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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05700-00

Fecha
25 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05700-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Luis Armando Botello Vásquez, actuando como representante legal de la sociedad Manufactura de Textiles Colombia S.A.S. y de la sociedad Compañía por medio de apoderado, en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05700-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

25 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05700-00

Accionante: MANUFACTURA DE TEXTILES COLOMBIA S.A.S Y OTRO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción
de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida y se pretende convertir la
acción de tutela en una instancia adicional del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por la Manufacturera de Textiles Colombia S.A.S y otro, de conformidad con el
Decreto 333 de 2021.1

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

El 21 de octubre de 20242, el señor Luis Armando Botello Vásquez, actuando como
representante legal de la sociedad Manufactura de Textiles Colombia S.A.S. y de la
sociedad Compañía Textilera Internacional S.A.S, a través de apoderado, interpuso
acción de Tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la

1 “Artículo 1°. (…) Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (…) Las acciones de tutela dirigidas contra
los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.”
2 Fue admitida a través de auto de 28 de octubre de 2024, se ordenó vincular a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así mismo, se solicitó al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca la remisión del expediente digital del proceso ordinario y se le reconoció personería
jurídica al abogado Diego Rojas Girón, se tuvieron como pruebas las arrimadas al proceso. Ver
índice SAMAI 006. Documento 005.
1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05700-00
Accionante: Manufactura De Textiles Colombia S.A.S Y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Sección Cuarta del Consejo de Estado en procura de la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, debido proceso y propiedad privada que considera se
vulneraron en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo
radicado correspondió a 76001-23-33-002- 2018-00868-0001.3

Hechos relevantes

1. El 26 de septiembre de 2014, la accionante presentó solicitud de acuerdo de
pago a la DIAN con el fin de solventar en 5 años la deuda por los periodos 1 del año
2013 y 1, 2 y 3 del año 2014 del impuesto al valor agregado -IVA- junto con
sanciones e intereses, por $341.831.000 de las sociedades Manufactura de Textiles
Colombia S.A.S. y Compañía de Textiles de Colombia.

2. El 17 de febrero de 2015, la DIAN aceptó el acuerdo de pago enunciado por
lo que el 8 de mayo del mismo año expidió la Resolución 20150808000061 en la
que se determinaron las cuotas de pago y se aceptaron los inmuebles en garantía.

3. Sin embargo, el 17 de septiembre de 2015 la DIAN expidió la Resolución
20150811000111 en la que se declaró el incumplimiento del acuerdo de pago, por
no pago de cuota del mencionado mes. El 15 de febrero de 2016 la DIAN expidió el
Mandamiento de Pago 317-002 en el que decidió ejecutar la deuda por
$314.102.000 luego del incumplimiento del mencionado acuerdo de pago.

4. El 14 de noviembre de 2017, la accionante presentó solicitud de nulidad del
proceso de cobro coactivo en el que señaló que luego del proceso de remate y
secuestro de los bienes entregados en garantía se violó el derecho al debido
proceso y se afectó el derecho de los trabajadores.

5. El 22 de noviembre de 2017, la DIAN expidió los Oficios 4784 y 4803 en los
que negó la solicitud de nulidad. El 28 de noviembre de dicho año el accionante
presentó recurso de apelación contra los actos enunciados, el cual fue resuelto
mediante la Resolución 068 del 27 de febrero de 2018 que confirmó los actos
recurridos.

6. El accionante a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho por intermedio de apoderado judicial acudió a la jurisdicción contenciosa
administrativa, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos 004784
y 004803 del 22 de noviembre de 2017 y 5067-68 de 27 de febrero de 20184. Por
competencia funcional su conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

3 Paso para despacho el 06 de noviembre de 2024. Ver SAMAI. Índice 014. Documento 1 a 3.
4 Resolución que resuelve recurso de Apelación No. 68, por medio de los cuales se negó una solicitud
de nulidad de un proceso de cobro coactivo.
2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05700-00
Accionante: Manufactura De Textiles Colombia S.A.S Y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

7. En esa medida, el 12 de diciembre del 2018 fue admitida la demanda
presentada por parte de la sociedad Manufactura de Textiles Colombia S.A.S.5, y la
Sociedad Compañía Textilera Internacional S.A.S6 representadas por el Señor Luis
Armando Botello Vásquez en contra de la U.A.E -Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales- DIAN7.

8. En vista de lo anterior, el despacho judicial de primera instancia, por medio
de auto interlocutorio del 28 de julio de 20238, realizó el control de legalidad
dispuesto en el artículo 207 del CPACA; y consideró dar por terminado el proceso
ordinario atendiendo a que la decisión proferida por la DIAN no fue una decisión
definitiva, es decir, no modificó, creó o extinguió un derecho, sino que se trató de
unos actos de mero trámite. En ese sentido decidió no pronunciarse respecto a las
medidas cautelares solicitadas.

9. Por lo anterior, el demandante interpuso recurso de apelación el 28 de
noviembre de la misma anualidad, el cual fue fallado por el Consejo de Estado-
Sección Cuarta el 26 de septiembre de 2024. El ad quem hizo hincapié en que,
dentro del proceso de cobro coactivo, los únicos actos susceptibles de control
judicial son los que deciden las excepciones, los que llevan adelante la ejecución y
los que liquidan el crédito. Además, señaló que se ha permitido inclusive el control
jurisdiccional del auto que aprueba el remate en el proceso de cobro coactivo.

10. En la misma línea argumentativa, afirmó que los actos demandados no son
susceptibles de control judicial en el proceso de cobro coactivo. Pues en el caso
concreto, dadas las particularidades de los actos demandados se trató de actos de
trámite, pues no crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica, por lo
que no resultan ser susceptibles de control jurisdiccional. En la misma medida en lo
respectivo a las medidas cautelares, que el Tribunal decidió no resolver, reiteraron
que los actos demandados no son susceptibles de control judicial. En consecuencia,
confirmó la decisión de primera instancia.

Pretensiones

11. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“[...] que se ordene en amparo del derecho fundamental al debido proceso, al derecho
de defensa, al derecho al trabajo, a la propiedad privada y se proceda por los
despachos judiciales accionado a dejar sin efectos:

• El Auto Interlocutorio de 28 de julio de 2023 dentro del Medio de Control de
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, por medio del cual se efectúa
el control de legalidad y se dispone DAR POR TERMINADO el medio de control de

5 En adelante MATEXCOL S.A.S o el accionante.
6 En adelante COMTEXIN S.A.S o el accionante.
7 En adelante DIAN.
8 Ver SAMAI. índice 002. Documento 002. PP 1 a 7.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05700-00
Accionante: Manufactura De Textiles Colombia S.A.S Y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

nulidad y restablecimiento del derecho, Radicación 76001-23-33-002-2018-00868-
00, notificado 4 de agosto de 2023 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

• Igualmente dejar sin efectos el AUTO del Consejo de Estado - Sala de lo
Contencioso Administrativo-Sección Cuarta: Resuelve Recurso de apelación el 26 de
septiembre de 2024 contra auto que declaró terminado el medio de control de
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, Radicación 76001-23-33-002-
2018-00868-01 y confirma el Auto Interlocutorio de 28 de julio de 2023 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

Igualmente se amparen los derechos fundamentales del accionante al DERECHO
DE DEFENSA (art.29 de la C.P.), DERECHO AL TRABAJO (art.25 de la C.P.),
respecto de los cuales pido su protección, derechos del orden Constitucional que
más adelante detallaré y que solicito se le tutelen a mi poderdante porque están
dadas las CAUSALES DE PROCEDIBILIDAD”.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. La parte accionante alegó la violación de sus derechos fundamentales
considerando que la autoridad accionada incurrió específicamente en (i) defecto
material o sustantivo (ii) defecto fáctico (iii) y, defecto procedimental.

13. El actor, aduce el cumplimiento de las causales genéricas de procedibilidad,
haciendo énfasis en que “resultaba de relevancia constitucional el acudir a la justicia
contencioso administrativa por las flagrantes irregularidades procedimentales y
sustanciales de la DIAN” y en la misma medida precisó que existe un claro yerro
constitucional al “creer que todas las actuaciones de la DIAN obedecen a su actuar
como jurisdicción coactiva, de allí la relevancia constitucional se comprende que no
siempre todo lo de la DIAN sigue un mismo rasero”9

14. Frente a la violación al debido proceso argumenta que existió un cúmulo de
violaciones, porque no existieron actos de mero trámite a diferencia de lo indicado
por el Tribunal y el ad quem. En línea con el defecto fáctico precisa que los falladores
no valoraron las pruebas aportadas para demostrar el actuar de la DIAN.

15. En lo referido al defecto procedimental manifiesta el actor que, se adoptó una
decisión netamente procesalista y no se tuvo en cuenta que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dio trámite al proceso al considerar que contaba
con todos los requisitos de la ley, además rechazó la excepción de inepta demanda,
no valoró lo indicado por el demandante en la contestación de las excepciones
violando así el debido proceso y asumió la argumentación como propia, en la misma
medida hace énfasis en lo respectivo a la omisión en la individualización de las
empresas comportando ello un manejo irregular por parte de la DIAN.

9 También hace referencia a la inmediatez y realiza una repetición de los hechos ya pormenorizados.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05700-00
Accionante: Manufactura De Textiles Colombia S.A.S Y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

16. Respecto al defecto material o sustantivo indicó que la decisión judicial
careció de fundamento jurídico y no obedeció a la verdad de los hechos,
comportando una decisión sin motivación atendiendo a que no es acorde con los
supuestos fácticos y “tampoco los operadores judiciales se detuvieron a examinar
lo sustentado en la demanda que hacía que este caso de relevancia constitucional”.
Arguye el actor que el tribunal tenía que haber surtido acta de audiencia inicial, y
dentro de ella realizar la etapa de saneamiento, y a contrario sensu en vez de sanear
el proceso se dio por terminado el medio de control lo cual consideran es
abiertamente arbitrario.

Trámite en primera instancia

17. Mediante auto del 28 de octubre de 2024,10 el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, se vinculó al proceso a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y
se ordenó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitir en calidad de
préstamo y en medio digital el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el núm. 76001-23-33-002- 2018-00868-00/01.11Se tuvo como pruebas
las allegadas al amparo constitucional.

Intervenciones

18. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 12, desdijo lo dicho por
el actor y se refirió a los requisitos previstos por la Corte Constitucional para que el
amparo constitucional prospere, en esa medida afirmó que la parte accionante erró
en la sustentación de la acción y la misma carece de relevancia constitucional al
observar que no se acredita, ni se plantea de manera clara las razones por las
cuales el asunto tiene trascendencia constitucional; es decir, el cargo señalado por
el accionante está desprovisto de suficiencia argumentativa con respecto a la
presunta relevancia constitucional. En la misma medida enmarca el hecho de que
no se configuró ningún requisito específico de procedibilidad, toda vez que las
decisiones judiciales fueron proferidas en derecho, y por ello no es dable indicar que
los despachos judiciales incurrieron en un defecto sustantivo o material. Por lo
anterior solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.13

19. El Consejo de Estado, Sección Cuarta14 advirtió que la acción de tutela no
cumplía con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora
estaba haciendo una remembranza casi que exacta de los argumentos expuestos

10 Ver SAMAI. Índice 005. PP 1 a 2. Se notificó el auto admisorio de la demanda el 29 de octubre de
2024. Ver SAMAI índice 008. Documento 001,
11 Se allega el expediente electrónico de acuerdo a lo solicitado en el auto admisorio de la Tutela.
Ver SAMAI. Índice 010. Documento 001. PP 1 a 2. Ver SAMAI. Índice 011. Documento 001, 002 y
003.
12 Ver SAMAI. Índice 009. Documento 002. PP 1 a 7.
13 La DIAN, allegó al proceso resolución 00080 y 0091.
14 Ver SAMAI. Índice 012. Documento 001. PP 1 a 2.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05700-00
Accionante: Manufactura De Textiles Colombia S.A.S Y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

en el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, los cuales fueron
resueltos con suficiencia en el trámite ordinario. En esa medida, precisa el juez ad
quem que la parte actora empleó la acción de tutela como una instancia adicional
del proceso ordinario, solo que en esta oportunidad lo hace a partir de los defectos
procedimental y por decisión sin motivación, los cuales no fueron sustentados con
suficiencia y carecen de una mínima carga argumentativa. Expresó que lo anterior
demostró que la parte actora se limitó a exponer las razones por las que, a su juicio,
la decisión cuestionada es equivocada, sin que logre sustentar alguna causal
específica que acredite la prosperidad de la acción, máxime si se tiene en cuenta
que la decisión que se cuestiona fue proferida por una alta Corte.

20. El Tribunal Administrativo del Valle del cauca15, a pesar de haber
cumplido con lo requerido por el despacho sustanciador, no se pronunció de manera
específica en lo referente al amparo constitucional.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

21. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la
presente acción, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues, a pesar que el accionante invocó las causales específicas de
(i) defecto material o sustantivo, (ii) defecto fáctico (iii) y, defecto procedimental; sus
argumentos están encaminados a obtener una decisión judicial diferente a la
adoptada por el juez de conocimiento del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho; lo que contraría la naturaleza excepcional de la tutela, al intentar
convertirla en una instancia adicional al proceso ordinario. Ergo, el análisis que se
expondrá a continuación se limitará a realizar el estudio de la sentencia que resolvió
el recurso de apelación frente al auto proferido el 28 de julio de 2023 por el Tribunal
del Valle del Cauca, la cual confirmó y dejó en firme la decisión.

22. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que, cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el
examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial
rigor. Esto es necesario para no menoscabar los principios de autonomía e
independencia judicial, así como los de legalidad, cosa juzgada y juez natural, que
son elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por esta razón, la
procedencia de la acción contra providencias judiciales requiere un mayor rigor en
la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia objeto de tutela, y el
análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe limitarse exclusivamente a los
argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.16

15 Ver SAMAI. Índice N° 013. Documento 001. PP
16 Con base en el criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia constitucional supone que
la tutela no se emplee para insistir en las inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es
deber del juez de tutela y de impugnación, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando
como una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia
cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales. En caso de que se trate de los
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

23. En este sentido, y en correlación con la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional ha establecido que dicho requisito cumple al menos con tres
finalidades: a) proteger la autonomía e independencia judicial, evitando que el juez
de tutela invada la competencia del juez natural del caso; b) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales; y c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para cuestionar las decisiones judiciales.17

24. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar varios elementos18, a saber i) que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales, más
no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

25. Es decir que la interposición de una tutela contra una decisión amparada por
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica requiere un ejercicio
argumentativo que va más allá de simples inconformidades. En suma, resulta
necesario demostrar de manera suficiente la existencia de un vicio que, desde una

mismos argumentos es factible que el juez concluya que el mecanismo constitucional se está
empleando como una instancia adicional.
17 Corte Constitucional, Sentencia T–422 del 16 de octubre del 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
18Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Con base en esta premisa, se debe determinar si una
solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:(i) Que el asunto objeto de estudio
realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción
de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela. (ii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido
de la propia decisión cuestionada. (iii) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron
expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural (iv) Que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

perspectiva constitucional, justifique la intervención del juez de tutela para proteger
las garantías iusfundamentales cuya protección solicita.

26. Resulta de importancia precisar que, cuando el fallo objeto de tutela haya
sido proferido por una Alta Corte, además de los requisitos exigibles para cualquier
acción de tutela contra providencias judiciales, se ha establecido que resulta de
carácter trascendental satisfacer requisitos adicionales.

27. Es decir que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales dictadas por una Alta Corte, depende de que se cumpla con tres
exigencias19, a saber: “i) que, en los términos del artículo 86 de la Constitución y el
Decreto 2591 de 1991, se verifiquen los requisitos de procedencia de la acción de
tutela (legitimación en la causa, subsidiariedad e inmediatez), algunos de los cuales
se particularizan cuando el acto que se cuestiona es una providencia
judicial20; (ii) que se materialice alguna violación de los derechos fundamentales de
los accionantes, mediante la configuración de algún específico defecto reconocido
por la jurisprudencia constitucional, en la sentencia que se censura21, y (iii) que, en
la valoración de las dos exigencias anteriores, se acredite que se trata de un
caso “definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se
genera una anomalía de tal entidad que es necesaria la intervención del juez
constitucional.”22

28. La tercera exigencia, que sólo se predica de la acción de tutela contra
providencias de Altas Cortes, implica una “carga interpretativa transversal”23 para el
juez constitucional, tanto al momento de verificar los requisitos genéricos de
procedencia como al estudiar los defectos específicos que se alegan. 24 Por lo
tanto, dicha exigencia tiene un estándar muy riguroso, diferente al que se aplica a
cualquier acción de tutela contra providencias judiciales. Se requiere que la
providencia judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los
derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere
una anomalía de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez
constitucional.

19 Corte constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2007
21 Corte Constitucional. Sentencia T-269 de 2018.
22 Corte Constitucional. Sentencia SU-050 de 2018, parafraseando lo dicho en las sentencias SU-
573 de 2017, SU-050 de 2017 y SU-917 de 2010.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
24 Como se precisa en la Sentencia SU-050 de 2018, “esta Corporación ha reiterado que la tutela
contra providencias judiciales de altas Corporaciones es más restrictiva. En ese sentido ha señalado
que es procedente cuando es definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una
anomalía de tal entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

29. En este contexto, el reproche de la parte actora refleja no solo una falta de
argumentación para demostrar la afectación constitucional alegada, sino también
una mera inconformidad con la resolución adoptada por el juez natural de la
controversia. Como se ha indicado reiteradamente esta inconformidad por sí sola
no justifica un estudio de fondo de la tutela. Por el contrario, para que proceda la
tutela, no resulta suficiente invocar derechos fundamentales que se consideran
vulnerados, mencionar causales específicas de procedibilidad y expresar un
desacuerdo con la decisión judicial cuestionada.

30. Revisada la demanda, se evidencia que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el propósito de reabrir el debate jurídico y probatorio del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra de la DIAN. Cuando
lo cierto es que, el mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no
comporta una instancia adicional del proceso ordinario ni extraordinario.

31. En el caso sub lite, la parte interesada señaló la existencia de un defecto
fáctico, alegando que el fallo judicial tutelado carece de respaldo probatorio. No
obstante, omite señalar de manera específica cuáles pruebas, de haberse valorado
adecuadamente, habrían modificado sustancialmente el sentido de la decisión. En
consecuencia, para que prospere el vicio señalado, es imperativo que el accionante
exponga de forma detallada y exhaustiva que "el juez no dispuso del soporte
probatorio suficiente para sustentar el supuesto legal en que se basa la decisión, ya
sea por no haber valorado determinada prueba, por no hacerlo dentro de los
parámetros lógicos y razonables, o por haber denegado la práctica de alguna
prueba sin justificación"25

32. La Sala observa que el demandante busca que el juez de tutela realice un
nuevo examen de las pruebas presentadas durante el proceso ordinario. Sin
embargo, esta Corporación estima que dichos aspectos probatorios fueron
analizados, definidos y decantados con suficiencia, pertinencia y eficacia por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, cuya transcripción literal permite evidenciar:

“(…)

En el presente caso, se observa que los actos demandados son los Oficios 4784
y 4803 del 22 de noviembre de 2017 expedidos por la demandada que
resolvieron una solicitud de nulidad en contra del proceso de cobro coactivo, y
la Resolución 68 del 27 de febrero de 2018 que resolvió́ la apelación contra los
actos enunciados. Se observa, que los actos demandados no son susceptibles
de control judicial en el proceso de cobro coactivo establecidos en las normas
transcritas y en la jurisprudencia de la sección, por lo que es procedente dar por
terminado el proceso.

Según el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, los actos definitivos susceptibles de ser

25 Corte Constitucional. Sentencia T 459 de 2017.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05700-00
Accionante: Manufactura De Textiles Colombia S.A.S Y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, son "los que
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible
continuar la actuación".

De manera que únicamente las decisiones de la Administración, provenientes
de un procedimiento administrativo o los actos que hacen imposible la
continuación de la actuación o que decidan de fondo el asunto, son susceptibles
de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. En consecuencia, los "actos preparatorios, de trámite y de
ejecución que, como tales, se limitan a preparar, impulsar la actuación
administrativa, o dar cumplimiento a la decisión, no son demandables"

En el caso bajo estudio, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la actora demandó los oficios 4784 y 4803 del 22
de noviembre de 2014 proferidos por la DIAN por medio de los cuales se negó́
la solicitud de nulidad del proceso de cobro coactivo adelantado en su contra, y
la Resolución 68 del 27 de febrero de 2018 que confirmó los actos recurridos.

En el caso concreto, dadas las particularidades de los actos demandados se
trata de actos de trámite, pues no crean, modifican o extinguen una situación
jurídica, no son susceptibles de control jurisdiccional. Además, como lo precisó
el a quo, no son de ejecución o de liquidación del crédito en el proceso de cobro
coactivo, que son los actos susceptibles de control judicial.

En el mismo sentido, se observa que el auto recurrido se encuentra
debidamente sustentado, debido a que expone las razones jurídicas, por las
que se declaró la terminación del proceso. Adicionalmente, se aclara que el auto
apelado no planteó la falta de agotamiento de la vía administrativa, por lo que
la entrega de memoriales a los que hace referencia la apelante no desvirtúa la
terminación del proceso.

Se aclara, que los cargos en los que la demandante manifiesta que se
concentraron dos procesos en uno, que no se refiere a la demandante como
dos empresas, si se habían embargado propiedades del representante legal, la
calidad solidaria del representante legal y el embargo, y la facilidad de pago,
son cargos relacionados con los actos demandados y no en contra del auto
apelado, por lo que no serán objeto de estudio.
(…)”26

33. Entonces se observa que el defecto fáctico al cual se recurrió surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en
el que se sustenta la decisión. Para que se demuestre la ocurrencia de este vicio es
necesario que el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad
que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce

26 Sentencia de segunda instancia del proceso ordinario. Ver SAMAI. Índice 002 Documento 002.
PP 7 a 12.
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

de un asunto, según las reglas generales de competencia27. De tal suerte que los
desacuerdos respecto a la valoración de las pruebas -como ocurre en este caso
particular- no son relevantes para la jurisdicción constitucional, sino que constituyen
una carga que deben soportar los sujetos que acuden a la administración de justicia.

34. En síntesis, observa la Sala que, en la sentencia de segunda instancia
reprochada en el presente amparo constitucional, el juez de conocimiento realizó el
análisis jurídico y la valoración probatoria tendiente a demostrar que los actos
administrativos reprochados no modificaron situación jurídica alguna, por lo que no
son susceptibles de control judicial. Por lo que no prospera el aludido defecto fáctico.

35. En lo respectivo al defecto procedimental que se endilgó al fallo proferido por
el Consejo de Estado-Sección Cuarta, ha de referirse la Sala, que contrario a lo
alegado por el tutelante, la autoridad judicial accionada justificó las razones por las
cuales adoptó la decisión correspondiente:

“En cuanto a los actos que son susceptibles de control judicial el
artículo 101 del CPACA ordena lo siguiente:

Art. 101. Control Jurisdiccional. Solo serán demandables ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este
Código, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del
deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito.

La admisión de la demanda contra los anteriores actos o contra el que
constituye el título ejecutivo no suspende el procedimiento de cobro coactivo.
Únicamente habrá́ lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de
cobro coactivo: [...]”

En el mismo sentido, el artículo 835 del Estatuto Tributario establece lo
siguiente:

“Art. 835. Intervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de
cobro administrativo coactivo, solo serán demandables ante la Jurisdicción
Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y
ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende
el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista
pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.”

De acuerdo con las normas transcritas, en el proceso de cobro coactivo, los
únicos actos susceptibles de control judicial son los que deciden las
excepciones, los que llevan adelante la ejecución y los que liquidan el crédito.

27 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell), que estableció
que el defecto fáctico se presenta ante errores en el juicio valorativo ostensibles, flagrantes y
manifiestos que inciden en la decisión. Tal interpretación fue acogida, entre otras, por las sentencias
T-086 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-355 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto) y T-146 de 2010 (María Victoria Calle Correa).
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Además, esta Sala ha permitido incluso el control jurisdiccional del auto que
aprueba el remate en el proceso de cobro coactivo.

Por otra parte, el artículo 207 del CPACA ordena lo siguiente:
“ARTÍCULO 207. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del
proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que
acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se
podrán alegar en las etapas siguientes.”

En el presente caso, se observa que los actos demandados son los Oficios 4784
y 4803 del 22 de noviembre de 2017 expedidos por la demandada que
resolvieron una solicitud de nulidad en contra del proceso de cobro coactivo, y
la Resolución 68 del 27 de febrero de 2018 que resolvió́ la apelación contra los
actos enunciados. Se observa, que los actos demandados no son susceptibles
de control judicial en el proceso de cobro coactivo establecidos en las normas
transcritas y en la jurisprudencia de la sección, por lo que es procedente dar por
terminado el proceso.

Según el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, los actos definitivos susceptibles de ser
demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, son "los que
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible
continuar la actuación".

De manera que únicamente las decisiones de la Administración, provenientes
de un procedimiento administrativo o los actos que hacen imposible la
continuación de la actuación o que decidan de fondo el asunto, son susceptibles
de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. En consecuencia, los "actos preparatorios, de trámite y de
ejecución que, como tales, se limitan a preparar, impulsar la actuación
administrativa, o dar cumplimiento a la decisión, no son demandables"

En el caso concreto, dadas las particularidades de los actos demandados se
trata de actos de trámite, pues no crean, modifican o extinguen una situación
jurídica, no son susceptibles de control jurisdiccional. Además, como lo precisó
el a quo, no son de ejecución o de liquidación del crédito en el proceso de cobro
coactivo, que son los actos susceptibles de control judicial.

En cuanto al recurso de reposición respecto a las medidas cautelares, que el
Tribunal decidió no resolver, se reitera que los actos demandados no son
susceptibles de control judicial, por lo que el estudio de medidas cautelares no
era procedente. En consecuencia, no se evidencia violación al debido proceso,
ya que procede declarar la terminación del proceso”.

36. Lo anterior permite evidenciar que el juez ad quem no tomó una decisión
violando los procedimientos reglados, sino que por el contrario, garantizó el debido
proceso. Además, vale aclarar que, la mera admisión de la demanda no comporta
de forma automática que el fallador profiera una decisión de fondo, pues la
valoración de los requisitos procesales constituye una serie de trámites de

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naturaleza estrictamente procesal. Por lo anterior queda decantado la
improcedencia del defecto procedimental invocado, ya que se profirió el fallo con
estricta sujeción de la ley.

37. En la misma línea argumentativa frente al alegado desconocimiento del
defecto material o sustantivo, la Sala coincide con la conclusión tomada por el juez
ad quem del proceso ordinario, la cual se basa en el criterio unificado de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, donde a lo sumo se precisa el procedimiento de
cobro coactivo regulado en el Estatuto Tributario y los actos administrativos sujetos
a control jurisdiccional.28

38. Por lo expuesto anteriormente, la Sala observa la insuficiencia palmaria en la
carga argumentativa transversal en el presente amparo constitucional, lo cual
constituye un requisito sine qua non para que prospere la tutela, especialmente
cuando la sentencia ha sido proferida por una Alta Corte. En resumen, la parte
actora se limitó a exponer las razones por las cuales, a su juicio, la decisión
cuestionada es difusa, sin lograr demostrar las causas específicas que sustentan su
reclamo.

39. En consecuencia, se reitera en esta oportunidad que la acción de tutela
contra providencias judiciales “es concebida como un ‘juicio de validez’ y no como
un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado29, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la
controversia”30. Como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021,
este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.

40. En definitiva, la Subsección considera que lo pretendido por la parte tutelante
es que se realice un nuevo estudio frente a lo definido razonablemente por el juez
natural, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela de la referencia
por el incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional31.

28 Consejo de Estado, Sección Cuarta, 9 de septiembre de 2021, Rad: 66001-23-33-000-2014-
00242-01. C.P Stella Jeannette Carvajal Basto. También véase la Sentencia del 24 de septiembre
de 2020. Exp. 21178, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
29 Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó:
“(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en
la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina
Pardo Schlesinger)”.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-016 del 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Luis Armando Botello Vásquez, actuando como representante legal de la
sociedad Manufactura de Textiles Colombia S.A.S. y de la sociedad Compañía por
medio de apoderado, en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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