Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05705-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05705-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05705-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
21 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05705-01
Demandante: José Luis Borja Sánchez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05705-01
Demandante: JOSÉ LUIS BORJA SÁNCHEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO
CIVIL
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procedencia
excepcional / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - La acción de tutela debe ser ejercida por el
titular del derecho que se estima vulnerado.
La Sala1 decide la impugnación instaurada por la parte demandante contra el fallo
de primera instancia, proferido el 12 de diciembre de 2024, por la Sección Primera
del Consejo de Estado, a través del cual declaró la falta de legitimación en la causa
por activa del señor José Luis Borja Sánchez.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 22 de octubre de 2024, el señor José Luis Borja Sánchez interpuso acción de
tutela contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a elegir «con constituyente
primario el proyecto político de más de 30 años del hoy presidente de la República
Gustavo Petro Urrego», con ocasión de la decisión del 6 de agosto de 2024, que
resolvió el conflicto positivo de competencias con radicado 11001-03-06-000-2024-
00343-00. Formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Que el auto referido en el presente proferido por la Sala Civil y de
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Se advierte que el 30 de enero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el respectivo proyecto de sentencia.
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Demandante: José Luis Borja Sánchez
Consultas del Consejo de Estado con su decisión colocó en riesgo mi derecho
a elegir, por ende, violó el artículo 23 de la Convención Americana, violó el
principio de convencionalidad al desconocer el fallo de la Corte Interamericana,
que ordena no repetir la conducta que indilgó responsabilidades al Estado
Colombiano contra GUSTAVO PETRO URREGO y violó el Acto Legislativo 05
de 2015 artículo 14.
SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se garanticen los derechos
de los electores del hoy presidente GUSTAVO PETRO URREGO entre los que
me encuentro, retirando del mundo jurídico el auto de la Sala Civil y de Consulta
del Consejo de Estado ya mencionado, para evitar un daño irremediable a los
electores y al proyecto político de la Colombia Humana que elegimos por cuatro
años.
TERCERO: Que en aras a las garantías que el Estado Colombiano debe
brindarle a la democracia colombiana, al proyecto político de la Colombia
Humana y a los electores de ese proyecto, se declare que la Sala Civil y de
Consulta del Consejo de Estado violó el debido proceso, al arrogarse facultades
que el Acto Legislativo 02 de 2015 artículo 14, consagró expresamente a la
Corte Constitucional.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos y jurídicos relevantes:
3. El 28 de febrero de 2022, el señor Edward David Rodríguez Rodríguez,
representante a la Cámara por Bogotá, presentó una queja ante el Consejo Nacional
Electoral por presunto incumplimiento del candidato presidencial, Gustavo Petro
Urrego, en la presentación de los ingresos y gastos de la campaña a la consulta
interpartidista de la Coalición Pacto Histórico. El conocimiento le correspondió al
magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga y se le asignó el radicado CNE-E-DG-
2022-006076.
4. El 2 de febrero de 2023, se radicó queja anónima ante el Consejo Nacional
Electoral por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de los
informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta
presidencial. Le correspondió el conocimiento al magistrado Benjamín Ortiz Torres
bajo el radicado CNE-E-DG-2023-002164.
5. El 28 de febrero de 2023, el Consejo Nacional Electoral ordenó la apertura de la
indagación preliminar.
6. El 3 de mayo de 2023, el señor José Manuel Abuchaibe Escolar interpuso ante la
Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes
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Demandante: José Luis Borja Sánchez
denuncia para que se investigara y sancionara por la presunta violación de los topes
o límites de gastos en la campaña electoral a la Presidencia de la República.
7. El 26 de mayo de 2023, mediante Oficio C.I.A.3.8.12.32-2023, la Comisión de
Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes remitió por
competencia al Consejo Nacional Electoral la anterior denuncia y le asignó el
radicado CNE-E-DG-2023-012924.
8. El 5 de junio de 2023, los señores Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, Miguel
Abraham Polo Polo, Miguel Uribe Turbay y Alejandro Pardo Cortés radicaron ante
la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes
denuncia por la presunta financiación de campañas electorales con fuentes
prohibidas y violación de los topes o límites de gastos en las campañas. El 6 de
junio siguiente, se remitieron por competencia al Consejo Nacional Electoral las
respectivas denuncias.
9. Mediante auto del 16 de mayo de 2024, la Comisión de Investigación y
Acusaciones de la Cámara de Representantes solicitó al Consejo Nacional Electoral
la remisión de las actuaciones de carácter investigativo adelantadas en contra del
señor Gustavo Petro Urrego.
10. El 5 de junio de 2024, el Consejo Nacional Electoral propuso ante la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conflicto positivo de competencias
entre esa autoridad y la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la
Cámara de Representantes del Congreso de la República, con el propósito de que
se definiera la autoridad competente para investigar y sancionar las presuntas
irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos
frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y
segunda vuelta del año 2022.
11. Mediante decisión del 6 de agosto de 2024, la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado declaró competente al Consejo Nacional Electoral para
continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la
financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas
de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año
2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el
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Demandante: José Luis Borja Sánchez
ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego e imponer las sanciones administrativas
correspondientes.
12. Asimismo, declaró competente al Congreso de la República para decidir sobre
la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República, en los
términos del artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, cuando de la
investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la
financiación de la campaña presidencial 2022-2026 proceda la referida sanción.
13. En criterio del accionante, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, al dirimir una colisión de competencias entre la Comisión de Investigación
y Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Consejo Nacional Electoral,
decidió que esta última autoridad puede investigar la campaña del señor Gustavo
Petro Urrego, «lo cual coloca en riesgo mi derecho a elegir, viola la garantía de no
repetición de conformidad con el estándar internacional señalado por la Corte
Interamericana en contexto con la sentencia Petro Urrego vs Estado Colombiano».
14. Sostuvo que no le corresponde al Consejo de Estado dirimir un conflicto de
competencias «por cuanto viola la garantía de no repetición, que expresamente
señala que ante un eventual conflicto de competencias de diferentes jurisdicciones,
será la Corte Constitucional quien lo dirima».
Trámite impartido e intervenciones
15. El 29 de octubre de 2024, el magistrado a quien le correspondió por reparto el
conocimiento del asunto en primera instancia, remitió al despacho del consejero
Jorge Edison Portocarrero Banguera para que estudiara la posible acumulación con
la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-05127-00. El 7 de
noviembre de 2024, se negó la acumulación al considerar que no existía identidad
de objeto, pues no se presentaba uniformidad en los derechos fundamentales
invocados, lo que implicaba un análisis distinto en cuanto a derechos y
pretensiones.
16. Mediante auto de 15 de noviembre de 2024 se admitió la solicitud de amparo,
se ordenó notificar la decisión a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado, como parte demandada, y al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de
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Demandante: José Luis Borja Sánchez
Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, como terceros con
interés.
17. La señora María Eugenia Lopera Monsalve, integrante de la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes indicó que no reposa
ningún expediente con los presupuestos fácticos indicados en la demanda de tutela.
Asimismo, manifestó que el señor Borja Sánchez no es claro en su escrito y tampoco
se advierte cuál es el derecho fundamental que considera lesionado. Aunado al
hecho que «no se vislumbra la calidad de titular de los derechos invocados», lo que
torna improcedente la acción de tutela.
18. El Consejo Nacional Electoral pidió que se declarara la falta de legitimación
en la causa por activa porque el señor José Luis Borja Sánchez no tiene la calidad
de titular o representante del titular de los derechos y no se acreditó que actúe como
agente oficioso o representante del Ministerio Público.
19. Puso de presente que, mediante sentencia del 19 de septiembre de 2024, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con
radicado 2024-04115-00, concluyó que la parte accionante no se encontraba
legitimada en la causa por activa, por cuanto es el presidente de la República el
destinatario directo de las actuaciones que se surten en su contra para investigar el
financiamiento de la campaña que precedió a su elección.
20. De igual modo, señaló que, en sentencia del 25 de septiembre de 2024, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó una acción de tutela similar, al
considerar que es el presidente de la República el legitimado para reclamar la
protección de sus derechos fundamentales.
21. El presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes indicó que lo pretendido no recae o afecta derecho fundamental
alguno del actor, y en caso de que pretenda actuar en calidad de agente oficioso,
no cumple con los requisitos, por lo que pidió que se declarara la falta de
legitimación en la causa por activa.
22. Finalmente, señaló que debe declararse improcedente la tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en relación con la solicitud de
protección del derecho al debido proceso, puesto que «la causa petendi pareciera
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ser promovida por un sujeto procesal de la actuación administrativa que cursa ante
el Consejo Nacional Electoral por cuanto se evidencia que el accionante
inexplicablemente conoce a cabalidad el proceso en mención, a tal punto de referir
cronológicamente lo acontecido y cita la foliatura propia del plenario al que
solamente tienen acceso las partes y sus apoderados», de manera que dispone de
otros medios de defensa para pronunciarse y controvertir las decisiones que en
derecho se adopten.
23. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó que
respecto a la definición de la competencia respecto de un conflicto puesto a su
consideración esa autoridad culmina su actuación y es en el marco del trámite que
debe adelantar la autoridad en la que se radica la competencia, donde las personas
directamente afectadas podrán intervenir y ejercer los derechos de defensa y
contradicción que les son propios.
24. Indicó que la tutela debe declararse improcedente porque se configura como
una especie de recurso para controvertir la decisión del 6 de agosto de 2024, de ahí
que no pueda emplearse como un mecanismo para reabrir el proceso competencial,
para discutir las consideraciones de la decisión ni para revisar los aspectos legales
que se hayan definido en él.
25. Adicionalmente, manifestó que la decisión de la Sala no tiene el alcance que
indebidamente le endilgó, pues «no puede afectar en modo alguno su derecho a
elegir en relación con el presidente de la República. Menos cuando se trata de una
decisión que, por sí misma, no concluye la actuación administrativa o judicial cuya
competencia se define y, por tanto, no tiene la potencialidad de lesionar los
derechos que se invocan».
26. Sostuvo que la situación descrita no es inminente, ni grave, ni urgente, ni
impostergable porque no existe ninguna afectación real a sus derechos políticos a
elegir en relación con el presidente de la República, pues sus críticas a la decisión
de la Sala sólo aluden a «hipotéticos o presuntos daños a sus derechos, que en
modo alguno se han causado o no pueden causarse».
27. Expuso que el actor no se encuentra legitimado, puesto que debió manifestar
que está obrando en ejercicio de la representación política y comprobar que ejerció
el derecho al voto.
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Demandante: José Luis Borja Sánchez
28. Asimismo, sostuvo que sí era competente para adoptar la decisión cuestionada,
con fundamento en lo previsto en los artículos 39 y 112, numeral 10 de la Ley 1437
de 2011, y lo considerado por la Corte Constitucional en el Auto 1691 de 2022 y en
el Auto 1874 de 2023, en el que sostuvo que es la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado la autoridad competente para dirimir los conflictos en los
cuales, al menos una de las autoridades sea de carácter administrativo y otra con
funciones jurisdiccionales. Citó, igualmente, la decisión del 8 de abril de 2024,
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
29. Indicó que no se desconoce el juez natural del presidente de la República,
puesto que en la decisión controvertida se respeta el fuero presidencial en armonía
con las competencias constitucionales atribuidas al Consejo Nacional Electoral.
30. Por último, adujo que no se desconocieron las decisiones y el precedente
jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro
Urrego vs Colombia y el artículo 23.3 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
Sentencia impugnada
31. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de diciembre
de 2024, declaró la falta de legitimación en la causa por activa del señor José Luis
Borja Sánchez al considerar que no se encontraba acreditado que el accionante
hubiera ejercido su derecho al voto en las elecciones presidenciales del año 2022
en las que resultó electo el señor Gustavo Petro Urrego.
32. Asimismo, en cuanto a la pretensión relacionada con la vulneración al debido
proceso, indicó que no se encontraba legitimado, por cuanto la decisión cuestionada
se profirió en el marco de la resolución de un conflicto de competencias positivo
suscitado entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Legal de Investigación
y Acusaciones de la Cámara de Representantes «es decir, un proceso en el que el
accionante no hizo parte».
Impugnación
33. Inconforme con la anterior decisión, el accionante manifestó que no resulta
acertado exigirle en una acción constitucional la prueba de haber votado en las
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Demandante: José Luis Borja Sánchez
elecciones presidenciales 2022-2026, pues lo que debió hacer el juez constitucional
fue solicitarle al Consejo Nacional Electoral que aportara el certificado en el que
constara que él participó en las elecciones.
34. Indicó que él fue escrutador para el Departamento del Guainía en esas
elecciones, aunado al hecho de que solicitó a la directora nacional del Censo
Electoral la certificación de haber votado para aquellas elecciones.
35. En memorial posterior, el accionante aportó la certificación expedida por la
delegada del Registrador Nacional del Estado Civil en Guainía en la que constaba
que el señor José Luis Borja Sánchez ejerció su derecho al voto en las elecciones
del 29 de mayo de 2022 y del 19 de junio de 2022.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Problema Jurídico
36. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo proferido el 12 de diciembre de 2024, por la Sección Primera del Consejo de
Estado, por medio del cual declaró la falta de legitimación en la causa por activa del
accionante.
37. Para el efecto, primero se establecerá si el demandante cuenta con legitimación
para interponer la solicitud de amparo. De acreditarse, se determinará si se cumplen
los requisitos generales de la tutela y, eventualmente, se abordará el estudio de
fondo, con el fin de establecer si la decisión del 6 de agosto de 2024, proferida por
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, vulneró los derechos
fundamentales a elegir y ser elegido y al debido proceso del señor José Luis Borja
Sánchez.
Legitimación para demandar
38. En el caso que se analiza, el reproche del accionante se relaciona con la
decisión del 6 de agosto de 2024, proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado, en Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en el proceso con radicado 11001-03-06-000-2024-00343-00. En ese
asunto, la autoridad accionada se encargó de resolver un conflicto positivo de
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Demandante: José Luis Borja Sánchez
competencias administrativas entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión
Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes por las
presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos
y gastos de la coalición Pacto Histórico, frente a las campañas de consulta
interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022.
39. En la acción de tutela, la legitimación en la causa por activa, está dada por la
titularidad para reclamar el interés jurídico que se discute en el proceso.
40. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela podrá
ser ejercida «por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales».
41. En la decisión cuestionada, se declaró competente al Consejo Nacional
Electoral, para continuar con la investigación administrativa por las presuntas
irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos
frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y
segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió
como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego e imponer las
sanciones administrativas correspondientes, si ha ello hay lugar.
42. Asimismo, se declaró competente al Congreso de la República para decidir
sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República, de
manera autónoma y según el procedimiento contemplado para las investigaciones
y juicios por indignidad política, en los términos del artículo 21 de la Ley Estatutaria
996 de 2006, cuando la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral
por irregularidades en la financiación de la campaña presidencial 2022-2026
proceda la referida sanción.
43. La Corte Constitucional en la sentencia T-086 de 2010, por su parte, ha
explicado que esta institución procesal exige el reconocimiento de la titularidad
subjetiva de los derechos fundamentales de quien presenta la acción, por lo que se
constituye en un requisito de procedibilidad, de manera que resulta necesario que
el derecho fundamental cuya protección se solicita sea propio y no de otra persona
y, además, se requiere de un nexo de causalidad entre la vulneración de los
derechos del demandante y la acción u omisión de la autoridad o el particular
demandado.
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44. En cuanto a la legitimación en la causa por activa para obtener la protección de
los derechos políticos, en especial, el derecho a elegir, la Corte Constitucional, en
la sentencia T-066 de 2015 sostuvo que se requiere la comprobación de que quien
alegue la afectación ejerció efectivamente su derecho al voto, sin que ello signifique
que se deba acreditar cuál fue la persona o la lista por la cual votó.
45. Si bien el a quo determinó que el accionante no logró demostrar que hubiera
ejercido su derecho al voto en las elecciones presidenciales del año 2022, en las
que resultó electo el señor Gustavo Francisco Petro Urrego, lo cierto es que con la
impugnación el accionante presentó un certificado expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil del 30 de diciembre de 2024, en el que consta que el señor
José Luis Borja Sánchez participó en las elecciones presidenciales del 29 de mayo
y del 19 de junio de 2022.
46. En esas condiciones, en principio, se podría tener por acreditado el requisito de
legitimación en la causa por activa del señor Borja Sánchez para solicitar la
protección de sus derechos políticos que considera vulnerados; no obstante, la Sala
considera que a pesar de haber aportado el respectivo certificado, en la tutela no se
plasmó cuál es la conexidad entre la supuesta acción u omisión por parte de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y sus derechos fundamentales
a elegir y ser elegido.
47. En efecto, en cada una de las actuaciones que se han surtido por parte del
Consejo Nacional Electoral y de la Comisión de Investigación y Acusación de la
Cámara de Representantes se han expedido decisiones de carácter particular que
sólo conciernen al presidente de la República y, de esta manera, solo él cuenta con
la legitimación por activa para interponer los respectivos recursos y demás acciones
que considere pertinentes en defensa de sus intereses.
48. Asimismo, la decisión emitida por la autoridad accionada, esto es, la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al dirimir el conflicto de
competencias solo involucra los intereses tanto del Consejo Nacional Electoral y de
la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes,
así como del presidente de la República.
49. De hecho, la Sala observa que ante la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, el señor Gustavo Francisco Petro Urrego interpuso acción de
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tutela2 contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con el fin
de que se dejara sin efectos la decisión del 6 de agosto de 2024, misma que está
siendo cuestionada en el presente proceso.
50. En la sentencia del 2 de diciembre de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación consideró que el señor Carlos Arturo Remolina
Gómez «no acreditó estar legitimado para solicitar la protección de los derechos
fundamentales del señor Petro Urrego ni demostró los requisitos para actuar en
calidad de agente oficioso», porque los efectos de las decisiones de la Sala de
Consulta y Servicio Civil no recaen en él, pues «no hizo parte de esa actuación».
51. Adicionalmente, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en sentencia del 19 de septiembre de 2024, en el proceso con radicado 2024-04115-
00, rechazó por improcedente la solicitud de amparo presentada por la Fundación
Defensa de la Información Legal y Oportuna contra la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, al considerar que «la Fundación no tiene el carácter de
ciudadana y por ello tampoco ejerció el derecho al voto en las últimas elecciones
presidenciales, ni actúa como agente oficiosa del presidente de la República, de
manera que no se cumple con el presupuesto de legitimación en la causa por activa
para invocar el derecho fundamental a la efectiva representación política».
52. De acuerdo con lo anterior, esta Subsección considera que el señor José Luis
Borja Sánchez no se encuentra legitimado por activa para pretender que se deje sin
efectos la decisión del 6 de agosto de 2024, proferida por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado. Lo anterior, por cuanto no se observa que el
aquí accionante ostente un interés directo relacionado con lo decidido por la
autoridad accionada, ni mucho menos se alegó que el presidente Gustavo Petro
Urrego se encontrara imposibilitado para ejercer directamente la solicitud de
amparo.
53. Asimismo, la Sala comparte el razonamiento del a quo, el cual sostuvo que el
accionante tampoco se encontraba legitimado para obtener la protección a su
derecho fundamental al debido proceso, porque no hizo parte del conflicto de
competencias positivo entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Legal de
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Demandante: José Luis Borja Sánchez
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
54. Lo anterior, por cuanto como se explicó líneas atrás, la legitimación en la causa
exige que se demuestre la titularidad del interés jurídico cuya protección se
pretende; de manera que, en el evento que existiera algún tipo de vulneración al
debido proceso en el marco del proceso con radicado 11001-03-06-000-2024-
00343-00, sólo los sujetos que integran la relación jurídica procesal se encuentran
habilitados para reclamar la protección de los derechos que eventualmente
consideren vulnerados. Como el señor Borja Sánchez no demostró ser parte en ese
proceso, la Sala confirmará en ese sentido la decisión impugnada.
55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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