Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05619-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05619-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05619-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-05619-011
Demandante : Carlos Alberto Huertas Bello
Demandado : Tribunal Administrativo del Meta- Sala de Conjueces
Acción : Tutela
Derechos : Igualdad, acceso a la administración de justicia y debido
proceso
Tema : Mora judicial
Decisión : Confirma
Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela incoada
por Carlos Alberto Huertas Bello, contra el Tribunal Administrativo del Meta - Sala de
Conjueces, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad,
acceso a la administración de justicia y debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
El accionante interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la administración de justicia y debido
proceso, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Meta – Sala de
Conjueces.
1
Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05619-01
Demandante: Carlos Alberto Huertas Bello
Demandada: Tribunal Administrativo del Meta
Por consiguiente, requirió:
“[…] Se ordene al Tribunal Administrativo del Meta, enviar el proceso 50001 3333 004 2018
00327 02 al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca -Sala Transitoria-, para que se
continúe su trámite, y se profiera sentencia de segunda instancia, en cumplimiento del
Acuerdo PCSJA24-12140 de 2024.
[…] En caso de no accederse a la anterior solicitud, se ordene al Tribunal Administrativo del
Meta, Sala de Conjueces, se pronuncie de fondo sobre el recurso de apelación que hace tres
años y 2 meses interpuse contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral de Villavicencio -Juez Ad hoc-”.
1.3 Hechos.2
En síntesis, señaló que acudió a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objeto de que se le
reconozca como factor salarial la bonificación judicial que percibía como servidor público
de la Rama Judicial; a dicho proceso se le asignó el radicado 50001-33-33-004-2018-
00327-00 y fue conocido por el Juzgado 4° Administrativo de Villavicencio, quien, en
sentencia del 13 de marzo del 2020 negó las pretensiones de la demanda.
Que, inconforme con la decisión, interpuso recurso, el cual fue concedido el 2 de agosto
del 2021 y se remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Meta; los magistrados
de dicha corporación, se declararon impedidos para conocer del proceso el 9 de
septiembre del 2022, el cual fue aceptado, y el 6 de octubre del 2022 se realizó el sorteo
de conjueces, designándose a Guillermo Andrés Barón, pero en vista de que él falló la
primera instancia, se realizó un nuevo sorteo el 26 de enero del 2023.
Indica que el conjuez designado, mediante auto del 22 de julio del 2024, admitió el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, pero hasta el momento
de interponer esta acción constitucional aún no ha dictado sentencia de segunda
instancia.
1.4 Argumentos de la tutela.
La parte actora indicó que, su inconformidad radica en la aparente mora judicial en el
trámite del proceso con radicado 50001-33-33-004-2018-00327-01, por cuanto a la fecha
2
Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
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Demandante: Carlos Alberto Huertas Bello
Demandada: Tribunal Administrativo del Meta
de presentación de la acción de tutela, el Tribunal solo ha admitido el recurso pero no ha
decidido sobre el mismo.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, la Sección Quinta de esta corporación a través de
auto del 22 de octubre del 20243, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Meta – Sala de Conjueces como accionado
y se vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio y a la Nación -
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como terceros con interés
en el proceso.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 solicitó ser desvinculada del
trámite procesal, debido a que, de los hechos y pretensiones de la acción no se identifica
actuación u omisión por parte de la entidad.
2.1.2 El Tribunal Administrativo del Meta5 hizo un resumen sobre el trámite impartido
al proceso judicial, manifestando que el 22 de julio de 2024, se admitió el recurso de
apelación presentado por la parte demandante y se corrió traslado por el término de diez
(10) días para presentar los alegatos de conclusión, decisión que fue notificada a las
partes y al Ministerio Público por estado electrónico del 29 de agosto del 2022,
encontrándose a despacho pendiente de dictar sentencia de segunda instancia.
Argumenta que, la situación actual de las labores secretariales relacionadas con los
Conjueces es inalcanzable, teniendo en cuenta que, implican la elaboración o proyección
de constancias, de providencias, digitalización de expedientes, realización de
notificaciones, registros e incorporación de documentos en Samai, y la asistencia para la
gestión de los correos institucionales y mecanismos de firma electrónica, entre otras; que,
a la fecha la corporación cuenta con solo 12 Conjueces, para conocer los procesos que
cursan por impedimento en el Tribunal Administrativo del Meta.
3
Expediente digital en SAMAI, índice 4.
4
Expediente digital en SAMAI, índice 8.
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Expediente digital en SAMAI, índice 14.
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Demandante: Carlos Alberto Huertas Bello
Demandada: Tribunal Administrativo del Meta
2.2 Sentencia de primera instancia6.
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante providencia del 14 de noviembre del
2024, negó la solicitud de desvinculación de la DEAJ y negó el amparo constitucional por
considerar que no existía mora injustificada en el asunto, para llegar a esa conclusión
indicó en el fallo lo siguiente:
“46. El anterior análisis permite advertir que el proceso, a pesar de las diferentes vicisitudes
que ha presentado, como las diversas manifestaciones de impedimentos ya reseñadas, ha
sido objeto de impulso procesal por parte de la autoridad judicial accionada, pues admitió el
recurso de apelación y realizó el respectivo traslado a las partes para que presentaran
alegados de conclusión, al punto que a la fecha el expediente se encuentra al despacho para
fallo.
47. Por otra parte, no se puede pasar por alto el informe del Tribunal en el que puso de
presente la alta carga laboral que presentan, debido a sus funciones administrativas y el
incremento en el volumen de expedientes que gestionan debido a los impedimentos de los
magistrados en conocer asuntos de bonificación judicial y prima especial de servicios.
48. En vista de lo anterior, para esta Sala en este caso no se configuró la mora judicial
injustificada que predica la parte accionante. Esto es así, pues pese a que no se ha dictado
sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho referenciado, ello no ha obedecido a una falta de diligencia por parte de la autoridad
judicial tutelada. En efecto, la accionada ha tramitado el proceso, que por lo demás, se
encuentra al despacho para fallo desde el 25 de octubre del corriente y, además, puso de
presente que existe una situación de la alta carga laboral que ha dado lugar al retraso judicial
estos asuntos. Lo anterior, sumado al poco número de conjueces con los que cuenta la
corporación”.
2.3 Impugnación.7
Inconforme con esa decisión, el actor la impugnó, para ello refirió los siguientes
argumentos que se extraen directamente del escrito, respecto a la mora judicial y a la
falta de análisis frente al derecho a la igualdad, sobre ello manifestó:
“Los anteriores hechos evidencian una violación del derecho al acceso a la administración de
justicia, pues pese al tiempo transcurrido no se ha adoptado la decisión de segunda instancia
resolviendo el recurso de apelación, violándose además el derecho a la igualdad frente a otros
procesos que siendo posteriores en su radicación y versar sobre el mismo asunto ya tienen
sentencia de segunda instancia ejecutoriada, pues lograron ser enviados a otros Tribunales -
Salas Transitorias-, creadas por el Consejo Superior de la Judicatura para conocer los
procesos en contra de la Rama Judicial, mientras que mi proceso sigue paralizado en los
anaqueles de los conjueces del TAM, sin conocerse las razones por las cuales no fue enviado
a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca -TAVC-, en cumplimiento
del Acuerdo PCSJA24-12140 de 2024, que asignó a dicha sala la tarea de resolver la segunda
instancia en los procesos seguidos en contra de la RAMA JUDICIAL que cursan en el Distrito
Judicial Administrativo del Meta, pese a que se trata de un proceso radicado en el año 2018.
[…].
6
Expediente digital en SAMAI, índice 19.
7
Visible en el índice 30 del expediente digital en SAMAI
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05619-01
Demandante: Carlos Alberto Huertas Bello
Demandada: Tribunal Administrativo del Meta
En efecto, en la demanda de tutela señalé que se viola el derecho a la igualdad, por cuanto
existen procesos que habiendo sido radicados en el mismo año, y habiendo llegado al TAM
con posterioridad a mi proceso, ya se admitió el recurso de apelación, y en cumplimiento del
Acuerdo PCSJA24-12140 de 2024, fueron remitidos a la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca (en adelante TAVC), para sentencia de segunda instancia.
Tal es el caso, del proceso 50001 33 33 003 2018 00387 02, demandante: John Kennedy
Molina Toro, […], proceso que también versa sobre el reconocimiento y pago de la
bonificación judicial como factor salarial, en donde se profirió sentencia el 7 de diciembre de
2021, (en mi proceso se dictó sentencia el 13 de marzo de 2020), se concedió el recurso de
apelación el 26 de abril de 2022 (en el mío se concedió el 2 de agosto de 2021); fue radicado
en el TAM el 6 de mayo de 2022 (el mío fue radicado el 17 de agosto de 2021); el 19 de mayo
de 2022 el TAM se declaró impedido (en mi proceso se declaró impedido el 9 de septiembre
de 2021), y el 4 de marzo de 2024 se admitió el recurso de apelación por parte del Conjuez
escogido por sorteo y fue enviado a la Sala Transitoria del TAVC el 20 de mayo de 2004 (sic)
(mi proceso NO fue enviado al TAVC, siendo más antiguo en todos los aspectos y actuaciones
en relación con el proceso objeto de comparación), y se pronunció (sic) fallo de segunda
instancia el 15 de octubre de 2024 (en mi proceso aún no se ha proferido sentencia de
segunda instancia […]”.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo 80 de 12
de marzo del 201911 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección
es competente para conocer de la presente impugnación.
3.2 Problema jurídico.
Le corresponde a esta Subsección determinar si la autoridad judicial demandada ha
vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia del accionante, al haber incurrido en una presunta mora judicial en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-004-2018-
00327-02.
3.3 La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
8
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente (…)”.
9
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
10
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
11
“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05619-01
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Demandada: Tribunal Administrativo del Meta
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho12.
3.4 La acción de tutela frente a la mora judicial.
El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la facultad de
toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de resolver las
controversias que vulneran o amenazan sus prerrogativas.
Dicha atribución constitucional no solo refiere a la posibilidad de poner en funcionamiento
el aparato jurisdiccional del Estado, sino también, a la de recibir una pronta solución al
conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con la facultad de adoptar las medidas
coercitivas previstas en el sistema normativo.
Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro los términos fijados en
las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un “fenómeno
multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”13.
12
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-052 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
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No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
fundamental que ahora se estudia, por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por
parte de los funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible
de protección a través de la solicitud de amparo.
Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado
que la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas
de carácter legal”14. Sin embargo, cuando se evidencia que existe tardanza en los
procesos judiciales y que esta no obedece a cuestiones relacionadas con carga de
trabajo, problemas estructurales o complejidad de los asuntos que se conocen, la acción
de tutela resulta procedente para proteger el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia15.
Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además del
derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo adecuado.
Sobre la razonabilidad para atender y definir las peticiones y controversias en el marco
de un proceso judicial, la Sala se ha pronunciado en casos similares16, en los siguientes
términos:
“Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden de ideas, si bien la regla
general es que los jueces cumplan los términos rigurosamente, pueden configurarse
excepciones a ese deber, siempre que se encuentren suficientemente motivadas, las cuales
deberán ser analizadas en el marco de cada caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar
de la diligencia y celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le
impidan cumplirlos.
En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para relevar al juez
de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos por el legislador. Es
preciso que el análisis de una situación específica de mora judicial tome en cuenta, de una
parte, la importancia del cumplimiento de los plazos procesales para la eficacia de los
derechos fundamentales y, de otra, las eventuales circunstancias de justificación de una
tardanza determinada y la necesidad de que las sentencias o decisiones, en general, se
adopten de manera oportuna y que sean materialmente justas y acordes con las normas
legales y los principios constitucionales.
Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda actuación que
amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro recurso idóneo y
14
Sentencia SU128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
15
Ver Sentencia SU179 de 2021, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
16
Consejo de Estado, Subsección B, Sección Segunda. Sentencia de tutela del 14 de marzo de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2023-
06796-01. M.P. Juan Enrique Bedoya.
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efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas propias de las autoridades
judiciales”.
Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de mora
judicial, se deben analizar las particularidades de cada caso concreto con el fin de
determinar si el retardo es justificado o no.
3.5 Acceso a la administración de justicia.
La justicia, en el ordenamiento jurídico colombiano, posee una triple entidad como valor,
principio y derecho, cada una de ellas tiene una faceta teleológica diferenciada, es decir,
su finalidad es distinta dependiendo del enfoque usado para interpretarlo, en particular,
cuando se trata del acceso a la justicia como derecho, considerando que esta es una
garantía en doble sentido que obliga y limita al Estado.
Lo obliga, por cuánto establece el deber de fijar una estructura institucional que le permita
a los asociados dirimir los conflictos que se generen, así pues, someter a juicio de un
tercero imparcial bajo reglas de juego claras y con la posibilidad de controvertir el
resultado, siendo parte de la esencia de los Estados democráticos modernos.
Ahora, el límite impuesto radica en que el Estado debe abstenerse de impedir el acceso
a la justicia por los particulares, sea imponiendo obstáculos formales o materiales, de
modo que hagan imposible para cualquier persona obtener justicia frente a sus conflictos,
esto puede ser por ejemplo imponer costos al ejercicio judicial, o requisitos formales
inflexibles y discordantes con la realidad material de la sociedad.
En esos términos, la Corte Constitucional ha identificado que:
“En efecto, la obligación de garantía respecto del derecho de acceso a la justicia se refiere al
deber que tiene el Estado de hacer todo lo que esté a su alcance para el correcto
funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, se trata de lograr el buen gobierno
de la función y la provisión de infraestructura para que los jueces puedan ejercer su importante
labor. Entonces, la realización de dicho derecho no se limita a la posibilidad que debe tener
cualquier persona de plantear sus pretensiones ante las respectivas instancias judiciales, sino
que se trata de una garantía que se extiende a dotar de infraestructura a las juezas y jueces
para que puedan acceder al ejercicio de administrar justicia y de esta forma garantizar la
eficiente prestación de este servicio público”.17
17
Sentencia T-421-18, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05619-01
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Debe entonces el Estado proveer todas las garantías para que, cualquier persona,
ciudadano o no, pueda acceder a la justicia, es decir, pueda ejercer los mecanismos
jurídicos para la defensa de sus intereses, cualquiera que estos sean.
3.6 Hechos probados.
a) El 13 de agosto del 201818 la parte actora, a través de apoderado judicial, radicó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
pretendiendo el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial19; el
proceso le fue asignado al Juzgado 4° Administrativo de Villavicencio con radicado
50001-33-33-004-2018-00327-02.
b) El 13 de marzo del 2020, el Juzgado Administrativo profirió sentencia de primera
instancia20.
c) El 17 de agosto del 2021, el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta,
en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia21.
d) Debido al impedimento manifestado por los Magistrados del Tribunal, el 30 de
septiembre, el 6 de octubre del 2022 y el 31 de enero del 2023 se adelantó el sorteo de
conjueces22.
e) El 22 de julio del 2024, el recurso de apelación fue admitido para su estudio y se corrió
traslado por 10 días a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión23.
3.7 Solución al caso concreto.
El caso en concreto supera los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela 24, por
cuanto (i) se encuentra plenamente acreditada la legitimación en la causa por pasiva y
por activa de las partes, (ii) al tratarse de una pretensión encaminada a que se dé trámite
al recurso de apelación presentado por el demandante, la vulneración es actual porque
18
Expediente judicial en SAMAI del proceso de radicado 50001-33-33-004-2018-00327-00, visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=500013333004201800327005000133
19
Visible en el índice 2 de Samai.
20
Ibídem índice 7.
21
Ibídem índice 12.
22
Expediente judicial en SAMAI del proceso de radicado 50001-33-33-004-2018-00327-02, visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=500013333004201800327025000123
23
Ibidem, índice 22.
24
Que para el caso en concreto son la “(i) legitimación en la causa, (ii) inmediatez y (iii) subsidiariedad”, de acuerdo con la sentencia
T 005 del 2022.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05619-01
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el proceso se mantiene sin impulso desde el 21 de agosto del 2021, superando así el
requisito de inmediatez, y por ultimo (iii) en cuánto a la subsidiariedad, no existe recurso
u otro mecanismo judicial principal al que el actor pueda acudir directamente.
En el caso bajo estudio, el señor Carlos Alberto Huertas Bello acudió al presente recurso
de amparo solicitando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Meta; argumentando que, para la fecha de presentación de la acción
de tutela, han transcurrido más de 4 años, sin que se haya proferido sentencia se
segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
50001-33-33-004-2018-00327-02.
El derecho fundamental de acceso real y efectivo a la administración de justicia comporta
la facultad de toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de resolver
las controversias que vulneran o amenazan sus prerrogativas, dicha atribución
constitucional no solo refiere a la posibilidad de poner en funcionamiento el aparato
jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir una pronta solución al conflicto, para
lo cual, las autoridades cuentan con la facultad de adoptar las medidas coercitivas
previstas en el sistema normativo.
Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro de los términos fijados
en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un “fenómeno
multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia, pero que muchas veces una buena parte de la
misma es el resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los
procesos”25.
No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
fundamental que ahora se estudia, por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por
parte de los funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible
de protección a través de la solicitud de amparo.
Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional26 ha indicado
25
Corte Constitucional, Sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
26
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05619-01
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que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el trámite de los
procesos judiciales debido a que podría desconocer el principio de autonomía judicial.
Sin embargo, cuando se evidencia que la tardanza no obedece a cuestiones relacionadas
con carga de trabajo, problemas estructurales o complejidad de los asuntos que se
conocen, la acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho fundamental de
acceso real y efectivo a la administración de justicia.
Por lo tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de mora
judicial, se deben analizar las particularidades de cada situación en concreto con el fin de
determinar si el retardo es justificado o no.
Revisados los hechos probados, se advierte que, el 22 de julio del 2024, el conjuez
designado para tramitar el proceso cuyo impulso se solicita, admitió el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, y ordenó correr traslado a
las partes para alegar de conclusión; y que, el expediente se encuentra a despacho desde
el 25 de octubre de 2024.
En razón a lo anterior, y si bien ha existido una evidente demora en el trámite del recurso
de alzada, la misma se encuentra justificada, en razón al trámite que se surtió para la
designación de conjueces, sumado a la situación que el accionado expuso en su
contestación, consistente en la elevada carga laboral y las actuaciones propias de la
logística de los despachos judiciales, que materialmente le han impedido impartir
celeridad en las actuaciones.
Finalmente, y respecto a la vulneración del derecho a la igualdad invocado por el
accionante, se advierte que, mediante Acuerdo PCSJA24-12140 del 30 de enero de
2024, se crearon tres salas transitorias en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en los Tribunales Administrativos de Antioquia, Valle del Cauca y
Cundinamarca, asignándoles el conocimiento de los procesos de primera o segunda
instancia originados en las reclamaciones salariales y prestacionales promovidas por
servidores judiciales y otros servidores públicos con régimen similar provenientes del
circuito judicial del Meta, entre otros27.
27
“Artículo 1. Creación de salas transitorias. Crear, a partir del 5 de febrero y hasta el 13 de diciembre de 2024, tres (3) salas
transitorias en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: una sala transitoria en la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, una sala transitoria en el Tribunal Administrativo de Antioquia y una sala transitoria en el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, conforme se enuncia a continuación:
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05619-01
Demandante: Carlos Alberto Huertas Bello
Demandada: Tribunal Administrativo del Meta
Al respecto, indica el accionante que, su proceso debió ser remitido a las salas
transitorias en virtud del Acuerdo mencionado; sin embargo, se observa que, su creación
estuvo vigente hasta el 15 de diciembre del 2024, por lo que, no podría ordenarse su
remisión. Adicionalmente, se considera que, esa decisión es competencia única y
exclusiva del conjuez que conoce el proceso, por lo que, es al interior del mismo donde
se deben elevar las solicitudes, para que éstas sean resueltas por el juez de
conocimiento.
Siendo así, no se advierte vulneración alguna al derecho fundamental a la igualdad del
accionante, por el hecho de que otras demandas si fueron remitidas a las salas
transitorias creadas, comoquiera que, esa decisión obedece a un criterio funcional.
III. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que, a pesar de haber superado el estudio
de procedibilidad de la acción, no resulta viable conceder el amparo solicitado en contra
del Tribunal Administrativo del Meta, por lo que, se confirmará la sentencia de primera
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 14 de noviembre del 2024, a través de la cual
el Consejo de Estado, Sección Quinta negó las pretensiones de la acción de tutela
solicitadas por el señor Carlos Alberto Huertas Bello, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
[…]
Parágrafo tercero. La competencia de las salas transitorias creadas en el presente acuerdo, será la siguiente:
[…]
3. La sala transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca conocerá en primera y segunda instancia de los procesos en
trámite, según el sistema procesal aplicable, originados en las reclamaciones salariales y prestacionales promovidas por servidores
judiciales y otros servidores públicos con régimen similar, provenientes de los distritos judiciales administrativos de Caldas, Caquetá,
Cauca, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca, los cuales se deberán resolver, por distrito administrativo, en
estricto orden de inventario, a partir de aquél que tenga el menor número de procesos”.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05619-01
Demandante: Carlos Alberto Huertas Bello
Demandada: Tribunal Administrativo del Meta
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(firmado electrónicamente por samai)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
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