RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05670-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05670-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05670-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de marzo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones indicadas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05670-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de mayo de 2025

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05670-01
Demandante: LUIS EMILIO YÁÑEZ SOLEDAD
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Y OTRO

Temas: Tutela contra tutela. Confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por el accionante en contra de la
sentencia de 13 de marzo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, que declaró la improcedencia de esta acción constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Luis Emilio Yáñez Soledad, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el
Juzgado 11 Administrativo de Cúcuta. En la solicitud de amparo, alegó la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a
la dignidad humana y de acceso a la administración de justicia. Ello, con ocasión
de los fallos de 10 de octubre y 5 de septiembre de 2024, mediante los cuales las
autoridades accionadas «negaron por improcedente» la acción de amparo con
radicado 54001-33-33-011-2024-00266-00/01.

1.2. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó lo siguiente:

PRIMERO. - Que se declare que el juzgado 13 administrativo y el tribunal
administrativo Ha violado el derecho fundamental de una garantía ya que no es el
despacho para decidir sobre el tema en el extremo pasivo corresponde a una
autoridad con categoría circuito – misma categoría de este estrado judicial,
específicamente la FISCALÍA 01 SECCIONAL UNIDAD REACCIÓN INMEDIATA DE
CÚCUTA DIRECCIÓN SECCIONAL NORTE DE SANTANDER, procurador, y
medios de comunicación. En esa medida. La autoridad judicial competente para
decidir sobre el resguardo constitucional invocado por mí es el Honorable Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cúcuta – Sala de Decisión Penal, esto en virtud de lo

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

estipulado en el artículo 1 numeral 5 del Decreto 333 de 2021 que modificó el artículo
2.2.3.1.2.1. Del Decreto 1069 de 2015 el cual reza de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Decreto 333 de 2021: Las
acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores
serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior
funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen.

SEGUNDO. - Que, como consecuencia de lo anterior, sé que en el término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a explicar
los motivos de dicha violación constitucional.

Dejando sin efectos la providencia de primera instancia y segunda desde el inicio de
la presente acción de tutela que negó los derechos incoados debiendo declarar la
nulidad de todo lo actuado dentro de la presente acción de tutela, esto por violación
del debido proceso. Debiendo enviar el proceso a reparto nuevamente. Para que
debata entre los magistrados de la sala penal.

TERCERO en caso de no decretar la nulidad de todo lo actuado se ordene a la
fiscalía de Cúcuta norte de Santander. Procuraduría general de la nación y medios
de comunicación.

Se ordene a los medios de comunicación bajar de los medios los videos que fueron
publicados y publicar uno nuevo donde esclarezcan la verdad al mundo donde se
retraten de dichos videos.

se ordene a la fiscalía que si bien llevo una investigación debió haber sabido que
dentro de esta vivienda había menores y tenía que solicitar la presencia de infancia
Y ADOLENCIA Y BIENESTAR FAMILIAR Y NO LO HIZO A LO QUE LLAMAMOS
un atropello y omisión que debe ser investigada penal. Para que demuestre las
pruebas debiendo indicar porque omitió tantos derechos.

Ahora vemos que si bien llevo una investigación debió haber sabido que se trataba
de un defensor de derechos humanos y tan poco ni sabía a lo que concluyo que
nunca investigo.

Por lo que deberá dar un informe completo

Se ordene Al procurador que informe porque omitió los derechos de los niños y de
mi esposa porque se negó realizar el traslado a un centro asistencial. <teniendo en
cuenta que le solicite que respetara los derechos de los menores y dijo que eso a él
no le importaba a lo que concluyo que venían era a cargarme con el procurador
porque yo después del atentado he huido a un pueblo los viernes y por eso entraron
a la casa de esta manera para cargarme y luego decir que eso lo habían encontrado
en la casa.

Solicito la orden de allanamiento

Solicito todo lo que tenga que ver en este proceso

Solicito a la fiscalía que ordene la orden de captura por falsa denuncia y falso
testimonio contra la persona que instalo la querella y que los condujo a un mundo de
errores y a los que participaron en este proceso como farsantes.

Solicito la orden de archivo

Solicito lo que presentaron ante el juez de san Cayetano

Solicito a la fiscalía y CTI, que mande arreglar los daños ocasionados en mi vivienda
tal como se ve en los videos que muestran la verdad no las mentiras del CTI o de
los funcionarios.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

Solicito el nombre de quien dirigió el operativo de allanamiento y quien presento el
acta ya que cometió un delito grave y debe ser penalizado ante la justicia.

Solicito a la fiscalía que me informe como va a reparar los daños psicológicos a mis
hijos y los daños materiales ya que estamos hablando de un desplazamiento a causa
de la fiscalía.

QUINTO: LAS DEMAS CONSIDERACIONES QUE ESTIME PERTINENTE la
honorable corte suprema1.

1.3. Hechos

3. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes del caso de la siguiente
manera:

1.3.1. Primera acción de tutela

4. El accionante afirmó ser defensor de derechos humanos. En esa
condición, el 27 de agosto de 2024, interpuso acción de tutela en contra de la
Fiscalía 1 Seccional – Unidad de Reacción Inmediata de Cúcuta, la Policía
Metropolitana de Cúcuta – SIJIN, la Fiscalía General de la Nación, Notifrontera
Cúcuta, Noticias Cúcuta 75 y Frontera Roja, por la violación de su derecho al
debido proceso. A ese proceso le fue asignado el radicado 54001-33-33-011-
2024-00266-00.

5. Los hechos relevantes de esta acción pueden sintetizarse así:

(i) El 23 de agosto de 2024, la SIJIN y el Grupo de Operaciones Especiales
(en adelante, GOES), por órdenes de la Fiscalía 1 Seccional – Unidad de
Reacción Inmediata de Cúcuta, y acompañados de un procurador,
ingresaron a su vivienda, utilizando armas de fuego, sin haber hecho un
llamado previo, sin considerar la presencia de menores de edad, sin brindar
asistencia médica y sin presencia de las autoridades de infancia y
adolescencia.

(ii) Expuso que, durante la diligencia, pidió a las autoridades que le permitieran
leer la orden de allanamiento, lo que le fue negado.

(iii) También cuestionó que la Policía Nacional y los medios de comunicación
accionados publicaran los videos de la diligencia de allanamiento,
«hablando pestilencias PERO nunca menciona[ron] que se trató de un
defensor de derechos humanos a quien se le violó el debido proceso».

(iv) Como consecuencia de ello, consideró que la «fiscalía» protegió las
acciones violentas de la fuerza pública, y que nadie ha respondido «por el
falso positivo», en el que quisieron involucrarlo.

1 Cita textual del original con posibles errores.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

6. En esa oportunidad, el accionante pidió que se ordenara: (i) a los medios
de comunicación accionados, que retiren los videos de la diligencia de
allanamiento; (ii) a la Policía Nacional, que declare públicamente que el
allanamiento fue ilegal e involucró a un defensor de derechos humanos; (iii) que
se investigue a la funcionaria que emitió la orden de allanamiento, así como al
procurador que participó en esa diligencia; (iv) que se dicte orden de captura en
contra de quien hubiese manifestado que el accionante «es un bandido y que
tenía armas y drogas»; y (v) al procurador y a la SIJIN, que arreglen y repongan
los objetos dañados o destruidos durante la diligencia de allanamiento.

7. El 5 de septiembre de 2024, el Juzgado 11 Administrativo de Cúcuta
profirió sentencia de primera instancia, en la que negó por improcedente la
solicitud de amparo. Ello se fundó en las siguientes dos consideraciones.

8. De un lado, indicó que el accionante no demostró haber agotado el
requisito procedibilidad relativo a la solicitud de rectificación frente a los medios
de comunicación que publicaron los videos de la diligencia de allanamiento, así
como tampoco se probó la inexactitud o la falsedad de las publicaciones
periodísticas. Máxime cuando las publicaciones no contienen información que
permita identificar al accionante.

9. De otro lado, concluyó que las otras pretensiones del actor pueden ser
reclamadas mediante otros mecanismos administrativos y judiciales (v.gr.,
quejas, querellas, denuncias y acciones resarcitorias procedentes). Por lo demás,
manifestó que, en este caso, no se configuró perjuicio irremediable alguno que
tornara procedente la acción de tutela.

10. Mediante sentencia del 10 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo
de Norte Santander confirmó íntegramente la decisión dictada por el Juzgado 11
Administrativo de Cúcuta.

11. Este proceso fue enviado para revisión de la Corte Constitucional, que, por
medio de auto de 18 de diciembre de 2024, decidió no seleccionarlo2. Esta
decisión fue notificada mediante el estado de 23 de enero del presente año.

1.3.2. Acción de tutela sub examine

12. El 21 de octubre de 2024, el accionante presentó una nueva solicitud de
amparo, en la que también pidió el decreto de una medida provisional3. En esta
oportunidad, se refirió a dos cuestiones.

13. En primer lugar, relató nuevamente los hechos relacionados con la

2 Proferido por la Sala de Selección Número Doce.
3 «La prensa agarra los videos y publica los videos de mi casa como si en verdad esto fuera un

juego lo cual el coronel y los medios lo que buscan es que me maten y ahora mi vida corre peligro
por eso solicito la medida cautelares ya que si algo me pasa hago responsable a la policía y a la
prensa» (sic).

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

diligencia del allanamiento del 23 de agosto de 2024. En segundo lugar, disputó
la competencia de las autoridades que conocieron la primera solicitud de tutela.

14. Al respecto, el señor Yáñez Soledad expuso que, en primera instancia, la
autoridad competente para conocer del proceso era la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, y no el referido juzgado, conforme a las
reglas del Decreto 333 de 20214. Esto, por cuanto la solicitud de amparo estaba
dirigida en contra de la fiscalía, es decir, «una autoridad judicial con categoría
circuito – misma categoría» del Juzgado 11 Administrativo de Cúcuta.

15. De allí que, para el actor, las autoridades accionadas no solo no analizaron
la competencia, sino que profirieron decisiones que no ampararon sus derechos
«y más bien favoreció a los entes accionados».

1.4. Sustento de la vulneración

16. La parte actora afirmó que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, reconocidos en los artículos 3, 20, 23, 29
y 229 de la Constitución Política, así como también en instrumentos
internacionales. Sin embargo, no atribuyó defecto alguno a las providencias del
10 de octubre y de 5 de septiembre de 2024, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado 11 Administrativo de Cúcuta,
respectivamente.

1.5. Trámite de la acción de tutela

17. Por medio de auto del 25 de octubre de 2024, el magistrado ponente de la
decisión de primera instancia inadmitió la acción constitucional sub examine, con
el fin de que el accionante aclare los hechos y pretensiones de la acción de tutela.

18. Luego, mediante auto del 19 de noviembre de 2024, admitió la solicitud de
tutela. En consecuencia, ordenó (i) notificar, como demandados, al Juzgado 11
Administrativo de Cúcuta y al Tribunal Administrativo de Norte de Santander; (ii)
vincular, como terceros con interés, a las partes del proceso de tutela 54001-33-
33-011-2024-00266-005; y (iii) negó la medida provisional solicitada.

4 El accionante citó la siguiente regla de reparto: «ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción

de tutela. […] 4. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y
Procuradores serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior
funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen. Para el caso de los Fiscales que
intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocerán en primera instancia y a prevención, los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Para el caso de los Procuradores que intervienen ante
Tribunales o Altas Cortes, conocerán en primera instancia y a prevención, los Tribunales
Administrativos».
5 En particular, fueron vinculados el director de la Policía Metropolitana de Cúcuta - SIJIN, el

director seccional de fiscalías de Cúcuta, el representante legal de Notifrontera Cúcuta, el
representante legal de Noticias Cúcuta 75.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

19. Finalmente, el 13 de enero de 2025, el a quo dispuso la vinculación del
noticiero Frontera Roja, quien fue accionado en el primer trámite de tutela.

1.6. Intervenciones

20. El Juzgado 11 Administrativo de Cúcuta solicitó que se declare la
improcedencia de la acción, por tratarse de un caso de tutela contra tutela. Así
mismo, indicó que no se configuró causal de nulidad por falta de competencia,
habida cuenta de que el Decreto 333 de 2021 contiene reglas de reparto. Por
último, remitió el enlace de consulta al expediente 54001-33-33-011-2024-00266-
00.

21. La Policía Metropolitana de Cúcuta se refirió a tres asuntos. Primero,
pidió su desvinculación del trámite, por cuanto no vulneró los derechos
fundamentales del accionante. Consideró que ha actuado conforme a sus
funciones constitucionales y legales, en el marco de la investigación penal
identificada con radicado 540016001134202404052. Segundo, expresó que la
tutela no procede cuando el accionante cuenta con otros medios de defensa
judicial6. Tercero, manifestó que la acción sub examine es temeraria, comoquiera
que el actor presentó otra tutela por los mismos hechos, la cual fue resuelta por
el Juzgado 11 Administrativo de Cúcuta.

22. Los demás sujetos accionados y vinculados guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

23. El 13 de marzo de 20257, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela8, por las siguientes dos razones.

24. Primero, consideró que el accionante debió agotar el trámite de revisión
ante la Corte Constitucional, previo a la presentación de este mecanismo
constitucional. Sin embargo, la solicitud de amparo fue presentada el 21 de
octubre, es decir, antes de que el máximo tribunal constitucional decidiera sobre
la selección del proceso mediante el auto de 18 de diciembre de 2024.

25. Segundo, concluyó que los reproches del actor relativos a (i) la
competencia de las autoridades judiciales accionadas y (ii) la pretendida
transgresión de sus derechos y los de sus hijos durante la diligencia de
allanamiento adolecen de falta de relevancia constitucional.

26. Lo anterior, por cuanto la tutela carece de carga argumentativa, por lo que
no es posible advertir de qué forma la falta de competencia alegada por el actor

6 En la intervención, la autoridad accionada no explica cuál o cuáles serían los medios judiciales

con los que contaría el accionante en este caso.
7 Esta decisión fue notificada el 23 de marzo de 2025.
8 El a quo también negó la solicitud de desvinculación de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

vulnera sus derechos fundamentales. Y, por lo demás, sus argumentos coinciden
con los expuestos en la acción de tutela que cuestiona mediante el mecanismo
sub examine, sin que de ello se pueda constatar una situación de fraude.

1.8. Impugnación

27. El actor impugnó la decisión9, con el fin de que se conceda el amparo de
sus derechos fundamentales. En términos generales, cuestionó que el a quo
«demor[ó] demasiado para fallar esta acción cosa que no mostró garantías» y
también se refirió a las amenazas a las que se ven expuestos los defensores de
derechos humanos.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

28. Esta Sala es competente para decidir la impugnación presentada por la
parte actora en contra de la sentencia de 13 de marzo de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. Ello, de conformidad con lo dispuesto por
el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

30. La Sala advierte que el señor Luis Emilio Yáñez Soledad está legitimado
en la causa por activa, por cuanto actuó como accionante en la solicitud de tutela
que se cuestiona en esta oportunidad.

31. La Sala también evidencia que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y el Juzgado 11 Administrativo de Cúcuta están legitimados por
pasiva, por ser las autoridades judiciales que emitieron las decisiones judiciales
reprochadas por la parte accionante.

2.3. Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado. Para ello, deberá analizar si la acción de tutela sub examine cumple con

9 El accionante presentó el memorial de impugnación el 28 de marzo de 2025.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

los requisitos generales de tutela contra providencias judiciales. De encontrarse
superados procederá a resolver el siguiente interrogante:

• ¿El Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado 11
Administrativo de Cúcuta vulneraron los derechos fundamentales alegados
por el accionante, al proferir los fallos de tutela de 10 de octubre y 5 de
septiembre de 2024, respectivamente?

33. Para resolver los cuestionamientos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el estudio de los requisitos
de procedibilidad; y, de superarse, (iii) el análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201210. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema11. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales12.

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201413. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial14.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configuran
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial.

2.5. Procedencia de la acción en el caso concreto

38. Como se expuso en los antecedentes, el señor Luis Emilio Yáñez Soledad,
actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado 11 Administrativo de Cúcuta.
Ello, por considerar que los fallos de tutela proferidos por las autoridades
accionadas, el 10 de octubre y 5 de septiembre de 2024, respectivamente,
transgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana,
igualdad y de acceso a la administración de justicia.

39. En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción. Esto, comoquiera que el actor presentó la acción sin
agotar el trámite de selección ante la Corte Constitucional y, además, porque sus
argumentos son simples inconformidades con lo decidido por las autoridades
accionadas en el trámite de tutela 54001-33-33-011-2024-00266-00/01, que no
dan cuenta de situación de fraude alguna.

40. Tras analizar la solicitud de tutela, las intervenciones, las pruebas
aportadas al proceso, así como la impugnación presentada por el accionante, la
Sala confirmará la sentencia del a quo, por las siguientes razones.

41. Primero, la parte actora cuestiona un fallo de tutela. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sección, la procedencia de
esta acción constitucional en contra de providencias judiciales es excepcional, lo
que implica, entre otras, verificar que el objeto de este mecanismo no sea
controvertir decisiones de tutela.

mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

42. Esta causal de improcedencia se justifica en la necesidad de salvaguardar
la eficacia de los derechos fundamentales y de la acción de tutela, instituida
constitucionalmente como un mecanismo de protección iusfundamental célere y
definitivo. En palabras de la Corte Constitucional:

«[d]e aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta
perdería su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para
amparar los derechos fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no
comprende tan sólo la existencia formal de acciones y recursos sino ante
todo que las personas puedan obtener de los jueces una decisión que
resuelva las controversias jurídicas conforme a derecho. Si la acción de
tutela procediera contra fallos de tutela, siempre sería posible postergar la
resolución definitiva de la petición de amparo de los derechos
fundamentales, lo cual haría inocua ésta acción y vulneraría el derecho
constitucional a acceder a la justicia»15.

43. Lo anterior admite tan solo una excepción: la cosa juzgada fraudulenta.
Esta se presenta en aquellos eventos en los que «las partes o el juez usan el
proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan los derechos de terceros
y atentan contra el bien social de la administración de justicia»16. Sin embargo, la
carga de la prueba del fraude es del accionante. En efecto, este tiene el deber de
«aportar medios de prueba que demuestren con un alto grado de certeza, es
decir, de manera “clara”, “cierta”, “suficiente” y “coherente ” que las decisiones
cuestionadas son fraudulentas»17.

44. En este caso, no se configura tal excepción. Esto, no solo porque la parte
actora no alegó —y mucho menos probó— la existencia de una situación de
fraude, sino porque toda la argumentación del escrito de tutela se funda en
simples desacuerdos con las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.

45. En efecto, en la tutela con radicado 54001-33-33-011-2024-00266-00/01,
el accionante reprochó, en términos generales, que: (i) que algunos medios de
comunicación publicaran los videos de la diligencia de allanamiento realizada el
23 de agosto de 2024; (ii) que la Policía Nacional no hubiese aclarado
públicamente que el allanamiento fue ilegal y que involucró a un defensor de
derechos humanos; (iii) que se hubiese ordenado el allanamiento, sin que
hubiese pruebas de que el actor «es un bandido y que tenía armas y drogas»; y
(iv) que se llevara a cabo el allanamiento, sin que le permitieran leer la orden
judicial correspondiente, sin presencia de autoridades de infancia y adolescencia
y con un uso desmedido de la fuerza, que ocasionó daños a su vivienda.

46. Esas cuestiones fueron resueltas mediante los fallos dictados por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Juzgado 11 Administrativo de
Cúcuta, quienes señalaron que la parte actora: (i) no agotó el requisito de

15 Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2018.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-023 de 2023.
17 Id.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

procedibilidad de rectificación, previo a solicitar la eliminación de las
publicaciones, las cuales, por lo demás, tampoco evidencian que se haya
difundido información personal del actor (v.gr., nombre o dirección de su
vivienda); y (ii) contaba con otros mecanismos para lograr que se investigue —y
de ser el caso, se sancione— la conducta de las autoridades que participaron en
la diligencia de allanamiento (v.gr., quejas, denuncias y querellas), así como
también puede promover acciones judiciales para solicitar la indemnización de
los perjuicios que se hubiesen causado.

47. Inconforme con esas decisiones, el accionante presentó una nueva
solicitud de amparo, que persigue la misma finalidad a la presentada
anteriormente. Ciertamente, Del análisis de la tutela, se advierte con total claridad
que el objeto del mecanismo sub examine es que se revoquen las decisiones
judiciales ya adoptadas, con el fin de que: (i) se eliminen las publicaciones y
videos de la diligencia de allanamiento, (ii) las autoridades emitan un comunicado
oficial de retractación, (iii) se investigue la conducta de las autoridades y se
proceda a imponer las sanciones a que haya lugar, y (iv) se ordene el pago por
los daños ocasionados.

48. Ninguno de esos argumentos permite acreditar, prima facie, una actuación
fraudulenta por parte de las autoridades accionadas, que torne procedente la
acción sub examine. Por el contrario, todos los reproches del actor reflejan
simples desacuerdos con las decisiones judiciales proferidas en el proceso
identificado con radicado 54001-33-33-011-2024-00266-00/01. Por lo demás,
aun cuando el actor señaló que es defensor de derechos humanos, tal condición
no es suficiente para tener por probado el fraude en la expedición de las
decisiones cuestionadas y, por contera, para exceptuar el principio de cosa
juzgada frente a las decisiones de tutela debidamente ejecutoriadas.

49. Segundo, los reproches acerca de la competencia de las autoridades
judiciales carecen de relevancia constitucional. Al respecto, esta Corporación
ha indicado que este requisito debe analizarse a la luz de los criterios fijados en
la Sentencia SU-215 de 2022.

50. En ese orden, el juez constitucional debe evaluar que: (i) el actor cumpla
con su carga argumentativa, a fin de que explique con suficiencia la vulneración
de los derechos fundamentales, por lo que no basta con la simple mención de su
transgresión; (ii) la tutela no persiga reabrir el debate concluido por los jueces de
instancia, pues este mecanismo solo está instituido para proteger derechos
fundamentales, y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la
decisión judicial; y (iii) que la acción no verse sobre debates eminentemente
legales o económicos.

51. Pues bien, en esta oportunidad, el accionante alegó una pretendida falta
de competencia del Juzgado 11 Administrativo de Cúcuta para conocer, en
primera instancia, de la acción de tutela identificada con el radicado 54001-33-

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

33-011-2024-00266-00. Al respecto, el actor se limitó a citar la regla del Decreto
333 de 2021 que, a su juicio, fue desconocida18.

52. Sin embargo, ninguno de sus planteamientos permite advertir una
verdadera discusión sobre derechos fundamentales. Todos sus reproches versan
sobre cuestiones legales, en tanto están dirigidos a cuestionar la aplicación de
las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, sin explicar, en lo
absoluto, en qué consistió la pretendida vulneración de sus garantías
constitucionales.

53. Así, la ausencia de la carga mínima argumentativa en clave de derechos
fundamentales requerida para activar la competencia del juez constitucional en
controversias de esta naturaleza permite concluir que el objetivo de la presente
demanda es reabrir una controversia ya zanjada por el juez natural de la causa,
esta vez, mediante la formulación de un argumento que, por demás, pudo ser
planteado como una solicitud de nulidad al interior del proceso 54001-33-33-011-
2024-00266-00.

54. Por tanto, la Sala confirmará la decisión del 13 de marzo de 2025, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de
la acción de tutela promovida por el señor Luis Emilio Yáñez Soledad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de marzo de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones indicadas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

18 «ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. […] 4. Las acciones de tutela dirigidas

contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores serán repartidas, para su conocimiento en
primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen.
Para el caso de los Fiscales que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocerán en primera
instancia y a prevención, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Para el caso de los
Procuradores que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocerán en primera instancia y a
prevención, los Tribunales Administrativos».

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Emilio Yáñez Soledad
Demandados: Tribunal Administrativo de Norte de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05670-01

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.