Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05693-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05693-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05693-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05693-01
Demandante: Santos Lailor Castillo Ramírez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto que negó el reconocimiento y pago del
auxilio funerario / Defecto sustantivo
Decisión: Confirma la decisión del a quo que negó el amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Santos Lailor Castillo Ramírez, en
contra de la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Santos Lailor Castillo Ramírez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad, buena fe y dignidad humana, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 30 de abril de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 11001333502320230005601.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. Presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra del departamento de Cundinamarca, Unidad
Administrativa Especial de Pensiones con la finalidad de cuestionar la legalidad de
los actos administrativos mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago del
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «3ED_Demandapdf(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05693-01
Demandante: Santos Lailor Castillo Ramírez
auxilio funerario solicitado como consecuencia del fallecimiento de Carlos Hernán
Castillo.
2.2. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en
sentencia del 21 de noviembre de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda,
al considerar que Carlos Hernán Castillo estaba pensionado al momento de su
fallecimiento y la empresa PROEXSE S.A.S., Los Olivos cubrió los gastos funerarios
en virtud del plan exequial que había sido suscrito por el causante previamente, por
lo que acreditó el cumplimiento de los consagrado en el artículo 51 de la Ley 100 de
1993. En contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
en sentencia del 30 de abril de 2024 revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda al considerar que la demandante no incurrió en
ningún pago por los gastos funerarios, ni tampoco fue quien suscribió la póliza que
los solventó, por lo que no acreditó los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993.
2.4. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico por cuanto desconoció que Carlos Hernán Castillo suscribió
un contrato pre-exequial, por lo que realizó el pago de sus gastos fúnebres de manera
anticipada, con lo que afectó directamente su patrimonio, pues, con ocasión de su
muerte entró a formar parte de la masa sucesoral, razón por la que se encontraba
legitimada para reclamar el pago del auxilio funerario.
2.5. En defecto sustantivo al no aplicar el artículo 18 del Decreto 1889 de 1994,
que estableció el concepto de afiliado y pensionado como la persona en favor de
quien se hicieron las cotizaciones que originaron el derecho a la pensión, y por aplicar
de forma restrictiva los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1994 respecto del auxilio
funerario.
2.6. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado2 respecto de los dos requisitos para solicitar el auxilio funerario,
estos son, la acreditación del pago de los gastos funerarios y que la persona fallecida
tenga la calidad de afiliado o pensionado.
2.7. En violación directa de la Constitución Política por no acatar el precedente
vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, debido al
efecto de la cosa juzgada material de las sentencias. Asimismo, al desconocer el
contenido de sus artículos 4, 13, 25, 29, 48, 53, 122, 305, 315 y 322, en especial, lo
referente al derecho fundamental del debido proceso a partir de los principios de
celeridad, publicidad, autonomía, independencia, gratuidad y eficacia.
2 Al respecto citó: i) sentencia de 6 de abril de 2011, Sección Segunda; (ii) concepto 2020- 00162-00
del 4 de noviembre de 2020, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Álvaro Namén Vargas; (iii)
concepto 2021-00184-00 del 26 de abril de 2022, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. María del
Pilar Bahamón Falla, y; (iii) concepto 2018-00182-00 del 14 de noviembre de 2018, Sala de Consulta
y Servicio Civil, C.P. Edgar González López
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Demandante: Santos Lailor Castillo Ramírez
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] se sirva amparar los derechos fundamentales de la señora SANTOS LAILOR
CASTILLO RAMIREZ, al debido proceso judicial y administrativo, a la igualdad, buena fe,
al derecho de acceso a la justicia (T-411/16), defecto factico, violación directa de la
constitución, desconocimiento del precedente jurisprudencial vinculante y obligatorio de la
Corte Constitucional y demás que se encuentran regulados en la Constitución Política.
Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela
solicitado por la señora SANTOS LAILOR CASTILLO RAMIREZ, se DEJE SIN EFECTO
la sentencia de segunda instancia de fecha 30 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “F”, Radicación:
11001333502320230005601, Demandante: SANTOS LAILOR CASTILLO RAMIREZ,
Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE PENSIONES, el señor CARLOS HERNAN CASTILLO, suscribe un
contrato preexequial, que posteriormente fallece, si tiene en cuenta que el pago el pago
realizado de manera anticipada por parte del señor CARLOS HERNAN CASTILLO para
cubrir sus gastos fúnebres, afecto directamente su patrimonio, el cual, con ocasión de su
muerte entra a formar parte de la masa sucesoral, con lo cual, la demandante señor
SANTOS LAILOR CASTILLO RAMIREZ en calidad de hija, se encuentra legitimada para
reclamar el pago del auxilio funerario […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La UGPP3 solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva ante la inexistencia de vulneración a derechos fundamentales de su parte, por
cuanto no tiene la competencia para pronunciarse respecto de las pretensiones
elevadas, las cuales versaron sobre un auxilio funerario con ocasión a la muerte de
un pensionado del departamento de Cundinamarca y no de esa entidad.
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F4 solicitó que se declarara improcedente el amparo pretendido ante la
inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales invocados y de la
configuración de los defectos específicos endilgados, pues, no existe fundamento
legal que otorgara al auxilio funerario el carácter de transferible.
6. Por ello, no se incurrió en defecto sustantivo, pues, la sentencia enjuiciada se
fundamentó en la evolución normativa y jurisprudencial derivada del artículo 56 y 86
de la Ley 100 de 1993, donde se estableció que el auxilio funerario se concede a la
persona que acreditara haber cubierto los costos de entierro de la persona
pensionada o afiliada, lo cual non ocurrió en el caso concreto.
7. Tampoco se configuró el desconocimiento del precedente judicial, ya basó su
decisión en el pronunciamiento del Consejo de Estado, dentro del proceso
identificado con el radicado 11001030600020230002200, en el que se resaltó la
3 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado «10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
RESPUESTATUTELA202(.pdf) NroActua 9»
4 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado
«22RECIBEMEMORIAL_Memorial_000202405693Constest(.pdf) NroActua 13»
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importancia de demostrar que el pago de los gastos funerarios fue realizado por la
persona que elevara la reclamación.
8. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá5
solicitó que se negara el amparo pretendido ante la inexistencia de vulneración a
garantía fundamental alguna, por cuanto se cumplió con todas las etapas del proceso
hasta proferir sentencia de primera instancia conforme a derecho.
9. Asimismo, su desvinculación como quiera que la demandante pretendió que
se revocara la sentencia de segunda instancia proferida el 30 de abril de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que no se evidenció vulneración de
su parte.
10. La Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de
Cundinamarca6 solicitó se declarara improcedente la petición de amparo, al no
acreditarse el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional,
máxime cuando tampoco se motivó cuál es el defecto específico de procedencia de
la tutela contra providencia judicial en que supuestamente se incurrió.
1.3 Sentencia de primera instancia7
11. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 28 de noviembre de
2024 negó las pretensiones de la solicitud de amparo, al considerar que no se
acreditó el desconocimiento del precedente judicial endilgado, pues, las sentencias
referidas en tal sentido no tienen naturaleza vinculante.
12. En cuanto al concepto que resolvió un conflicto de competencias en materia
de reconocimiento de auxilio funerario, recalcó que cuando se trata de dirimir
conflictos de competencia administrativa, la Sala no ejerce una potestad
jurisdiccional, por lo cual no puede predicarse la vulneración a derechos
fundamentales.
13. Que tampoco se acreditó el defecto sustantivo alegado, pues, la demandante
se limitó a proponer una interpretación alternativa de las normas aplicables, esto es,
que el pago anticipado realizado mediante el contrato pre-exequial acredita los
requisitos legales para acceder al beneficio solicitado
5 Ver índice 19 de Samai. Archivo denominado
«28RECIBEPRUEBAS_Memorial_05CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua 19»
6 Ver índice 21 de Samai. Archivo denominado
«33RECIBEMEMORIAL_PRONUNCIAMIENTOTUTEL(.pdf) NroActua 21»
7 Ver índice 24 de Samai. Archivo denominado «35Sentencia_3DR20240569300Santos(.pdf)
NroActua 24»
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Demandante: Santos Lailor Castillo Ramírez
1.4. Escrito de impugnación8
14. Santos Lailor Castillo Ramírez presentó escrito de impugnación contra la
sentencia de primera instancia, donde insistió en que tiene interés legítimo a que se
le reconozca el auxilio funerario, independientemente de quien haya realizado el pago
de los gastos exequiales, toda vez que, el auxilio funerario es una suma de dinero
que se debe reclamar por parte de los beneficiarios del causante, por el simple hecho
del fallecimiento del titular del derecho, independientemente de quien haya sufragado
los gastos exequiales.
2. Consideraciones
15. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20009 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201910, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
17. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema12. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
8 Ver índice 29 de Samai. Archivo denominado «37_MemorialWeb_Otro-
IMPUNACIONTUTELADE(.pdf) NroActua 29»
9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
10 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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18. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
19. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
20. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
21. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.
22. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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2.3. Problema jurídico
23. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir si: ¿el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F vulneró
los derechos fundamentales de Santos Lailor Castillo Ramírez con ocasión de la
sentencia del 30 de abril de 2024, mediante la cual, en segunda instancia, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que no se acreditó los requisitos
establecidos en la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria del auxilio funerario, con la
que incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
24. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto sustantivo
25. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable
al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto
encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de autonomía e
independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una
facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden
jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican
al actual Estado Social de Derecho.
26. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
27. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
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Demandante: Santos Lailor Castillo Ramírez
2.4.3. Sobre el caso concreto
28. Santos Lailor Castillo Ramírez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual, en segunda
instancia, negó las pretensiones formuladas tendientes a que se le reconociera un
auxilio funerario, por no acreditar los requisitos establecidos en Ley 100 de 1993.
24. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto se hizo una indebida interpretación de la
norma, al considerar que no tenía derecho al auxilio funerario porque no acreditó que
hubiese realizado el pago de los gastos exequiales de Carlos Hernán Castillo, cuando
dicho beneficio es independiente de quién lo haya realizado.
25. En razón a la controversia a decidir, para la Sala es importante mencionar lo
contenido en los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1996, en lo que al auxilio funerario
se refiere:
Artículo 51. auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de
entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario
equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última
mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que éste auxilio pueda ser inferior a
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho
salario.
Cuando los gastos funerarios por disposición legal o reglamentaria deban estar cubiertos
por una póliza de seguros, el Instituto de Seguros Sociales, cajas, fondos o entidades del
sector público podrán repetir contra la entidad aseguradora que lo haya amparado, por las
sumas que se paguen por este concepto.
Artículo 86. auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de
entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario
equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última
mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que pueda ser inferior a cinco (5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario.
El auxilio deberá ser cubierto por la respectiva administradora o aseguradora, según
corresponda.
Las administradoras podrán repetir contra la entidad que haya otorgado el seguro de
sobrevivientes respectivo, en el cual se incluirá el cubrimiento de este auxilio.
La misma acción tendrán las compañías de seguros que hayan pagado el auxilio de que
trata el presente artículo y cuyo pago no les corresponda por estar amparado este evento
por otra póliza diferente.
24. Al respecto, se recuerda el análisis normativo y probatorio efectuado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F para
concluir que la demandante no acreditó haber sufragado los gastos de entierro del
pensionado, y por ello no le asiste derecho al auxilio funerario pretendido, así:
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Demandante: Santos Lailor Castillo Ramírez
«[…] De acuerdo con la documental obrante en el plenario, se encuentra que el señor
Carlos Hernán Castillo falleció el 1º de mayo del 2021, momento en el cual se encontraba
disfrutando de una pensión de jubilación reconocida por la Caja de Previsión Social de
Cundinamarca a través de la Resolución. No. 0427 del 9 de febrero de 1983, de lo cual se
extrae que en el caso objeto de estudio se configuró uno de los requisitos necesarios para
el reconocimiento del auxilio funerario, como es el caso de la condición de afiliado o
pensionado del causante.
A pesar de lo expuesto, la Sala destaca que los requisitos establecidos para el
reconocimiento del auxilio funerario son taxativos y no contienen un orden de beneficiarios
específico en favor de quien deba ordenarse su pago, pues su reconocimiento no se da
automáticamente por la muerte de un afiliado al sistema y por el contrario, el elemento
esencial que da lugar a su configuración es la prueba de haber solventado los gastos
funerarios causados por la contingencia, situación que es predicable de cualquier persona
que aporte los soportes que así lo acrediten.
En este sentido, se advierte que para el caso del señor Carlos Hernán Castillo (q.e.p.d),
los servicios exequiales fueron prestados por la entidad PROEXSE S.A.S - Los Olivos
según consta en certificación visible a ítem 7 del expediente digitalizado […]
Así las cosas, la sala concluye que en el presente asunto, los gastos funerarios fueron
sufragados como consecuencia de la póliza exequial adquirida en vida por el señor Carlos
Hernán Castillo (q.e.p.d), es decir que este era el titular del contrato, por lo que asumió el
pago de la misma con el fin de prever los gastos ocasionados por la contingencia de la
muerte, documento en el que además, relacionó como “protegida del plan de previsión
exequial” a la aquí demandante Santos Lailor Castillo Ramírez.
De lo expuesto se extrae que la demandante no incurrió en ningún pago por concepto de
los gastos funerarios que dan lugar al auxilio reclamado, ni fue titular de la póliza que
solventó los servicios exequiales del causante, razón por la cual no se cumplió el requisito
establecido en la Ley 100 de 1993 sobre “La persona que compruebe haber sufragado los
gastos de entierro de un afiliado o pensionado”.
En este punto, la Sala destaca que contrario a lo manifestado por el a quo el simple hecho
de ser beneficiaria del señor Carlos Hernán Castillo (q.e.p.d), no da lugar al
reconocimiento de este derecho en favor de la demandante, independientemente de la
naturaleza del contrato suscrito por el causante, pues, este auxilio no compromete una
indemnización por el simple hecho de la muerte y por el contrario, constituye una
retribución para aquella persona que se haya visto afectada por una carga de índole
económico originada por los gastos funerarios de esta contingencia, situación que no fue
probada por la señora Castillo Ramírez y en consecuencia no le asiste razón a la actora
frente al derecho reclamado […]». (sic)
25. Como se observa, el análisis normativo efectuado por el tribunal demandado
se encuentra debidamente soportado en las normas aplicables a la controversia y a
la totalidad de las pruebas allegadas al plenario, de manera conjunta, como lo fueron
la certificación de los servicios exequiales prestados por la sociedad Los Olivos y el
contrato suscrito entre esta y el causante para tal fin, los cuales le permitieron llegar
a la conclusión de que la demandante no incurrió en ningún pago de los gastos
funerarios, ni tampoco fue la titular de la póliza que solventó los servicios exequiales.
26. Así las cosas, se observa que la corporación judicial demandada no hizo un
análisis restringido de la normatividad aplicable al caso, pues, esta es clara en indicar
que será beneficiario de dicho auxilio «la persona que compruebe haber sufragado los
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Demandante: Santos Lailor Castillo Ramírez
gastos de entierro de un afiliado o pensionado» situación que en el presente caso no se
acreditó, punto que no está en discusión.
27. De conformidad con lo descrito y de acuerdo con los antecedentes del caso,
se encuentra, que las actuaciones de la autoridad judicial demandada lejos de incurrir
en defecto sustantivo o irregularidad alguna, fueron realizadas conforme a la
jurisprudencia y normas aplicables al caso, debido a que se apoyó en el material
probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más
ajustada al caso concreto, frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del
asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones, en
consecuencia, las diferencias en el estudio de las pruebas aportadas no constituyen
una indebida valoración.
28. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos cuenta con soporte y está debidamente razonada
y justificada, sin que el mecanismo constitucional puede convertirse en una tercera
instancia.
29. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
30. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la
decisión del a quo de negar el amparo de los derechos fundamentales de Santos
Lailor Castillo Ramírez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta mediante la cual negó el amparo de los derechos
fundamentales de Santos Lailor Castillo Ramírez, en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05693-01
Demandante: Santos Lailor Castillo Ramírez
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
11
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