAN DE JESÚS MEDINA CORTÉS
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por el actor, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2024.
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ACTOR: JUAN DE JESÚS MEDINA CORTÉS
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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