Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05640-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05640-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05640-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
14 de noviembre de 2024
Demandante: Walter García Martelo
Demandado: Tribunal Administrativo del Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05640-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05640-00
Demandante: WALTER GARCÍA MARTELO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL BOLÍVAR
Temas: Tutela contra providencia judicial – accede a solicitud de
amparo constitucional –defecto sustantivo – subsidio familiar.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Walter García Martelo, actuando por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Bolívar.
Con su solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de la
sentencia proferida el 9 de febrero de 2024, por la autoridad judicial accionada.
En dicha decisión, se confirmó el fallo de primera instancia del 28 de agosto de
2023 por el Juzgado 1° Administrativo del Circuito de Magangué, que negó las
pretensiones de la demanda2.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
Con fundamento en los hechos relacionados y en los fundamentos de derechos,
1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2
Ello al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 13430-33-33-001-2022-00005-00, ejercido en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Armada Nacional.
1
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Demandante: Walter García Martelo
Demandado: Tribunal Administrativo del Bolívar
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solicito al señor Juez disponer y ordenar a favor del señor WALTER GARCIA
MARTELO lo siguiente:
PRIMERO: Se reconozca los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO
E IGUALDAD del señor WALTER GARCIA MARTELO, identificado con la
Cédula de Ciudadanía No. 73.507.820 expedida en Mahates.
SEGUNDO: Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del fallo de tutela,
profiera una decisión de reemplazo dentro del expediente N. ° 13430-33-33-
001-2022-00005-01, en la que establezca que la declaración de la unión marital
de hecho del señor WALTER GARCIA MARTELO, identificado con la Cédula
de Ciudadanía No. 73.507.820 expedida en Mahates, inició el 3 de noviembre
de 2012, y estaba vigente al momento entrar en vigencia el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000. [Sic a toda la cita].
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El señor Walter García Martelo se vinculó al servicio de la Armada
Nacional, en calidad de infante de marina profesional, a partir del 17 de
septiembre de 2005.
6. El 2 de diciembre de 2014 elevó a escritura pública la unión marital que
contrajo con la señora Rosa Margarita Jaraba Álvarez. Allí, declararon que
desde el 3 de noviembre de 2012 venían formando comunidad de vida
permanente y singular.
7. Mediante Orden Administrativa de Personal 0193 del 5 de marzo de
2015, la Armada Nacional le reconoció al señor Walter García Martelo subsidio
familiar del 20%. Posteriormente, en Orden Administrativa de Personal 0799 del
10 de julio de 2019, le fue aumentada en un 5%, para un total del 25%. Ello, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1161 de 20143.
8. El 13 de septiembre de 2022, el señor Walter García Martelo le solicitó a
la autoridad el reconocimiento, reajuste y pago actualizado del subsidio familiar,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
Esto, en atención a que la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró
nulo con efectos ex tunc el Decreto 3770 de 2009 que derogó el precitado
artículo4.
9. El 16 de septiembre de 2022, la Armada Nacional dio trámite a la
3
«Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina
profesionales y se dictan otras disposiciones».
4
«Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras
disposiciones».
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solicitud referida en precedencia en sentido desfavorable al accionante. Al
efecto, mencionó que el reconocimiento se efectúo en vigencia de lo dispuesto
en el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014.
10. En virtud de la anterior decisión, el accionante presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho. Así, en sentencia de 28 de agosto de
2023, el Juzgado 1° Administrativo del Circuito Judicial de Magangué negó las
pretensiones de la demanda.
11. Como sustento de su decisión, explicó que para que resultara aplicable el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 a efectos de reconocerse el subsidio
familiar, se debía establecer si el hecho generador para ser acreedor del mismo
se dio en vigencia de la misma o de forma posterior. Esto es, había que verificar
el momento en el que se configuró el supuesto fáctico previsto en el
ordenamiento jurídico para ser merecedor del mismo – estar casado o con
unión marital de hecho vigente –, ocurrió antes de la entrada en vigencia del
Decreto 1161 de 2014.
12. En el caso concreto, consideró que el señor García Martelo acreditó el
requisito del subsidio familiar cuando ya se encontraba vigente el Decreto 1161
de 2014. Esto es así, pues la disposición aludida empezó a regir el 1 de julio de
ese año y su declaratoria de unión marital de hecho aconteció formalmente el 2
de diciembre de 2014, pese a que declaró que venía cumpliendo con una
comunidad de vida permanente y singular con la señora Rosa Margarita Jaraba
Álvarez desde el 3 de noviembre de 2012.
13. El demandante, inconforme con lo anterior, apeló el fallo de primer grado.
Al respecto, el Tribunal Administrativo del Bolívar confirmó la decisión recurrida
en sentencia del 9 de febrero de 2024. Para el efecto, estimó que las
disposiciones aplicables al caso del demandante eran las contenidas en el
Decreto 1161 de 2014, porque fue solo en vigencia de este que se solicitó el
reconocimiento del subsidio familiar y que su estado civil tuvo una alteración.
1.4. Sustento de la vulneración
14. En primer lugar, la parte accionante afirmó que en el sub judice
concurren los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. De
otro lado, con relación a los cargos específicos, arguyó que el Tribunal
Administrativo de Bolívar, al proferir la sentencia del 9 de febrero de 2024,
incurrió en un defecto sustantivo, por desconocimiento de los efectos ex tunc
con los que se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
15. Adujo que, al haberse declarado la nulidad del Decreto 3770 de 2009 en
sentencia de 8 de junio de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, la disposición aplicable era el Decreto 1794 de 2000 que lo
hacía acreedor de la prestación desde la fecha de inicio de la convivencia.
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16. Precisó que el cambio de su estado civil aconteció el 3 de noviembre de
2012, fecha en la que empezó la convivencia con su compañera y que es
anterior a la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014. De manera que, el
tribunal enjuiciado erró al tener como fecha de cambio de su estado civil la de
su declaratoria; esto es, 2 de diciembre de 2014.
17. Afirmó que no solicitó previamente el reajuste de la aludida prestación de
acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, porque fue precisamente
hasta que cobró ejecutoria la providencia del 8 de junio de 2017 de la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que contó con la certeza del
régimen aplicable en su caso.
18. Concluyó que, el tribunal incurrió en defecto sustantivo al haber
empleado normas que no tenían lugar (Decreto 1161 de 2014), al haber
considerado que el cambio de su estado civil ocurrió el 2 de diciembre de 2014
y no el 3 de noviembre de 2012 y; por la omisión de dar aplicación a las normas
llamadas a resolver el conflicto de conformidad con lo resuelto por el Consejo
de Estado.
1.5. Trámite de primera instancia
19. Por auto de 24 de octubre de 2024, el despacho ponente de la decisión
admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionado al Tribunal Administrativo del Bolívar.
20. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés al Ministerio de
Defensa Nacional – Armada Nacional, al Juzgado 1° Administrativo del Circuito
Judicial de Magangué y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
está última en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
21. La autoridad efectúo un recuento de los fundamentos legales del subsidio
familiar. En seguida, mencionó las actuaciones procesales surtidas al interior
del medio de control 13430-33-33-001-2022-00005-00 y señaló que quedó
demostrado que el cambio del estado civil del señor Walter García Martelo se
acreditó formalmente el 2 de diciembre de 2014, pese a que se declaró en
escritura pública que venía cumpliendo una comunidad de vida permanente y
singular con la señora Rosa Margarita Jaraba Álvarez desde el 3 de noviembre
de 2012.
22. Por lo tanto, refirió que, como el Decreto 1974 de 2000 solo operaba
respecto de aquellas personas que hubiesen consolidado el derecho de
acceder a la prestación durante su vigencia, la cual ocurrió hasta que se expidió
el Decreto 1161 de 2014, esta última era la normativa aplicable.
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23. Por último, precisó que no se presentaban ninguna de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Menos aún,
que la autoridad accionada hubiese incurrido en un defecto sustantivo.
1.6.2. Juzgado 1° Administrativo del Circuito Judicial de Magangué
24. Solicitó que se desestimaran las pretensiones de la solicitud de amparo.
Ello, con fundamento en que la sentencia cuestionada se profirió de
conformidad con las normas vigentes y aplicables al caso, de las cuales se
concluyó que el señor Walter García Martelo no cumplía los presupuestos para
acceder al subsidio familiar con el artículo 11 del Decreto 1974 de 2000.
1.6.3. El Tribunal Administrativo del Bolívar
25. Luego de hacer un recuento de todas las actuaciones procesales, pidió
que se «negara» la acción de tutela pues no se acreditó el requisito de la
relevancia constitucional.
26. Al respecto, mencionó que la controversia planteada pretende reabrir el
debate sobre el reconocimiento del subsidio familiar en los términos descritos
por el artículo 11 del Decreto 1974 de 2000. No obstante, no se presentaron
argumentos que permitan advertir una interpretación caprichosa o arbitraria por
su despacho judicial, ni se detalló la manera como se afectaron sus garantías
fundamentales.
27. Agregó que el señor Walter García Martelo sigue vinculado a la Armada
Nacional en el cargo de infante profesional, por consiguiente, no estaba en una
situación de vulnerabilidad que permitiera analizar el fondo del asunto.
28. Por último, señaló que no incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que
la interpretación de la sala se ajustó a los parámetros constitucionales para el
reconocimiento y pago del subsidio familiar; incluso, se tuvieron en
consideración diferentes providencias proferidas por la Sección Segunda,
Subsección B sobre la materia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
29. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto núm.
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto núm. 1069 de 2015 modificado
por el Decreto núm. 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
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2.2. Legitimación en la causa
30. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
31. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Walter
García Martelo conformó el extremo accionante del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 13430-33-33-001-2022-00005-00.
Por tanto, es el titular de los derechos fundamentales cuya protección reclama
por esta vía y goza de legitimación en la causa por activa.
32. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo del Bolívar
se encuentra legitimado en la causa por pasiva, por ser el operador judicial que
profirió el fallo de 9 de febrero de 2024.
2.3. Problemas jurídicos
33. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
34. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Bolívar vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad que reclama el accionante, al
dictar la sentencia de 9 de febrero de 2024?
35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto, (iii)
requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la
providencia controvertida, y finalmente, (iv) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 5. Lo anterior, porque
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían
diferentes posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que
la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos
requisitos especiales y excepcionales7.
37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 8. En esta
sentencia se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia9 y ocho
defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.
38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y examinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
10
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la
Constitución.
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vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala
ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
41. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela
2.5.1. Tutela contra tutela
42. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito. En efecto, a
través de la presente acción constitucional se cuestiona la providencia de 9 de
febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Bolívar dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 13430-33-33-
001-2022-00005-01.
2.5.2. Inmediatez
43. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día
siguiente a la ejecutoria de la decisión que resolvió el proceso ordinario en
segunda instancia (art. 302 CGP11). Lo anterior, toda vez que se profirió el 9 de
febrero de 2024, se notificó el 14 de mayo siguiente y la acción constitucional se
radicó el 18 de octubre de 2024, a través del correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado.
11
«Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando
no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
8
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44. Así, la Sala considera oportuno el término transcurrido entre la
providencia referida y la presentación de la solicitud de amparo, aún sin
establecer la fecha de ejecutoria de la decisión objetada. Lo anterior, a la luz de
la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201412, en la que la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200513. Esto, con el
fin de determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial14.
2.5.3. Subsidiariedad
45. Para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora considera vulnerados, no existe otro mecanismo de defensa judicial
ordinario. Al respecto, la Sala precisa que la providencia de 9 de febrero de
2024 resolvió el recurso de apelación presentado por el señor Walter García
Martelo contra el fallo de primera instancia. De ese modo, es evidente que se
agotaron los recursos ordinarios.
46. Igualmente, frente a los argumentos del extremo accionante, se advierte
que no es procedente el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos en
los que sustenta su acción de tutela no se encuadran en los requisitos y
causales establecidos en la ley para que proceda este mecanismo judicial. En el
mismo sentido, tampoco lo es el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia. Esto, debido a que en la situación bajo estudio no se cumplen
los presupuestos de los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 201115.
2.5.4. Relevancia constitucional
47. Como se expuso con antelación, desde la perspectiva del señor García
Martelo la sentencia de 9 de febrero de 2024 está viciada de un defecto
sustantivo. Afirmó que se desconocieron los efectos ex tunc otorgados a la
declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 mediante la sentencia de 8 de
junio de 2017 de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. En
su sentir, le asistía derecho a que se le reconociera el subsidio familiar con las
prerrogativas del Decreto 1794 de 2000. En el mismo sentido, indicó que le
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
14
Sobre este requisito, la Sala Plena reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.
15
Modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05640-00
fueron transgredidos sus derechos fundamentales al debido proceso y la
igualdad.
48. De conformidad con lo anterior, se resalta que la parte actora cumplió
con la carga de identificar el defecto que le adjudica a la sentencia censurada,
esto es, el sustantivo. De igual forma, sustentó en qué se concreta el mismo,
puesto que afirmó que se desconocieron los efectos de una sentencia de esta
corporación que declaró la nulidad de una norma y otorgó efectos retroactivos a
su decisión. De conformidad con ello, el actor consideró que tenía derecho a
que se le reconociera la prestación social.
49. En principio podría establecerse que lo propuesto por el accionante recae
en un debate meramente legal respecto a si corresponde aplicar dos normas.
Por un lado, la que recobró vigencia a partir de una decisión judicial (el Decreto
1794 de 2000) y el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 1161 de 2014. Sin
embargo, el debate en cuestión gira en torno al subsidio familiar de un soldado
profesional.
50. La prestación objeto de debate ha sido definida por la Corte
Constitucional de la siguiente manera16:
Se trata de “una prestación social, porque su finalidad no es la de retribuir
directamente el trabajo-como sí lo hace el salario-, sino la de subvencionar las
cargas económicas del trabajador beneficiario”85F. Ha destacado que [t]iene por
objetivo fundamental la protección integral de la familia”86F señalando que
“[c]onstituye una valiosa herramienta para la consecución de los objetivos de la
política social y laboral del Gobierno” puesto que contribuye a “alcanzar la
universalidad de la seguridad social, en consonancia con el postulado
contemplado en el artículo 48 de la Carta Política”87F. Ha reiterado también que
“es una función pública, servida por el Estado a través de organismos
intermediarios manejados por empresarios y trabajadores”88F y su cumplimiento
adecuado compromete “el interés general de la sociedad, por los fines de
equidad que persigue”89F. Además de lo indicado, este tribunal ha precisado que
el subsidio supone “un sistema de compensación entre los salarios bajos y los
altos, dentro de un criterio que mira a la satisfacción de las necesidades básicas
del grupo familiar”90Fy, bajo esa perspectiva, constituye “un mecanismo de
redistribución del ingreso, en especial si se atiende a que el subsidio en dinero se
reconoce al trabajador en razón de su carga familiar y de unos niveles de ingreso
precarios, que le impiden atender en forma satisfactoria las necesidades más
apremiantes en alimentación, vestuario, educación y alojamiento”. (Cursivas y
comillas del texto original).
51. Del aparte transcrito se extrae la conclusión que el subsidio familiar y, en
particular, el debate jurídico que se suscita en esta oportunidad reviste
relevancia constitucional. Como se indicó, esta prestación tiene por objeto la
protección integral de familias de medios y bajos recursos, especialmente en lo
que tiene relación directa con las necesidades básicas. Así las cosas, si bien se
podría considerar que al tratarse de una reliquidación económica el asunto no
trasciende de allí, lo cierto es que supera ampliamente lo anterior, toda vez que
toca el mínimo vital de núcleos familiares a partir de una prestación que procura
16
Sentencia C-271 de 2021 de la Corte Constitucional.
10
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por garantizarles el derecho a la igualdad frente a aquellos que por ingresos
económicos salariales tienen cierta ventaja.
52. De lo anterior se concluye que, los reproches propuestos por la parte
actora revisten relevancia constitucional. En efecto, a través de la presente
acción de tutela más allá de proponerse un debate legal o económico, se
establece que al señor García Martelo se le han podido ver vulnerados sus
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la seguridad social porque no le fue reconocido el subsidio familiar.
Prestación social que goza de un carácter protector del derecho a la igualdad
desde una óptica familiar.
2.5.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
53. Se observa que, la parte actora cumplió con este requisito en tanto que
identificó los hechos y explicó detalladamente las razones por las que considera
que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto sustantivo y le vulneró
sus derechos al debido proceso y a la igualdad.
2.5.6. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
54. Sobre este requisito, la Sala considera que no es aplicable al presente
caso porque no se le reprocha ningún error procesal a la sentencia objeto de
censura.
55. Así las cosas, para esta Sala es relevante determinar si se conculcaron
los derechos deprecados por el actor al configurarse un defecto sustantivo
dentro de la sentencia de 9 de febrero de 2024.
2.6. Exposición del defecto especial de procedencia de la acción de tutela
en el caso concreto
2.6.1. Defecto sustantivo
56. En cuanto al defecto sustantivo, la Corte Constitucional, en sentencia de
unificación SU-516 de 201917, reiteró sobre este, lo siguiente:
La Corte ha señalado que el defecto sustantivo parte del “reconocimiento de que
la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial,
no es en ningún caso absoluta”18. En consecuencia, este defecto se materializa
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
17
Corte Constitucional. Sentencia SU-516 de 2019.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-210 de 2017.
11
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Constitución y la ley le reconocen19. La jurisprudencia de este Tribunal, en
diferentes decisiones20, ha precisado los supuestos que pueden configurar este
defecto, a saber:
(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la
decisión se sustenta en una norma inexistente 21, derogada22, o que ha sido
declarada inconstitucional23.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por
no ser pertinente24.
(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por
ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el
legislador25.
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia
con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido
contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico26.
(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva 27 o
claramente contraria a la Constitución28.
(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición29.
(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso 30.
(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una
actuación que afecta derechos fundamentales31.
(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación32.
19
Corte Constitucional, Sentencias T-008 de 1998, C-984 de 1999 y T-156 de 2009.
20
Corte Constitucional, Sentencias SU-515 de 2013, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-632
de 2017 y SU-116 de 2018.
21
Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
23
Corte Constitucional, Sentencias T-158 de 1993, T-804 de 1999, SU-159 2002 y T-800 de
2006.
24
Corte Constitucional, T-189 de 2005.
25
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
26
Corte Constitucional, Sentencias T-814 de 1999, T-842 de 2001, T-462 de 2003 y T-790 de
2010.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
28
Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
29
Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994.
30
Corte Constitucional, Sentencias T-807 de 2004, T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
31
Corte Constitucional, Sentencias T-114 de 2002, T-1285 de 2005 y T-086 de 2007.
32
Corte Constitucional, Sentencias SU-640 de 1998, T-462 de 2003, T-1285 de 2005 y T-292
de 2006.
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(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad 33.
Se trata de la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales 34, o cuando
al ser aplicadas al caso concreto se vulneran derechos fundamentales, razón por
lo que debe ser igualmente inaplicada35.
(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez
no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia 36.
Adicionalmente, esta Corte ha señalado37 que una autoridad judicial puede
incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable 38 en, al menos,
dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance
que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera
injustificada para los intereses legítimos de una de las partes 39; y (ii) cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que
en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y
de la hermenéutica jurídica aceptable40»41.
2.7. El defecto sustantivo en el caso concreto
57. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, a juicio de la
parte tutelante se desconocieron los efectos de la sentencia de 8 de junio de
2017 de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, la cual dejó
sin efectos el Decreto 3770 de 2009. De conformidad con ello, el tribunal pasó
por alto que, al haber cumplido los requisitos del Decreto 1794 de 2000, le
debía ser reajustado su subsidio familiar bajo los supuestos de esta última
norma.
58. En este punto precisa la Sala que, al estudiar la demanda de nulidad
propuesta contra el Decreto 3770 de 2009, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en el fallo del 8 de junio de 201742 resolvió:
33
En la Sentencia T-808 de 2007, se expuso que “en cualquiera de estos casos debe estarse
frente a un desconocimiento claro y ostensible de la normatividad aplicable al caso concreto, de
manera que la desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial sea
notoria y no tenga respaldo en el margen de autonomía e independencia que la Constitución le
reconoce a los jueces (Art. 230 C.P.). Debe recordarse, además, que el amparo constitucional
en estos casos no puede tener por objeto lograr interpretaciones más favorables para quien
tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de quien queda sujeto a una
providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”».
34
Corte Constitucional, Sentencias T-572 de 1994 y SU-159 de 2002.
35
Corte Constitucional, Sentencias T-572 de 1994, SU-172 de 2000 y SU-174 de 2007».
36
Corte Constitucional, Sentencia T-100 de 1998.
37
Corte Constitucional, Sentencia T-1095 de 2012.
38
Corte Constitucional, Sentencias T-1101 de 2005 y T-051 de 2009.
39
Corte Constitucional, Sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
40
Corte Constitucional, Sentencias T-079 de 1993 y T-066 de 2009.
41
Cursiva del texto original.
42
Exp. 11001-03-25-000-2010-00065-00 de Fundación Colombiana Sentimiento Patrio de los
Soldados e Infantes de Marina Profesionales “SEDESOL” contra Gobierno Nacional. M.P. César
Palomino Cortés.
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DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad total del Decreto 3770 de 2009, “por
el cual se deroga el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y se dictan otras
disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional.
59. Para arribar a dicha conclusión, se sostuvo:
En conclusión, la medida incorporada al ordenamiento jurídico mediante el
Decreto 3770 de 2009, que suprime el reconocimiento al derecho prestacional del
subsidio familiar a los soldados profesionales al revocar el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, se constituye en regresiva y por tanto carente de legalidad, al no
solamente contravenir los principios y normas en los que debería fundarse, sino
también porque no es compatible con el contenido esencial de los derechos a la
protección y seguridad social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda vez que su
objeto no se encuentra dirigido a promover el bienestar general de los soldados
profesionales como integrantes de la fuerza pública en una sociedad
democrática.
Además del análisis efectuado fundado en el juicio de razonabilidad de la medida
regresiva cuestionada, esta Subsección considera que con base en la cláusula
del Estado Social de Derecho, resulta imperativo favorecer en su decisión la
vigencia de la norma de derecho social de mayor alcance, acogiéndose a la regla
hermenéutica que rige en materia de derechos sociales, in dubio pro justitia
socialis, e interpretar las normas a favor de los soldados profesionales, por
cuanto que al serle aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el
“bienestar”, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la
persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad.
60. Posteriormente, con ocasión de las solicitudes de adición y aclaración
formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a la
citada sentencia de 8 de junio de 2017, se profirió la providencia de 8 de
septiembre de 2017, en la cual se precisó:
De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar
la existencia de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada
por la ausencia de regulación particular y específica respecto de situaciones
jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando
fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor desde su
entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del
ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas.
61. En el sub iudice, se tiene que el Tribunal Administrativo del Bolívar
consideró que el Decreto 1974 de 2000 estableció 2 condiciones para que los
soldados profesionales activos pudiesen acceder al reconocimiento del subsidio
familiar: 1) estar casados o con unión marital de hecho vigente y ii) reportar el
cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de Fuerza, de
conformidad con la reglamentación vigente.
14
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62. Mencionó que, con posterioridad, el Decreto 1161 de 2014 estableció
una nueva regulación sobre el subsidio familiar de los soldados profesionales e
infantes de la marina profesionales. En el parágrafo 2° del artículo 1 indicó que
la solicitud de reconocimiento de dicha prestación debía realizarse ante el
Comando de Fuerza y solo a partir de ahí, empieza a contabilizar los efectos
fiscales.
63. Con ese contexto, concluyó que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
solo era aplicable para aquellas personas que hubiesen consolidado el derecho
a acceder al subsidio familiar durante su vigencia, esto es, hasta la fecha en
que se publicó el Decreto 1161 de 2014, norma que permanece vigente. Así las
cosas, estimó que, como el señor García Martelo declaró la unión marital de
hecho el 2 de diciembre de 2014 y presentó la solicitud de reconocimiento del
subsidio familiar en vigencia de esta última disposición, era esta la aplicable.
64. Indicó que, aun si en gracia de discusión se aplicara el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, la conclusión sería la misma, toda vez que esta norma
exige que el interesado reporte el cambio del estado civil para que se le pueda
reconocer y pagar el subsidio familiar, situación que no aconteció.
65. Ahora bien, el señor García Martelo mencionó de forma especial que,
aun cuando declaró la existencia de la unión marital de hecho el 2 de diciembre
de 2014 con la señora Rosa Margarita Jaraba Álvarez, lo cierto es que inició
comunidad de vida permanente y singular el 3 de noviembre del año 2012. Es
decir, antes de la expedición del Decreto 1161 de 2014 y por lo mismo, le era
aplicable el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
66. Así las cosas, al contraponer la argumentación del tribunal tutelado, las
disposiciones normativas indicadas y puntualmente los efectos de la sentencia
de 8 de junio de 2017, para la Sala se configuró el defecto sustantivo alegado
por desconocimiento de los efectos ex tunc con los que se declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 2009. Por ende, al actor le asiste el derecho a que se le
reajuste en su totalidad el subsidio familiar del que goza, de acuerdo al artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, por lo que pasa a explicarse.
67. En el caso concreto se encontró acreditado que, desde el 3 de noviembre
de 2012, existe una unión marital de hecho entre el señor Walter García Martelo
y la señora Rosa Margarita Jaraba Álvarez y que aquella fue reconocida
mediante escritura pública 01867 del 2 de diciembre de 2014. Así, al haber sido
removido del ordenamiento jurídico el Decreto 3770 del 30 de septiembre de
2009, se encontraba en la hipótesis que estableció el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, lo cual, lo hacía acreedor de la prestación de marras a partir del
3 de noviembre de 2012.
68. Lo anterior implica que la autoridad judicial accionada debía analizar lo
atinente a la situación concreta planteada por el accionante desde la óptica de
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la norma sustancial; esto es que inicialmente no pudo acceder al subsidio
familiar consignado en el Decreto 1794 de 2000, por cuanto para el momento
en el que inició su unión marital de hecho, esa norma había sido derogada. Sin
embargo, con ocasión del fallo de la Sección Segunda del Consejo de Estado
que declaró la nulidad del Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009 con
efectos retroactivos, dicha situación imponía verificar si en el periodo
comprendido entre el 3 de noviembre de 2012 –fecha en la que cambió el
estado civil el infante profesional– y la expedición del Decreto 1161 de 2014 que
data del 24 de junio del mismo año, se había consolidado el derecho a favor del
señor García Martelo.
69. Ello demuestra que, pese a resolver el litigio que conoció por cuanto
realizó un pronunciamiento frente a las pretensiones planteadas en la demanda,
la autoridad judicial accionada erró en el ejercicio de selección de las normas.
Esto, porque omitió lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
teniendo en cuenta que para el momento de su decisión se había declarado la
nulidad del Decreto 3770 de 2009 que derogó la anterior norma, lo que
implicaba que estaba vigente para la fecha en que el señor Dorado Garcés
inició su vida marital con la señora Rosa Margarita Jaraba Álvarez.
70. Vale aclarar que el infante profesional no contó con la oportunidad de
solicitar el reconocimiento de su prestación de acuerdo con el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, precisamente porque fue solo hasta que cobró
ejecutoria la providencia del 8 de junio de 2017 que, se reitera, fue la que
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, que se contó con la certeza de
que los soldados podrían solicitar el pago de esta prestación, de acuerdo con la
norma que revivió al mundo jurídico.
71. A la par de lo anterior, no se le podía exigir que declarara ante las
autoridades su cambio de estado civil tan pronto esto ocurrió, sobre la base de
considerar que para la fecha en que esta se produjo (2012) no existía el
subsidio familiar, por la derogación expresa que en su momento realizó el
Decreto 1794 de 2000. Por ende, para esa fecha era innecesario que el actor
declarara su vínculo familiar.
72. En consecuencia, el fallo censurado mediante esta tutela incurrió en el
defecto sustantivo propuesto porque realizó una indebida interpretación de la
norma cuya reviviscencia fue declarada por la Sección Segunda de esta
corporación. Lo anterior, al exigir una solicitud de reconocimiento en el periodo
en el que esta disposición no estaba produciendo efectos jurídicos.
73. En suma, el defecto sustancial invocado por la parte accionante se
configura desde 2 puntos de vista: i) en primer lugar, por cuanto para la
resolución del caso, la autoridad judicial accionada empleó normas que no
tenían cabida, dado que su análisis se circunscribió a referir que la persona ya
recibía la prestación del Decreto 1161 de 2014 sin estudiar que la unión marital
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de hecho estaba vigente desde el año 2012; y ii) en segundo lugar, como
consecuencia de la anterior situación, omitió aplicar las normas que
efectivamente eran las llamadas a resolver el conflicto, en consonancia con lo
resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
74. Por lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad del accionante. En consecuencia, se dejará sin efectos
la sentencia del 9 de febrero de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo de
Bolivar y se ordenará que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de
esta providencia, la autoridad judicial accionada profiera una sentencia de
reemplazo dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado No. 13430-33-33-001-2022-00005-01/01, en la cual atienda los
argumentos expuestos en la parte considerativa del presente fallo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso del señor Walter García Martelo.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 9 de febrero de 2024
emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y ORDENAR que, dentro de los
20 días siguientes a la notificación de esta providencia, la autoridad judicial
accionada profiera una sentencia de reemplazo dentro del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 13430-33-33-001-2022-
00005-00/01, en la cual atienda los argumentos expuestos en la parte
considerativa del presente fallo.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente
de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
17
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
18
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