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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05705-00

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05705-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el presidente de la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, por las razones explicadas en precedencia. SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor José Luis Borja Sánchez para interponer la presente acción de tutela, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2024 05705 00 Accionante: José Luis Borja Sánchez TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05705-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

12 de diciembre de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 05705 00
Accionante: José Luis Borja Sánchez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05705 00
Accionante: JOSÉ LUIS BORJA SÁNCHEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SALA DE CONSULTA Y SERVICIO
CIVIL

Tesis: No está legitimado en la causa por activa para interponer
la acción de tutela quien pretende el amparo de su
derecho a elegir y no acreditó haber sufragado en las
elecciones correspondientes.

No está legitimado en la causa por activa para interponer
la acción de tutela quien pretende el amparo de su
derecho al debido proceso, el cual estima vulnerado por
la decisión que resolvió un conflicto de competencias del
que no fue parte.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor José Luis Borja
Sánchez en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2024 05705 00
Accionante: José Luis Borja Sánchez

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Luis Borja Sánchez, quien manifestó actuar en “(…)
condición de elector del actual presidente Gustavo Petro Urrego (…)”1,
promovió acción de tutela en contra de la decisión adoptada el 6 de agosto
de 2024 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en
el proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 06 000 2024 00343
00, que resolvió el conflicto positivo de competencias administrativas
suscitado entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Legal de
Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes del
Congreso de la República, y para ello formuló las siguientes
pretensiones2:

“[…] PRIMERA: Que al auto referido en el presente proferido por la
Sala Civil y de Consulta (sic) del Consejo de Estado con su decisión
colocó en riesgo mi derecho a elegir, por ende, violó el artículo 23
de la Convención Americana, violó el principio de convencionalidad
al desconocer el fallo de la Corte Interamericana, que ordena no
repetir la conducta que indilgó (sic) responsabilidades al Estado
colombiano contra GUSTAVO PETRO URREGO y violó el Acto
Legislativo 05 de 2015 articulo 14.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se garanticen los
derechos de los electores del hoy presidente GUSTAVO PETRO
URREGO entre los que me encuentro, retirando del mundo jurídico
el auto de la sala civil y de consulta (sic) del Consejo de Estado ya
mencionado, para evitar un daño irremediable a los electores y al
proyecto político de la Colombia Humana que elegimos por cuatro
años.

TERCERO: Que en aras a las garantías que el Estado Colombiano
debe brindarle a la democracia colombiana, al proyecto político de
la Colombia Humana y a los electores de ese proyecto, se declare
que la Sala Civil y de Consulta (sic) de Consejo de Estado violó el
debido proceso, al arrogarse facultades que el Acto Legislativo 02 de
2015 Artículo 14, consagró expresamente a la Corte Constitucional
[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).

1
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05705 00.
2
Ibidem.
2

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05705 00
Accionante: José Luis Borja Sánchez

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante manifestó que, “(…) el señor GUSTAVO PETRO URREGO da
a conocer su proyecto político de izquierda democrática y progresista,
defensor del Estado Social de Derecho y el Humanismo como eje central
de su política (…)”3, por lo que “(…) como político tuvo detractores y
seguidores que hicieron uso de su poder constituyente entre los que me
encuentro, para elegirlo como Representante a la Cámara por Bogotá
entre el año 1992 al 2002 y Senador de la República del año 2002 al 2012
(…)”4.

Indicó que, “(…) dado que la sociedad colombiana conoció y conoce el
talante político del señor PETRO URREGO, político de izquierda y
progresista, de origen revolucionario que recibió perdón judicial y político
de la sociedad colombiana, pero además defensor de políticas hacia los
más débiles dentro de la pirámide social que hay en Colombia (…), lo
elegimos dentro de lo cual me incluyo, como alcalde de Bogotá para el
período 2012-2016 (…)”5.

Relató que, el Procurador General de la Nación de aquella época, junto
con el Superintendente de Sociedades y el Contralor Distrital, todos,
según afirmó, con inclinación política de derecha, “(…) resuelve imponer
sanciones al alcalde en otrora así: a) suspensión de 15 años por falta
gravísima; b) multa por una suma de miles de millones y c) responsabilizó
al hoy presidente de violar la libre competencia. Razón por la cual fue
destituido del cargo (…)”6.

Señaló que, en virtud de las precitadas sanciones, el señor Petro Urrego
“(…) interpuso acciones legales ante las instancias correspondientes como
el Consejo de Estado, los Jueces de Tutela y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, con el propósito que se respetaran sus derecho

3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
3

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Accionante: José Luis Borja Sánchez

(sic) políticos y los de sus electores como constituyentes primarios, toda
vez, que no podían instituciones meramente administrativas y de carácter
político desconocer al constituyente primario como electorales del señor
PETRO URREGO, por representar una ideología política de izquierda, social
de inclusión y de subsidios hacia los más débiles o vulnerables (…)”7.

Anotó que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que
“(…) el proyecto político del Gustavo Petro Urrego (hoy nuestro presidente
de la República) se había afectado y puesto en peligro, por cuanto el
Estado Colombiano violó el artículo 23 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, relativo a los derechos políticos, que además, las
infracciones meramente administrativas y que no constituyan delitos no
pueden sacar de un proyecto político a quien fue elegido por votos
popular, es decir, debe ser a través de un proceso penal (…)”8.

Expuso que, “(…) [c]on todo, la sala de consulta y servicio civil del Consejo
de Estado, al dirimir una colisión de competencia entre la Comisión de
acusaciones de la Cámara de Representantes, juez natural de la dignidad
presidencial y el Consejo Nacional Electoral, Órgano Administrativo y
máxima autoridad electoral, conformada por representantes de los
partidos políticos, decide, que el Consejo Nacional Electoral puede
investigar la campaña y al hoy presidente Gustavo Petro Urrego, lo cual
coloca en riesgo mi derecho a elegir, viola la garantía de no repetición de
conformidad con el estándar internacional señalado por la Corte
Interamericana en contexto con la sentencia Petro Urrego vs Estado
Colombiano (…)”9.

Alegó que la autoridad accionada “(…) no puede dirimir un conflicto de
competencias, como en efecto lo hizo, frente a la comisión de acusaciones
de la Cámara de Representante (FUNCIONES JURISDICCIONALES) y el
Consejo Nacional Electoral (FUNCIONES ADMINISTRATIVAS), por cuanto

7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
4

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05705 00
Accionante: José Luis Borja Sánchez

viola la garantía de no repetición del fallo proferido por la Corte
Interamericana, viola la constitución Política “Acto Legislativo 02 de 2015
articulo 14”, que expresamente señala que ante un eventual conflicto de
competencias de diferentes jurisdicciones, será la Corte Constitucional
quien lo dirima (…)”10.

Sostuvo que “(…) la Sala de Consulta y del Servicio Civil del Consejo de
Estado con la decisión de permitir que un ente administrativo (C.N.E.)
investigara la conducta de un presidente en ejercicio desconociendo el
fuero presidencial, más las garantías de no repetición que comprometió
al Estado Colombiano en la sentencia GUSTAVO PETRO URREGO vs
COLOMBIA proferida por la Corte Interamericana de justicia (sic), violó y
colocó en riego mi derecho a elegir, además, que definió un conflicto de
competencias arrogándose facultades expresas de la Corte Constitucional
como quedó explicado en el presente escrito, por lo que considero que mi
derecho a elegir se encuentra amenazado (…)”11. (Se destaca)

Precisó que, “(…) el suscrito es elector de Gustavo Petro Urrego hoy
presidente de la República y Francia Márquez Mina vicepresidenta de la
misma para un período de 4 años que comenzaron el 07 de agosto de
2022 y terminan el 02 de agosto de 2026 (…)”12.

Aseveró que “(…) la persecución política que ha sufrido el hoy presidente
Gustavo Petro y su proyecto político durante su carrera de activista, no
se terminó con la suspensión al otrora Alcalde Mayor de Bogotá, sino que
hoy transciende a la figura presidencial cuando el Consejo de Estado Sala
Civil, abrogándose facultades resolviendo una colisión de competencia,
permite que el Consejo Nacional Electoral, una entidad administrativa
investigue al presidente en ejercicio Gustavo Petro Urrego, cuando el juez
natural el (sic) la Comisión de Acusaciones de la Cámara con jurisdicción
para ello (…)”13.

10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
5

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05705 00
Accionante: José Luis Borja Sánchez

Agregó que “(…) [a]demás de lo realizado por el Consejo de Estado, se
suma a ello, que el Consejo Nacional Electoral en cabeza de dos
magistrado (sic) de partidos de derecha como el señor CESAR AUGUSTO
LORDUY (Cambio Radical) y el señor ALVARO HERNANDO PRADA (Centro
Democrático), investigan y resuelven condenar la campaña a la
presidencia de la república incluyendo al presidente aforado. Por ello, no
hay dudas, que tanto el Consejo de Estado Sala Civil y el Consejo Nacional
Electoral están violando el artículo 40 de la Constitución política numeral
primero, es decir, mi derecho a elegir, por cuanto continúa la persecución
sobre el proyecto político por el cual votamos más de once millones de
colombianos (…)”14. (Se destaca)

Finalmente arguyó que “(…) también, se está violando el artículo 23 de la
Convención americana de Derechos Humanos suscrita y ratificada por
Colombia, por cuanto el fallo de la Corte Interamericana de justicia (sic)
de Gustavo Petro Urrego vs el Estado colombiano, de fecha 08 de julio del
año 2020, se dispuso por parte de aquella corte internacional al Estado
Incumplido en el resuelve, la garantía de no repetición a favor del hoy
presidente Gustavo Petro, como quiera que lo que está en juego es el
proyecto político de la Bogotá Humana, hoy Colombia Humana, por lo
anterior no existe dudas que el auto de la Sala Civil (sic) del Consejo de
Estado, al no observar los elementos axiológicos de la sentencia proferida
por la Corte Interamericana contra el estado Colombiano y a favor de
Gustavo Petro, está violando la garantía de no repetición en su sentido
epistemológico (…)”15.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:

14
Ibidem.
15
Ibidem.
6

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05705 00
Accionante: José Luis Borja Sánchez

3.1. La tutela fue radicada el 22 de octubre de 202416 a través del
aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama
Judicial y correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del
29 de octubre de 202417 la remitió al despacho del consejero Jorge Edison
Portocarrero Banguera, para que estudiara la posible acumulación con la
acción de tutela identificada con el radicado nro. 11001 03 15 000 2024
05127 00 que se adelanta en aquel despacho; ello, por cuanto las dos
solicitudes de amparo se promovieron en contra de la decisión adoptada
el 6 de agosto de 2024 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado en el radicado nro. 11001 03 06 000 2024 00343 00.

3.2. Por auto del 7 de noviembre de 202418, el consejero Jorge Edison
Portocarrero Banguera negó la acumulación al considerar que “(…)
aunque existe identidad de causa y de sujeto pasivo, no se observa
identidad de objeto, pues no se presenta uniformidad en los derechos
fundamentales invocados, pues en la primera tutela radicada, se pretende
el amparo del derecho fundamental al debido proceso bajo las (sic)
perspectiva del juez natural y fuero especial constitucional del Presidente
de la República y en la 2024-05705-00 se busca la protección del derecho
a elegir y ser elegido, lo que implica un análisis distinto en cuanto a
derechos y pretensiones (…)”.

3.3. Teniendo en cuenta lo anterior, por auto del 15 de noviembre de
202419, esta Sección admitió la acción de tutela y dispuso notificar20 a la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, como parte
accionada, así como vincular21 al Consejo Nacional Electoral y a la

16
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05705 00.
17
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05705 00.
18
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05705 00.
19
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05705 00.
20
Esta orden se cumplió el 18 de noviembre de 2024. Visto en el índice 19 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
05705 00.
21
Ibidem.
7

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05705 00
Accionante: José Luis Borja Sánchez

Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de
Representantes del Congreso de la República, como terceros interesados
en el resultado del proceso.

De igual forma, solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, que allegara copia digital del proceso identificado con el
radicado nro. 11001 03 06 000 2024 00343 00, el cual fue remitido22.

3.4. La Representante a la Cámara e integrante de la Comisión de
Investigación y Acusación, María Eugenia Lopera Monsalve, radicó
escrito23 en el que informó que, en el haber investigativo encargado a su
despacho, no reposa ningún expediente con los presupuestos fácticos
indicados en la presente acción constitucional.

Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que “(…) en el presente asunto, “no
se vislumbra la calidad de titular de los derechos invocados por parte de
la activa”, lo que conlleva a que la acción de tutela resulte improcedente
(…)”.

3.5. El profesional universitario de la oficina jurídica del Consejo Nacional
Electoral, presentó escrito24 en el que solicitó que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela, debido a que no se encuentra
acreditada la vulneración alegada por el accionante.

Al efecto, señaló que “(…) el señor JOSÉ LUIS BORJA SÁNCHEZ no tiene
la calidad de titular o representante del titular de los derechos y no se
acredita que actúe como agente oficioso o representante del Ministerio
Público, lo cual no le legitima ni habilita como tercero para la instauración
de la presente acción constitucional (…)”.

22
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05705 00.
23
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05705 00.
24
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05705 00.
8

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05705 00
Accionante: José Luis Borja Sánchez

Agregó que “(…) en virtud de lo establecido en el artículo 86 Superior y
lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el
precedente jurisprudencial trazado en la materia, se advierte la falta de
legitimación en la causa por activa del accionante, toda vez que la
naturaleza constitucional incoada no versa en la protección de sus
derechos fundamentales (…)”.

Adicionalmente expuso que “(…) teniendo en cuenta que las pretensiones
incoadas en la acción de tutela se dirigían a que la Corte Constitucional
dirimiera el conflicto positivo de competencia administrativa entre el
Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación de
la Cámara de Representantes para investigar al ciudadano GUSTAVO
FRANCISCO PETRO URREGO, por las presuntas irregularidades frente al
régimen de financiación de las campañas presidenciales de la COALICIÓN
PACTO HISTÓRICO, escenario jurídico que fue objeto de decisión de fondo
mediante providencia del 6 de agosto de 2024 por parte de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 39 y el numeral 10 del artículo 112 de la Ley
1437 de 2011, quien frente al particular, resolvió el diferendo
competencial planteado, dejando en claro el alto tribunal de lo
contencioso administrativo, que la competencia judicial, en tratándose de
procesos penales o disciplinarios de resorte del Congreso de la República,
no puede desplazar la facultad administrativa que le ha sido conferida
constitucional y legalmente a esta Autoridad Electoral como órgano
autónomo e independiente dentro de la estructura del Estado (…)”.

3.6. El presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes allegó escrito25 en el que solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela y que se desvincule a dicha
Corporación del presente trámite tutelar.

25
Visto en los índices 22 y 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05705 00.
9

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05705 00
Accionante: José Luis Borja Sánchez

Indicó que “(…) lo pretendido, no recae o afecta derecho fundamental
alguno del actor, pues su derecho a la participación democrática, su
derecho a elegir fue ejercido con plenitud en la oportunidad legal para
ello. Por otra parte, de los hechos narrados no se encuentra vulneración
alguna de sus derechos al orden justo, ni de la supremacía de la
Constitución, de modo que no se cumple el requisito de legitimación en la
causa por activa (…)”.

Anotó que “(…) en caso de que se pretenda actuar en calidad de agente
oficioso, en materia constitucional, para ello la Corte ha establecido dos
requisitos: el primero exige invocar tal condición y el segundo que la
persona titular de los derechos fundamentales presuntamente
conculcados se encuentre en circunstancias que le impidan actuar
directamente, lo que en el asunto bajo estudio no se cumplen, por tanto,
se itera, el accionante carece de legitimación para pedir el amparo, pues
no es titular de las prerrogativas cuya pretermisión aduce, ni acredita
circunstancia de gravedad tal, que impida al directo interesado, ejercer
sus propios derechos (…)”.

Finalmente aseveró que, en el asunto bajo examen, tampoco se cumple
con el presupuesto de procedencia correspondiente a la legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que, en primer lugar, no se acredita que
haya vulneración alguna de los derechos fundamentales del accionante
por parte de la Comisión que preside, y por otra parte, que la pretensión
de la parte actora va dirigida a un tercero ajeno, esto es, la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

3.7. La presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado rindió informe26 en el que precisó que la solicitud de amparo
resulta improcedente, debido a que (i) la acción de tutela no puede
utilizarse como un recurso para reabrir el estudio del asunto objeto de
decisión, (ii) no existe un perjuicio irremediable de los derechos

26
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05705 00.
10

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Accionante: José Luis Borja Sánchez

fundamentales del actor, y (iii) el accionante carece de legitimación en la
causa por activa.

Al respecto, explicó que “(…) la acción de tutela no puede emplearse como
un mecanismo para reabrir el proceso competencial, para discutir las
consideraciones de la decisión ni para revisar los aspectos legales que se
hayan definido en él. Así las cosas, es evidente que el proveído de la Sala,
contra el cual se presenta la tutela, no tiene el alcance que indebidamente
el demandante le endilga, pues este no puede afectar en modo alguno su
derecho a elegir en relación con el presidente de la República. Menos
cuando se trata de una decisión que, por sí misma, no concluye la
actuación administrativa o judicial cuya competencia se define y, por
tanto, no tiene la potencialidad de lesionar los derechos que se invocan.
En específico, no tiene la posibilidad de afectar, por sí misma, el ejercicio
de las funciones del presidente de la República, que es el funcionario de
elección popular que el actor manifiesta haber elegido y, por ende, no
puede afectar su derecho a la representación política por parte del citado
funcionario (…)”.

Aclaró que, la decisión acusada en esta sede constitucional solo define las
competencias de las autoridades involucradas, de conformidad con lo
establecido en la Carta Política y en las disposiciones legales sobre la
materia.

Sostuvo que “(…) no puede alegarse, como lo pretende el actor, que, a
partir de la definición de un conflicto de competencias por parte de la
Sala, se amerita una solución urgente al punto de requerir una
intervención constitucional, por existir un perjuicio irremediable a sus
derechos fundamentales a elegir y ser representado políticamente. Menos
aún, cuando el actor no advierte ni argumenta con claridad cual seria [el]
perjuicio irremediable frente a su derecho político a elegir (…)”.

Advirtió que el accionante carece de legitimación en la causa por activa
para presentar esta acción de tutela, pues “(…) si bien manifiesta

11

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Accionante: José Luis Borja Sánchez

presentarle en protección de sus derechos políticos en cuanto elector del
presidente Petro Urrego, no acreditó haber votado en las elecciones
presidenciales del 2022, en las que este fue electo (…)”.

3.8. El expediente ingresó al despacho para fallo el 26 de noviembre de
202427.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199128 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,29 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202130, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201931 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente32:

27
Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05705 00.
28
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
29
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
30
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
31
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
32
Lo que se desprende del proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 06 000
2024 00343 00, que resolvió el conflicto positivo de competencias administrativas
suscitado entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Legal de Investigación y
Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Visto en el
índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 03 15 000 2024 05705 00.
12

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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05705 00
Accionante: José Luis Borja Sánchez

4.2.1. Mediante oficio CNE-PRE-MMA-167-2024 del 5 de junio de 2024, la
presidente del Consejo Nacional Electoral solicitó a la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado “(…) dirimir el conflicto positivo de
competencias entre el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES,
de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y numeral 10 del
artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, con ocasión a las investigaciones
que cursan en la Corporación frente a las campañas de consulta
interpartidista y presidenciales del año 2022, primera y segunda vuelta,
de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO, en las cuales fungió como candidato
el ciudadano GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO y quien hoy ostenta
el cargo de presidente de la república (…)”.

4.2.2. El 6 de agosto de 2024, la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, decidió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. DECLARAR COMPETENTE al Consejo Nacional
Electoral, para continuar la investigación administrativa por las
presuntas irregularidades en la financiación y presentación de
informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta
interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año
2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como
candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego e imponer las
sanciones administrativas correspondientes, si a ello hay lugar.

SEGUNDO: DECLARAR COMPETENTE al Congreso de la República
para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del
presidente de la República, de manera autónoma y según el
procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por
indignidad política, en los términos del artículo 21 de la Ley
Estatutaria 996 de 2005, cuando de la investigación adelantada por
el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de
la campaña presidencial 2022-2026 proceda la referida sanción.

TERCERO. REMITIR el expediente al Consejo Nacional Electoral,
para el ejercicio de la competencia correspondiente.

CUARTO. COMUNICAR la presente decisión al Consejo Nacional
Electoral y a la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la
Cámara de Representantes del Congreso de la República.

QUINTO. ADVERTIR que contra la presente decisión no procede
recurso alguno, como lo dispone expresamente el inciso tercero del
artículo 39 de la Ley 1437 de 2011.

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Accionante: José Luis Borja Sánchez

SEXTO. ADVERTIR que los términos legales se reanudarán o
empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que se
comunique la presente decisión […]”. (Mayúsculas y negrillas
originales del escrito de tutela).

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la solicitud de desvinculación formulada por el presidente
de la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de
Representantes, se advierte que la petición no es procedente, comoquiera
que dicha comisión fue vinculada al trámite tutelar por tener interés en el
resultado del proceso, atendiendo a que la decisión cuestionada en esta
acción de tutela resolvió un conflicto de competencias suscitado entre el
Consejo Nacional Electoral y la precitada comisión.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el señor José Luis Borja Sánchez, actuando
“(…) en condición de elector del actual presidente Gustavo Petro Urrego
(…)”33, interpuso la presente acción de tutela con el fin de que se ampare
su derecho constitucional a elegir34.

Expuso que el derecho a elegir fue vulnerado con la decisión de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado proferida el 6 de agosto
de 2024, que resolvió el conflicto positivo de competencias
administrativas suscitado entre el Consejo Nacional Electoral y la
Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de
Representantes del Congreso de la República.

En los informes rendidos en el trámite de esta acción constitucional, los
Representantes a la Cámara, María Eugenia Lopera Monsalve y Leonardo
Gallego Arroyave, integrantes de la Comisión Legal de Investigación y
Acusaciones de la Cámara de Representantes, el profesional universitario
de la oficina jurídica del Consejo Nacional Electoral y la presidente de la

33
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 05705 00.
34
Ibidem.
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Accionante: José Luis Borja Sánchez

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, alegaron que el
accionante carece de legitimación para interponer la presente solicitud de
amparo.

En ese contexto, para resolver si el actor tiene legitimación en la causa
por activa para promover la presente acción de tutela, la Sala recuerda
que el artículo 86 de la Constitución Política prevé que “(…) toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública (…)”.

En consonancia con lo anterior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
dispuso que, toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales podrá ejercer acción tutela por sí misma, por
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los
derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover
su propia defensa.

A su turno, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la
causa por activa “no es otra cosa que el reconocimiento de la titularidad
subjetiva de los derechos fundamentales de quien presenta la acción” 35.
Igualmente, ha indicado que “(…) la legitimación por activa es requisito
de procedibilidad. Esta exigencia significa que el derecho para cuya
protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del
demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la legitimación en la
causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de
causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y la

35
Corte Constitucional. Sentencia T – 086 del 15 de febrero de 2010. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
15

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Accionante: José Luis Borja Sánchez

acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el
cual la tutela se torna improcedente (…)”36.

Ahora bien, en cuanto a la legitimación en la causa por activa para
promover acciones de tutela con el objetivo de lograr el amparo de
derechos políticos, en particular, el derecho a elegir, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-066 de 2015, al hacer referencia a la
sentencia T-516 de 2014, anotó lo siguiente: “(…) “[p]ara determinar si
una persona está o no legitimada para incoar la acción de tutela en ese
tipo de eventos, considerando la naturaleza propia del derecho (…), en la
sentencia T-1337 de 2001 la Corte fijó la necesidad de comprobar si quien
alega la afectación ejerció efectivamente su derecho al voto, sin que ello
signifique una exigencia para el sufragante de demostrar cuál fue la
persona o la lista por la cual votó” (…)”37.

Adicionalmente, en la misma providencia, arguyó que “(…) la Corte ha
optado por reconocer legitimidad a quienes demuestren que han ejercido
su derecho al voto, sin exigirles probar por quién votaron, pues no es
posible aportar esa constancia y además resultaría desproporcionado. En
efecto, de acuerdo con la sentencia T-516 de 2014, que a su vez reitera
la regla fijada en la sentencia T-1337 de 2001, la Corte infiere la
legitimidad del accionante para la protección de los derechos políticos,
cuando “quien alega la afectación ejerció efectivamente su derecho al
voto” (…)”38.

En ese sentido, la Sala advierte que en el caso objeto de estudio no está
acreditado que el accionante haya ejercido su derecho al voto en las
elecciones presidenciales del año 2022 en las que resultó electo el señor
Gustavo Petro Urrego, por lo tanto, en los términos de la jurisprudencia
constitucional citada previamente, el señor Borja Sánchez carece de falta

36
Corte Constitucional. Sentencia T – 568 del 17 de julio de 2012. M.P.: Mauricio
González Cuervo.
37
Corte Constitucional. Sentencia T – 066 del 16 de febrero de 2015. M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
38
Ibidem.
16

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de legitimación en la causa por activa para promover la presente acción
de tutela con el fin de que se ampare su derecho “constitucional a elegir”.

De otra parte, la Sala no pasa por alto que en el escrito de la acción de
tutela el accionante formuló en la tercera pretensión que “se declare que
la Sala Civil y de Consulta (sic) de Consejo de Estado violó el debido
proceso, al arrogarse facultades que el Acto Legislativo 02 de 2015
Artículo 14, consagró expresamente a la Corte Constitucional”; al
respecto, valga precisar que el accionante tampoco se encuentra
legitimado para solicitar la protección de dicho derecho.

Lo anterior, comoquiera que la decisión cuestionada se profirió en el
marco de la resolución de un conflicto de competencias positivo suscitado
entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Legal de Investigación
y Acusaciones de la Cámara de Representantes, es decir, un proceso en
el que el accionante no hizo parte.

En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por
activa del señor José Luis Borja Sánchez para interponer la presente
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el
presidente de la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la
Cámara de Representantes, por las razones explicadas en precedencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR ACTIVA del señor José Luis Borja Sánchez para interponer la
presente acción de tutela, conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
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Accionante: José Luis Borja Sánchez

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

18

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