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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05726-00

Fecha
6 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05726-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de la señora María de los Ángeles Pinzón Montiel, de conformidad con las consideraciones expuestas. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia dictada el 23 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1 y ORDENAR que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación del presente fallo, profiera una providencia de reemplazo en la que atienda a los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05726-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

6 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05726-00

Accionante: MARÍA DE LOS ÁNGELES PINZÓN MONTIEL

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Vinculados: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA y
COLPENSIONES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Reiteración de jurisprudencia sobre
requisitos generales y específicos de procedencia / COSA JUZGADA – Requiere la constatación de
una identidad de objeto, causa y partes. IDENTIDAD DE CAUSA - implica que, tanto el proceso que
ya hizo tránsito a cosa juzgada, como la nueva demanda, deben contener los mismos fundamentos
fácticos sustentando la pretensión. IDENTIDAD DE CAUSA - cuando el segundo proceso tiene
nuevos hechos o elementos, el juez puede pronunciarse únicamente respecto de estos últimos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora María de los Ángeles Pinzón Montiel, de conformidad con lo
consagrado en el Decreto 333 del 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 23 de octubre de 20242, la señora María de los Ángeles Pinzón Montiel formuló
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, en procura de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia - tutela judicial efectiva.

Hechos relevantes

2. Afirma la accionante que prestó sus servicios personales para entidades públicas
y privadas, realizando aportes a la Caja de Previsión Social del Departamento de

1 Que ingresó para fallo el 6 de noviembre de 2024.
2 Índice 001 del aplicativo SAMAI.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Boyacá y al antiguo Instituto del Seguro Social3 (hoy Colpensiones), por un total de
1329 semanas.

3. El 11 de agosto de 2010, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del ISS, con miras a obtener el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez.

4. El 11 de septiembre de 2011, a través de la Resolución No. 034587, el ISS
reconoció a la demandante la pensión de vejez en aplicación del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, con una tasa de reemplazo
equivalente al 68,96% del ingreso base de liquidación, que ascendió a $664.802
para el año 2008.

5. En sentencia del 30 de mayo de 2012, el Juzgado Quinto Administrativo de
Descongestión de Tunja negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora
Pinzón Montiel. La providencia en mención fue revocada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala de Descongestión, en sentencia del 6 de mayo de
2014, en la que ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones4 reconocer a
la accionante la pensión de vejez en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo
devengado durante el último año de prestación de servicios, con la inclusión de los
factores percibidos en ese mismo lapso (salarios y primas de servicios,
productividad, navidad y vacaciones).

6. El 10 de junio de 2014, por solicitud de la aquí accionante, el Tribunal adicionó la
sentencia para precisar que la base de liquidación pensional también debía incluir
la bonificación por servicios.

7. El 27 de noviembre de 2015, Colpensiones dio cumplimiento a los fallos
mencionados, profiriendo la Resolución No. GNR 385109. En dicho acto
administrativo, al efectuar la liquidación correspondiente, la entidad en cita omitió
incluir los conceptos de licencia por enfermedad y diferencia de la licencia por
enfermedad en el ítem de asignación básica mensual del año 2008, pese a que su
empleador de aquél entonces (la Fiscalía General de la Nación) efectuó los aportes
correspondientes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Como
consecuencia de lo anterior, el valor de la mesada pensional fue reducido a
$461.500 y, además, Colpensiones declaró que se había efectuado un pago de lo
no debido por razón de la diferencia existente entre la mesada reconocida en 2011
y la que ordenó reconocer el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá.

8. En virtud de aquello, la señora Pinzón Montiel solicitó que se reliquidara su
pensional con base en lo devengado en los últimos 10 años de cotización, petición
que fue negada por Colpensiones mediante Resolución SUB No. 316419 del 19 de

3 En adelante ISS.
4 En adelante, Colpensiones.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

noviembre de 2019, y confirmada por las Resoluciones No. SUB 13153 del 17 de
enero de 2020 y DPE 3774 del 5 de marzo de 2020.

9. Contra los actos administrativos anteriormente señalados, la señora Pinzón
Montiel promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que
correspondió en primera instancia al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Tunja,
bajo el radicado 15001-33-33-008-2021-00121-00. Mediante sentencia del 29 de
marzo de 2023, ese despacho judicial declaró probada la excepción de cosa
juzgada; decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1, en proveído del 23 de abril de
2024.

Pretensiones

10. Solicitó la parte accionante lo siguiente:

“1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, al acceso a la administración de justicia de mi representada MARÍA DE
LOS ÁNGELES PINZÓN MONTIEL, vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE DECISIÓN No.1, al proferir la
providencia de segunda instancia de fecha 23 de abril de 2024, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
150013333008-2021-00121-01, que confirmó la decisión de primera instancia,
mediante la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada.

2. Dejar sin valor ni efectos, la providencia del 23 de abril de 2024, proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE DECISIÓN No.1, y
consecuentemente todas las actuaciones posteriores, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 150013333008-2021-
00121-01.

3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOYACÁ, SALA DE DECISIÓN No.1, que proceda a dictar la providencia de
reemplazo que en derecho corresponde, dando aplicación a las normas
procesales correspondientes y de conformidad con las circunstancias
particulares del presente caso.

4. Adoptar las demás medidas necesarias de protección constitucional y legal
que considere necesarias en beneficio de mi representada MARÍA DE LOS
ÁNGELES PINZÓN MONTIEL, con el fin de garantizar la efectividad de sus
derechos fundamentales en especial el derecho al debido proceso.”

Fundamentos de la demanda de tutela

11. Sostuvo la accionante que, con la decisión del 23 de abril de 2024, el Tribunal
Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales, pues al confirmar la
configuración del fenómeno de la cosa juzgada y abstenerse de resolver de fondo,
desconoció los principios de favorabilidad, igualdad e irrenunciabilidad del derecho
a la seguridad social, causando un perjuicio desproporcionado a los intereses de la

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

accionante y contrariando el precedente del Consejo de Estado, sobre la aplicación
e interpretación relativa del principio de cosa juzgada en materia pensional.

12. Señaló que la solicitud de amparo satisface los requisitos generales y
específicos de procedencia, y en particular, sobre estos últimos, sostuvo que se
configuró un defecto sustantivo, en la medida que la Corporación judicial enjuiciada
aplicó el artículo 303 del CGP sin que la situación fáctica permitiera establecer los
requisitos para la configuración del fenómeno de la cosa juzgada, que a la sazón
exige que se presente una triple identidad (objeto, causa y partes).

13. Alegó que, si bien en el proceso judicial -en cuyo marco se expidió la providencia
judicial que ahora se cuestiona en sede de tutela- se presentó una identidad de
partes, no puede predicarse lo mismo respecto del objeto y causa. Así, prosiguió,
mientras que en el proceso 2010-00140-01 se perseguía el reconocimiento
pensional, en el proceso 2021-00121-01 se pretendió la reliquidación de la pensión
ya reconocida y la aplicación del principio de favorabilidad.

14. Añadió que, en tanto el derecho pensional comporta una prestación periódica,
el principio de cosa juzgada se relativiza, pues el beneficiario de la misma se
encuentra habilitado para continuar su discusión (sin perjuicio de la prescriptibilidad
de las mesadas correspondientes), aspecto que ha sido reconocido pacíficamente
por la jurisprudencia de las altas cortes y que fue desconocido por la providencia
cuestionada.

Trámite en primera instancia

15. A través de auto del 28 de octubre de 2024, el despacho sustanciador admitió
la tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá, en
calidad de accionado; al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja
y a Colpensiones, como terceros interesados en las resultas del proceso. Además,
requirió al Juzgado mencionado para que allegara copia digital del expediente con
radicado 15001-33-33-008-2021-00121-00/01 y reconoció personería adjetiva al
abogado Víctor Manuel Cárdenas Valero.

Intervenciones

16. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja indicó que la
decisión de primera instancia fue proferida con base en el material probatorio legal
y oportunamente aportado al expediente, que la solicitud de reliquidación pensional
recaía en una cuestión que ya había sido objeto de decisión dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 2010-00140-01, razón por la cual existía una
plena identidad de partes, causa y objeto, necesarios para declarar probada la
excepción de cosa juzgada.

17. El Tribunal Administrativo de Boyacá manifestó que la presente acción de
amparo no satisface los requisitos generales y específicos de procedencia, en la
4

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

medida que la misma no puede ser empleada como una tercera instancia para
debatir asuntos ya dirimidos por la jurisdicción.

18. De otro lado, afirmó que si bien en los procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho identificados con los radicados 2010-00140-01 y 2021-00121-01 se
demandaron actos administrativos diferentes, el fenómeno de la cosa juzgada se
configuró desde una perspectiva material, pues en uno y otro la pretensión
sustancial estaba encaminada a determinar el régimen pensional que ampara a la
accionante y su ingreso base de liquidación pensional. Agregó que en el proceso
judicial primigenio (2010-00140-01) la Sala de Descongestión del Tribunal efectuó
un análisis integral del derecho pensional de la demandante, lo que implicó una
decisión sobre el ingreso base de liquidación a la luz del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores prestacionales
que, conforme a la jurisprudencia entonces vigente del Consejo de Estado, debían
ser incluidos.

19. Concluyó, entonces, que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ya
emitió pronunciamiento sobre ambos aspectos del derecho pensional, lo que pone
de relieve la identidad jurídica entre el objeto debatido en aquella causa judicial y la
que ahora suscita la inconformidad de la accionante (2021-00121-01).

20. Colpensiones sostuvo que no le asiste responsabilidad alguna en la
vulneración a los derechos fundamentales que invoca la accionante, en tanto no
tiene petición o trámite pendiente de resolución. Añadió que la pretensión de la
accionante supone una invasión de la órbita competencial del juez natural de la
causa, y que el patrimonio al público, como derecho colectivo, debe ser garantizado
y protegido por el juez constitucional en casos de tensión con derechos de índole
individual, lo que exige negar el amparo solicitado en este caso.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para conocer el presente asunto, en primera instancia, conforme al artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

Acción de tutela contra providencias judiciales

22. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
de 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales5. Posteriormente, la Sala Plena de la
Corporación adoptó las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
5

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional de amparo
contra providencia judicial, reiterando que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, en los términos del
artículo 86 Constitucional y que, por ende, el ejercicio de dicho mecanismo frente a
decisiones judiciales no es ajeno a tales características6.

23. Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los
requisitos generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales, que deben ser cuidadosamente verificados, son7:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, en
la medida que al juez de tutela no le está permitido incidir en la órbita de
competencias atribuidas a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que la solicitud de
amparo pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho
fundamental.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, la misma debe tener un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.

• Que el accionante identifique razonablemente los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que resultaron lesionados o amenazados, y que
hubiese alegado tal vulneración en el proceso judicial en la medida de lo posible.

• Que la decisión que se cuestiona no sea una sentencia de tutela.

24. A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia para ello.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras
providencias.
6

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

25. Así las cosas, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de
tutela verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal
manera que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura,
por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser
alegados por el interesado8.

La satisfacción de las causales genéricas en el sub lite

26. En el presente asunto, la Sala advierte que se encuentran satisfechos los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
En efecto, i) los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados se
encuentran plenamente individualizados; ii) la providencia objeto de tutela carece de

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
7

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional; iii) la
interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso razonable y
proporcionado, contado desde la expedición de la decisión cuestionada (23 de abril
de 20249) hasta la radicación de la acción de tutela en la Secretaría General de esta
Corporación (23 de octubre de 2024); iv) el asunto a resolver es de marcada
relevancia constitucional, en la medida que se circunscribe a establecer una presunta
violación de prerrogativas de raigambre constitucional -el debido proceso, el acceso
a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, de los que es titular una
persona que es sujeto de especial protección constitucional10- como consecuencia
de la aplicación indebida del instituto de la cosa juzgada, por parte del Tribunal
Administrativo de Boyacá; y v) la mencionada transgresión no es producto de una
sentencia de tutela.

El defecto sustantivo como causal específica de procedencia

27. En punto a los requisitos específicos de procedencia, sostiene la accionante
que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2021-00121-01 incurrió en un
defecto sustantivo.

28. La jurisprudencia constitucional lo ha entendido como la hipótesis que se
presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso
o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad judicial11. En particular, en la
sentencia SU- 649 de 2017, recogió y sintetizó los distintos supuestos que pueden
configurar este defecto, en los siguientes términos:

“Esta irregularidad en la que incurren los operadores jurídicos se genera,
entre otras razones: (i) cuando la decisión judicial se basa en una norma
que no es aplicable, porque: (a) no es pertinente, (b) ha sido derogada y
por tanto perdió vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada
contraria a la Constitución, (e) a pesar de que la norma cuestionada está
vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual
se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos
distintos a los señalados expresamente por el legislador; (ii) a pesar de
la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso

9 Notificada el 29 de abril de 2024, según consta en el expediente electrónico de dicho proceso,
visible en el índice 015 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
10 En tanto se trata de una persona de la tercera edad, pues conforme a su documento de identidad
(visible en el expediente pensional, aportado al proceso 15001333300820210012100 -que puede
ser consultado a través del aplicativo SAMAI, índice 009-) tenía 74 años de edad al momento de la
interposición de la tutela. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha entendido que los sujetos
que merecen especial protección constitucional son, por ejemplo, menores de edad (Art. 44 CP),
personas de la tercera edad (Art. 46 CP), discapacitados (Art. 47 CP) y madres cabeza de familia
(Art. 43 CP), y en estos casos ‘(…) es posible presumir que los medios ordinarios de defensa no son
idóneos y, por tanto, la acción de tutela debe proceder y ser concedida; ver, al respecto, sentencias
T-456 de 2004, T-888 de 2009, T-979 de 2011 y sentencia T-339 de 2016.
11 Sentencia T-792 de 2010.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable o la aplicación final de la regla es inaceptable
por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra
legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes o se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada,
sacando de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica
aceptable la decisión judicial; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
han definido su alcance con efectos erga omnes, (iv) la disposición
aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución; (v) un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico
se utiliza para un fin no previsto en la disposición]; (vi) cuando la decisión
se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso] o (vii) se desconoce
la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto”

29. Ahora bien, el alto tribunal en lo constitucional ha sostenido que el
desconocimiento del precedente vertical u horizontal comporta una modalidad del
defecto sustantivo, y debe ser diferenciado del desconocimiento del precedente
constitucional, como defecto autónomo12. El precedente, entonces, además de ser
criterio orientador, resulta obligatorio para los funcionarios judiciales 13, pues para la
jurisprudencia de esa Corporación, el desconocimiento del precedente judicial–sea
éste horizontal o vertical-, sin debida justificación, configura un defecto sustantivo,
en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales,
en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe14.

30. En el caso bajo estudio, la accionante hizo alusión al desconocimiento del
precedente, en referencia a pronunciamientos del Consejo de Estado en materia

12 Ver, entre otras, sentencia T-309 de 2015.
13 Sentencia T-830 de 2012. En esa oportunidad, expresó la Corte: “La primera razón de la
obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este
precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero deben
hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha
sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo
aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad
y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción. (…) La segunda razón se desprende
de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe. El precedente es una figura que tiene como
objetivo principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento constitucional.
(…) La tercera razón es que la respuesta del precedente es la solución más razonable que existe
hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa medida, si un juez, ante
circunstancias similares, decide apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones que
las que hasta ahora han formado la solución para el mismo problema jurídico o similares. (…)”
14 Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-464 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011
M.P. Jorge Iván Palacio, C-634 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

pensional, por lo que entiende la Sala que dicho reproche se formula como parte del
defecto sustantivo y no como causal autónoma de procedencia15.

El caso concreto

31. Sostiene la parte censora que la autoridad judicial accionada interpretó y aplicó
de forma indebida el artículo 303 del CGP sin que la situación fáctica permitiera
establecer la existencia de identidad de causa, objeto y partes, necesarios para
entender configurado el fenómeno de la cosa juzgada.

32. En los términos de la norma en comento, “[l]a sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre
ambos procesos haya identidad jurídica de partes”.

33. El Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Octavo Administrativo de
Tunja entendieron que, desde una perspectiva material, la triple identidad anotada
se presentó entre los procesos judiciales identificados con los radicados 2010-
00140-00 y 2021-00121-00, lo que ameritaba declarar probada la excepción de cosa
juzgada. Raciocinio que fue reiterado por dichas autoridades judiciales en los
informes presentados en el presente trámite constitucional.

34. Al revisar los elementos probatorios aportados a la actuación, se tiene lo
siguiente:

● Proceso radicado 2010-00140-00: correspondió a una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por la señora María de los Ángeles
Pinzón Montiel contra el antiguo Instituto del Seguro Social - ISS, con miras a
obtener: i) la nulidad de las Resoluciones No. 0150 de 2006, 1363 de 2006,
055489 de 2009 y el Auto No. 00187 de 2009, actos administrativos por medio
de los cuales dicha entidad le negó el reconocimiento, liquidación y pago
de la pensión vitalicia de jubilación, bajo el argumento de que no reunía los
requisitos para acceder a la misma; ii) que se ordenara el reconocimiento,
liquidación y pago de dicha prestación, de conformidad con lo normado en el
Decreto 546 de 1971, con la asignación mensual más elevada devengada en el
último año de servicios e incluyendo la totalidad de los conceptos y valores

15 Ha precisado la Corte Constitucional que “el desconocimiento del precedente constitucional puede
originarse en razón de la inaplicación de las decisiones emitidas por esta Corporación en el marco
del control abstracto de constitucionalidad o concreto de revisión de tutelas. Dichos fallos hacen
tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante, tanto en su parte resolutiva (erga ommes
tratándose de los fallos de control de constitucionalidad e inter partes para los fallos de tutela) y, en
ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi son obligatorias para todas las autoridades
públicas “en razón de la jerarquía del sistema de fuentes formales de derecho y el principio de
supremacía constitucional, que obligan a la aplicación preferente de las disposiciones de la Carta
Política y, en consecuencia, de los contenidos normativos identificados por la jurisprudencia
constitucional, en ejercicio de su labor de intérprete autorizado del Texto Superior” (sentencia Su-
380 de 2021).
10

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

devengados en dicho lapso (asignación básica y primas de navidad, de
vacaciones, de servicios y de productividad)16.

● Proceso radicado 2021-00121-00: correspondió a una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por la señora María de los Ángeles
Pinzón Montiel contra la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, para solicitar: i) la nulidad de las Resoluciones n° SUB 316419 de
2019, SUB 13153 de 2020 y DPE3774 de 2020, actos administrativos por
medio de los cuales dicha entidad le negó la reliquidación de su pensión
vitalicia de jubilación, con fundamento en que las condiciones de su derecho
habían sido definidos en los términos de lo ordenado por las autoridades
judiciales; ii) que se condene a la demandada a reliquidar dicha prestación con
base en el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicios e
incluyendo la totalidad de los conceptos y valores devengados en dicho lapso17.

● Sentencia del 6 de mayo de 2014, respecto de la cual se afirmó la existencia
de cosa juzgada: proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal
Administrativo de Boyacá en el proceso 2010-00140-00, en la que dispuso: i)
revocar la sentencia del Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de
Tunja; ii) declarar la nulidad del Auto n° 187 de 2009 y de la Resolución n° 055489
de 2009; iii) reconocer, a título de restablecimiento del derecho, la pensión de
jubilación a la señora Pinzón Montiel, con el 75% del promedio de lo devengado
durante el último año de prestación de servicios 18. En las consideraciones de
aquella providencia, sostuvo el Tribunal, entre otros, que:

“Así las cosas, es dable revocar la sentencia de primera instancia, por cuanto
si bien es cierto la demandante no es beneficiaria del régimen de transición
contemplado en el Decreto No. 546 de 1971, le asiste el derecho al
reconocimiento pensional con base en la regla general contenida en la Ley 33
de 1985.

Lo anterior, atendiendo a que en materia pensional el Juzgador debe analizar
el régimen aplicable al actor, a efectos de verificar si el mismo se realizó de
forma correcta, pues frente al caso particular de las personas de la tercera
edad, la seguridad social ha sido consagrada como derecho constitucional que
adquiere una connotación ius fundamental, en razón de la debilidad manifiesta
de dicho grupo poblacional, así lo estableció el Consejo de Estado en
providencia del 2 de octubre de 2008, radicación 25000-23-25-000-2005-
04715-01 (2599-07), Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

16 De conformidad con los documentos aportados como prueba al expediente judicial
15001333300820210012100 (que puede ser consultado a través del aplicativo SAMAI, índice 009),
que a su vez fue incorporado a la presente actuación constitucional por virtud del auto admisorio de
la demanda. Archivo “00002. Demanda”, páginas 69 a 71.
17 Ibidem, páginas 1 a 22.
18 Ibidem, páginas 88 a 108.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

(…)

El Máximo Tribunal Contencioso Examinó la interpretación que debía darse a
los factores salariales que han de tenerse en cuenta para efectos de liquidar
las pensiones, es así como a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, la
Sección Segunda unificó su jurisprudencia adoptando la tesis menos restrictiva
de los derechos de las personas en régimen de transición, donde se señaló:

(…)

Por lo anterior, la Sala acogerá los criterios jurisprudenciales expuestos de
manera reiterada por el Consejo de Estado, a efectos de tener en cuenta como
actores salariales, aquellas sumas que de forma habitual y periódica eran
percibidos el trabajador (sic) como contraprestación directa de sus servicios y
que haya devengado en el último año de labores.”

35. Observa la Sala, ab initio, dos elementos que rompen con la identidad de causa
y objeto predicada entre las actuaciones judiciales analizadas. Además de la
evidente disparidad entre los actos administrativos que se demandaron, uno y otro
proceso se enmarcaron en supuestos fácticos no equiparables: en el primer caso, la
aquí accionante no era beneficiaria de derecho pensional alguno pues, justamente,
lo que perseguía era su reconocimiento en sede judicial, por vía de la anulación de
los actos administrativos que le negaron dicha prestación; en el segundo caso, por
el contrario, la señora Pinzón Montiel ya ostentaba la condición de pensionada y
perseguía la reliquidación de tal prestación. En otras palabras, no existe identidad de
objeto en ambos procesos.

36. Pero no se agotan allí las diferencias encontradas, pues, tal como lo indicó la
accionante en la presente solicitud de amparo, la pretensión anulatoria elevada en el
proceso 2021-00121-00 se sustentó, entre otras cosas, en el presunto
desconocimiento del principio de favorabilidad en materia pensional y en la omisión
de determinados factores prestacionales en la reliquidación de la pensión efectuada
por Colpensiones en acatamiento de la orden judicial emitida en el proceso
primigenio. Efectivamente, en el cuerpo de aquella, señaló lo siguiente:

“La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”,
al momento de liquidar la pensión de vejez que en derecho le asiste a mi
representada, la señora PINZÓN MONTIEL, conforme lo ordenado en los fallos
previamente indicados, relacionó en cero (0) el ítem de asignación básica
mensual, durante los periodos en que la misma devengó estando en
licencia por enfermedad y diferencia de la licencia por enfermedad,
omitiendo incluir estos últimos conceptos en la respectiva operación
aritmética. Lo anterior, pese a que la Fiscalía General de la Nación como

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

empleadora, sobre dichos montos realizó aportes con destino al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones19.

(…)

En el presente asunto, tal y como se extrae de las certificaciones salariales que
se anexan y del reporte de semanas cotizadas en pensiones emitido por
“COLPENSIONES”, cierto es que mi representada la señora MARÍA DE LOS
ÁNGELES PINZÓN MONTIEL, devengó los siguientes factores que integran su
ingreso base de cotización, a saber: i. Asignación mensual, ii. Bonificación por
servicios y III. Licencia por enfermedad, mismos que debieron incluirse al
realizar la operación aritmética que determinara el ingreso base de liquidación
de su pensión mensual de vejez, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE., esto conforme la petición de reliquidación radicada el 17 de junio de
2019, pues como se acredita, el cumplimiento de lo ordenado por el
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL
CIRCUITO DE TUNJA, y por la SALA DE DESCONGESTIÓN DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, resultó desfavorable a los
derechos de mi representada”20 (énfasis añadido)

37. Aquellos aspectos, que se desprenden de la litis propuesta por la señora Pinzón
Montiel en el proceso 2021-00121-00, implicaban para las autoridades de
conocimiento efectuar un discernimiento en torno a los principios de favorabilidad,
progresividad -y no regresividad- e imprescriptibilidad en materia pensional, y
determinar si los actos acusados comprometían o respetaban tales postulados. Lo
anterior estaba llamado a ser dirimido por el Tribunal accionado, en tanto no hizo
parte de la sentencia proferida en el proceso 2010-00140-00, desborda los linderos
de la identidad de objeto y causa, no estaba cobijado por la figura de la cosa juzgada
y exigía, en consecuencia, un pronunciamiento de fondo.

38. Recuérdese que la identidad de causa, tal como lo ha entendido la Corte
Constitucional, “implica que, tanto el proceso que ya hizo tránsito a cosa juzgada,
como la nueva demanda, deben contener los mismos fundamentos fácticos
sustentando la pretensión. Lo anterior implica que cuando el segundo proceso tiene
nuevos hechos o elementos, el juez puede pronunciarse únicamente respecto de
estos últimos”21. De esa suerte, corresponde al juez de conocimiento pronunciarse
sobre los elementos nuevos, sin perjuicio de los demás aspectos frente a los cuales
sí se pueden predicar los rasgos identitarios propios de la cosa juzgada.

19 Hecho 14 de la demanda.
20 Fundamentos de derecho de la demanda.
21 Sentencia T-219 de 2018.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

39. Recogiendo los elementos que han quedado en evidencia en el caso concreto,
si bien la determinación del régimen pensional aplicable a la demandante 22 fue
dirimida en sede jurisdiccional, no podía predicarse lo mismo respecto del supuesto
desconocimiento del principio de favorabilidad en materia pensional y la aparente
omisión de los factores de licencia por enfermedad y diferencia de la licencia por
enfermedad en la reliquidación de la pensión efectuada por Colpensiones, en
acatamiento de la orden judicial emitida en el proceso primigenio. Tal circunstancia,
aunada al hecho de que los actos administrativos cuya legalidad fue desvirtuada en
el proceso 2010-0140-00 son diferentes de aquellos cuestionados en el proceso
2021-00121-00, y que la discusión del primer proceso giró en torno al reconocimiento
pensional mientras que en el segundo versó sobre la reliquidación de dicha
prestación impone concluir, por fuerza, que el fenómeno de la cosa juzgada sólo
operó parcialmente y, en consecuencia, las autoridades judiciales enjuiciadas no
estaban relevadas de la obligación de emitir un pronunciamiento de fondo sobre los
elementos nuevos que se han resaltado23.

40. En situaciones semejantes a la aquí analizada, la Sección Segunda del Consejo
de Estado ha precisado que, por regla general, los efectos de cosa juzgada generan
la inmutabilidad de las decisiones judiciales en el tiempo, pero también ha señalado
que la aplicación de este principio puede relativizarse en los casos en donde se
discute un derecho pensional. En sentencia de 29 de agosto de 2017, la Subsección
A de dicha Sección se pronunció en los siguientes términos24:

“Como ya se indicó, los efectos de la cosa juzgada generan la inmutabilidad de
las decisiones judiciales en el tiempo, salvo cuando se intente la interposición
del recurso extraordinario de revisión, pues este representa un límite a la
ejecutoriedad de las decisiones judiciales cuando estas se encuentren
inmersas en las causales que la ley establece.

[…]

No obstante lo anterior, esta Corporación ha precisado que «el principio de
cosa juzgada puede relativizarse en los casos donde se pretenda el
reconocimiento y pago de un derecho que afecte una prestación
periódica como lo son las pensiones, como quiera que las decisiones
contrarias a las reclamaciones de los asociados, tan solo producen efectos
vinculantes respecto de las mesadas que ya fueron objeto de la decisión, mas
no frente a las demás que se causen con posterioridad a la ejecutoria de dicha
providencia»25 .

22 Lo que de acuerdo con la jurisprudencia implica el respeto por la edad, tiempo de servicio y tasa

de remplazo del régimen anterior.
23 “la Corte ha comprendido que las nuevas pruebas que surgen después de la decisión tomada
eliminan la posibilidad de que opere la cosa juzgada en una demanda posterior con base en los
mismos hechos y pretensiones. Lo anterior, en razón de que los medios de convicción son nuevos
hechos” (sentencia T-1226 de 2004, T-411 de 2004, T-584 de 2008 y T-352 de 2012).
24 C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente 66001-23-33-000-2014-00070-01 (3973-14).

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, providencia de 7 de diciembre de 2017,
expedientes: 11001 03 25 000 2014 00403 00 (1287-2014), 11001 03 25 000 2014 000652 00 (2040-
2014), 11001 03 25 000 2014 00690 00 (2137-2014), 11001 03 25 000 2014 00695 00 (2142-2014),
14

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

El referido criterio había sido acogido anteriormente por esta Corporación, al
considerar que la naturaleza de las pensiones modifica el fundamento
fáctico de los litigios, porque la prestación se sigue causando en el
tiempo y con posterioridad a las sentencias en que se emita algún
pronunciamiento frente al contenido y alcance del beneficio pensional.
En tal sentido, se precisó26:

No obstante, advierte la Sala que por tratarse el asunto en estudio del
derecho pensional, el cual por su naturaleza es considerado como una
prestación periódica, bien puede la demandante solicitar que se le
reliquide su mesada pensional cuantas veces quiera, ante la
administración y la jurisdicción contenciosa administrativa, previo
agotamiento de los recursos correspondientes.

Así las cosas, se determina que a pesar de que la sentencia de 7 de
septiembre de 2006 haya hecho tránsito a cosa juzgada, en el proceso
de la referencia existe un nuevo hecho, en tanto se han causado
mesadas pensionales con posterioridad a la firmeza de la misma, las
cuales pueden ser reliquidadas, como ya se dijo, en razón de la
naturaleza del derecho pensional.

Aunado a lo anterior, esta Corporación ha entendido que los pensionados
deben tenerse como personas de especial protección, debido a su
imposibilidad de trabajo, por lo que la aplicación de las normas constitucionales
y legales debe ir encaminada a salvaguardar los derechos fundamentales de
estos. Por tal razón, es pertinente concluir que en asuntos como el presente no
puede hablarse de la ocurrencia del fenómeno de cosa juzgada material en
estricto sentido, sino que, por el contrario, esta debe relativizarse en procura
del cumplimiento de los principios constitucionales” [se destaca].

41. De acuerdo con lo anterior, el principio de cosa juzgada implica la inmutabilidad
de las decisiones judiciales. Sin embargo, en el ámbito de las pensiones, debido a
su naturaleza de prestación periódica, la cosa juzgada puede relativizarse,
permitiendo que las decisiones judiciales solo afecten las mesadas ya causadas y
no las futuras. Esto se debe a que las pensiones continúan generándose con el
tiempo, lo que permite a los beneficiarios solicitar la reliquidación de su mesada,
incluso después de que una sentencia haya quedado firme. Además, los
pensionados deben ser protegidos especialmente por su situación de imposibilidad
de trabajo, lo que justifica la relativización de la cosa juzgada en estos casos para
garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.

42. Con base en las anteriores consideraciones, la Subsección B de la misma
Sección conoció una acción de tutela formulada por una jubilada a quien le fue

11001 03 25 000 2014 00705 00 (2182- 2014), 11001 03 25 000 2014 00725 00 (2259-2014), 11001
03 25 000 2014 00734 00 (2279-2014), 11001 03 25 000 2014 00790 00 (2470-2014), 11001 03 25
000 2014 00799 00 (2485-2014), 11001 03 25 000 2014 00895 00 (2745-2014), 11001 03 25 000
2014 01369 00 (4537-2014), 11001 03 25 000 2014 01426 00 (4649-
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente:

Gerardo Arenas Monsalve, auto de 13 de mayo de 2015, expediente: 25000 23 42 000 2012 01645
01 (0932-2014), actor: María Graciela Copete Copete, demandado: Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
15

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

negada la reliquidación de su pensión27. La ciudadana laboró en un establecimiento
de educación superior desde 1987 hasta 2008 y fue beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993. Aunque en 2008 recibió su pensión de jubilación,
esta no incluyó todos los factores salariales devengados en los últimos 10 años de
servicio, razón por la cual formuló una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho y tras obtener fallos favorables, en 2018, Colpensiones reliquidó en
cumplimiento de esas decisiones judiciales, pero en una cuantía menor a la
esperada, por lo que solicitó una nueva reliquidación que le fue negada a través de
nuevos actos administrativos.

43. A raíz de esta situación, presentó una nueva demanda en procura de que se
reliquidara su pensión según lo dispuesto por la sentencia de unificación de 2018.
Sin embargo, los jueces de instancia declararon probada la excepción de cosa
juzgada, argumentando que el caso ya había sido resuelto en el proceso anterior y,
por tanto, la nueva jurisprudencia invocada en la demanda no era aplicable.

44. Al considerar violados sus derechos fundamentales, entre otros, al debido
proceso, la seguridad social y al acceso a la administración de justicia, la jubilada
formuló acción de tutela toda vez que, a su juicio, el caso presentaba hechos nuevos
que justifican una nueva reliquidación de su pensión. La Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación amparó los derechos fundamentales de la accionante,
con fundamento en las siguientes consideraciones:

“Así las cosas, de acuerdo con el precitado derrotero jurisprudencial, en el sub
lite no se acredita la identidad de causa, en la medida en que el asunto ahora
analizado encuentra su fundamento en la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018 de esta Corporación, la cual, se reitera, no se había proferido
al momento de instaurar la primera demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho (expediente 17001-33-31-008-2009-01677-00).

Además, advierte la actora que, en cumplimiento de la liquidación que se
dispuso en el proceso anterior para calcular el valor de su pensión de
jubilación, Colpensiones le desmejoró su situación pensional, por cuanto
se redujo el monto de la mesada que recibía, situación que no fue tenida
en cuenta por parte de las autoridades judiciales que decidieron ese
litigio y que deberá examinarse cuando los magistrados accionados
analicen nuevamente la controversia, dado que las personas que acuden
a la administración de justicia persiguen la obtención de un derecho o de
mejorarlo, mas no de afectar el que ya tienen consolidado.

Lo anotado, en armonía con los postulados constitucionales sobre los derechos
a la igualdad, seguridad social, mínimo vital y acceso a la administración de
justicia y principio de solidaridad, entre otros, ello sin perjuicio de la prescripción
de mesadas pensionales.

Por tanto, los magistrados demandados, al decidir la controversia planteada
por la tutelante en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

27 Sentencia de 19 de mayo de 2022. Radicación No. 11001-03-15-000-2022-02317-00. Actora:
Amparo Ortiz Londoño. Accionados: Tribunal Administrativo de Caldas y otro. CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
16

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

1700133-39-006-2021-00039-00, incurrieron en defecto sustantivo, pues
declararon configurada la cosa juzgada, pese a que esta demanda no
guarda identidad de causa con la instaurada por ella con anterioridad, en
razón al cambio jurisprudencial de esta Corporación acerca del ingreso
base de liquidación pensional y que al momento de reajustar su pensión,
en cumplimiento de una orden judicial, Colpensiones le redujo su
mesada.

A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la providencia
cuestionada incurre en defecto sustantivo, se impone (i) amparar los derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social,
vida digna y mínimo vital de la tutelante; (ii) dejar sin efectos el fallo de 18 de
febrero de 2022, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Caldas (sala
tercera de decisión) confirmó la determinación de declarar probada la
excepción de cosa juzgada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 17001-33-39-006-2021-00039-00; y (iii) ordenar a las autoridades
accionadas que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
decisión, profieran una nueva providencia, en atención a las consideraciones
expuestas en esta sentencia”.

45. Impugnada dicha decisión tanto por el Tribunal como por la administradora de
pensiones, correspondió conocer del proceso a la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación que confirmó el amparo de los derechos de la
pensionada, por las siguientes razones:

“24. Tal como lo señaló en su momento el juez de tutela de primera
instancia, en el caso de la señora Ortiz Londoño existen razones suficientes
para estimar que no se configuraron los supuestos de la excepción de cosa
juzgada, pues no hubo identidad entre los procesos, toda vez que (1) los actos
demandados no fueron los mismos y (2) pese a que podría estimarse que hay
similitud en la causa, esto es, la reliquidación de una pensión de vejez sometida
al régimen de transición, para el segundo caso, hay una situación fáctica que
no puede pasarse por alto: los actos de ejecución de la orden judicial que
accedió a las pretensiones de reliquidación pensional resultaron
desfavorables a la parte actora al disminuir el valor de la mesada
pensional respecto de la que percibía antes de enjuiciar los actos
administrativos ante el juez.

25. En ese orden, estima la Sala que se presentó una situación y/o hecho
sobreviniente que obligaba al juez natural a estudiar a detalle y de fondo el
caso puesto a su conocimiento, como lo ordenó la Subsección B de la Sección
Segunda de esta corporación en el fallo de tutela de primer grado.

26. Asimismo, debe indicarse que lo anterior no resulta ser vulneratorio
de la seguridad jurídica, comoquiera que hubo por medio elementos
diferenciadores en el caso de la señora Ortiz Londoño que (1) rompen con la
identidad fáctica con aquel en el que se fijaron aquellas reglas, (2) resta
vinculatoriedad como precedente aplicable, concretamente, sobre las relativas
a la cosa juzgada, y (3) precisan un pronunciamiento puntual y particular por
parte del juez de lo contencioso administrativo.

27. Ahora bien, la Sala considera oportuno señalar que la presente
decisión no desconoce la autonomía judicial, pues esta no es una garantía
absoluta y la misma, para el caso concreto, fue morigerada a partir de una

17

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

carga argumentativa razonada y suficiente presentada por el juez de tutela de
primer grado, con la cual se coincide en esta instancia.

28. Tampoco desconoce las órdenes dadas por el juez natural del primer
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el 1 de agosto de 2013, pues
estas no fueron materia de enjuiciamiento por parte de la señora Ortiz Londoño
con la segunda demanda (17 de febrero de 2021), ya que lo que se pretendió,
tanto vía administrativa como judicial, fue la reliquidación pensional con la
inclusión de un factor respecto del cual se alegó haber hecho los respectivos
aportes.” [se destaca]

46. Por consiguiente, a juicio de esta Subsección, la providencia objeto de la
presente acción de amparo vulneró los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia28, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
Efectivamente, el derecho de acceso a la administración de justicia, previsto en el
artículo 229 superior, tiene una doble connotación, pues, de un lado, es una garantía
de carácter instrumental, ya que a partir de su consagración se deriva todo el
engranaje necesario para la materialización de los derechos fundamentales y, de
otro, corresponde a un derecho fundamental en sí mismo.

47. Como lo ha entendido el alto tribunal en lo constitucional “el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva tienen una doble acepción: como
presupuestos indispensables para el ejercicio y protección de otros derechos
fundamentales; y como garantías fundamentales en sí mismos. En relación con el
primer supuesto, se destaca la importancia de los jueces en el marco de un Estado
Social de Derecho, ya que son garantes de los derechos fundamentales de las
personas. Asimismo, resulta relevante la consagración constitucional y legal de
mecanismos judiciales para lograr la protección de los derechos y la asignación de
competencias jurisdiccionales con base en los principios de independencia,
desconcentración y autonomía, así como el deber de fallar de acuerdo con los
presupuestos de prevalencia del derecho sustancial (que los jueces evalúen los
requisitos exigidos en las instancias de acceso a la administración de justicia y den
prevalencia a la realización del derecho), cumplimiento de los términos procesales y
garantía de la efectividad en el acceso a la administración de justicia” 29.

48. Para la Corte Constitucional estos derechos, en armonía con los parámetros
establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para estudiar su
protección, implican (i) el respeto por el debido proceso, (ii) la debida aplicación de
los recursos judiciales, al margen de restricciones irrazonables y desproporcionadas;
(iii) la celeridad en el trámite; (iv) el deber de proferir una decisión de fondo,
motivada y oportuna, cuando se cumplen los requisitos para el efecto; (v) la

28 Reconocido como derecho fundamental autónomo: “Respecto del carácter fundamental de estos
derechos, la Corte Constitucional ha reconocido que el acceso a la administración de justicia no
implica solamente la posibilidad de acudir ante un juez para presentarle una solicitud y plantear
pretensiones, pues también son elementos constitutivos de estos derechos: (i) obtener una sentencia
de fondo debidamente motivada; y (ii) que esta decisión se cumpla. Estos factores, a su vez, permiten
la materialización de la tutela judicial efectiva” (Sentencia SU-157 de 2022).
29 Sentencia SU-157 de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

eliminación de todo tipo de barreras para acceder al sistema de justicia; y (vi) la
efectividad de los mecanismos de defensa para la protección real y material de los
derechos30.

49. Por su parte, el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
Carta, ha sido definido como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico “a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”31. De ese modo, quien asume
la dirección del procedimiento tiene la obligación de “observar, en todos sus actos,
la plenitud de las formas previamente establecidas en la Ley o en los reglamentos”32.

50. Así, se itera, abstenerse de proferir una decisión de fondo por razón de la
indebida interpretación y aplicación de un instituto procesal al asunto
correspondiente, supone que la providencia judicial que optó por dicho equívoco y
que declaró la configuración de una cosa juzgada total y no parcial; desconoce los
postulados propios de los derechos fundamentales anotados, que fueron invocados
por la accionante en su solicitud de amparo, y comportan, en últimas, la configuración
de un defecto sustantivo, como último requisito de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.

51. En efecto, la Corte Constitucional ha establecido que la indebida interpretación
o aplicación de la norma que consagra el instituto de la cosa juzgada en procesos
ordinarios, obstaculiza o lesiona la efectividad los derechos fundamentales al acceso
a la administración de justicia, a la seguridad social y al debido proceso, y se erige
como un defecto sustantivo de la providencia que así lo declara cuando “confunde el
objeto de la pretensión de reliquidación pensional con la súplica del reconocimiento
de la prestación de vejez”, en la medida en que “esa hermenéutica significa que la
pretensión del aumento del monto de la pensión nunca sea estudiada de manera
directa por los jueces, escenario que supone una afectación desproporcionada de
los derechos de los accionantes”33.

52. Por lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de la
señora Pinzón Montiel. Como consecuencia, dejará sin efectos la sentencia dictada
el 23 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.
1, y ordenará que, en el término de treinta (30) días, contados a partir de la
notificación del presente fallo, profiera una providencia de reemplazo en la que se
emita pronunciamiento de fondo respecto del supuesto desconocimiento del principio
de favorabilidad en materia pensional y la aparente omisión de los factores de
licencia por enfermedad y diferencia de la licencia por enfermedad en la reliquidación

30 Ibidem.
31 Sentencia C-341 de 2014.
32 Sentencia C-163 de 2019.
33 Sentencia T-534 de 2015.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

de la pensión efectuada por Colpensiones, alegados por la accionante en la
demanda que dio origen al proceso 2021-00121-00, efectuando el correspondiente
análisis de legalidad de los actos administrativos demandados.

53. Lo anterior, sin perjuicio de la configuración de la cosa juzgada parcial o que,
al efectuar el nuevo estudio de reliquidación pensional, el Tribunal constate una
desmejora del derecho pensional de la demandante con motivo de ese nuevo análisis
de legalidad de los actos acusados, caso en el cual deberá salvaguardar
celosamente la vigencia del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53
Superior.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de la señora María de los
Ángeles Pinzón Montiel, de conformidad con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia dictada el 23 de abril de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1 y ORDENAR que, en
el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación del presente fallo,
profiera una providencia de reemplazo en la que atienda a los lineamientos
expuestos en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05726-00
Accionante: María de los Ángeles Pinzón Montiel
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.

VF

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