Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05690-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05690-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05690-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
27 de febrero de 2025
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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05690 01
Demandante: Mesias Chicangana Yangana
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 05690 01
Accionante: Mesias Chicangana Yangana
Accionados: Tribunal Administrativo del Cauca
Tesis: Incumple el requisito de relevancia constitucional la acción de tutela
interpuesta en contra de una providencia judicial, si se pretende usar el mecanismo
constitucional como una instancia adicional al trámite ordinario.
ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia de tutela proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 21 de octubre de 2024, el señor Mesias Chicangana Yangana, actuando a
través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cauca, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. Lo anterior, con ocasión de
la sentencia de segunda instancia proferida el 7 de marzo de 2024, mediante la cual
se revocó el fallo proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán,
dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo
identificado con el radicado 19001 33 33 007 2015 00001 011.
Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:
“I. PRETENSIONES.
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Demandante: Mesias Chicangana Yangana
1.- Sírvanse H. Magistrados declarar, que en el presente caso se han violado, los
derechos fundamentales: a la igualad; al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y los demás derechos fundamentales que resultaren
vulnerados.
2.- Como consecuencia de la anterior declaración, sírvanse H. Magistrados dejar
sin ningún efecto jurídico la Sentencia de segunda instancia, de fecha siete (7) de
Marzo de veinte veinticuatro (2024), del Tribunal Administrativo del Cauca,
Magistrado Ponente CARLOS JARAMILLO DELGADO, en el proceso con
Radicación No. 19001-33-33-007-2015-00001-01, Actor: MARIA ROSALBA
JIMENEZ PIAMBA y otros, Demandado: MUNICIPIO DE SOTARA - CABILDO
INDIGENA DE RIOBLANCO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA - CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (C.R.C.).
3.- En virtud de lo anterior se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CAUCA, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del fallo de tutela, profiera una nueva sentencia de fondo en donde se
dé estricto cumplimiento a las órdenes impartidas por el H. Consejo de Estado,
acorde al amparo constitucional declarado.
4.- Como pretensión SUBSIDIARIA, se ruega al H. Consejo de Estado, dejar en
firme, el fallo de primera instancia, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo
de Popayán”2.
1.2. Como fundamento de la solicitud, en el acápite de hechos, señaló que Juzgado
Séptimo Administrativo de Popayán mediante sentencia del 1 de abril de 2019,
accedió a las pretensiones formuladas en la acción de grupo que radicaron los señores
María Rosalba Jiménez Piamba y el señor Mesias Chicangana Yangana en contra del
Municipio de Sotará, el Departamento del Cauca y la Corporación Autónoma Regional
del Cauca.
Mencionó que, con el fallo del 7 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del
Cauca revocó en su integridad la sentencia de primera instancia, vulnerando las
garantías constitucionales relacionadas con la valoración de pruebas y el debido
proceso. Informó que, dicha decisión quedó ejecutoriada el 24 de abril de 2024.
Expuso que, el Tribunal fundó su decisión en la falta de pruebas para demostrar el
daño y la omisión en la que había incurrido el Estado.
1.3. Como fundamento de la vulneración, manifestó que el accionado incurrió en
defecto fáctico, pues para determinar la carencia de daño, solo se fundamentó en
apartes del dictamen de la Ingeniera Vilma Duymovik, dejando de lado el material
probatorio restante que se había allegado al proceso por las partes.
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Ibidem.
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Demandante: Mesias Chicangana Yangana
Sostuvo que, en el expediente de la acción de grupo reposaban una serie de videos
en los que se evidenciaban los daños y perjuicios causados a los habitantes del
Resguardo Indígena Rio Blanco con las aguas residuales que circulaban en la zona,
generando contaminación de los nacimientos, de las fuentes hídricas, los malos
olores, deslizamientos y erosiones.
Asimismo, señaló que la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) demostró
la existencia de daños ambientales en las fuentes hídricas de la región, derivados de
las aguas residuales. En consecuencia, quedó claro que existía un perjuicio
debidamente probado, tal como lo requería el Tribunal Administrativo del Cauca.
Posteriormente, procedió a transcribir fragmentos de diversas pruebas que fueron
analizadas por el Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán, con el fin de demostrar
que, con la documentación y los dictámenes recolectados en primera instancia, se
evidenciaba que las malas condiciones de la comunidad de Río Blanco eran
consecuencia de las fallas en el sistema de alcantarillado de la zona. Dado que no
existe una empresa privada encargada de prestar el servicio en la zona, conforme a
la Ley 142 de 1994, la responsabilidad recaía en el Estado, en este caso, en el
Municipio de Sotará.
Sostuvo que, no entendía las razones de la demandada para afirmar que no se había
logrado demostrar el daño, si con el dictamen pericial allegado con la demanda se
evidenciaba que el sistema de alcantarillado era antiguo. Además, recalcó que el
Tribunal no efectuó un análisis integral de oficio de dicho elemento probatorio, ni dio
cuenta de la audiencia que en su momento hizo el Juez de primera instancia sobre la
contradicción de los mismos.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, admitió
la tutela a través de auto de 23 de octubre de 20243. Particularmente ordenó notificar
al accionado, al Departamento del Cauca, al Municipio de Sotará, a la CRC, al
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Resguardo Ancestral Indígena Rioblanco, a la señora María Rosalba Jiménez
Piamba y al Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán.
2.2. El Departamento del Cauca4, invocó la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, debido a que no fue la entidad que causó las afectaciones
invocadas, pues el desacuerdo se desprende de lo resuelto por el Tribunal
Administrativo del Cauca en la acción de grupo con radicado nro. 19001 33 33 007
2015 00001 01.
2.3. El Municipio de Sotará5 al contestar la demanda, adujo que no se cumplían
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, especialmente el de relevancia, ni se advertía una vulneración
de los derechos invocados en el trámite de la acción de grupo.
2.4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán. Adujo que
el trámite otorgado en esa instancia al medio de control para la reparación de los
perjuicios causados a un grupo fue el adecuado, sin vulnerar ningún derecho
fundamental, por lo que solicitaba que se desestimaran las pretensiones.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
del 20 de noviembre de 2024, negó el amparo solicitado por el señor Mesias
Chicangana Yangan contra el Tribunal Administrativo del Cauca.
Como fundamento de lo anterior efectuó las siguientes consideraciones:
Indicó que la tutela cumple con los requisitos necesarios para su interposición, ya
que se expusieron los hechos y se identificaron los derechos vulnerados. Además,
señaló que la providencia objeto de demanda no es susceptible de recursos
ordinarios ni extraordinarios, que se presentó dentro de los seis (6) meses
siguientes a su notificación y que el asunto tiene relevancia.
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Visible a índice 11 ibidem.
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Posteriormente, transcribió los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo
del Cauca en la sentencia del 7 de marzo de 2024, señalando que la decisión de
negar las pretensiones de la acción de grupo se fundamentó en que no se logró
probar de manera concreta el daño sufrido por cada una de las viviendas de los
habitantes del Resguardo de Río Blanco, ni la imputabilidad del mismo a la
administración.
Afirmó que, si bien no se había hecho referencia al video que enunciaba el actor, lo
cierto era que el Tribunal tomó la decisión basándose en las pruebas periciales,
evidenciando que no se cumplían con los requisitos necesarios para declarar la
responsabilidad del estado, pues no se demostró el alcance del daño y su
imputabilidad.
IV. IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión anterior, argumentando que de la revisión del
expediente de la acción de grupo se podía extraer que se contaban con todos los
elementos legales y probatorios para que el fallo acusado hubiese salido a favor del
accionante.
Adujo que, para el a quo pesó más lo procedimental que lo sustancial, pues es claro
que con el actuar del Tribunal Administrativo del Valle se vulneraron los derechos
fundamentales, ya que no se efectuó la debida valoración del acervo probatorio que
se allegó en el proceso ordinario, ni tampoco se explicaron los motivos de ello.
Además, no había razón para afirmar que no se había demostrado el daño, pues si
se revisara la prueba del dictamen con detenimiento se advertiría que la
problemática que afecta a la Comunidad de Rio Blanco es el mal estado del
alcantarillado en la zona.
Destacó que el material probatorio presentado en la acción de grupo no había sido
evaluado conforme al principio de sana crítica ni a los parámetros establecidos por
la Corte Constitucional. Señaló que era claramente evidente el daño ocasionado a
las viviendas del Resguardo Indígena y la responsabilidad del Municipio de Sotará,
ya que los videos, dictámenes, fotografías, declaraciones, documentos y denuncias
aportados demostraban las afectaciones de los habitantes de la zona mencionada.
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Indicó que, no se podía dejar de lado que la población damnificada, es una
comunidad indígena, la cual es de especial protección para el estado.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20216, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.
5.2. Análisis de la Sala
5.2.1. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
Del requisito general de la relevancia constitucional
En la sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
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“Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”
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Asimismo, la mencionada sentencia precisó que “los fundamentos de una decisión
de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de lo dicho, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 20197, el
alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada
sentencia SU-215 de 20228, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve
al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y
del problema jurídico”.
De la constatación sobre la posible afectación a derechos fundamentales
Al respecto, es pertinente señalar que la Corte Constitucional, en las sentencias T–
422 de 2018, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022,
ha entendido que para la acreditación de este primer elemento es necesario que la
parte interesada, en el escrito de tutela: (i) invoque la vulneración de derechos
7
M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-
103 de 2022.
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Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.
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fundamentales, (ii) exponga los motivos por los cuales considera que la sentencia
atacada está vulnerando tales derechos fundamentales y (iii) compruebe que la
transgresión supone un atentado contra el núcleo esencial de los derechos
invocados9.
En otras palabras, para superar dicho elemento el Juez no puede limitarse a
convalidar el requisito general de la relevancia constitucional con la sola mención
de un derecho fundamental, sino que debe evaluar si, de acuerdo con los
argumentos expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación
efectiva del núcleo esencial del mismo. Por ende, únicamente cuando se observe
que la vulneración del derecho acontece en su núcleo esencial, es posible advertir
que el caso reviste la trascendencia necesaria para permitir que se logre exceptuar
en un juicio constitucional, el principio de cosa juzgada que orienta todo el
andamiaje institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico.
Impedir que se controviertan asuntos de mera legalidad o económicos en la
acción de tutela
En este punto, el Juez debe verificar que en la acción de amparo no tenga como
finalidad la protección de intereses económicos y/o se debatan asuntos meramente
legales, dado que éstos no tienen trascendencia constitucional. Al respecto, la Corte
Constitucional en sentencia SU-215 de 2022, señaló:
“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición
y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de
relevancia constitucional (…) en la labor judicial la indebida aplicación de
normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la
existencia, caracterización y definición del defecto sustantivo. En todo
caso, la relevancia constitucional exige que el accionante vincule la
discusión legal con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia el por qué la interpretación o
aplicación de una norma de rango legal afectó garantías
constitucionales”.
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La Corte Constitucional en sentencia C-756 de 2008 ha entendido el núcleo esencial de un derecho
como: “esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un
necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un
derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede verse
como la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta
impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”.
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Para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido fallo de
unificación advirtió:
“Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente
en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre
otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida
ante los jueces ordinarios.”.
Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia adicional
Por último, frente al tercer elemento, es pertinente señalar que en las sentencias
SU-215 de 2022 y SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción
del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se previene que el
recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Dicho en otras palabras, en un proceso judicial el debate gira sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado y, por ende, la decisión del Juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas
ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto, en los eventos en
los cuales la autoridad judicial decide precisamente sobre la controversia que se le
ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera
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de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el Juez Constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del asunto, en el escaso término que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con
el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.
5.2.2. Caso concreto
Bajo estos parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará el reclamo traído ante
el juez de tutela a la luz de cada uno de los tres (3) criterios que hacen parte del
requisito general de la relevancia constitucional para determinar si, en el presente
caso se acredita el requisito.
Para ello, debe tenerse en cuenta que el demandante invocó como vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
sentencias del 7 de marzo de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo del Cauca,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo con número de radicado 19001 33 33 007 2015 00001 01.
5.2.2.1. De la ausencia de una posible vulneración del núcleo esencial del
derecho fundamental invocado
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En ese orden, la Sala deberá analizar las razones por las cuales el actor considera
que la autoridad judicial demandada vulneró los aludidos derechos fundamentales,
para determinar si, prima facie, dicha transgresión supone el desconocimiento de
sus núcleos esenciales.
• Frente al derecho al debido proceso
Pues bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas”10
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Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
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Visto lo anterior, no se evidencia alguna amenaza o afectación del núcleo esencial
del derecho al debido proceso del demandante, como quiera que: (i) el medio de
control de reparación de los perjuicios causados a un grupo se tramitó ante el juez
competente, esto es el Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán, en primera
instancia, y el Tribunal Administrativo del Cauca, en segunda instancia; (ii) se
surtieron las etapas previstas en la ley; (iii) se garantizó el derecho de contradicción
y publicidad de las actuaciones adelantadas, ya que todas las decisiones se
notificaron y se concedió y resolvió el medio de impugnación procedente y,
finalmente (iv) las providencias proferidas en curso del proceso se fundamentaron
en derecho.
Bajo este entendido, con base en la tesis traída en la acción de tutela, no se observa
vulnerado el núcleo esencial del mencionado derecho, en tanto la accionante en
todo momento gozó de las garantías propias del debido proceso de la manera como
está previsto en el ordenamiento jurídico.
• Frente al derecho al acceso a la administración de justicia
La Corte Constitucional ha señalado que éste se encuentra integrado por las
siguientes categorías: (i) aquellas que versan sobre el acceso efectivo del ciudadano
al sistema judicial, (ii) las garantías previstas para el desarrollo del proceso, y (iii) las
que se vinculan con la decisión que se adoptó dentro del proceso en cuestión o en la
ejecución material del fallo.
En efecto, sobre el particular ese Tribunal Constitucional en sentencia T-799 de 2011,
manifestó:
“El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia se
encuentra consagrado en el artículo 229 de la norma superior en los
siguientes términos: Se garantiza el derecho de toda persona para
acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos
podrá hacerlo sin la representación de abogado.
Este derecho ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las
instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan
la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los
derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por
la integridad del orden jurídico y por la debida protección o
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restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas
en la Constitución y la ley.11
Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación
jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos
de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el
derecho de acceso a la administración de justicia constituye un
presupuesto indispensable para la materialización de los demás
derechos fundamentales, ya que, como ha señalado esta Corporación
“no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las
formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice
adecuadamente dicho acceso”12. Por consiguiente, el derecho de acceso
a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que
sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez
que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias
ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan
efectivos sus derechos.
(…)
Como se puede observar el derecho en mención tiene un contenido
múltiple, del cual se pueden identificar tres categorías (i) aquéllas que
tienen que ver con el acceso efectivo de la persona al sistema judicial; (ii)
las garantías previstas para el desarrollo del proceso; y (iii) finalmente las
que se vinculan con la decisión que se adoptó dentro del proceso en
cuestión o la ejecución material del fallo.
La primera comprende: (i) el derecho de acción; (ii) a contar con
procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de
derechos y obligaciones13; y (iii) a que la oferta de justicia permita el
acceso a ella en todo el territorio nacional14. La segunda incluye el
derecho a (iv) que las controversias planteadas sean resueltas dentro de
un término prudencial y sin dilaciones injustificadas15; (v) que éstas sean
decididas por un tribunal independiente e imparcial; (vi) a tener todas las
posibilidades de preparar una defensa en igualdad de condiciones; (vii)
que las decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido
11
Ver sentencias C-059 de 1993, C-544 de 1993, T-538 de 1994, C-037/96, T-268/96l, C-215/99,
C-163/99, SU-091/00, C-330/00, entre otras.
12
Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996.
13
Corte Constitucional, Sentencias T-597de 1992; SU-067de 1993; T-451/93; T-268/96, entre otras.
14
Ver por ejemplo la sentencia C-157/98, en la cual la Corte encontró que no se vulneraba el derecho
a acceder a la justicia al exigir que la interposición de la acción de cumplimiento se hiciera ante los
Tribunales Administrativos, pues la ley establecía un mecanismo para facilitar el acceso en aquellos
sitios donde no hubiera Tribunales. Dijo entonces la Corte: “No se vulnera el derecho de acceso a la
justicia con la asignación de la competencia en los Tribunales Contencioso Administrativos, porque
aquél se garantiza en la medida en que las personas no tienen que acudir directa y personalmente
ante los respectivos tribunales a ejercer su derecho a incoar la acción de cumplimiento, porque
pueden remitir, previa autenticación ante juez o notario del lugar de su residencia, la respectiva
demanda, según las reglas previstas para la presentación de la demanda en el Código Contencioso
Administrativo, cuando el demandante no resida en la sede del Tribunal.”
15
Corte Constitucional, Sentencias T-399 de 1993; C-544 de 1993; T-416 de 1994; T-502 de 1997,
entre otras
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proceso16; (viii) que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos
para el arreglo de controversias17; (ix) que se prevean herramientas
necesarias para facilitar el acceso a la justicia por parte de las personas
de escasos recursos18. La última de éstas abarca (x) la posibilidad
efectiva de obtener respuesta acorde a derecho, motivada y ejecutable;
y que (xi) se cumpla lo previsto en esta.
Del contenido del derecho de acceso a la administración de justicia se
hace evidente una estrecha relación con el debido proceso, ya que, solo
con la efectiva oportunidad y capacidad de impulsar pretensiones
jurisdiccionales, será posible garantizar un proceso justo, recto y
garantista, que decida sobre los derechos en controversia. Lo anterior ha
llevado a la Corte a sostener que el “acceso a la justicia se integra al
núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su
garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en
cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías
sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin
que se garantice adecuadamente dicho acceso”. 19” (Subrayas de la
Sala)
Asimismo, debe señalarse que la jurisprudencia constitucional ha señalado que el
derecho de acceso a la administración de justicia es una de las garantías que integra
el núcleo esencial del derecho al debido proceso 20.
Al respecto, la Sala advierte que sí se le permitió el acceso al sistema judicial de
una forma adecuada al demandante, se le otorgaron todas las garantías necesarias
al interior del proceso ordinario tramitado a través de la acción de grupo y a su vez,
tuvo un fallo con el cual se decidió el conflicto planteado al interior del mismo. Por
lo tanto, no se observa que existan aspectos que generen la vulneración del
mencionado derecho fundamental.
• Frente al derecho a la igualdad
La Corte Constitucional ha sido clara en indicar en reiteradas ocasiones que este
principio, en términos generales, ordena dar un trato igual a quienes se encuentran
en la misma situación fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas
16
Corte Constitucional, Sentencias T-046 de 1993; C-093 de 1993; C-301 de 1993; C-544 de 1933;
T-268 de 1996; C-742 de 1999, entre otras.
17
Corte Constitucional, Sentencias SU-067 de 1993; T-275 de 1994; T-416 de 1994; T-502 de 1997;
C-652 de 1997; C-742 de 1999, entre otras.
18
Corte Constitucional, Sentencias T-522 de 1994; C-037 de 1996; y C-071 de 1999, entre otras.
19
Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996.
20
Así lo ha entendido la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-248 de 2018, en la que
expresamente se indicó “De conformidad con los artículos 29, 31, 33 y 228 de la Constitución Política,
el debido proceso constitucional se integra por las siguientes garantías: (xiii) el derecho de acceso a
la administración de justicia.”
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condiciones de hecho. Bajo esta consideración en la sentencia C -178 de 201421,
indicó:
“Por ese motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato
complejo en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el artículo
13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no
siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o
igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de
las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República
y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de
discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier
acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos
definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho
internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que
ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia
del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales.
(…)
En ese orden de ideas, la Corporación ha resaltado que el principio de
igualdad posee un carácter relacional, lo que significa que deben
establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser
contrastadas, antes de iniciar un examen de adecuación entre las
normas legales y ese principio. Además, debe determinarse si esos
grupos o situaciones se encuentran en situación de igualdad o
desigualdad desde un punto de vista fáctico, para esclarecer si el
Legislador debía aplicar idénticas consecuencias normativas, o si se
hallaba facultado para dar un trato distinto a ambos grupos; en tercer
término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar
esas diferencias o similitudes fácticas a la luz del sistema normativo
vigente; y, finalmente, debe constatarse si (i) un tratamiento distinto
entre iguales o (ii) un tratamiento igual entre desiguales es razonable.
Es decir, si persigue un fin constitucionalmente legítimo y no restringe
en exceso los derechos de uno de los grupos en comparación.
Por ese motivo, la Corte exige que las demandas por presunta violación
a la igualdad señalen, por lo menos, los grupos que serán objeto de
comparación; las circunstancias de hecho comunes a esos grupos, que
justifican iniciar el examen de igualdad; la existencia de un trato diverso,
a partir de un parámetro de comparación constitucionalmente relevante;
y la inexistencia de razones válidas desde el punto de vista
constitucional que justifiquen ese tratamiento distinto.” (Subrayas de la
Sala)
Así las cosas, revisado el escrito de la impugnación, la Sala encuentra que la parte
actora no indica ninguna circunstancia objeto de comparación, que admita acometer
21
Referencia: expediente D-9874. Actor: Fabio Enrique Velásquez Arias. Magistrada Ponente:
María Victoria Calle Correa.
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el examen de igualdad o que permita la existencia de una causa que justifique el
amparo constitucional.
5.2.2.2. De la discusión de asuntos de mera legalidad y de carácter
económico.
Sobre el particular, de la revisión de la demanda y del escrito de impugnación lo que
se advierte es que el actor no propuso un debate sobre asuntos constitucionales,
sino que el reparo que motivó la presentación de la solicitud de amparo es una
discusión meramente legal y económica. En efecto, de la lectura del libelo
introductorio lo que se extrae es que el accionante busca es que a través del Juez
Constitucional la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo nuevamente estudie
las pretensiones y las pruebas presentadas en la acción de grupo, para que se
declare la responsabilidad del Municipio de Sotará, el Departamento del Cauca y la
CRC, por los perjuicios causados a los habitantes del Resguardo Indígena Rio
Blanco, con las presuntas afectaciones que padecen con el sistema de
alcantarillado.
5.2.2.3. Del uso de la acción de tutela como una instancia adicional dentro
del trámite ordinario
Frente a este punto, además de lo dicho por la jurisprudencia que viene de citarse,
cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que
“los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de
decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar
el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un
mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos
fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra
en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es
decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los
distintos ámbitos del derecho”.
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Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en los que
el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración que el juez
natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción que generan en el
fallador las pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se
sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, o en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta
evidente que este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en
el proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se desconocería la
autonomía e independencia del juez natural.
5.3. En este caso, la Sala advierte que la inconformidad planteada en la tutela y
en la impugnación gira en torno a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal
Administrativo del Cauca, para resolver el medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo presentado en contra del Municipio de Sotará, el
Departamento del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Cauca, por la
problemática que se presenta en el Resguardo Indígena de Rio Blanco por el mal
estado del sistema de alcantarillado del sector. En concreto, el actor plantea que la
autoridad judicial no efectuó correctamente el análisis de los dictámenes periciales
que fueron aportados dentro del proceso ordinario; asimismo, no se estudiaron las
fotos, videos, documentación y declaraciones de parte que evidenciaban la
existencia del daño y la imputabilidad de la responsabilidad al estado, por las
afectaciones generada a la citada comunidad indígena.
Así las cosas, es claro que lo que se busca con el presente proceso es reabrir el
debate que ya fue estudiado por el juez natural, pues el accionante considera que
este resolvió sin tener en cuenta el alcance que, según su parecer, le debió dar a
las pruebas recaudadas en el trámite ordinario.
En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra acreditado en
este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo relativo al tercer criterio
señalado en relación con los derechos fundamentales invocados.
Siendo así, la Sala revocará el fallo de tutela de 20 de noviembre de 2024, proferido
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y su lugar
declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
VI. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de noviembre de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y su lugar se declara
IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Mesias Chicangana
Yangana en contra del Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes e intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte
Constitucional para que se surta la eventual revisión.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 27 de febrero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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