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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05665-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05665-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Revocar la sentencia de 28 de noviembre de 2024, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. En su lugar, Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Miguel Julián González López, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, por las razones expuestas. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2024-05665-01 Demandante: Miguel Julián González López Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05665-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

6 de marzo de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05665-01
Demandante: Miguel Julián González López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05665-01
Demandante: MIGUEL JULIÁN GONZÁLEZ LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho para obtener reliquidación de subsidio
familiar de soldado profesional. Defectos sustantivo y fáctico por
indebida valoración probatoria

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C”, contra la sentencia de 28 de noviembre de 2024, dictada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que resolvió:

“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Juzgado Veinte
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales del señor Miguel Julián González
López.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 15 de mayo de 2024, dictada por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
ORDENAR que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, la
autoridad judicial accionada profiera un fallo de reemplazo dentro del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-35-020-2023-00037-
00/01, en la cual atienda los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente
proveído.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 21 de octubre de 2024, el señor Miguel Julián González López, a través de
apoderada judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, tutela judicial efectiva, debido proceso y el
principio de confianza legítima.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05665-01
Demandante: Miguel Julián González López

“1. Se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, tutela judicial efectiva, debido
proceso y garantía de la confianza legítima en el sistema de justicia del señor MIGUEL
JULIÁN GONZÁLEZ LÓPEZ.

2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se
declare la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto negó el reconocimiento y
reajuste del subsidio familiar en la cuantía establecida en el artículo 11 del decreto 1794
del 2000.

3. Que una vez ordenada la Nulidad se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C”, proferir nueva sentencia
dentro del expediente No. 11001-33-35-020-2023-00037-01 y en su lugar proceda a
preferir fallo, confirmando la sentencia de primera instancia concediendo el derecho al
Subsidio familiar como lo establece el decreto 1794 de 2000”.

2. Hechos

El accionante afirmó que ingresó al Ejército Nacional como soldado profesional en
el año 2003, y que desde el 20 de diciembre de 2012 inició una unión marital de
hecho con la señora Sandra Johana Cebay Plaza, la cual fue elevada a escritura
pública el 31 de diciembre de 2014 en la Notaria 57 del Círculo de Bogotá.

Sostuvo que, con ocasión de lo anterior, el Ejército Nacional le reconoció en el mes
de abril de 2015 un 23% de su salario básico por concepto de subsidio familiar, de
conformidad con el Decreto 1161 de 2014. Agregó que el 4 de diciembre de 2018
solicitó el reajuste de dicha prestación con sustento en el Decreto 1794 de 2000,
frente a lo cual la entidad guardó silencio.

Indicó que, dado lo anterior, contra el acto ficto producto del silencio administrativo
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho de la cual conoció, en primera instancia, el Juzgado Veinte
Administrativo del Circuito de Bogotá, que en sentencia de 14 de diciembre de 2023
accedió parcialmente a las pretensiones, al concluir que su caso estaba gobernado
por lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000, con ocasión de la declaratoria de
nulidad del Decreto 3770 de 2009, comoquiera que su unión marital surgió en el año
2012 y que el Decreto 1161 de 2014 fue expedido hasta el 24 de junio de 2014.

Por último, adujo que luego de que la entidad demandada formulara recurso de
apelación contra esa decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C” en sentencia de 15 de mayo de 2024 la revocó, tras
considerar que, de conformidad con lo acreditado en el proceso, la unión marital con
su compañera se constituyó por escritura pública el 31 de diciembre de 2014, por lo
que, si bien en dicho documento declararon que vivían juntos desde el 20 de
diciembre de 2012, no existía prueba en el proceso que diera cuenta de la
formalización de esa situación en dicha fecha, razón por la cual su caso estaba
cobijado por el Decreto 1161 de 2014.

3. Fundamentos de la acción

Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, el actor sostuvo que la sentencia
cuestionada incurre en defecto fáctico, por la falta de valoración de la escritura
pública aportada en los anexos de la demanda, misma que daba cuenta de que “la
consolidación del derecho objetivo de reconocimiento del subsidio familiar tuvo lugar
en el momento en el que cambio su estado civil a unión libre el día 20 de diciembre
del 2012”, fecha en la que se hallaba vigente el artículo 11 del Decreto 1794 del
2000, teniendo en cuenta los efectos ex tunc de la sentencia del Consejo de Estado

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05665-01
Demandante: Miguel Julián González López

de 8 de junio del 2017, que “revivió” esa disposición normativa hasta que fue
subrogada por el Decreto 1161 del 2014.

Agregó que si bien la escritura pública se suscribió el 31 de diciembre de 2014, el
Tribunal “omite la información contenida en la misma”, pues en esta declaró que
junto con su compañera hacían comunidad de vida permanente y singular desde el
20 de diciembre del 2012, no obstante lo cual, el Tribunal consideró que “en el
plenario no existe ningún medio de prueba que acredite la constitución de la unión
marital de hecho en esa fecha”.

Indicó que la unión marital de hecho puede declararse por escritura pública y que
en esta es válida toda declaración realizada ante el notario, y su contenido goza de
presunción de veracidad hasta que se demuestre lo contrario, “lo que en este caso
no sucedió, resaltando además, el principio de la buena fe en el contexto de las
escrituras públicas, el principio constitucional de la buena fe prevista en el articulo
83 de la Constitución Política”.

Señaló que para la fecha en que inició la unión marital de hecho estaba vigente el
Decreto 3770 de 2009, el cual no reconocía dicha prestación, por lo que solo hasta
después de la expedición del Decreto 1161 de 2014 que la reconoció nuevamente,
“se hizo necesario elevar ante notario su estado civil, ante quien se declaró el
cambio de éste, desde el 20 de diciembre de 2012”.

Finalmente, afirmó que el Tribunal accionado estudió de forma inadecuada su caso,
comoquiera que no verificó los lineamientos jurisprudenciales emitidos por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” en sentencia de 8 de junio
de 2017, mediante la cual declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, en lo que
tiene que ver con el subsidio familiar del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, pues
desconoció los efectos ex tunc de la referida sentencia.

4. Trámite procesal

Mediante auto de 24 de octubre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad
judicial demandada. Igualmente, vinculó como terceros con interés al Juzgado
Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá y al Ejército Nacional.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”

La ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se estudiara
la sentencia objeto de tutela, de la que, señaló, se puede verificar que no hubo
vulneración alguna a los derechos fundamentales del demandante.

5.2. Respuesta del Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá

La titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se desvinculara o, en su
defecto, se negara el amparo frente a ese despacho, en tanto, sostiene, no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados por el tutelante, pues todas las
actuaciones se realizaron conforme a lo dispuesto en las normas aplicables, aunado
al hecho de que la inconformidad radica en la decisión del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, respecto de la cual desconoce las consideraciones de hecho y
de derecho que fueron tenidas en cuenta para proferir la misma.

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Demandante: Miguel Julián González López

6. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de sentencia de 28 de
noviembre de 2024, amparó los derechos fundamentales del accionante y, en
consecuencia, dejó sin efectos la sentencia de 15 de mayo de 2024, dictada por la
Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, tras considerar que incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.

Refirió que, en la sentencia objetada, el Tribunal accionado confunde cuándo surge
la unión marital de hecho y surte efectos patrimoniales, pues el primer hecho ocurre
en el momento en que inicia la convivencia entre la pareja, y la segunda situación
cuando han transcurrido 2 años ininterrumpidos desde que inicia la convivencia.
Adujo que, en tal razón, en el caso, con la escritura pública de 31 de diciembre de
2014 no se constituyó la unión marital de hecho del tutelante con su compañera,
sino que esto ocurrió desde el 20 de diciembre de 2012, fecha en la que aquellos
declararon que inició la convivencia, razón por la cual no se requería de otra prueba
para acreditar dicha situación, pues el mencionado documento es legalmente válido
para tales efectos.

Por otra parte, afirmó que la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo de 8
de junio de 2017, declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, que había derogado
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, con efectos ex tunc, y que con ocasión de
las solicitudes de adición y aclaración formuladas en dicho proceso profirió la
providencia de 8 de septiembre de 2017, en la que precisó que la declaratoria de
nulidad revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de vacíos
normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de
regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas
desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto
1161 de 2014, “que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta
nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por
ninguna de las vías legalmente establecidas”.

Para terminar, indicó que, dado lo anterior, en el caso se configuró un defecto
sustantivo por desconocimiento de los efectos ex tunc con los que se declaró la
nulidad del Decreto 3770 de 2009, dado que al demandante le asistía el derecho a
que se le reajustara el subsidio familiar del que goza de acuerdo con el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, pues cumple con los requisitos para tal fin, por lo que la
autoridad accionada debía analizar lo atinente a la situación concreta planteada por
el accionante desde la óptica de la norma sustancial, “esto es, que inicialmente no
pudo acceder al subsidio familiar consignado en el Decreto 1794 de 2000, por
cuanto para el momento en el que inició su unión marital de hecho con su
compañera permanente, esa norma había sido derogada”.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” impugnó el
fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en escrito en el que sostiene
que el a quo erró al señalar que no se requiere otro medio de prueba para acreditar
el inicio de la convivencia, y que basta con la manifestación de los interesados en
la propia escritura pública, puesto que, señala, el inicio de la convivencia es un
hecho que hay que probar y, en el caso, no existe en el expediente medio de prueba
alguno que pruebe el inicio de esa convivencia en fecha anterior a la de la escritura
pública, “si fuere cierto que es anterior al protocolo que da cuenta de la constitución
de la unión marital de hecho”.
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Demandante: Miguel Julián González López

Adujo que, en el caso que originó la controversia, si el inicio de la unión marital de
hecho fue anterior a la escritura pública, el demandante debía traer al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho los medios de prueba para determinar los
efectos jurídicos desde la fecha de inicio de la convivencia, pues, de no ser así, la
escritura pública es la que marca el inicio de la de dicha unión como forma legal de
probar tal existencia. Agregó que un escenario distinto es el de la declaratoria por
decisión judicial, porque previamente, durante el proceso, “justamente se han
llevado los medios de prueba para que el juez natural del caso declare la existencia
de la unión marital indicando las fechas de inicio y vigencia; o en el caso de
conciliación, tampoco excusa la acreditación del inicio de la unión marital de hecho
con los medios de prueba idóneos”.

Sostuvo que en el caso el inicio de la convivencia no fue acreditado por el accionante
con anterioridad al 25 de junio de 2014, dado que la escritura pública en la que se
declaró la existencia de la unidad marital data del 31 de diciembre de 2014, esto es,
en vigencia del Decreto 1161 de 2014.

Añadió que el artículo 1° de la Ley 979 de 2005 es claro al señalar que la existencia
de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes se declara por
escritura pública, acta de conciliación o por sentencia judicial, requisito que fue
exigido por el Tribunal para efectos del reajuste del subsidio familiar pretendido por
el accionante. No obstante, teniendo en cuenta que no obraba en el plenario
documento que en los términos de ley acreditara la existencia de la unión marital
entre el demandante y su compañera a partir del 20 de diciembre de 2012, no existía
otro camino que negar las súplicas de la demanda.

Arguyó que esa exigencia legal es razonable, en tanto evita que se burle el
ordenamiento y que las personas interesadas, soslayando las reglas, recurran,
como en este caso, a celebrar la escritura pública sin prueba distinta sobre el
supuesto inicio de la unión de hecho en tiempo anterior, lo que les permite una
reclamación que nace de la aplicación de las normas regulatorias en el tiempo.

Para terminar, indicó que la Corte Constitucional en sentencia C-131 de 2018, refirió
que para demostrar la existencia de la unión marital de hecho, en orden a lograr
consecuencias jurídicas distintas a la declaración de los efectos económicos de la
sociedad patrimonial, es posible acudir a cualquiera de los medios ordinarios de
prueba previstos en el ordenamiento procesal. Agregó que en el proceso que originó
la controversia no existe medio de prueba idóneo que acredite la existencia de la
unión marital de hecho entre el accionante y su compañera permanente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2014, por lo que, “si tal hecho debe acreditarse
en los términos legales antes leídos, no basta la simple afirmación de los
constituyentes, sobre fecha distinta de inicio de la convivencia que de lugar a
declarar efectos jurídicos de unión marital de hecho”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si revoca el fallo de 28 de noviembre de 2024,
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el que amparó los
derechos fundamentales del accionante, en tanto los defectos fáctico y sustantivo
alegados no se configuran.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los

1
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
2
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6

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siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
Constitución13.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte Constitucional15.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 28 de noviembre de
2024, amparó los derechos fundamentales del accionante, tras considerar que, en
el caso que originó la controversia, con la escritura pública de 31 de diciembre de
2014 no se constituyó la unión marital de hecho del tutelante con su compañera,
sino que esto ocurrió desde el 20 de diciembre de 2012, fecha en la que aquellos
declararon que inició la convivencia, por lo que no se requería de otra prueba para
acreditar dicha situación y, en tal razón, el Tribunal accionado incurrió en defecto
fáctico al no evidenciar esa situación de la mencionada prueba.

Agregó que en el caso se configuró un defecto sustantivo por el desconocimiento
de los efectos ex tunc con los que se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009
por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en fallo de 8 de
junio de 2017, dado que, señaló, al demandante le asistía el derecho a que se le
reajustara el subsidio familiar del que goza de acuerdo con el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, al cual “inicialmente no pudo acceder […], por cuanto para el

6
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
7
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
9
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
12
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
13
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-
061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
7

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Demandante: Miguel Julián González López

momento en el que inició su unión marital de hecho con su compañera permanente,
esa norma había sido derogada”.

En el escrito de impugnación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”, sostuvo que el defecto fáctico alegado no se configura,
pues en el caso que originó la controversia la escritura pública allegada con el fin
de acreditar el inicio de la unión marital de hecho no probaba ese hecho con
anterioridad al 25 de junio de 2014, fecha de la entrada en vigencia del Decreto
1161 de 2014, dado que si bien en esta se consignó que la convivencia inició el 20
de diciembre de 2012, no existía prueba de esa afirmación, por lo que debía
entenderse que la prestación solicitada se hallaba gobernada por el mencionado
decreto, dado que la escritura data del 31 de diciembre de 2014.

4.2. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos,
que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que
sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible
la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que
se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto
fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución16, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión17.

Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

4.3. La Sala, de conformidad con los alegatos que sustentan la impugnación,
considera que en el caso el defecto fáctico alegado no se configura, en tanto la
valoración efectuada por el tribunal accionado de la escritura pública de 31 de
diciembre de 2014, allegada con el fin de determinar la fecha de constitución de la
unión marital de hecho del accionante se observa acorde a lo probado en el proceso.

En efecto, del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
allegado como prueba, se observa que al accionante, quien se vinculó al Ejército
Nacional como soldado profesional, le fue reconocido un subsidio familiar por unión
marital de hecho mediante acto administrativo EAP OJC 1458 de 30 de abril de

16
Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
17
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
8

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Demandante: Miguel Julián González López

2015, esto es, con posterioridad al 25 de junio de 2014, fecha de la entrada en
vigencia del Decreto 1161 de 2014. Así mismo, mediante demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesta en el año 2018, solicitó, entre otras
pretensiones, la reliquidación del subsidio familiar que devenga, aplicando lo
dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, norma que consideraba
aplicable dada la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 efectuada por
la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en fallo de 8 de junio
de 2017.

En primera instancia, el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia de 14 de diciembre de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que el subsidio familiar del
demandante se encontraba cobijado por lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000,
dado que conformó unión marital de hecho con la señora Sandra Johana Cebay
Plaza desde el 20 de diciembre de 2012, como lo habían declarado en la escritura
pública de 31 de diciembre de 2014. Contra esa decisión el Ejército Nacional
interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revocara, en tanto la parte
actora no cumplió con el requisito de solicitar al Comando de Personal el
reconocimiento de la prestación con fundamento en el Decreto 1794 de 2000, en el
periodo comprendido entre el 1° de enero de 2001 al 30 de junio de 2014, pues
elevó la solicitud el 4 de diciembre de 2018.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, en
sentencia de 15 de mayo de 2024 revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda, luego de considerar que, conforme a lo
probado en el proceso, el demandante constituyó unión marital de hecho con la
señora Sandra Johana Cebay Plaza el 31 de diciembre de 2014, fecha de la
escritura pública mediante la que se protocolizó su unión libre, por lo que consolidó
el derecho al reconocimiento y pago del subsidio familiar en vigencia del Decreto
1161 de 2014, razón por la cual la entidad demandada lo liquidó en un porcentaje
del 23% (20% por su esposa y 3% por su hijo).

En la sentencia objeto de tutela, el Tribunal indicó:

“3.4- Mediante escritura pública 3176 del 31 de diciembre de 2014, el señor Miguel Julián
González López y la señora Sandra Johana Cebay Plaza, declararon ante el Notario 57
del Círculo de Bogotá, que desde el 20 de diciembre de 2012 hacen comunidad de vida
permanente y singular en los términos previstos por la Constitución Política de Colombia
artículo 42 y por la ley 54 de 1990 artículo 1º, que desde entonces su trato personal
corresponde al de compañero y compañera permanentes, tanto que tiene establecida
una familia. Que desde que comenzaron a compartir su vida establecieron una familia
extramatrimonial, dentro de cuya convivencia han observado los derechos y obligaciones
contemplados por la legislación nacional para quienes se relacionan como pareja como
si estuvieran casados. Por lo anterior, con base en lo establecido por la ley 979 de 2005,
declaran que, como compañeros permanentes, existe unión marital desde el 20 de
diciembre de 2012, cuando establecieron su comunidad de vida singular.

3.5.- Registro civil de nacimiento de xxx, nacido el 23 de agosto de 2015, hijo de Miguel
Julián López González y Sandra Johana Cebay Plaza.

3.6.- El 04 de diciembre de 2013 (sic), el demandante solicitó ante el comandante del
Ejército Nacional, entre otros el reajuste del subsidio familiar con fundamento en el
decreto 1794 de 2000.

Así las cosas y conforme a lo probado en el proceso, el señor Miguel Julián
González López, constituyó unión marital de hecho con la señora Sandra Johana
Cebay Plaza el 31 de diciembre de 2014, es decir consolidó el derecho al
reconocimiento y pago del subsidio familiar en vigencia del decreto 1161 de 2014,
razón por la cual la entidad demandada lo liquidó en un porcentaje del 23% (20%
por su esposa y 3% por su hijo).

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Demandante: Miguel Julián González López

En lo que se refiere al reajuste del subsidio familiar con fundamento en el artículo 11 del
decreto 1794 de 2000, es del caso advertir que en el curso del proceso el demandante
no acreditó que con anterioridad al 25 de junio de 2014, hubiere constituido unión
marital de hecho con la señora Sandra Johana Cebay Plaza.

Conveniente es recordar que en virtud de las disposiciones contenidas en la ley 54 de
1990 y 979 de 2005, las únicas formas para declarar la unión marital de hecho con
su respectiva sociedad patrimonial, es a través de escritura pública, acta de
conciliación o sentencia judicial, circunstancia que no fue acreditada por el señor
Miguel Julián González López con anterioridad al 25 de junio de 2014.

Ahora bien, no desconoce el Tribunal que en el acta No. 3176 del 31 de diciembre
de 2014, el señor Miguel Julián González López y la señora Sandra Johana Cebay
Plaza, declararon ante el Notario que vivían juntos desde el 20 de diciembre de
2012, no obstante, en el plenario no existe ningún medio de prueba que acredite la
constitución de la unión marital de hecho en esa fecha.

Por lo anterior, se concluye que la unión marital de hecho entre el demandante y la
señora Sandra Johana Cebay Plaza se constituyó por escritura pública el 31 de
diciembre de 2014, razón por la cual el reconocimiento del subsidio familiar debe
efectuarse con fundamento en el decreto 1161 de 2014, tal como lo reconoció la entidad
demandada mediante OAP 1458 del 30 de abril de 2014, por su compañera permanente
y 2265 del 30 de noviembre de 2015, por su hijo”.

Conforme con lo anterior, para la Sala el análisis efectuado por el Tribunal
accionado de la escritura pública allegada al proceso con el fin de probar el inicio
de la unión marital de hecho del actor no se evidencia arbitrario, irracional o
caprichoso, pues, contrario a lo señalado por el accionante, en el caso sí se valoró
su contenido, del que el tribunal consideró que las manifestaciones allí realizadas
en torno al momento de inicio de la convivencia con su compañera desde el año
2012 no eran prueba de ese hecho, por lo que, en tanto no allegó ninguna prueba
que soportara esa declaración, en el caso había lugar a considerar que esta se
constituyó por escritura pública el 31 de diciembre de 2014, por lo que la situación
se había consolidado bajo lo reglado en el Decreto 1161 de 2014.

4.4. Por otra parte, en la sentencia impugnada el a quo encontró configurado un
defecto sustantivo, por cuanto, sostuvo, se desconocieron los efectos ex tunc con
los que se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, “por lo que la autoridad
accionada debía analizar lo atinente a la situación concreta planteada por el
accionante desde la óptica de la norma sustancial, esto es, que inicialmente no pudo
acceder al subsidio familiar consignado en el Decreto 1794 de 2000, por cuanto
para el momento en el que inició su unión marital de hecho con su compañera
permanente, esa norma había sido derogada”.

Para la Sala, dicha consideración parte de una interpretación errada de los efectos
de la sentencia de 8 de junio de 2017, mediante la cual la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009,
en la que se precisó que los efectos ex tunc declarados solo aplicaban a las
situaciones jurídicas no consolidadas, por lo que no resultan aplicables al caso bajo
análisis, en el que, dada la fecha de la solicitud de reliquidación presentada por el
accionante -febrero de 2015-, el derecho al reconocimiento del subsidio familiar se
consolidó bajo el Decreto 1161 de 2014, por lo que el defecto sustantivo tampoco
no se configura.

Esta Sala, en un caso similar18, revocó la decisión que había amparado los derechos
del accionante y negó las pretensiones de la acción de tutela, tras considerar que la
interpretación que hizo el tribunal accionado para concluir que el demandante no
tenía derecho al reajuste del subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de

18
Sentencia de 8 de agosto de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-02566-01, M.P. Wilson Ramos Girón.
10

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Demandante: Miguel Julián González López

2000 “se ajusta con la interpretación que, sobre los efectos de la sentencia del 8 de
junio de 2017 hizo la misma autoridad judicial que declaró la nulidad del Decreto
3770 de 2009, para precisar que los efectos ex tunc declarados solo aplicaban a las
situaciones jurídicas no consolidadas”.

En esa oportunidad, como en el asunto bajo estudio, el actor señaló que la
oportunidad para pedir el subsidio familiar surgió tras la ejecutoria de la sentencia
que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, lo que justificaría que no hubiese
reportado el cambio en su estado civil al momento de iniciar la unión de hecho que
soportaba el reconocimiento del mencionado subsidio. No obstante, esta Sala
consideró que si bien el actor contrajo matrimonio en el año 2011, no solicitó el
reconocimiento del subsidio familiar antes de la expedición del Decreto 1161 de
2014 y, por el contrario, estaba probado que el Ejército Nacional le había reconocido
la prestación con fundamento en dicho decreto, por lo que no le eran aplicables los
efectos ex tunc de la mencionada sentencia.

En este sentido, al margen de la distinción entre cuándo inicia la sociedad
patrimonial de hecho y la unión marital de hecho, la Sala aclara que lo relevante
para la discusión aquí planteada es el momento en el que se solicitó el
reconocimiento del subsidio familiar y el cual en el que se consolidó el derecho para
el accionante, eventos de los que se tiene prueba que ocurrieron ambos en vigencia
del Decreto 1161 de 2014, por lo que la situación jurídica se consolidó y se
encuentra gobernada por dicha normativa.

Conforme con lo anterior, para la Sala no se configura el defecto fáctico alegado, en
tanto el análisis efectuado por el Tribunal accionado de la escritura pública allegada
al proceso con el fin de probar el inicio de la unión marital de hecho del actor no se
evidencia arbitrario, irracional o caprichoso, ni el defecto sustantivo declarado por el
a quo, pues en el proceso que originó la controversia no existe prueba de que el
accionante hubiese solicitado el reconocimiento del subsidio familiar con antelación
a la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014 y, por el contrario, está probado
que el mismo fue consolidado y reconocido mediante decisión administrativa
proferida en el mes de abril de 2015, esto es, en vigencia del mencionado decreto,
por lo que se trata de una situación jurídica consolidada a la que no le son aplicables
los efectos ex tunc de la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, ni el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

Por las razones expuestas, se revocará la decisión que amparó los derechos del
actor y, en su lugar, negará las pretensiones de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Revocar la sentencia de 28 de noviembre de 2024, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. En su lugar,

Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor
Miguel Julián González López, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C”, por las razones expuestas.
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Demandante: Miguel Julián González López

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

12

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