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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05674-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05674-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 14 de noviembre del 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05674-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-05674-011
Demandante : GRICOL S.A.
Demandados : Consejo de Estado, Sección Cuarta y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso y acceso a la administración de justicia
presuntamente
vulnerado
Decisión : Niega

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela incoada
por GRICOL S.A. contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la providencia cuestionada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la
acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de
este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

La sociedad accionante, quien actúa mediante apoderado judicial, interpuso el presente
recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia vulnerados por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A.

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05674-01
Demandante: GRICOL S.A.
Demandada: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro

Por consiguiente, requirió:

“TERCERO: Se deje sin efectos la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado de
fecha 18 de abril de 2024 (sic) dictada dentro del proceso Radicado 25000-23-37-000-2021-
00147-01 (28022) γ (sic) en consecuencia se ordene a esa autoridad judicial que se profiera
una nueva decisión en la que se tenga en cuenta el material probatorio indicado con el objeto
de establecer la realidad de las operaciones de compras de la sociedad GRICOL S.A. (sic)
respecto de los tres proveedores en relación con los pasivos rechazados y los seis
proveedores cuestionados por los costos por las copras (sic) por el año gravable de 2015”.

1.3 Hechos.2

Indica el accionante que la sociedad GRICOL S.A. presentó su declaración de renta
correspondiente al año 2015 el 2 de mayo de 2016 y solicitó la devolución de un saldo a
favor de $489.577.000, el cual fue aprobado por la DIAN. Que, posteriormente, la entidad
inició una serie de controles, notificando autos de verificación, inspecciones contables y
tributarias entre 2017 y 2018 referentes a la información contable reportada por GRICOL
para el 2015.

Que, el 23 de enero de 2019, la Dian emitió un Requerimiento Especial a Gricol S.A., por
el cual propuso modificar la declaración de renta del año 2015, incluyendo activos fijos,
pasivos, ingresos brutos y costos; la sociedad atendió el requerimiento, sin embargo, no
fue admitido por un error en el poder, por lo que, el acto quedó en firme. En atención a
ello, en octubre de 2019, la Dian profirió la Liquidación Oficial, contra la cual, se interpuso
recurso de reconsideración, y fue resuelto desfavorablemente por resolución del 8 de
octubre de 2020.

Que, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, correspondiéndole el radicado 25000-23-37-000-2021-00147-01, y en
sentencia del 18 de noviembre de 2022, se negaron las pretensiones; GRICOL S.A. apeló
y el 18 de abril de 2024, el Consejo de Estado Sección Cuarta revocó la decisión de
primera instancia y declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y
a título de restablecimiento de derecho, fijó como saldo a pagar por el impuesto sobre la
renta del año gravable 2015, a cargo de la sociedad la suma de $1.588.231.000.

1.4 Argumentos de la tutela.

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
2

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Demandante: GRICOL S.A.
Demandada: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro

La sociedad accionante indicó que, la actuación del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo son irregulares, en la medida en que, configuraron un defecto fáctico al no
haber valorado la comparecencia del señor Guerrero Vera Marco Antonio a la actuación
administrativa, prueba con la que, pretendía demostrar parte de las operaciones de
compra de la sociedad Gricol con sus proveedores en relación con los pasivos del año
2015; que, las pruebas del proceso de determinación no fueron apreciadas y que se
configuró una imposibilidad para ubicar a los proveedores, a pesar de haber aportado los
cheques pagados a los mismos, al respecto, manifestó que:

“De manera que, existe de manera indudable defecto Factico cuando las decisiones de
apoyarse en pruebas indiciarias entre otras cosas dudosas porque los hechos indicadores
corresponden todos a incumplimiento de obligaciones de terceros, en contravía de las
pruebas directas recolectadas en las auditorias, Cheques girados a los proveedores,
certificaciones bancarias del Banco de Bogotá, número de los cheques y copias de las dos
caras de los mismos, por ejemplo, llevan a evidenciar el Defecto factico y la consecuencia de
la violación del debido proceso”.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, Sección Primera a través de
auto del 28 de octubre del 20243, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión
se ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Sección Cuarta del Consejo de Estado como accionados y se vinculó
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, como tercero interesado.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 La Sección Cuarta del Consejo de Estado4 solicitó que, se declare la
improcedencia de la acción, porque no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, teniendo en cuenta que, lo que se desprende de los argumentos
expuestos es una clara inconformidad con la decisión tomada; de otra parte, requirió
subsidiariamente que la tutela sea negada, al considerar que, la providencia atacada
argumentó, que no hubo manera de verificar la veracidad de los gastos y compras de
chatarra realizadas por GRICOL S.A., siendo esa una carga que le correspondía a la
sociedad, razón por la cual, se negaron las pretensiones de la demanda.

3
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 7.
4
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 11.
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Demandante: GRICOL S.A.
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2.1.2 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales5 indicó que la acción de tutela
es improcedente, por carecer de relevancia constitucional y por incumplir el requisito de
inmediatez.

Manifestó que, las pretensiones deberían negarse, en razón a que, no se configuró el
defecto fáctico alegado, teniendo en cuenta que, en las providencias atacadas se hizo
una valoración íntegra de los elementos de prueba allegados al proceso; y que, no se
evidencia vulneración a los derechos fundamentales de la sociedad accionante, que, lo
que se observa, es una inconformidad respecto a la decisión que fue contraria a sus
intereses.

2.1.3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta, Subsección “A”6
solicitó que, se desestimen las pretensiones, argumentando que, la providencia de
primera instancia no configuró un defecto fáctico, en razón a que “las pruebas aportadas
no permitían bajo las reglas de la sana crítica arribar a una conclusión diferente,
señalándose que, se reitera, se hacía necesario que la demandante, como actividad
probatoria a su cargo, procediera a determinar de manera material la realidad de las
operaciones respecto de las cuales, si bien existen soportes relacionados con
documentación en su poder, los mismos no tenían la entidad capaz de acreditar la
realidad de las operaciones cuestionadas en los actos deprecados, valoración y
conclusión que fuere ratificada por el superior jerárquico en la sentencia de segunda
instancia, y la revocatoria de la sentencia no obedeció a un tema de carácter probatorio,
sino al reconocimiento de una glosa en específico – fiesta de los empleados- respecto de
la interpretación de jurisprudencia referente al tema”7.

2.2 Sentencia de primera instancia8

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia del 14 de noviembre del 2024
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que, se incumplió con el requisito
de relevancia constitucional, al respecto indicó que:

“31. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no se
observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los

5
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 16.
6
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 17.
7
Se trae a colación el texto original con todos los errores gramaticales y de sintaxis.
8
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 22.
4

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derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del proceso contencioso
administrativo.

32. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado […]”.

33. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…] mecanismo
de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial […]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes
cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador
para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus
derechos […]”. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra providencias
judiciales […]”

2.3 Impugnación9

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora la impugnó, ya que a su juicio la acción
de tutela si cumple con el requisito de relevancia constitucional, insistiendo en que, la
actividad de la Dian, tendiente a ubicar a los terceros con los que alegó tener deudas o
gastos fue insuficiente; de igual manera manifestó que, en este caso se aplicó una
inversión de la carga probatoria que resulta injusta, por lo que, solicita que se revoque la
sentencia de primera instancia, y en consecuencia se conceda el amparo constitucional
deprecado.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo 80 de
12 de marzo del 201913 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2 Cuestión preliminar.

En el asunto sub examine la sociedad accionante solicitó que se estudie el defecto fáctico
frente a las providencias de primera y segunda instancia, pero en razón a que, en su

9
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 27.
10
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente (…)”.
11
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
12
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
13
“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
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pretensión principal requirió dejar sin efectos la providencia proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la
sentencia del 18 de abril de 2024, al ser, la que resolvió de manera definitiva ese asunto.

3.3 Problema jurídico.

Se debe determinar si la acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos de
procedibilidad; de ser procedente, se analizará si las autoridades accionadas vulneraron
los derechos fundamentales de la parte accionante al no valorar las facturas que soportan
los gastos y deudas de Gricol S.A., así como los cheques que informaban los
movimientos bancarios con los que pretendía demostrar las operaciones de compra con
sus proveedores para el año 2015, configurándose así un defecto fáctico.

3.4 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017
y 333 de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales.

Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que
no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.
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La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, teniendo en cuenta que, el reconocimiento al principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando
de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional;(ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible;(vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad contra
decisiones judiciales, la cual solamente si tiene indudable relevancia constitucional
resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
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Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
para controvertir decisiones judiciales14, rectificó su posición mediante sentencia de 31
de julio de 201215, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente
contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al
fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos16.

3.6 El debido proceso.

El artículo 29 de la norma Superior, establece que este derecho se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas. La garantía en comento implica que tanto las
autoridades administrativas como los jueces, se encuentran compelidos a ceñirse a las
normas constitucionales y legales, con lo cual se garantizan a su turno, la protección y
realización de los derechos de las personas.

Conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional, el debido proceso comprende
plurales órbitas de incidencia:

a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e
igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.

b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o

14
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
15
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
16
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley.

c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la
lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.

d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a
dilaciones injustificadas o inexplicables.

e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo
reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la
Constitución la tarea de administrar justicia ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.

f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones,
presiones o influencias ilícitas.17

Este derecho es una garantía de sujeción, que permite que se desarrollen otros derechos
como el de la igualdad ante la ley o la dignidad humana, mientras que desarrolla una
serie de principios relacionados con la celeridad, la previsibilidad de las actuaciones
judiciales y el acceso a la administración de justicia, por lo que, su quebrantamiento afecta
uno de los núcleos esenciales que caracteriza al Estado de Derecho y en consecuencia
tiene la capacidad de justificar la intervención del juez de tutela.

3.7 Solución al caso concreto

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

17
Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
10

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providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del tutelante;
(ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, dado que fue emitida
en sentencia de segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la providencia atacada adquirió
ejecutoría el 25 de abril del 202418, y la solicitud de amparo se presentó el 22 de octubre
del 2024; y (v) el fallo acusado no se profirió dentro de una acción de tutela.

Respecto al requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
sido enfática en indicar que las acciones de tutela en las que se discutan asuntos de
naturaleza económica son improcedentes, al respecto ha indicado:

“La Corte también ha establecido que, para que proceda una acción de tutela contra una
providencia judicial, es necesario que el asunto involucre cuestiones que (i) trasciendan la
esfera legal; (ii) vayan más allá del carácter eminentemente económico de la controversia, (iii)
no estén dados por la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales[113], y (iv) involucren un debate jurídico «que gire en torno al contenido, alcance y
goce de algún derecho fundamental».[114] Por ende, «los asuntos en los que se invoca la
protección de derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y
aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional»” 19.

Por su parte, esta Corporación ha indicado que las acciones de tutela encaminadas a
obtener reconocimientos económicos son improcedentes por carecer de relevancia
constitucional, en razón a que, este mecanismo de amparo no fue creado como un medio
para hacer exigibles obligaciones monetarias, sino para garantizar la efectividad de los
derechos constitucionales; al respecto se ha indicado que:

“[Respecto de una pretensión que buscaba el reconocimiento y pago de unas sumas
dinerarias] Lo anterior demuestra que la pretensión de los demandantes es estrictamente
económica y, por ende, la tutela es improcedente, pues, como se vio, la naturaleza y finalidad
de la acción de tutela es la de proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados
de una persona, mas no solucionar conflictos de orden económico” 20.

El accionante en su escrito de tutela, presentó tres argumentos según los cuales se
configuró el defecto fáctico alegado (i) que, el Consejo de Estado omitió valorar la
comparecencia del señor Guerrero Vera Marco Antonio en la actuación administrativa

18
Notificada el 22 de abril según se evidencia en el expediente digital del proceso 25000-23-37-000-2021-00147-01, visible en el
siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002337000202100147011100103
19
Corte Constitucional, sentencia T 352 de 2024.
20
Consejo De Estado, Sección Cuarta. Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Barcenas, sentencia del 16 de diciembre de
2013. Radicación número: 44001-23-33-000-2013-000-00069-01 (AC) y 44001-23-33000-2013-00081-01 (AC) (acumulados)
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05674-01
Demandante: GRICOL S.A.
Demandada: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro

que se surtió ante la Dian, a pesar de no ser escuchado; (ii) que, las facturas que
soportan los gastos y deudas de Gricol S.A. para el 2015, así como, los cheques que
informaban los movimientos bancarios del proceso de determinación no fueron valorados
en el proceso judicial y (iii) que, se configuró una imposibilidad para ubicar a los
proveedores de la sociedad, lo que obedece a las condiciones de informalidad del
mercado de la compra y venta de la chatarra.

Ante ello, el primer argumento no será analizado, en razón a que, una vez verificado el
proceso judicial de primera21 y segunda instancia22, en el escrito de demanda no se hizo
solicitud probatoria en los términos del artículo 212 de la Ley 1437 del 2011, respecto a
la comparecencia del señor Guerrero Vera Marco Antonio, por lo que, ante dicho
argumento no hay un adecuado agotamiento de la subsidiariedad.

Ahora, al haber argumentado la existencia de un defecto fáctico, se analizarán los demás
cargos formulados, bajo esa causal específica de procedibilidad de la acción de tutela.

3.6.1 Defecto fáctico.

Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, “surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”23.

La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la
segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado
un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo
demuestra24.

Como ya se indicó, en el caso a estudio la parte accionante aduce que la providencia

21
Visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002337000202100147002500023
22
Visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002337000202100147011100103
23
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
24
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05674-01
Demandante: GRICOL S.A.
Demandada: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro

cuestionada incurre en defecto fáctico, porque a su juicio:

“[…]en este caso, tampoco se ha dicho nada respecto de todas las pruebas aportadas en el
proceso de determinación, aportadas en desarrollo y en atención a la inversión probatoria;
solamente se limitan los fallos a citar jurisprudencia que atañe a otros casos en particular, no
a este en especial, pero no se refiere nunca a la convicción y la conexión, o no, de las pruebas
particulares aportadas en concreto.

Lo mismo sucede al revisarse lo correspondiente a los costos y deducciones en donde repiten
los argumentos oficiales y, si acaso, se limita a afirmar que las pruebas allegadas, no permiten
establecer la realidad y la trazabilidad de las operaciones, pues los proveedores en las
operaciones puestas en duda no respondieron los requerimientos de la administración y no
pudieron ubicarse, de manera que, según las decisiones no se demuestran la circunstancias
de modo, tiempo y lugar, y luego se pasa a afirmar que la parte demandante aportó registros
contables, certificación de la contadora, de manera que se afirma que la empresa apenas
aportó documentos contables, cuando la administración exigía una comprobación material de
las operaciones, dice la sentencia”

Frente a ello, vale la pena destacar que, la jurisprudencia constitucional25, ha sido
enfática en afirmar que la acción de tutela es un mecanismo excepcional, y las que van
dirigidas contra providencias judiciales son incluso más excepcionales, ello, se traduce
en exigencias más estrictas en favor de la estabilidad jurídica del Estado, pero, aun en
ese contexto, aquellas que van encaminadas a cuestionar las sentencias de las altas
cortes deben cumplir con una carga argumentativa suficiente aunque mínima, de modo
que según la Corte Constitucional se debe efectuar lo siguiente:

“[…] la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por una
alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que
en la providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito no se traduce en
la demostración efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales, sino en que se
aporten elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista
especialmente, cuando se trata de una tutela contra una sentencia de una alta corte” 26.

Lo primero a indicar, es que, los argumentos expuestos en la acción de tutela
corresponden a los mismos presentados en el recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia27, así como, las alegaciones finales rendidas ante el Consejo de
Estado en segunda instancia28, por lo que, inicialmente esta Sala deberá identificar las
pruebas alegadas como desconocidas y, para analizar, si en efecto fueron valoradas o

25
Sentencia SU-573 de 2019.
26
Corte Constitucional, sentencia SU 2015 del 2022.
27
Visible en el índice 22 del expediente judicial de primera instancia surtido ante la el Tribunal Administrativo, visible en el siguiente
enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002337000202100147002500023.
28
Índice 22 ibidem.

13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05674-01
Demandante: GRICOL S.A.
Demandada: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro

no por los jueces de instancia. Al proceso se aportaron las siguientes pruebas:

• Liquidación oficial de revisión 322412019000337 del 9 de octubre del 201929, en
la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de la Dian,
modificó la declaración de renta del contribuyente y fijó un total a pagar de $
1.614.485.000.

• Anexo de liquidación oficial, realizado por la Dian, el 9 de octubre del 201930, en el
cual, se indican todas las acciones encaminadas a demostrar las deudas y gastos
de la sociedad Gricol S.A. para el año 2015, entre las que figuran requerimientos
a terceros, al Banco de Bogotá y Bancolombia.

• Recurso de reconsideración, presentado por Gricol S.A. ante la Dian el 10 de
diciembre del 201931, en el cual, se argumentó que no existen las inconsistencias
advertidas en la liquidación oficial.

• Resolución 992232020000156 del 8 de octubre del 202032, por medio de la cual
la Dian, confirmó el acto impugnado.

En primer término, se observa que, la parte accionante no aportó al proceso ordinario los
elementos de prueba que aduce no fueron valorados, esto es, las facturas que soportan
los gastos y deudas de Gricol S.A. para el 2015, así como, los cheques que informaban
los movimientos bancarios, de modo que, para los jueces de instancia no era posible
apreciarlos.

En efecto, la Sección Cuarta de esta Corporación en la providencia cuestionada indicó,
respecto a las pruebas aportadas:

“En consecuencia, al valorar bajo las reglas de la sana crítica las pruebas practicadas por la
Administración en ejercicio de sus facultades de fiscalización (visitas, requerimientos
ordinarios y respuestas a los mismos, cruces de información e información exógena, entre
otros), se advirtió que la contabilidad de la actora y sus soportes presentados como respaldo
de los pasivos rechazados, fueron desvirtuados con la demostración de que las operaciones
constitutivas de pasivos eran inexistentes.

En esa medida, la carga de demostrar la existencia y veracidad de dichas operaciones corría
por cuenta de la contribuyente, quien se limitó a señalar que los pasivos estaban soportados
en su contabilidad, junto con sus soportes, sin aportar otros elementos demostrativos que

29
Ibidem, folio 15.
30
Ibidem, folio 17.
31
Ibidem, folio 43.
32
Ibidem, folio 80.
14

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Demandante: GRICOL S.A.
Demandada: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro

evidenciaran la existencia de las transacciones cuestionadas.

Así, la presentación de los mismos documentos -contabilidad y soportes- que fueron
desvirtuados por la autoridad fiscal al establecer la inexistencia de las operaciones
constitutivas de pasivos, no infirma los hallazgos determinados, ni acredita el cumplimiento
de la carga probatoria de la contribuyente, pues se echa de menos la demostración de la
existencia de las operaciones que dieron lugar a los pasivos.

En ese sentido, se reitera que la eficacia probatoria de los libros de contabilidad no es
absoluta, pues está sujeta a la verificación de la autoridad fiscal, quien en desarrollo de sus
facultades de fiscalización puede desvirtuarla a través de medios de prueba directos o
indirectos que no estén prohibidos por la ley, como ocurre en este caso, en el cual se probó,
bajo las reglas de la sana crítica, que las transacciones constitutivas de los pasivos debatidos
no existieron, circunstancia sobre la cual la contribuyente no infirmó el valor demostrativo de
los medios de prueba practicados por la DIAN”

Frente a esta omisión de la parte demandante, ha de recordarse que el artículo 167 del
CGP33 obliga a remitir las pruebas a quien alega la veracidad de un hecho, de modo que
pueda verificarse el contenido y alcance de dicha afirmación, ello es así, porque según
la jurisprudencia constitucional del asunto34, el ejercicio de cualquier derecho implica
responsabilidades y cargas procesales que, consisten, en la adecuada colaboración para
la correcta administración de justicia35.

Por lo anterior, no se demostró la configuración del defecto fáctico alegado, respecto a la
omisión de valorar las pruebas referidas, en razón a que éstas, no fueron aportadas en
el proceso contencioso administrativo con radicado 25000-23-37-000-2021-00147-01.

Finalmente, y respecto al argumento consistente en la imposibilidad de ubicar a los
proveedores de la sociedad accionante, con motivo de la falta de actividad por cuenta de
la Dian al momento de adelantar sus actividades de fiscalización, la autoridad judicial
accionada en la sentencia de segunda instancia, manifestó:

“La DIAN desconoció $3.428.243.000, por concepto de costos y deducciones, discriminados
así: i) $2.945.439.000 por costos de proveedores no localizados; ii) $82.950.000, de costos
por el contrato de mandato suscrito con Germán Romero Silva; iii) $13.325.000 por pagos de
salarios; iv) $52.508.000 por gastos de personal (fiesta de fin de año) y, v) $324.895.600 por
honorarios pagados a GNJ SAS, Phyletic SAS, Romero Segura y Cía., y MRS Inversiones
Ltda.

Para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de

33
“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen. […]”.
34
Corte Constitucional, sentencia C 086 del 2016.
35
Artículo 95.7 de la constitución política: “ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;[…]”
15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05674-01
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los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, el artículo 771-2 del Estatuto
Tributario señala que se requiere de facturas con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 617, literales b), c), d), e), f) y g), y 618 del Estatuto Tributario.

No obstante, lo anterior no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar
la realidad de la transacción. Por tal razón, como se señaló en la providencia que se reitera,
«si en ejercicio de la facultad fiscalizadora, la DIAN logra probar la inexistencia de las
transacciones aun cuando el contribuyente pretenda acreditarlas con facturas o documentos
equivalentes, los costos e IVA descontable pueden ser rechazados».

[…]

En cumplimiento de los autos de verificación referidos, se realizaron visitas a los terceros en
cuestión, sin que pudieran ser ubicados en el domicilio registrado en el RUT. Adicionalmente,
se estableció que estos no presentaban operaciones de compra de material que demostraran
las ventas a la sociedad investigada; tampoco se logró establecer que desarrollaban actividad
económica alguna; no presentaron información bancaria y, al verificar la información exógena
reportada, se advirtieron inconsistencias frente a sus declaraciones tributarias, razón por la
cual, no fue posible comprobar la realidad de las operaciones con Gricol SA. Procede el
rechazo del costo.

Ahora bien, como lo adujo el a quo, el procedimiento para declarar a un proveedor como
ficticio es independiente del procedimiento de determinación, con lo cual era innecesario
realizar dicha declaratoria para el desconocimiento de los costos y deducciones registrados
en la declaración privada de la actora, máxime si no se encontró soporte de las operaciones
y tales proveedores no pudieron ser ubicados”.

De lo expuesto, más allá de la falta de comparecencia de los terceros con los que
GRICOL S.A. comerció, la Dian en la actuación administrativa desplegó una actividad
oficiosa con el fin de verificar el reporte de la información, pero, aun así, en ejercicio de
esas acciones dispositivas, no fue posible corroborar los datos entregados en la
liquidación privada.

No obstante, la autoridad judicial accionada concluyó respecto a las pruebas aportadas,
lo siguiente:

“Respecto del costo por $82.950.000, por concepto de contrato de mandato conferido a
Germán Romero Silva, se advierte que este fue rechazado porque la suma total pagada por
concepto de honorarios a este fue registrada en la contabilidad a nombre de la Inversora G.
Romero y Cía., quien expidió las facturas, y porque no se acreditó el pago de aportes
parafiscales, conforme lo establece el artículo 108 del ET.

[…]

En la carpeta 17 de los antecedentes obra el contrato de mandato comercial suscrito entre
Luis Carlos Romero Silva, en su condición de representante legal de Gricol SA, y Germán
Romero Silva, quien, por efecto del contrato se denominó Director de Producción y Desarrollo
Tecnológico, cuyo objeto consistió en:

«1.1. El director de Producción y desarrollo tecnológico, de manera independiente, es
decir, sin que exista subordinación jurídica laboral alguna, utilizando sus propios
medios y con plena autonomía técnica y directiva, prestará su servicio profesional a
Gricol, para administrar los negocios de la empresa, cumpliendo con las funciones
establecidas, en procura de desarrollar plenamente su objeto obligándose a poner todo
su empeño y dedicación al logro de su cometido, velando por los intereses de Gricol;

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05674-01
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1.2. GRICOL brindará al Director de Producción y Desarrollo tecnológico la ayuda
necesaria para lograr el adecuado desarrollo de su labor.»

De acuerdo con el contrato, la remuneración pactada correspondía a $7.921.054 mensuales,
como honorarios profesionales. Además del referido contrato, en el expediente
administrativo7 obran facturas expedidas por la Inversora G. Romero y Cía. SCA, con las que
la parte investigada pretende soportar el costo discutido.

No obstante, se considera que, al ser pactado el servicio con la persona natural, las facturas
debieron ser expedidas por Germán Romero Silva, quien suscribió el contrato de mandato,
que no con la sociedad inversora, con lo cual, para la Sala, dicho costo no puede ser
aceptado.

[…]

De igual forma, procede el rechazo de $324.895.600 por gastos de honorarios pagados a
GNJ SAS, Romero Segura y Cía. Y MRS Inversiones Ltda: De los pagos realizados a las
sociedades GNJ SAS y Phyletic SAS, no se encontró acreditada en el plenario la fuente u
origen de la erogación, ni prueba del pago realizado con ocasión de las actividades que se
hubieren llevado a cabo, razón por la cual, se negará el cargo por falta de sustento probatorio.

En lo que refiere a los pagos efectuados a Romero Segura y Cía. Y MRS Inversiones Ltda.,
se reitera que, independientemente de la forma contractual adoptada para pactar el servicio
a prestar a Gricol SA, al revisar los contratos suscritos con dichas sociedades pudo
determinarse de la identificación de las partes, de la remuneración y del objeto contractual,
que estos no se firmaron con las sociedades, sino con Luis Carlos Romero Silva y Mauricio
Romero Silva como personas naturales, para adelantar las actividades allí relacionadas de
manera personal, motivo por el cual las facturas y cuentas de cobro aportadas, o los soportes
allegados, debían ser expedidos por la persona natural con quien se suscribió el contrato y
no por la sociedad.

Ahora bien, la sociedad sostiene que los gastos operacionales de administración rechazados
por concepto de fiesta de fin de año por $52.508.000, son procedentes, por cumplir los
requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad previstos en el artículo 107 del
Estatuto Tributario, y por ser indispensables, esporádicos, realizados con criterio comercial,
incentivar a los empleados a dar una mayor productividad e incidir en la actividad productora
de renta.

La Administración negó los gastos referidos, porque «las fiestas de fin de año no son
indispensables o imprescindibles para el desarrollo de la propia actividad productora de renta,
ni lo fueron para obtener los ingresos provenientes de la misma. Tampoco tienen nexo causal
o se estiman acostumbradas para el desarrollo de la misma y, en consecuencia no se puede
concluir que son proporcionales».

El artículo 107 del Estatuto Tributario establece que «Son deducibles las expensas realizadas
durante el año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta,
siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que
sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad»”.

Con todo lo anterior, no se observa un yerro o arbitrariedad en la valoración de los
elementos de prueba aportados al proceso ordinario, no existe justificación a una
eventual intervención por cuenta del juez constitucional, como lo solicita la parte
accionante, por cuanto, no se evidencia la alegada vulneración a los derechos
fundamentales invocados, dado que, la queja traída a esta acción constitucional fue
resuelta de manera adecuada por los jueces de instancia, así que, no habría lugar para
que esta Sala intervenga en el proceso acusado.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-05674-01
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Se considera que, no existe una actuación que se evidencie como arbitraria o desmedida
para justificar la configuración del defecto fáctico, al considerar que no solo se trajo la
misma discusión planteada en el proceso ordinario, sino que, no se adicionaron
argumentos que permitan entrever las implicaciones que supone la parte actora le
generan afectaciones injustificadas a sus derechos fundamentales.

Resulta oportuno advertir que, el hecho que, la autoridad judicial accionada no haya
valorado las pruebas en el sentido que pretendía el demandante, no involucra la causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de sus competencias
jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de
los elementos de convicción obrantes en el expediente, así como, la de otorgarles
diferentes grados de certeza, siempre que, lo haga de manera integral y bajo los criterios
de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (juez natural) están precedidas de una
valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que, imposibilita
al juez de tutela cuestionarlas, salvo que, sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores, supuesto que, no se da en el sub lite. Acerca de este aspecto, la Corte
Constitucional36 sostuvo:

“Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál
es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus
actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela
la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración
de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo
de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce
de un asunto”.

Con todo lo anterior, no se observa un yerro o arbitrariedad en la valoración de los
elementos de prueba aportados al proceso ordinario, por lo que, no existe justificación
ante una eventual intervención por cuenta del juez constitucional, como lo solicita la parte

36
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Demandante: GRICOL S.A.
Demandada: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro

actora, debido a que, no se evidencia con certeza la vulneración a los derechos
fundamentales alegados, teniendo en cuenta que, la queja traída a esta acción
constitucional fue resuelta de manera lógica y adecuada por los jueces de instancia, así
que no habría lugar para que esta Sala intervenga en el proceso acusado.

IV. DECISIÓN

Aunque en este caso el análisis efectuado supera el requisito de relevancia
constitucional, siendo lo procedente revocar la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la solicitud, para en su lugar negar el amparo; debido a que los efectos
prácticos son los mismos, la Sala confirmará la sentencia del 14 de noviembre del 2024,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera; en el entendido que se negarán las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 14 de noviembre del 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Demandante: GRICOL S.A.
Demandada: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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