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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05647-00

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05647-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR EL AMPARO de los derechos fundamentales a la vida digna, reparación integral, educación y de petición solicitados por el señor 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2024 05647 00 Accionante: Michael Andrés David Pineda Michael Andrés David Pineda, según lo explicado en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05647-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

12 de diciembre de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 05647 00
Accionante: Michael Andrés David Pineda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05647 00
Accionante: MICHAEL ANDRÉS DAVID PINEDA
Accionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Tesis: No hay lugar al amparo de los derechos fundamentales a
la vida digna, a la reparación integral, a la educación y el
de petición si no está demostrada su transgresión.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Michael Andrés
David Pineda en contra de “(…) [la] Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y el Estado Colombiano (…)”, con el fin de obtener
el amparo de los derechos fundamentales invocados.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Michael Andrés David, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela y formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Ordene a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y al Estado Colombiano que, en un plazo
no mayor a quince (15) días hábiles, realicen el desembolso de la

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05647 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05647 00
Accionante: Michael Andrés David Pineda

indemnización a la que tenemos derecho como víctimas del
desplazamiento.

2. Declare la vulneración de los derechos fundamentales a la
vida digna, la reparación integral, el debido proceso y la educación,
y exija las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de
estos derechos.

3. Ordene a la Unidad de Víctimas brindar un informe
detallado de las acciones adelantadas en nuestro caso, y el estado
actual del proceso de indemnización.

4. Garantice de inmediato el acceso a recursos necesarios
para asegurar la continuidad de mis estudios universitarios,
amparado en el derecho a la educación, en tanto se hace efectiva la
indemnización correspondiente.

5. Ordene a la Unidad de Víctimas brindar un informe
detallado de las acciones que adelantó mi madre Flor María
Pineda Benítez para que su indemnización fuera entregada.

[…]”. (Negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante en el escrito de tutela informó lo siguiente2:

“[…] 1. Mi familia, conformada por mi madre Flor María Pineda
Benítez (quien ya falleció), mi hermano Yeison Esmit David Pineda y
yo, fuimos desplazados de nuestra residencia a causa del conflicto
armado, situación por la cual fuimos incluidos en el Registro Único
de Víctimas.

2. Como víctimas del desplazamiento, hemos solicitado la
indemnización correspondiente. A pesar del tiempo transcurrido, no
hemos recibido tal reparación, lo cual ha tenido graves
consecuencias en nuestra calidad de vida y acceso a oportunidades
educativas.

3. Mi madre falleció el 4 de febrero del 2019, debido a las difíciles
condiciones de vida a las que nos vimos forzados como consecuencia
del desplazamiento y la falta de apoyo estatal. Esta situación agravó
su salud y contribuyó a su deceso.

4. A pesar de haber cumplido con los requisitos establecidos por la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hasta
la fecha no hemos recibido respuesta favorable que cumpla con la
obligación de reparar a las víctimas del desplazamiento, dejando a

2
Ibidem.
2

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Accionante: Michael Andrés David Pineda

mi familia en una situación de vulnerabilidad y pobreza, afectando
además mi derecho a la educación […]”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela surtió el siguiente trámite procesal:

3.1. La solicitud de amparo fue radicada el 21 de octubre de 20243 a
través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de
la Rama Judicial.

3.2. Recibida en esta Corporación, por auto del 28 de octubre de 20244
se advirtió que el accionante promovió la tutela contra “el Estado
Colombiano” y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las
Víctimas, entidad del orden nacional, por lo que, acorde con lo dispuesto
por el numeral 2 del artículo primero del Decreto 333 del 6 de abril de
20215, debía ser tramitada por los juzgados con categoría del circuito,
motivo por el cual, con fundamento en los artículos 14 y 17 del Decreto
2591 de 19916, se requirió al accionante para que indicara con precisión
el lugar donde se presenta la presunta vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales a efectos de remitirla a la autoridad judicial que
debía conocer del asunto, ya que, indicó una dirección, pero no precisó el
municipio o distrito al que corresponde.

El precitado auto fue notificado al accionante a través de mensaje de
datos enviado el 1 de noviembre de 2024, por la Secretaría General del
Consejo de Estado, al correo electrónico andrespinedamv@gmail.com,
desde el que remitió el escrito de tutela, sin que hiciera manifestación
alguna.

3
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05647 00.
4
Ibidem.
5
Por el cual se modificaron las reglas de reparto de las acciones de tutela.
6
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
3

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Accionante: Michael Andrés David Pineda

3.3. Atendiendo a que no se determinó el lugar donde se alegaba la
afectación de los fundamentales invocados para remitirla a la autoridad
judicial que por regla de reparto correspondía su conocimiento, en aras
de garantizar el acceso a la administración de justicia del accionante, por
auto del 18 de noviembre de 20247 se admitió la tutela y se ordenó
notificar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Adicionalmente, se requirió al señor Michael Andrés David Pineda para
que allegara la copia del Registro Único de Víctimas que anunció en el
escrito de tutela y no aportó.

3.4. La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, rindió el informe
solicitado8, en el que explicó que el señor Michael Andrés David Pineda
“se encuentra incluido en dicho registro bajo el marco normativo Ley 387
de 1997, radicado 585658 por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO
FORZADO”.

Agregó que, en el sistema de gestión documental “no se evidencia
solicitud presentada por la parte accionante con el fin de obtener lo
solicitado en el escrito de tutela”.

Sostuvo: “la Unidad para las Víctimas se permite informar que la presunta
vulneración del derecho fundamental reclamado por la parte accionante
no obedece a una actitud evasiva de esta Entidad, sino a una eventual
actuación ajena, debido a que no existe en nuestro archivo de gestión
documental solicitud alguna, por lo anterior se abstiene de emitir
comunicación al accionante”.

Concluyó que la parte accionante está reclamando la protección de un
derecho sin haber brindado a la entidad la oportunidad de pronunciarse

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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05647 00.
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Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05647 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05647 00
Accionante: Michael Andrés David Pineda

sobre el trámite adecuado, ni acreditar la causación de un perjuicio
irremediable, ya que la indemnización administrativa no está asociada al
mínimo vital, y por ello, la Corte en atención al universo de las víctimas
incluidas en el Registro Único de Víctimas ha reconocido la necesidad de
adoptar criterios de priorización para la entrega de la indemnización
administrativa.

Anotó que de atenderse las pretensiones se configuraría una violación del
derecho a la igualdad de que gozan todas las víctimas del conflicto, puesto
que, para acceder a los beneficios previstos en la ley deben existir
solicitudes previas a la interposición de una acción de tutela y pidió se
declare improcedente el amparo.

3.5. El expediente ingresó al despacho el 2 de diciembre de 20249.

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Con la precisión hecha en el trámite procesal, en el sentido que para dar
cumplimiento a lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19
de noviembre de 199110 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26
de mayo de 2015,11 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202112, que fijaron las reglas de reparto de las acciones de tutela,
se requirió al accionante para que informara del lugar donde ocurría la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, y, ante su silencio,
en aras de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia se
admitió y tramitó la presente tutela.

9
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05647 00.
10
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
11
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela”.
12
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
5

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05647 00
Accionante: Michael Andrés David Pineda

Precisado lo anterior, la Sala para resolver examinará: (i) el núcleo
esencial de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante
y (ii) el caso concreto.

(i) El núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados

La parte accionante invoca como transgredidos los derechos
fundamentales a la vida digna, la reparación integral, la educación y el de
petición, dada su condición de víctima del conflicto armado.

Frente a estos derechos, se resalta que, en lo que tiene que ver con la
vida digna, la Corte Constitucional ha señalado que “(…) el Estado debe
velar por la existencia de las condiciones dignas y necesarias para el
ejercicio y la garantía de los derechos fundamentales de los sujetos de
especial protección constitucional (…)”13.

En lo que concierne a la reparación integral, el artículo 25 de la Ley 1448
de 2011, modificado por el artículo 11 de la Ley 2421 de 202414,
estableció que “las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera
adecuada, diferenciada, restaurativa, transformadora y efectiva por el
daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones que trata la
presente ley”. A su vez, la jurisprudencia Constitucional ha reconocido la
importancia de proteger y garantizar los derechos de las víctimas del
conflicto armado interno colombiano, especialmente el relacionado con la
reparación integral, indicando que es obligación del Estado de devolver a
la víctima al estado en que se encontraba con anterioridad al hecho que
originó tal condición15.

Respecto del derecho a la educación la Corte ha explicado que “(…) en el
marco jurídico nacional, la educación es una herramienta para la

13
Corte Constitucional. Sentencia T- 249 de 2022.
14
“Por la cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones sobre
reparación a las víctimas del conflicto armado interno”.
15
Corte Constitucional. Sentencia T- 083 de 2017.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05647 00
Accionante: Michael Andrés David Pineda

construcción de la equidad social y, por ende, es un pilar del Estado Social
de Derecho (…)”16.

Por último, acerca del derecho de petición, el artículo 23 de la Constitución
Política de 1991 señala que “(…) toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar
su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales (…)”.

Respecto de las reglas que rigen el derecho de petición, la Corte
Constitucional ha dicho que17: “(…) el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de
nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve
o se reserva para sí el sentido de lo decidido (…) la respuesta debe cumplir
con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara,
precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en
conocimiento del peticionario (…)”.

Así mismo, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la carga de la
prueba en materia de tutelas, verbigracia en la sentencia T-131 de 2007
afirmó que rige el principio “onus probandi incumbit actori” y para ello
explicó que18: “(…) quien instaure una acción de tutela por estimar
vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales tiene la carga
procesal de probar sus afirmaciones; tan sólo en casos excepcionales,
dadas las especiales condiciones de indefensión en que se encuentra el
peticionario, se ha invertido jurisprudencialmente la carga de la prueba a
favor de aquél”.

16
Corte Constitucional. Sentencia T- 091 de 2024.
17
Corte Constitucional, sentencia T-1160A del 1 de noviembre de 2001, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
18
M.P. Humberto Sierra Porto.
7

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05647 00
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(ii) Caso concreto

En el presente caso, el accionante alega que pese a que ha “(…) cumplido
con los requisitos establecidos por la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, hasta la fecha no hemos recibido respuesta
favorable que cumpla con la obligación de reparar a las víctimas del
desplazamiento(…)”.

A su vez, la parte accionada reconoce que el señor Michael Andrés David
Pineda está incluido en el Registro Único de Víctimas por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, bajo el radicado nro. 585658,
pero también aduce que éste no ha radicado petición alguna ante la
Unidad.

La Sala advierte que, aunque las personas víctimas del conflicto armado
en Colombia son sujetos de especial protección constitucional, y, por ello,
la jurisprudencia constitucional ha señalado que la rigurosidad del estudio
de los requisitos debe flexibilizarse en relación con dicha población19,
también lo es que, en este evento la parte accionante no allegó
información o elemento probatorio que permita determinar, como afirma,
que ha “(…) cumplido con los requisitos establecidos por la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hasta la fecha no hemos
recibido respuesta (…)”.

En efecto, en el expediente no obra prueba de la que pueda desprenderse
que la parte accionante radicó petición alguna o presentó los documentos
necesarios ante la Unidad para recibir las respectivas ayudas a las que
tiene derecho, especialmente la indemnización administrativa, o que una
vez aportada la documentación requerida por la autoridad accionada ésta
haya sido renuente en atenderla, ni tampoco invocó que tenga
imposibilidad de probar dicha situación en sede de tutela.

19
Corte Constitucional, Sentencia T- 286 de 2023.
8

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05647 00
Accionante: Michael Andrés David Pineda

Aunado a lo señalado, la autoridad accionada indicó en el informe rendido
que el actor no ha hecho ninguna petición que deba resolverse o que esté
pendiente de responder.

Por último, el accionante alega que se le ha afectado el derecho a la
educación. Frente a este derecho que tienen las víctimas del conflicto
armado, el artículo 51 de la Ley 1448 de 2011, modificada por la Ley 2421
de 2024, establece que “las distintas autoridades educativas adoptarán,
en el ejercicio de sus competencias respectivas, las medidas necesarias
para asegurar el acceso y la exención de todo tipo de costos académicos
en los establecimientos educativos oficiales en los niveles de preescolar,
básica y media a las víctimas señaladas en la presente ley, siempre y
cuando éstas no cuenten con los recursos para su pago (…)”, sin embargo,
el accionante tampoco aportó ninguna prueba que permita determinar
que ha solicitado dicha ayuda y no le hubiere sido resuelta.

Por consiguiente, pese a que está acreditado que el accionante es víctima
del conflicto armado y está inscrito en el Registro Único de Víctimas, dicha
situación es insuficiente para el amparo de los derechos fundamentales
invocados.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala negará el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR EL AMPARO de los derechos fundamentales a la vida
digna, reparación integral, educación y de petición solicitados por el señor

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05647 00
Accionante: Michael Andrés David Pineda

Michael Andrés David Pineda, según lo explicado en la parte considerativa
de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

10

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