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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05689-00

Fecha
19 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05689-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela que presentaron los señores Gertrudis Rocío del Prado Torregrosa, Eloísa Matilde Martínez Manjarrez, Oswaldo Luis Steba del Prado y otros en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05689-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de noviembre de 2024

Radicado:11001-0315-000-2024-05689-00
Accionantes: Gertrudis Rocío del Prado Torregrosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05689-00
Accionantes: Gertrudis Rocío del Prado Torregrosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: reparación directa. Subtema 2:
falla en el servicio por omisión del deber de protección y vigilancia. Subtema 3:
requisito de procedibilidad de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por Gertrudis Rocío del Prado Torregrosa y otros en
contra del Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Gertrudis Rocío del Prado Torregrosa, Eloísa Matilde Martínez Manjarrez,
Oswaldo Luis Steba del Prado, este último, en nombre propio y en representación de
sus hijos Celeste y Matthias Steba Barros, Maruth Hernando Steba Sijani, en nombre
propio y en representación de su hija Mariana Andrea Steba Gregory, Luz Marina Steba
Jiménez y otros1 presentaron acción de tutela2 con la pretensión de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al

1 Luis Rafael Steba Salamanca, Alfredo Antonio Steba Salamanca, Myrian Elena Steba Salamanca, Inírida Rocío

Steba Martínez, Sergina Eloísa Steba Martínez, Yeneris Yamil Steba Martínez, José María Steba Martínez, Jacob
Francisco Steba Martínez, María Rosa Linero Tonso, en nombre propio y como guardadora del interdicto Jacob
Francisco Steba Salamanca, Milena Cecilia Blanchar Calvo, en nombre propio y en representación de sus hijos
menores Keisy Gabriel Steba Blanchar y Jacob Francisco Steba Salamanca, Clara Ester Pacheco, en
representación de su hijo menor José David Steba Pacheco, Luis Fernando Steba Orozco, Mauricio Alexander
Steba Gregory, Michael Yair Steba Gregory, Maruth Jinior Steba Gregory, Luis Rafael Steba Herrera, Carlos Arturo
Steba Rueda, Juana Iris Steba Rueda, Rubén Darío Steba Herrera, Darwin de Jesús Steba Castilla, Eduviges del
Carmen Steba Castilla, Addias Rafael Steba Castilla, Jayr Antonio Steba Castilla, Kendri Rafael Steba Olarte,
Marcos José Steba Olarte, Keiny María Alejandra Valeras Steba, María Camila Valeras Steba, Freddy Manuel López
Steba, Fenny Luz López Steba, Franklin Manuel López Steba, Naidith Paola Steba Contreras, Andrea Carolina
Steba Mozo, Grace Lorena Steba Mozo, Christian Rafael Steba Montealegre, Cristina Isabel Steba Escorcia, Andrea
María Steba Escorcia, Dani Alberto Steba Pedroza, Jusse Jacob Steba Escorcia, Yohandra Maiyet Rovira Steba,
Yohanelys Mercedes Rovira Steba, Félix Rafael Rovira Steba, Jesús Alberto Linero Steba, Pompilio Ramon Linero
Steba, Drezdry Jovanelly Steba Linero, Jovannis Jacob Steba Linero, Debanys Jacob Steba Herrera.
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05689-00, índice 2, certificado B8E9B199A3E27C8E 69826A8D805C0685
8FE143EB882C1812 808E86ABC21A34B1.

1

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Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

acceso la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que consideraron
vulnerados con ocasión de la sentencia del 28 de febrero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número de radicado 47001-33-33-002-2022-00052-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

El señor Marco Heberto Steba Martínez, el día 18 de agosto de 1986, mientras se
movilizaba por la calle 7 con carrera 14 – 41 del barrio 20 de julio de la ciudad de Santa
Marta, fue interceptado por sujetos que integraban el bloque «resistencia Tayrona» de
las Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC), quienes le dispararon
indiscriminadamente, con armas de fuego, hasta causarle la muerte.

Los señores Hernán Giraldo Serna y Ricardo Beltrán Luque, en diligencia de versión
libre realizada ante el Tribunal de Justicia Transicional de Barranquilla, el 7 de mayo
de 2015, aceptaron su responsabilidad en los hechos relacionados con el fallecimiento
de Marco Heberto Steba Martínez.

Los tutelantes presentaron escrito en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y
Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación para que se declarara la
responsabilidad administrativa de las demandadas y, en consecuencia, se ordenara
el reconocimiento y pago de los perjuicios morales y materiales causados con la
muerte del señor Steba Martínez, por falla en el servicio derivada de la omisión del
deber de protección y vigilancia.

El Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta, mediante sentencia del 28 de
agosto de 2023, declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la parte
demandada. Contra esa decisión la parte actora presentó recurso de apelación.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de providencia del 28 de febrero de
2024, revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que los elementos probatorios obrantes en el expediente de reparación
directa no demostraban la participación de las autoridades públicas en los hechos que
causaron la muerte de Marco Heberto Steba Martínez, o la omisión de vigilancia y
protección, que permitieran imputarle una responsabilidad por dicho suceso.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte actora en el escrito de tutela requirió lo siguiente:

«[…]

1- Solicitamos se nos amparen nuestros derechos fundamentales a la igualdad,
acceso a la administración de justicia, reparación integral y debido proceso.
2- Se ordene dejar sin efectos la sentencia cuestionada.

2

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3- Se ordene emitir una nueva sentencia en un plazo razonable que sea
consecuente con la normativa legal, constitucional y convencional vigente»3.

Como fundamento de sus pretensiones, los accionantes argumentaron que la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en defecto
fáctico porque no analizó, en debida forma, las piezas procesales de la actuación penal
adelantada en contra de Hernán Giraldo Serna y Ricardo Beltrán Luque, aportadas al
proceso de reparación directa, con las cuales se acreditó que la muerte de Marco
Heberto Steba Martínez era atribuible al Estado Colombiano por su omisión de
protección y vigilancia, ante los actos de violencia sistemática realizados por los
integrantes del bloque «resistencia Tayrona» de las AUC en contra de los habitantes
del barrio 20 de julio de la ciudad de Santa Marta.

La parte actora agregó que la providencia cuestionada también incurrió en violación
directa de la Constitución toda vez que desconoció el derecho a la reparación integral
que les asistía por hechos atribuibles al Estado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90 de la Constitución Política.

2.3. Trámite procesal

El despacho ponente, mediante auto del 24 de octubre de 20244, admitió la tutela;
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Magdalena; y puso en
conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados, esto es, a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional y a la Fiscalía
General de la Nación.

2.4. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Magdalena 5 pidió que se declare improcedente la
solicitud de tutela, en tanto no cumple con el requisito de inmediatez, pues se acreditó
que la sentencia del 28 de febrero de 2024 se notificó a las partes el 10 de abril
siguiente y que el escrito de amparo se radicó ante el Consejo de Estado el 22 de
octubre de 2024, por lo que transcurrieron más de seis meses sin que la parte
accionante manifestara reparo alguno en contra de la decisión de segunda instancia
del proceso ordinario.

Agregó que la sentencia objeto de tutela efectuó un análisis razonable de los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, en conjunto con las normas y
lineamientos jurisprudenciales vigentes sobre la materia, lo cual le permitió concluir
que no se configuraban los elementos para declarar la responsabilidad administrativa
por los hechos que causaron la muerte de Marcos Heberto Steba Martínez y, en
consecuencia, no había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

En este sentido, concluyó que la providencia cuestionada no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la tutelante.

3
Se transcribe incluso con errores de texto.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05689-00, índice 5, certificado 35D00DE903C44BB5 9677F89891C00F3F
E119ABDAA1E4BACD 267237475F11546C.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05689-00, índice 12, certificado B82930313FA11753 FB2AE45EC91932D2
97D5F97940B58CF5 60E9673DA35D6756.

3

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La Policía Nacional6 pidió que se declare la improcedencia de la tutela porque no
cumple con el presupuesto de inmediatez, pues la sentencia objeto de estudio fue
proferida el 28 febrero de 2024, se notificó a las partes e intervinientes el 10 de abril
de 2024 y la acción constitucional se presentó el 22 de octubre de 2024.

Por otro lado, indicó que el Tribunal Administrativo del Magdalena realizó una
adecuada valoración del material probatorio aportado al proceso de reparación directa,
que le permitió inferir que las pretensiones de la demanda no tenían vocación de
prosperidad, toda vez que no se probó el nexo de causalidad entre el daño y una
posible acción u omisión de las entidades demandadas.

El Ministerio de Defensa Nacional 7 pidió que se declare improcedente la tutela
promovida por los accionantes, al considerar que la solicitud no desarrolló un estudio
de fondo sobre los requisitos específicos de procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial.

Asimismo, indicó que la tutela no puede utilizarse como una tercera instancia para
insistir en un debate que fue analizado y decidido por los jueces naturales en las etapas
e instancias procesales respectivas del proceso de reparación directa.

La Fiscalía General de la Nación 8 manifestó que la parte accionante no sustentó de
manera adecuada y conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional las
causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, toda vez que no expuso con claridad los defectos que pretenden atribuirle a
la sentencia del 28 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena.

Con fundamento en lo anterior pidió que se declare improcedente la solicitud de
amparo.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por Gertrudis Rocío del Prado Torregrosa y otros en
contra del Tribunal Administrativo del Magdalena.

3.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa por activa de los señores Gertrudis Rocío del Prado
Torregrosa, Eloísa Matilde Martínez Manjarrez, Oswaldo Luis Steba del Prado, este
último, en nombre propio y en representación de sus hijos Celeste y Matthias Steba
Barros, Maruth Hernando Steba Sijani, en nombre propio y en representación de su

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-5689-00, índice 9, certificado. AB2BDC9EC09FA388 E85EBEADE7C925E6

DB62C4647AFD3CD9 03849D868192BA66.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05689-00, índice 10, certificado A28B76F2256612FF D40A62497CAFF3C5
E143F46E90E84D01 1F5749D214F8E3CD.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05689-00, índice 17, certificado 16A37789F64837A5 9038713140DA76FF
4A64486F3FD92DF4 7EC87929C7D87D3B.

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hija Mariana Andrea Steba Gregory, Luz Marina Steba Jiménez y otros se encuentra
acreditada, por cuanto actuaron como parte demandante en el proceso de reparación
directa en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Magdalena porque fue la autoridad judicial que expidió la
providencia dentro del proceso ordinario de reparación directa que se cuestiona en
esta acción constitucional.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional10.

En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial [subsidiariedad];
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
[inmediatez];
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que
se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución11.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

5

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3.4. Problema jurídico

En atención a las contestaciones presentadas por las autoridades convocadas, la Sala
deberá determinar si la acción de tutela interpuesta por Gertrudis Rocío del Prado
Torregrosa y otros en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena supera el
requisito de inmediatez. En caso afirmativo, continuará con el estudio de los demás
requisitos de procedibilidad y, si a ello hay lugar, a emitir una decisión de fondo.

3.4.1. Requisito de inmediatez

En cuanto al requisito de inmediatez, la Sala considera pertinente precisar que, si bien
el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección de los
derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un plazo
razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto, para
asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la urgencia y
la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.

Ahora bien, cuando la solicitud de amparo se presenta en contra de una providencia
judicial, el requisito de inmediatez también se traduce en una garantía de seguridad
jurídica y de la salvaguarda de los intereses de terceros, pues la sentencia que se
cuestiona previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.

Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado12 explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia
cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez
que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo
anterior, esta corporación, como regla general, consideró que, para entender que el
ejercicio de la acción de tutela se realiza en un plazo razonable, el interesado debe
interponer la solicitud de amparo dentro de los seis meses siguientes a la notificación
o ejecutoria de la providencia reprochada.

En el caso concreto, los accionantes solicitaron que, como consecuencia del amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana,
al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, se deje sin efecto
la sentencia del 28 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
radicado núm. 47001-33-33-002-2022-00052-01.

Pues bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial,
SAMAI, se observa que la providencia objeto de tutela se notificó a las partes e
intervinientes el 10 de abril de 202413 y cobró ejecutoria el 17 de abril de 2024; sin
embargo, el escrito de tutela fue presentado por los tutelantes hasta el 22 de octubre
de 202414.

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13
Samai, exp. 47001-33-33-002-2022-00052-01, índice 13.
14 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05689-00, índice 1.

6

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Lo dicho da cuenta que entre la ejecutoria de la sentencia que, según los accionantes
vulneró sus derechos al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al
acceso la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, y el ejercicio de la
acción de tutela, trascurrieron 6 meses y 4 días, razón por la cual el presupuesto
general de inmediatez no fue satisfecho.

Sobre el particular, conviene mencionar que la Corte Constitucional ha considerado
que el requisito de inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere
presentado en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó
la presunta vulneración»15, que en el caso concreto lo fue la sentencia del 28 de
febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

En similares términos el Consejo de Estado ha sostenido que en aquellos eventos en
que las acciones de tutela se interponen contra providencias judiciales el plazo
razonable se cuenta «[…] a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso […]»16 [Negrilla fuera del texto original].

En este punto, es pertinente advertir que el análisis del requisito general de la
inmediatez en asuntos de tutela contra providencia judicial debe ser estricto, con el fin
de no desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues las
decisiones judiciales no pueden mantenerse en incertidumbre indefinidamente, por lo
que resulta necesario establecer un plazo razonable para su interposición. En este
sentido, la jurisprudencia es diáfana al determinar que la eventual afectación que surge
de una providencia ocurre cuando la parte tiene conocimiento de esta, lo que resulta
identificable desde el trámite en que se perfecciona su notificación y ejecutoria, que
para el presente asunto y, como ya se expuso, ocurrió el 17 de abril de 2024.

Aunado a lo expuesto, la Sala pone de presente que la parte actora, en el escrito de
tutela, no manifestó algún motivo que permitiera inferir la existencia de un hecho
concreto que le haya impedido ejercer oportunamente este mecanismo extraordinario
de defensa judicial; y que se convierta en desproporcionada la exigencia del
agotamiento del requisito general de procedibilidad de inmediatez. Así las cosas, no
se encuentra justificada la interposición tardía de la acción de tutela.

IV. CONCLUSIONES

Por las anteriores razones, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado por los
señores Gertrudis Rocío del Prado Torregrosa, Eloísa Matilde Martínez Manjarrez,
Oswaldo Luís Steba del Prado y otros en contra de la sentencia proferida el 28 de
febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el proceso de
reparación directa identificado con el número de radicado 47001-33-33-002-2022-
00052-01.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

15 Corte Constitucional SU-055 de 2018.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Accionantes: Gertrudis Rocío del Prado Torregrosa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela que presentaron los
señores Gertrudis Rocío del Prado Torregrosa, Eloísa Matilde Martínez Manjarrez,
Oswaldo Luis Steba del Prado y otros en contra del Tribunal Administrativo del
Magdalena, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

8

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