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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05662-01

Fecha
11 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05662-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05662-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

11 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05662-01
Accionante: María Luisa Jerez Olaya
Accionados: Consejo superior de la Judicatura y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., once (11) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05662-01
Accionante: María Luisa Jerez Olaya
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro

Tema: tutela por vulneración de los derechos de petición, igualdad y dignidad humana.
Subtema 1: el derecho de petición ante autoridades judiciales. Subtema 2:
procedencia del derecho de petición para atender actividades de naturaleza
administrativa y jurisdiccional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir la
impugnación presentada por la señora María Luisa Jerez Olaya, contra la sentencia
del 14 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora María Luisa Jerez Olaya, en nombre propio, presentó acción de tutela con
la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad y a
la dignidad humana, que consideró vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, el
Archivo Central de Bogotá y el Juzgado Dieciocho Municipal de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Bogotá, al no dar una respuesta clara, precisa y de fondo a
las solicitudes radicadas el 4 de marzo de 2019, el 14 de junio de 2023, el 19 de
febrero, el 9 de agosto y el 7 de octubre de 2024.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05662-00, índice 2, certificado
7D61D33D909AC962 1067901435038D5F ACBB6219587690F3 A39C5A6E06269F42.

1
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Accionante: María Luisa Jerez Olaya
Accionados: Consejo superior de la Judicatura y otro

2.
El Banco de Bogotá S.A. promovió un proceso ejecutivo singular en contra de
María Luisa Jerez Olaya, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Dieciocho
Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá con el radicado
núm. 11001-14-89-018-2018-00538-00, el cual terminó el 18 de febrero de 2019 por
pago total de la obligación.
3. La señora María Luisa Jerez Olaya, mediante escrito del 4 de marzo de 2019,
solicitó al Juzgado Dieciocho Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
de Bogotá «el levantamiento de la medida cautelar y la orden de devolución del dinero
depositado en el depósito judicial [núm.] 110012051718, por un valor consignado de
10.673.205,24, realizado el 24 de febrero de 2022 […]» [sic].
4.
La accionante, a través de escrito del 14 de junio de 2023, le pidió a la Oficina de
Archivo Central de Bogotá el desarchivo del expediente del proceso ejecutivo. Al no
recibir respuesta a su requerimiento, presentó nuevos escritos los días 19 de febrero,
9 de agosto y 7 de octubre de 2024, con los cuales reiteró su petición.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
5. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1. Ordenar al consejo superior de la judicatura – dirección ejecutiva seccional de
administración judicial de Bogotá – archivo central Bogotá, 2) Juzgado dieciocho
(18) Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Bogotá contestar
de fondo el radicado sdue24-002040 del 7/10/2024.

2. Ordenar al juzgado 18 de pequeñas causas y competencias múltiples el
levantamiento de la medida cautelar para retirar el dinero del depósito. De acuerdo
a la petición radicada el 4/03/2019 Rad.002881.

3. Ordenar la indemnización por el daño económico causado, por negligencia en el
servicio2.
6. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
Oficina de Archivo Central de Bogotá vulneró su derecho de petición porque no ha
dado una respuesta clara, precisa, de fondo y oportuna a los requerimientos
presentados el 14 de junio de 2023, el 19 de febrero, el 9 de agosto y el 7 de octubre
de 2024, a través de los cuales solicitó el desarchivo del expediente del proceso
ejecutivo con radicado núm. 11001-14-89-018-2018-00538-00.
7. Adicionalmente, refirió que el Juzgado Dieciocho Municipal de Pequeñas Causas
y Competencia Múltiple de Bogotá desconoció sus derechos fundamentales
invocados, por cuanto no se ha pronunciado sobre la petición que presentó el 4 de
marzo de 2019, por medio de la cual pidió el levantamiento de la medida cautelar y la
orden de devolución del dinero en el depósito judicial.

2 Se transcribe incluso con errores.

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2.3. Trámite procesal
8. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante auto del 23 de
octubre de 20243, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Consejo
Superior de la Judicatura y al Grupo de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración de Bogotá; y dispuso comunicar el escrito de tutela al
Juzgado Dieciocho Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá,
en calidad de tercero interés.

2.4. Intervenciones
9.
El Consejo Superior de la Judicatura4 manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que la autoridad facultada para responder la petición de la
accionante es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
ya que la Oficina de Archivo Central de la ciudad de Bogotá se encuentra adscrita a
dicha dependencia de conformidad con el artículo 3° del Acuerdo PCSJA17-10784 de
26 de septiembre de 2017.
10.De esta manera, precisó que la Oficina de Archivo de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá tiene la competencia para ordenar el
desarchivo del expediente del proceso ejecutivo solicitado por la actora.
11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Grupo de
Archivo Central5 informó que mediante correo electrónico del 15 de noviembre de 2024
se dio respuesta al requerimiento presentado por la accionante, en cuyo contenido se
le indicó que, una vez realizadas las labores administrativas de búsqueda del
expediente con radicado núm. 11001-14-89-018-2018-00538-00, no fue posible
hallarlo, por lo que se expidió certificación de «PROCESO NO HALLADO,
DESAJBOADO24-2523, para que eventualmente, si el accionante y el despacho lo
consideran, se proceda a dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 126 y 597,
numeral 10 del artículo 597 del C. G. P».
12. En este sentido, explicó que, si bien la respuesta no fue satisfactoria a la pretensión
de la accionante, esta fue clara, precisa y de fondo, por lo que no es posible afirmar
que se desconoció el derecho de petición de la tutelante. Por consiguiente, solicitó que
se niegue el amparo de tutela o, en su defecto se declare la carencia actual de objeto
por hecho superado.
13.El Juzgado Dieciocho Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Bogotá6 pidió que se niegue el amparo, por cuanto la solicitud del 7 de octubre de
2024, en la que la actora requirió el desarchivo de un expediente con radicado núm.
11001-14-89-018-2018-00538-00, fue contestada, a través de correo electrónico de la
misma fecha, por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de
Bogotá, en la que se le indicó que no fue posible hallar el referido proceso.

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05662-00, índice 4, certificado 5C63DC5EAF56563C 58953580D25CBFD6

62DBAD3AD3579BFE AD80172EAF9E1772.
4 Samai, exp. 11001031500020240566200, índice 9, certificado: 339CB1A20769E458 CD938F033802C3A

A1DB93FC67DF9F8F A4C75395D615C46C.
5
Samai, exp. 11001031500020240566200, índice 14, certificado: 0B5B29DB63F176D8 F1448E96EDC864FB
08EF3E2337884B57 382E90477799BA24.
6
Samai, exp. 11001031500020240566200, índice 8, certificado: B6B73889426C9D5E 54F2C68C911F3DE6
BFBF734ECF223B75 62CF0C73DF2B43A3.

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2.5. Sentencia de primera instancia
14. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia de 14
de noviembre de 20247, negó la solicitud de amparo, al considerar que el requerimiento
presentado por la accionante el 7 de octubre de 2024, a través del cual solicitó el
desarchivo del expediente con radicado núm. 11001-14-89-018-2018-00538-00, fue
atendido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
Oficina de Archivo Central de Bogotá, mediante mensaje de datos de la misma fecha.
15. En este orden, indicó que la comunicación emitida por la entidad accionada
permitía concluir que no había lugar a acceder al amparo invocado, pues desde antes
de la presentación de la tutela, la petición había sido respondida y notificada al correo
electrónico de la interesada.
16. Adicionalmente, refirió que, ante la información referente a la pérdida o el no
hallazgo del expediente, la accionante podía solicitar ante el juez de conocimiento la
reconstrucción del proceso, con el fin de que la autoridad judicial pueda pronunciarse
sobre el levantamiento de la medida cautelar que le interesa a la demandante.
17. Finalmente, advirtió que la tutela no es el mecanismo idóneo para obtener
indemnizaciones de carácter económico y que, si su interés es demostrar la existencia
de un daño constitutivo de un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, el mecanismo idóneo para reclamarlo es a través del medio de control de
reparación directa.

2.6. Impugnación
18.
La señora María Luisa Jerez Olaya presentó impugnación8 en contra de la
sentencia del 14 de noviembre de 2024, al considerar que no se analizaron los
argumentos expuestos en la solicitud de amparo, así como las pruebas aportadas al
expediente de tutela, pues no se tuvo en cuenta que la respuesta emitida por la entidad
accionada omitió resolver el fondo del asunto de manera congruente con lo solicitado.
19.Por lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en consecuencia, se
acceda al amparo del derecho de petición.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
20.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 14 de noviembre
de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

7
Samai, exp. 11001031500020240566200, índice 16, certificado: FFBB98A43CC4F220 98E8CAFEB5F80A12
0213F7E631C6A49F 02AC4390D0F4BEDF.
8
Samai, exp. 11001031500020240566200, índice 21, certificado: 2643C034C3E14BED D2AE3F6E087A8922
F52BD42421C8543F B940EA315EDEAF2B.

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3.2. Legitimación en la causa
21. La legitimación en la causa por activa de la señora María Luisa Jerez Olaya se
encuentra acreditada, por cuanto fue quien presentó las solicitudes que, en su criterio,
no han sido contestadas y, por ende, es la titular del derecho fundamental de petición
y de las demás prerrogativas constitucionales que invocó en el escrito de tutela.
22. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Dieciocho Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá y de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Oficina de Archivo
Central, en la medida en que fueron las autoridades que, según la parte actora, no han
dado respuesta a sus solicitudes, y, por lo tanto, a quienes se les atribuye la
vulneración de sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez9.
24. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable 10; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»11.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
25. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para discutir la
vulneración de sus derechos fundamentales de petición, igualdad y dignidad humana
por falta de respuesta de las entidades responsables.
26. Además, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida en
que la parte accionante argumentó que las solicitudes que presentó no han sido
atendidas en su integridad, circunstancia que, en principio, es continua en el tiempo 12.

3.4. Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 14 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo

9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
10 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
11 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
12
Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015.
La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del derecho
es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la tutela no es
exigible de manera estricta.

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de Estado, Sección Tercera, Subsección B que negó el amparo del derecho de petición
de la señora María Luisa Jerez Olaya. En particular, ante la falta de respuesta clara,
precisa y congruente a la solicitud que presentó el 4 de marzo de 2019 y el 7 de octubre
de 2024.
28. Para el efecto, se estudiarán los siguientes ejes temáticos: (i) las características
principales del derecho de petición; (ii) alcances del derecho de petición frente
autoridades judiciales; y (iii) el caso concreto.

3.4.1. Generalidades del derecho de petición
29.
El artículo 23 constitucional prevé que toda persona tiene el derecho a presentar
peticiones ante las autoridades, de manera respetuosa, ya sea por razones de interés
general o particular, y a obtener una respuesta pronta por parte de estas. Por otro lado,
el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, especificó
que la resolución a la solicitud debe ser «completa y de fondo». La Corte
Constitucional13, respecto del mencionado derecho, indicó lo siguiente:

Esta garantía permite asegurar la efectividad de otros derechos de rango legal o
constitucional, por lo que ha sido considerada por la jurisprudencia como un
derecho de tipo instrumental, en tanto que es uno de los principales mecanismos
con los que cuenta la ciudadanía para exigir de las autoridades el cumplimiento
de sus deberes. El núcleo de este derecho se encuentra en tres elementos: (i) la
posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución
dentro del término legal respectivo.

30. Visto lo anterior, los criterios que permiten identificar cuándo una respuesta ha
atendido de fondo la petición, pueden agruparse de la siguiente manera: (i) claridad,
esto es, que contenga argumentos que sean fácilmente comprensibles; (ii) precisión,
que comporta la necesidad de que esta verse directamente sobre lo pedido sin acudir
a evasiones; (iii) congruencia, al abarcar el objeto de la solicitud; y (iv) consecuencia,
aspecto que lleva intrínseco que la contestación suministrada guarde concordancia
con el trámite impartido, por ejemplo, en los escenarios en que la petición surge en el
marco de un procedimiento administrativo.
31. En cuanto a los aspectos de trámite y sustanciales del derecho de petición, son
asuntos que están reglados en el Título II de la Primera Parte de la Ley 1437 de 2011.
En particular, el artículo 21 de esta codificación dispone que, si la autoridad a la que
se dirige la solicitud no es la competente, deberá remitirla a quien sí lo es y de tal
actuación informar al peticionario.

3.4.2. Alcance del derecho de petición frente autoridades judiciales
32. El derecho de petición es una garantía constitucional que faculta a las personas a
presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, las cuales deben ser resueltas
de manera clara, precisa y oportuna. Este deber se extiende a las autoridades
judiciales, quienes se encuentran obligadas a resolver las solicitudes de los
peticionarios en los términos prescritos por la Ley y la Constitución para tal efecto.14

13
Conte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
14 Corte Constitucional, sentencia T-267 de 2017.

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33.
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que «si bien
es cierto que el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia
estos se encuentran en la obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les
presenten,15 también lo es que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial
está sometido -como también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo,
fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las
actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el
juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser
resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada
juicio”.16»17.
34.
Lo anterior, permite inferir que el ejercicio del derecho de petición ante autoridades
judiciales encuentra su limitación en los asuntos respecto de los cuales se fundamenta
el requerimiento de la persona. De manera que, solo es procedente cuando la solicitud
hace referencia a temas de naturaleza administrativa, ajenas al contenido del litigio e
impulsos procesales, los cuales deben ser atendidos por los jueces de la República
bajo las normas generales del derecho de petición que rigen a la administración y,18
en especial, de la Ley 1755 de 201519.
35. Contrario ocurre con las peticiones referidas a actuaciones estrictamente
judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento con el que se rige cada
juicio, cuyo pronunciamiento o decisión se debe sujetar a los términos y etapas
procesales previstos para tal efecto en la normativa definida por el legislador.
36. Así pues, la omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones relacionadas
a su actividad jurisdiccional según las formas propias del trámite procesal configura
una violación del debido proceso y del derecho al acceso a la administración de
justicia20. Por otro lado, la omisión de la autoridad jurisdiccional en resolver las
solicitudes formuladas en relación con los asuntos administrativos constituye una
vulneración al derecho de petición21.

3.5 Caso concreto
37. La señora María Luisa Jerez Olaya impugnó la sentencia del 14 de noviembre de
2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, al
considerar que no se efectuó una valoración adecuada de los argumentos y las
pruebas aportadas con la tutela, pues, en su criterio, la respuesta emitida por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá (Oficina de
Archivo) no resolvió de manera clara, precisa y congruente, la solicitud de desarchivo
del expediente del proceso ejecutivo con radicado núm. 11001-14-89-018-2018-
00538-00.

15 Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011.
16 Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995.
17 Corte Constitucional, sentencia T-398 de 2018.
18 Corte Constitucional, sentencias T-311 de 2013, criterio reiterado en sentencias T-2015A de 2013. T-267 de

2017.
19
«Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
20 Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011, criterio reiterado en sentencias T-377 de 2000, T-178 de 2000

y C-951 de 2014.
21 Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011, criterio reiterado en sentencia T-267 de 2017.

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38.
En el asunto bajo estudio, si bien la accionante mencionó que presentó cuatro
peticiones entre junio de 2023 y octubre de 2024 dirigidas a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá (Oficina de Archivo), a través de las
cuales solicitó en forma reiterada el desarchivo del expediente con radicado núm.
11001-14-89-018-2018-00538-00, lo cierto es que, en el expediente de tutela, solo se
encuentra acreditado el requerimiento que radicó el 7 de octubre de 2024.
39. Asimismo, se observa que el Juzgado Dieciocho Municipal de Pequeñas Causas
y Competencia Múltiple de Bogotá, con el escrito de contestación de la tutela, aportó
copia del correo electrónico del 7 de octubre de 2024, por medio de la cual la Oficina
de Servicios Administrativos de la Dirección Seccional de Administración de Bogotá le
informó a la señora María Luisa Jerez Olaya que el expediente con radicado núm.
11001-14-89-018-2018-00538-00 no fue hallado. Al respecto expresó lo que sigue:

Señores:

MARIA LUISA JEREZ OLAYA
LUIS MIGUEL JEREZ GARCIA
JUZGADO 18 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
Cordial saludo,

En atención a la solicitud de la referencia, me permito informar que, revisada la
base de datos de solicitudes radicadas a través del formulario en línea y módulo
de radicación física, se evidencia petición No. 23-5012 Y 24-2040 en el cual
requiere el desarchive del proceso11001148901820180053800 del JUZGADO
18 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAMÚLTIPLE, donde figuran las
siguientes partes: Demandante: BANCO DE BOGOTA S.A, Demandado:
MARIA LUISA JEREZ OLAYA ubicado en Caja/Paquete 147 y 149 del año
2019.

Por consiguiente, se procedió a la verificación en BODEGA 06 SANTO
DOMINGO y luego de realizadas las labores administrativas de búsqueda, se
informó que el proceso no fue hallado.

Cordialmente,

EDNA GARCÍA
BOGEGA 06 SANTO DOMINGO
Servicios Administrativos
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Bogotá.

40.La anterior comunicación fue remitida al correo electrónico referido por la señora
María Luisa Jerez Olaya para recibir notificaciones, es decir, luisaj377@gmail.com.
41. De igual manera, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, con el informe de tutela, allegó copia del correo electrónico del 15 de
noviembre de 2024, mediante el cual el Grupo de Archivo Central de la entidad le
informó a la señora María Luisa Jerez Olaya que el expediente con radicado núm.
11001-14-89-018-2018-00538-00 no fue hallado y, en consecuencia, se expidió
«CERTIFICACIÓN DE PROCESO NO HALLADO DESAJBOADO24- 2523, para que
eventualmente si la accionante y el Despacho lo consideran, se proceda a dar
aplicación a lo dispuesto en los artículos 126 y 597 numeral 10 del artículo 597 del C.
G. P.»[sic]. Al respecto, el documento referido indicó lo siguiente:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05662-01
Accionante: María Luisa Jerez Olaya
Accionados: Consejo superior de la Judicatura y otro

Señores
MARÍA LUISA JEREZ OLAYA
JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS DE BOGOTÁ
Ciudad

Cordial Saludo,

En atención a la Tutela de la referencia me permito informar que, revisada la
base de datos de solicitudes radicadas a través del formulario en línea y módulo
de radicación física, se evidencia (n) petición (es) bajo radicado (s) 23-5012, y
24-2040, en las cuales se solicitó el desarchive del proceso
11001148901820180053800 del JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPALPEQUEÑAS
CAUSAS DE BOGOTÁ, donde figuran las siguientes partes: Demandante:
BANCO DE BOGOTA, Demandado: MARIA LUISA JEREZ OLAYA.

Por consiguiente, se procedió a la verificación en bodega SANTO DOMINGO y
luego de realizadas las labores administrativas de búsqueda, se informó que el
proceso no fue hallado.

Finalmente es importante precisar que Archivo Central, ha realizado todo lo
posible por dar con la ubicación del proceso, sin tener resultados, lo cual no
obedece a la negligencia sino a la imposibilidad física, esto de conformidad a lo
establecido por la Honorable Corte Constitucional, a través de la sentencia C-
367 de 2014Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva.

“… en algunos casos excepcionales, la conducta de incumplir no obedece a la
voluntad de la persona llamada a cumplir con la providencia judicial, sino que
responde a una situación de imposibilidad física y jurídica. No se trata de una
imposibilidad formal o enunciada, sino de una imposibilidad real y probada, de
manera eficiente, clara y definitiva, de tal suerte que, en estos eventos, para la
satisfacción material del derecho involucrado “es procedente acudir a otros
medios que permitan equiparar la protección del derecho fundamental al acceso
a la administración de justicia o que mitiguen los daños causados a la persona
afectada”

En consecuencia, este Archivo Central, emite CERTIFICACIÓN DE
PROCESO NO HALLADO DESAJBOADO24-2523, para que eventualmente
si el accionante y el Despacho lo consideran, se proceda a dar aplicación
a lo dispuesto en los artículos 126 y 597 numeral 10 del artículo 597 del C.
G. P.

42. En efecto, en el expediente de tutela obra copia de la certificación expedida por el
Coordinador Grupo de Archivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, en la que consta esta información:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05662-01
Accionante: María Luisa Jerez Olaya
Accionados: Consejo superior de la Judicatura y otro

43. De acuerdo con lo anterior, se observa que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, a través de los correos del 7 de octubre de 2024 y
del 15 de noviembre de 2024, atendió de forma clara, precisa y congruente la solicitud
de desarchivo promovida por la actora, en la medida en que le informó que realizó las
labores administrativas de búsqueda del proceso 11001-14-89-018-2018-00538-00.
Sin embargo, no fue posible hallarlo en la respectiva bodega de archivo.
44. Asimismo, se advierte que la entidad, como consecuencia de dicha eventualidad,
le comunicó a la tutelante que expidió la «Certificación de Proceso No Hallado
DESAJBOADO24-2523», para que se iniciaran los trámites correspondientes a la
reconstrucción del expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y
597, numeral 10, del Código General del Proceso (CGP).
45. En este orden, se tiene que la información emitida por la entidad accionada de
ninguna manera puede catalogarse como una respuesta carente de contenido,
confusa y evasiva, pues es evidente que la administración de forma explícita le dio a
conocer a la tutelante que el proceso, cuyo desarchivo pretendía, se encuentra
extraviado y, por consiguiente, es necesario proceder a su reconstrucción con el fin de
brindarle al Juzgado Dieciocho Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
de Bogotá las herramientas necesarias para proferir las decisiones que en derecho
correspondan, dada la solicitud de levantamiento de la medida cautelar de interés para
la actora.
46. Así pues, si bien la respuesta emitida por la accionada no atiende de forma
favorable los intereses perseguidos por la solicitante en el escrito de petición, en
cuanto no fue posible disponer el desarchivo del expediente del proceso ejecutivo con
radicado núm. 11001-14-89-018-2018-00538-00, lo cierto que existe un
pronunciamiento de la administración que le aclara el escenario procesal a la
accionante para que ella, de manera autónoma, pueda iniciar los trámites pertinentes
ante la autoridad judicial que le permitan obtener la decisión jurídica que pretende.

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47.
Al respecto, es pertinente mencionar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha indicado que el núcleo esencial del derecho de petición exige que la
respuesta que emita la administración cumpla parámetros de coherencia y se refiera
de fondo al asunto objeto de análisis, lo cual «no implica aceptación de lo solicitado»22.
48. En similar sentido, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B ha
referido que «la garantía constitucional del artículo 23 no se satisface simplemente al
obtener una respuesta de las autoridades, sino una resolución clara, precisa y
congruente con lo solicitado, independiente que ésta sea contraria o favorable a los
intereses del suplicante»23.
49.
En este orden de ideas, la Sala considera que, contrario a lo expuesto por la
accionante en el escrito de impugnación, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá garantizó el derecho de petición, toda vez que se
encuentra demostrado, en el expediente de tutela, que las respuestas remitidas a
través de los correos electrónicos del 7 de octubre y del 15 de noviembre de 2024
resuelven en forma adecuada y precisa su requerimiento, independientemente de que
no hayan sido favorables a sus intereses. Por lo anterior, no es posible advertir que la
entidad accionada desconoció las garantías constitucionales invocadas en la solicitud
de amparo24.
50. Ahora bien, en lo que respecta al derecho de petición promovido por la accionante
ante el Juzgado Dieciocho Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Bogotá, se observa que la señora María Luisa Jerez Olaya, el 4 de marzo de 2019 y
el 7 de octubre de 2024, solicitó a la autoridad judicial el levantamiento de la medida
cautelar decretada en el referido asunto.
51.
Al respecto, es pertinente aclarar que el requerimiento de la actora hace referencia
a una actuación estrictamente judicial, cuyo proceder se encuentra establecido en la
normativa que regula el proceso ejecutivo, por lo que debíe sujetarse a los términos y
etapas procesales respectivas y no a las reglas generales del derecho de petición que
rigen la administración.
52. Esto significa que el juzgado accionado solo podía pronunciarse sobre la solicitud
de levantamiento de la medida cautelar, una vez se hubiera efectuado el desarchivo
del expediente y este hubiese sido remitido al despacho judicial en los plazos definidos
por el legislador para estos asuntos.
53. En este orden, la Sala no observa que el Juzgado Dieciocho Municipal de
Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá haya vulnerado la garantía del
derecho de petición de la accionante, puesto que la solicitud no buscaba obtener un
pronunciamiento derivado de una actuación administrativa a cargo del despacho
judicial.
54. Adicionalmente, tampoco se advierte un desconocimiento de los derechos al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la tutelante, pues el
proceso ejecutivo con radicado núm. 11001-14-89-018-2018-00538-00 no fue

22
Corte Constitucional, sentencia T-377 de 2000.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de agosto de 2019, radicado núm. 41001-

23-33-000-2019-00284-01.
24 [petición, igualdad y dignidad humana].

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desarchivado y, en consecuencia, no se remitió al juzgado accionado, lo cual impidió
que se resolviera el requerimiento de la actora en los términos procesales respectivos.

IV. CONCLUSIÓN

En atención a las razones anteriormente expuestas, la Sala confirmará la sentencia
del 14 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que negó la solicitud de amparo promovida por la señora María Luisa
Jerez Olaya.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

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