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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05708-00

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05708-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05708-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05708-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS CARLOS DÍAZ MAYA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACCIONANTE ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO
DISCIPLINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA
TERCERA INSTANCIA. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, TRABAJO, MÍNIMO VITAL Y
MÓVIL Y DIGNIDAD HUMANA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL

CESAR1 y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante la COMISIÓN SECCIONAL.
2
En adelante la COMISIÓN NACIONAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05708-00
Actor: LUIS CARLOS DÍAZ MAYA

El señor LUIS CARLOS DÍAZ MAYA, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y móvil

y la dignidad humana, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL al

haber proferido las providencias de 4 de marzo y 11 de

septiembre de 2024, respectivamente, dentro del proceso

disciplinario identificado con el número único de radicación 20001-

11-02-011-2020-00137-01.

I.2. Hechos

Refirió que fungió como Juez Segundo Promiscuo Municipal de

Chiriguaná (Cesar, Colombia) desde el 3 de agosto de 2018 hasta el

27 de enero de 2024 y que, a la fecha, se encuentra en propiedad en

el cargo de Juez Segundo Promiscuo Municipal de San Diego.

Indicó que el 8 de noviembre de 2019, el señor CESAR ENRIQUE

IBRET RIOS promovió acción de tutela en contra de la sociedad

Manpower Colombia Ltda., la cual correspondió por reparto a su

conocimiento, en su condición de Juez Segundo Promiscuo Municipal

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Actor: LUIS CARLOS DÍAZ MAYA

de Chiriguaná, solicitud de amparo que fue tramitada bajo el número

único de radicación 2019-00261.

Sostuvo que mediante sentencia de 3 de diciembre de 2019 profirió

fallo de primer grado, el cual fue impugnado por la sociedad

Manpower de Colombia Ltda., correspondiendo en segunda instancia

al Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná que, en providencia de

24 de enero de 2020, dispuso compulsar copias en su contra a la

extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la

Judicatura del Cesar, alegando, entre otras, la mora en el término

para proferir fallo de primera instancia.

Relató que se inició proceso disciplinario en su contra, en su condición

de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Chiriguaná, al cual le fue

asignado el número único de radicación 2020-00137,

correspondiéndole por reparto en primera instancia a la COMISIÓN

SECCIONAL que, en providencia de 4 de marzo de 2024, lo declaró

disciplinariamente responsable por incurrir en la falta prevista en el

196 de la Ley 743 de 2002, por incumplir el deber señalado en el

numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y por no darle

aplicación al inciso cuarto del artículo 86 de la Constitución Política,

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razón por la cual le fue impuesta sanción de suspensión en el ejercicio

del cargo por el término de 1 mes.

Comentó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por la COMISIÓN NACIONAL en

providencia de 11 de septiembre de 2024, a través de la cual

confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

desconocimiento del precedente horizontal, sin que se haya

cumplido con la carga de justificar de forma suficiente y razonada el

cambio de criterio.

Destacó que la COMISIÓN SECCIONAL, en providencia de 12 de

septiembre de 2022, en un juicio disciplinario idéntico al reprochado,

determinó el archivo definitivo de las diligencias, mientras que, en el

caso bajo examen, declaró la responsabilidad disciplinaria y lo

sancionó sin dar mayor explicación respecto al cambio de tesis, lo

que vulnera sus derechos fundamentales y desconoce el precedente

horizontal ya fijado por esa Corporación.

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Aseveró que por su parte, la COMISIÓN NACIONAL pese a que

fundamentó la decisión cuestionada en el fallo proferido el 25 de

enero de 2023 dentro del proceso con radicación

11001110200020190605101, no le dio una correcta aplicación al

caso concreto, pues omitió individualizar las responsabilidades

disciplinarias, de las cuales era posible concluir que el secretario del

Despacho era un servidor público que debía responder por sus

asignaciones laborales y, por tanto, era su deber advertir del

expediente sobre el cual se reclamó la mora.

Así las cosas, destacó que la COMISIÓN NACIONAL consideró sin

mayor explicación que la responsabilidad disciplinaria de la mora

judicial no podía recaer en la persona del secretario del juzgado,

desconociendo de esta forma su mismo precedente y, además, que

para la fecha de los hechos venía con un desgaste físico y mental por

ocuparse durante varios días como clavero en la jornada electoral de

ese año, sumado a que tuvo que atender audiencias penales de

control de garantías, entre otras.

Sostuvo que la omisión de las labores del secretario del juzgado,

quien no pasó a su poder la acción de tutela dentro de la oportunidad

para la expedición de la sentencia, fue la responsable de la mora,

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pues existe constancia secretarial en la que consta que el expediente

lo recibió el 2 de diciembre de 2019 y casi de inmediato, esto es, al

día siguiente, adoptó la decisión de primera instancia.

Aseveró que lo anterior fue allegado como prueba a la COMISIÓN

NACIONAL, sin embargo, no se realizó el estudio pertinente a su

comportamiento o actual como directo del Despacho judicial.

Finalmente, puso de presente la sentencia T-341 de 2022, a través

de la cual la Corte Constitucional se pronunció respecto de la mora

judicial justificada, así como la sentencia SU-113 de 2018, referente

al precedente horizontal.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR O EFECTO JURIDICO
ALGUNO, la Sentencia de fecha 4 de Marzo de 2024, proferida en
primera Instancia por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DEL CESAR, al interior del Juicio disciplinario llevado en
contra del suscrito actor en mi condición de Juez segundo
promiscuo municipal de Chiriguaná - Cesar, para la época de los
hechos enjuiciados, proceso que es identificado con radicado No.
200011102001 – 2020– 00137 FUNCIONARIOS - JUECES, por

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haberse desconocido notoriamente en la misma el precedente
Horizontal de esa Corporación (Sentencia SU-215/22)

TERCERO: ORDENAR a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DEL CESAR, que en el término de tres (3) días
siguientes a la notificación del fallo, dictar una nueva decisión en
el proceso disciplinario que se distingue con radicación No.
200011102001 – 2020 – 00137 FUNCIONARIOS - JUECES, a fin
de que tengan en cuenta el precedente Horizontal contenido en el
fallo de fecha 12 de septiembre de 2022, expedido por esa misma
corporación en el proceso disciplinario con radicación No.
200011102002 – 2021 – 00044 – FUNCIONARIOS-JUECES […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL afirmó que no se configura

ninguna de las causales especiales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencias judiciales, debido a que la sentencia de

primera instancia cuenta con una motivación razonable y en ella se

indicaron claramente las disposiciones legales y los motivos que

llevaron a declarar responsable al actor, siendo confirmada en

segunda instancia, por lo que no se advierte vulneración alguna de

los derechos fundamentales.

Sostuvo que, contrario a lo afirmado por el actor, la investigación

disciplinaria con radicación 200011102002-2021-00044-00 cuenta

con un fundamento fáctico totalmente diferente al del caso bajo

examen, por lo que no es un precedente aplicable al asunto.

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En esa medida, destacó que la solicitud de amparo de la referencia

no tiene vocación de prosperidad, pues en ningún momento se

vulneraron los derechos fundamentales, por lo que solicitó que se

despachen desfavorablemente las pretensiones.

I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL refirió que la acción de tutela de

la referencia carece del requisito de la relevancia constitucional, en

la medida en que es evidente que el inconformismo del actor se

encamina a un desacuerdo con los argumentos sobre los cuales se

fundamentó la sanción impuesta en su contra, sin que de allí se

advierta vulneración alguna de los derechos fundamentales.

Así las cosas, advirtió que lo pretendido por el actor es revivir la

alegación propia de la instancia disciplinaria a modo de una tercera

instancia, comoquiera que se invocan supuestas vulneraciones de

derechos bajo los mismos fundamentos expuestos en el recurso de

apelación.

Adujo que, contrario a lo afirmado por el actor, en la providencia

acusada sí se pronunció sobre todas las circunstancias que rodearon

la moda en el fallo de tutela, sin embargo, se llegó a la conclusión

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que la vulneración del término para fallar la acción de tutela no se

encontraba justificada en el asunto.

Destacó que en la providencia de 25 de enero de 2023, dentro del

proceso con radicación 11001110200020190605101, efectivamente

se estableció la división de funciones y responsabilidades de los

empleados y funcionarios judiciales, sin embargo, en la misma

decisión se determinó que la responsabilidad era del funcionario

judicial que se encontraba a cargo del manejo del Despacho, en

especial cuando el juez ya ha proferido auto admisorio, tal y como

ocurrió en el caso concreto, lo que evidencia que no hubo una

indebida aplicación del precedente horizontal de esa Corporación.

Por lo anteriormente expuesto, solicitó declarar improcedente la

acción de tutela de la referencia y, de forma subsidiaria, denegar el

amparo solicitado por no configurarse ningún defecto en el fallo

tutelado.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de

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concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales

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de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 4 de marzo y 11 de

septiembre de 2024, proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL y

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la COMISIÓN NACIONAL, respectivamente, por medio de las

cuales se le declaró responsable dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 2020-00137-01.

La controversia tiene origen en la compulsa de copias ordenada por

el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná dentro de la acción de

tutela presentada por el señor CÉSAR ENRIQUE IMBRETH RIOS

contra la Sociedad Manpower de Colombia Ltda., en la que se dispuso

poner en conocimiento de la entonces Sala jurisdiccional Disciplinaria

del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar la actuación del actor

en calidad de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Chiriguaná, al

advertir i) intromisión en la justicia ordinaria laboral, ii) fijar la

competencia del asunto y iii) la mora en proferir el fallo de primera

instancia dentro de esa acción de tutela.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital

y móvil y a la dignidad humana, habida cuenta que, a juicio del actor,

las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento

del precedente horizontal, por lo que no se le debió declarar

responsable disciplinariamente.

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En este punto es del caso advertir que si bien la acción de tutela se

presentó contra la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN

NACIONAL, lo cierto es que la sentencia de 11 de septiembre de

2024 confirmó la decisión del a quo y fue la que puso fin al proceso,

razón por la que la Sala realizará únicamente el análisis de la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados a la

sentencia proferida por el ad quem.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la

COMISIÓN NACIONAL vulneró los derechos deprecados e incurrió

en el desconocimiento del precedente horizontal alegado, al

haber proferido la providencia de 11 de septiembre de 2024

dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de

radicación 2020-00137-01.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».4

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser

3
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [7].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [8].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el

[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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amparo constitucional [9].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [10]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en

[9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [11].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [12]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

[11] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[12] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, se destaca que de conformidad con

la jurisprudencia de la Corte Constitucional13 las decisiones emitidas

por la COMISIÓN NACIONAL en desarrollo del procedimiento

disciplinario tienen la naturaleza de providencias judiciales con la

fuerza y los efectos que de ello se derivan, de tal forma que no

pueden ser sometidas al escrutinio de otra jurisdicción, salvo en sede

constitucional y a través de la acción de tutela siempre que se

acredite el cumplimiento de los requisitos generales y específicos y

se cumplan las condiciones dispuestas por la jurisprudencia para el

efecto.

Ahora bien, descendiendo al estudio de los requisitos generales de

procedibilidad, especialmente el requisito general de la relevancia

constitucional, la Sala advierte que la controversia que propone el

13
Sentencia T-140 de 5 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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actor implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede

ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.

En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae el actor a esta sede constitucional,

ya fueron resueltas de forma admisible por la COMISIÓN

NACIONAL, así:

“[…] En este sentido, no son de recibo los argumentos
planteados en (sic) el recurrente, pues por su carácter
preferente no existe ninguna justificación para que la tutela de
marras no se hubiera fallado dentro del lapso indicado por la ley,
menos cuando no hubo suspensión de términos de ley, ni el
disciplinable sostuvo siquiera que pidió́ algo en tal sentido al
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar.

Además, tal y como lo resaltó la primera instancia, el retraso
originado por la participación del inculpado y dos empleados del
despacho en la jornada electoral de octubre de 2019, no es una
justificación válida, pues de las pruebas tales como los
testimonios rendidos dentro del proceso y la certificación del 25
de mayo de 2023, expedida por el Registrador Municipal del
Estado Civil de Chiriguaná14, fue posible establecer su
participación fue entre el 27 de octubre al 1o de noviembre de
2019; sin embargo, la acción constitucional que originó el
presente proceso fue repartida al despacho el 8 de noviembre
siguiente, ello es medular, una semana después de terminadas
las elecciones.

[…]

En el punto 5 de la apelación, el recurrente adujo que se
desconoció́ el precedente vertical, particularmente, lo
establecido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con
ponencia del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez, en la
decisión (inhibitoria) del 4 de julio de 2021, dentro del
expediente 110010102000201900799 00, en la que resolvió́

14
Archivo 78 de la carpeta C02 original, expediente digital, trámite de primera instancia.

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abstenerse de iniciar actuación disciplinaria contra una
magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla, y ordenó
compulsar copias para que se investigara al secretario de esa
corporación por la mora secretarial que pudo haberse producido
en la acción constitucional que originó la queja disciplinaria en
estudio.

De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional desde
la sentencia T-292 de 2006, reiterada en la SU-113 de 2018 “se
reconoce como precedente aquel antecedente del conjunto de
sentencias previas al caso que se habrá́ de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”.

Así́ mismo, conforme lo dispuesto por el Tribunal Constitucional
en la sentencia T-790 de 2012, entre otras, para establecer si
un fallo es el precedente aplicable en un caso concreto es
necesario verificar lo siguiente:

(i) La existencia de una semejanza entre los hechos
relevantes característicos de los dos casos;
(ii) Si la consecuencia jurídica aplicada en el caso anterior
resulta adecuada para el presente caso, y
(iii) Si la regla fijada en el pronunciamiento anterior ha
cambiado o evolucionado o si por el contrario se mantiene
como la doctrina sostenida por esta Corporación judicial
en la materia.

De lo anterior, se evidencia que en esta oportunidad, no le asiste
razón al disciplinable, por lo siguiente:

En primer lugar, la decisión citada por el apelante, se trata de
un auto inhibitorio lo cual no hace tránsito a cosa juzgada, por
lo que no constituye presente aplicable en los términos
anteriormente expuestos, pues no constituye doctrina sostenida
por esta Comisión.

En segundo lugar, los hechos de los dos casos son
completamente diferentes, pues en el asunto referido por el
apelante, se analizó́ una mora en una notificación de la
sentencia de amparo constitucional, mientras que el presente
asunto se refiere a una sentencia de tutela que fue fallada fuera
de termino, por una deficiencia en el control del instructor del
despacho sobre las acciones constitucionales, a diferencia de lo
que sí hizo la magistrada en la providencia citada. En
consecuencia, también se despachará negativamente este
argumento de apelación.

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[…]

Por último, en el punto 6 del recurso, el apelante señaló́ que la
mora en el presente asunto se derivó́ de una falla en la
Secretaría Judicial, lo cual no podía ser atribuible al investigado,
pues del expediente principal de la acción de tutela en estudio,
aparecía un nota secretarial firmada por el secretario ad hoc,
señor Jorge Mario Calderón Mejía, donde se dejó́ constancia que
efectivamente el expediente, una vez admitido, permaneció́ en
esa dependencia, y que solamente entró para fallo el 2 de
diciembre de 2019, y casi que inmediatamente se dictó́ la
sentencia que correspondía.

En relación con este argumento, es preciso resaltar que, en
sentencia del 25 de enero de 2023, en el expediente No.
110011102000201906051 01, con ponencia del Magistrado
Carlos Arturo Ramírez Vásquez, esta Corporación confirmó una
decisión sobre un asunto similar, en el que una tutela se falló́
por fuera de término y la apelación en el disciplinario se
fundamentó́, en esencia, en que la mora estaba justificada en
las omisiones del secretario del juzgado.

En esa oportunidad, esta Comisión realizó una distinción entre
la división de trabajo de carácter horizontal donde los sujetos
laboran en un mismo nivel o equivalente y de carácter vertical
en la que existe una relación jerarquizada. Al respecto señaló́:

[…]

En este sentido, resaltó el deber de los funcionarios judiciales de
hacer uso de la autoridad que les fue concedida y de ejecutar las
órdenes que pueda impartir bajo dicha autoridad, sin quedar
exentos de su responsabilidad a pesar la que les corresponda
a sus subordinados. Conforme con lo anterior se precisó́ lo
siguiente:

[…]

En el presente caso, el investigado era tan consiente de su deber
que, de acuerdo con la declaración del señor de Wilson Rodrigo
Díaz Peñaloza, durante los días que estuvieron ausentes del
despacho por las elecciones, el inculpado se mantuvo en
contacto con el escribiente, el doctor Jorge Mario Calderón Mejía
por el término de las tutelas y que ante el atraso, el juez realizó
una especie de inventario para llevar un poco más de control
sobre los términos de esas acciones constitucionales, lo cual se
evidencia que no fue eficiente, pues la tutela de marras fue
respuesta (sic) por fuera del término legal.

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Conforme con lo expuesto, se confirmará la decisión del a quo,
pues ninguno de los fundamentos de la apelación logró socavar
con contundencia los raciocinios que tuvo la primera instancia
para declararlo disciplinariamente responsable […]”.

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que

las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la referencia,

además de que carecen de una perspectiva constitucional, en la

medida en que su solución se deriva de la interpretación que el actor

pretende que se dé a las pruebas y la jurisprudencia dispuesta para

el asunto, fueron resueltas por la autoridad judicial accionada en la

sentencia cuestionada.

Significa lo precedente que lo pretendido por el accionante es que el

juez de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos

expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la primera

instancia, con la finalidad de que se haga una corrección al análisis

que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación

que propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia

o recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

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una divergencia que obedece a la interpretación dada por el juez

natural del asunto a las normas y la jurisprudencia, en el cual el juez

de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de

tutela el carácter de un recurso adicional para controvertir las

decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado, por carencia del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de noviembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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