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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05739-01

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-05739-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-05739-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

21 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05739-01
Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05739-01
Demandante: CARLOS ESLEYDER OROZCO VELÁSQUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo
porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el
debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 28
de noviembre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 23 de octubre de 2024, el señor Carlos Esleyder Orozco Velásquez interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 24 de septiembre de 2024,
en el marco del proceso de reparación directa con radicado 41001-33-33-001-2015-
00133-00. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

PRIMERO: Prodilgarme la protección de AMPARO DE TUTELA por violación al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, frente a la entidad judicial
demandada, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DEL HUILA, con ocasión a la
sentencia judicial de segunda instancia proferida el pasado 24 de septiembre de 2024
en el proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad bajo el radicado
41001-33-33-001-2015-00133-01; lo que configuró un “defecto fáctico”.

SEGUNDO: Ordenándosele que dentro de las 48 horas siguientes al fallo
CONFORME A LAS ORIENTACIONES DADAS POR LA ORDEN DE AMPARO que
emita Honorable Consejo de Estado, se deje sin efectos la sentencia judicial de
segunda instancia proferida el pasado 24 de septiembre de 2024 en el proceso de

1 Se advierte que el 27 de enero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05739-01
Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

reparación directa por privación injusta de la libertad bajo el radicado 41001-33-33-
001-2015-00133-01 proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DEL
HUILA con ponencia del magistrado Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA y, en
su lugar, se ordene al Despacho judicial accionado que profiera una nueva decisión,
de conformidad a las razones que exponga este alto tribunal.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Carlos Orozco
Montoya junto con sus familiares demandaron a la Nación - Rama Judicial - Fiscalía
General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente
responsables por los daños y perjuicios que se les causaron con ocasión de la privación
de la libertad de que fue objeto el señor Orozco Montoya.

4. En la demanda de reparación directa, la parte actora indicó que, el 19 de diciembre de
2010, el señor Alexander Ferreira fue encontrado sin vida, como consecuencia de una
herida con arma cortopunzante. Luego de realizar diversas actuaciones investigativas, la
Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en contra del señor
Carlos Orozco Montoya como presunto autor del homicidio. El Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento el 7
de septiembre de 2011.

5. Mediante providencia del 19 de mayo de 2014, el Juzgado Tercero Penal de
Conocimiento de Neiva absolvió al señor Orozco Montoya en aplicación del principio in
dubio pro reo, en atención a la solicitud de la Fiscalía Quinta Seccional de Neiva, toda
vez que renunció al testimonio de la señora Sandra Viviana Villareal Campos debido a
que en otro proceso penal en el que estaba siendo procesado el señor Orozco Montoya,
el testimonio fue cuestionado, sumado a la imposibilidad de localizarla, por lo que la
Fiscalía no tenía los suficientes medios de prueba que pudieran determinar la
responsabilidad del acusado.

6. Se expuso que el señor Carlos Orozco Montoya permaneció injustamente privado de
su libertad durante 678 días.

7. Al proceso de reparación directa se le asignó el radicado 41001-33-33-001-2015-
00133-00 y le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Neiva, pero
luego por redistribución fue repartido al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva que,
mediante sentencia del 13 de octubre de 2020, negó las pretensiones de la demanda.
Para tal efecto, expuso que estaban cumplidos los requisitos establecidos en la Ley 906
de 2004 para la imposición de la medida de aseguramiento, la cual fue necesaria, legal

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Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

y razonable, al tener en cuenta la presunta participación del imputado en los hechos que
desencadenaron la muerte del señor Ferreira.

8. Inconformes con la decisión, la parte demandante la apeló y el Tribunal Administrativo
del Huila la confirmó. Expuso que la decisión de la Fiscalía y del juez de control de
garantías al momento de imponer la medida de aseguramiento obedeció a la valoración
que, para ese momento, tenían de acuerdo con lo narrado por la testigo y los informes
de Policía Judicial. Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación
interpusieron recurso de apelación.

9. A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en defecto fáctico
al efectuar una valoración equivocada del testimonio de la señora Sandra Liliana
Villarreal y del informe pericial de necropsia, y con ello sostener que la medida de
aseguramiento es proporcional y razonada.

10. Expuso que en la entrevista, la señora Villarreal dijo haber visto al señor Carlos
Orozco propinarle una golpiza con múltiples puños y patadas en su cuerpo, luego dijo
que tomó un tubo y lo golpeó en la cabeza en varias ocasiones y se lo clavó en la cara
hasta provocarle la muerte, mientras que el informe de Medicina Legal determinó que las
heridas de la víctima eran ocasionadas por un arma cortopunzante.

11. Entonces, en criterio del actor, a partir de esas pruebas se puede concluir que todo
lo que dijo la señora Sandra Liliana Villarreal era mentira y que la medida de
aseguramiento no fue producto de una inferencia razonable y fue desproporcionada por
estar sustentada en una absurda y grosera conclusión proveniente del testimonio falso
emitido por la señora Villarreal Campos, pues fue cuestionado en otro proceso penal
donde el señor Orozco Montoya también estaba siendo procesado.

Trámite impartido e intervenciones

12. Mediante auto del 29 de octubre de 20242, el despacho sustanciador del proceso en
primera instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila,
como parte demandada, y a la fiscal general de la Nación, al director ejecutivo de
Administración Judicial, al titular del Juzgado Octavo Administrativo de Neiva y a los
demás demandantes del proceso de reparación directa, como terceros con interés.

13. La Fiscalía General de la Nación pidió que se declarara improcedente la tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva, aunado al hecho de que la solicitud de

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SAMAI, índice 11 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia.
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Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

amparo estaba siendo utilizada como una tercera instancia y con el propósito de reabrir
un debate legal que culminó con la sentencia de segunda instancia.

14. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva. Asimismo, agregó que la decisión proferida por
el tribunal no fue arbitraria ni caprichosa, sino que estuvo fundamentada en criterios
jurídicos y con observancia de las pautas constitucionales y legales.

15. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva pidió que
se declarara improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no se cumplían los
requisitos generales de procedencia.

16. Al respecto, explicó que no cumplió con la carga argumentativa mínima en señalar
las supuestas pruebas que, en su criterio, no valoró el Tribunal Administrativo del Huila,
ni mucho menos argumentó en qué forma la falta de valoración de esos medios
probatorios, tenía incidencia en la decisión.

17. Sostuvo que la inconformidad del accionante es meramente formal, lo cual, en todo
caso, ya fue resuelto tanto por el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, como por el
Tribunal Administrativo del Huila en el proceso de reparación directa, lo que da cuenta
que lo pretendido por el actor es utilizar la tutela como si se tratara de una tercera
instancia.

Fallo impugnado

18. En sentencia del 28 de noviembre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional. Argumentó que la parte demandante, tanto en la tutela, como en el
proceso de reparación directa, insiste en que se debió declarar la responsabilidad del
Estado porque la medida de aseguramiento impuesta a su padre fue proferida con base
en un testimonio de cuestionada credibilidad.

19. Expuso que la discusión propuesta ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del
Huila, y la acción de tutela no está prevista para cumplir esa finalidad, sino que tiene
como propósito la protección de los derechos fundamentales y no puede utilizarse como
instancia adicional del proceso ordinario.

20. En relación con el argumento de la supuesta falta de coherencia entre el resultado
de la necropsia y el testimonio rendido por la señora Sandra Liliana Villareal Campos,
sostuvo que tampoco cumple con el requisito de relevancia, pues no fue propuesto en
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Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

su oportunidad en el proceso ordinario, toda vez que en el recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, no se hizo ninguna manifestación referente a dicha
incoherencia. De manera que consideró que el tribunal accionado no estaba obligado a
pronunciarse frente a cuestionamientos que no hicieron parte del recurso de apelación.

Impugnación

21. Inconforme con la decisión, la parte demandante la impugnó e indicó que no se hizo
ninguna referencia en cuanto a los requisitos para que prospere una tutela contra
providencia judicial cuando se alega un defecto fáctico y no se analizó si en el caso
concreto hubo una adecuada valoración de las pruebas documentales

22. Señaló que el a quo incurrió en error al resolver la solicitud de amparo, pues dijo
textualmente que su intención era que se analizara nuevamente el testimonio de la
señora Sandra Villarreal, pero, según expuso la señora Villareal nunca rindió testimonio,
pues ella no fue citada a comparecer al proceso, toda vez que sus dichos se encuentran
contenidos en la prueba documental Formato de Entrevista FPJ-14.

23. En cuanto a las consideraciones de la Sección Cuarta, según las cuales en la tutela
se realizaron argumentaciones que no fueron alegadas en el recurso de apelación,
sostuvo que fue el Tribunal Administrativo del Huila quien usó como único argumento
«en su parte considerativa para confirmar la sentencia de primera instancia y negar las
pretensiones del proceso de reparación directa, donde dijo textualmente que la
valoración que hizo esta entidad de las pruebas documentales de “necropsia” y el
“formato que contiene la declaración de la única testigo” son completamente
coincidentes».

24. Entonces, lo que pretende con la tutela es ese argumento dado por el Tribunal, pues
el tribunal sí valoró esas pruebas documentales, no obstante, a su juicio, no pueden ser
coincidentes, toda vez que la señora Villarreal afirmó que vio al señor Orozco Montoya
dándole «puños en la cara a la víctima y luego pegó con un tubo y se lo enterró en la
cara, sin embargo, la necropsia es clara en indicar que la víctima no presenta ninguna
herida o fractura en la nariz», aunado al hecho que en este último documento no se
encontró ninguna evidencia de fracturas o hematomas en la cara, nariz, extremidades
superiores e inferiores, abdomen y espalda, por lo que las heridas que presentó no eran
coincidentes con lo declarado por la testigo.

25. De manera que, a su juicio, la medida de aseguramiento decretada en contra de su
padre fue el resultado de una inferencia irrazonable y desproporcionada, por estar
sustentada en una grosera y absurda conclusión.
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Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

26. Indicó que no se propone un debate de estricta legalidad, sino que la discusión está
orientada a determinar si la autoridad incurrió en defecto fáctico al darle un alcance
inexistente a dos pruebas documentales.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado, por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.

28. Para ello, en primer lugar, se examinará si la petición de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional. Sólo
en el evento de que se cumplan, se analizará si se encuentra o no configurado el defecto
fáctico atribuido por la demandante a la providencia del 24 de septiembre de 2024.

Análisis de la Sala

De la relevancia constitucional

29. En sentencia del 5 de agosto de 20143, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que esta exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial
y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela
tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

30. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales».

31. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez
que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos

3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias
con las providencias que allí se dicten.

32. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota
al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos
contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o
instancia adicional a las establecidas por el legislador.

33. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

Caso concreto y solución del problema jurídico

34. De entrada, la Sala observa que el asunto carece de relevancia constitucional, pues,
como se explicará, la petición de amparo está dirigida a cuestionar la interpretación y
argumentación con base en las cuales el Tribunal Administrativo del Huila negó las
pretensiones de la demanda, con la única finalidad de extender y continuar el debate que
ya fue razonablemente zanjado en el proceso de reparación directa.

35. En el escrito de tutela, la parte actora adujo que la sentencia censurada adolece de
defecto fáctico, por cuanto realizó una indebida valoración de la declaración rendida por
la señora Sandra Liliana Villarreal Campo, con fundamento en la cual le impusieron la
medida de aseguramiento. Asimismo, porque dicha prueba no era coherente con lo
dictaminado por el informe de necropsia, toda vez que en este último material probatorio
se estableció que el señor Ferreira murió por un ataque con arma cortopunzante,
mientras que la referida señora manifestó que el señor Carlos Orozco Montoya agredió
al señor con un tubo.

36. Revisada la demanda y sus anexos, particularmente la decisión cuestionada, se
advierte que la interpretación y valoración probatoria efectuada por el Tribunal
Administrativo del Huila en la sentencia del 24 de septiembre de 2024 fue suficiente,
razonable y adecuada, lo cual denota que la finalidad del demandante es convertir este

4 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022

y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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valioso mecanismo constitucional en instancia adicional del proceso de reparación
directa.

37. De acuerdo con los antecedentes normativos y jurisprudenciales fijados por la Corte
Constitucional5 y por la Sección Tercera de esta Corporación6, en los casos en los que
se pretenda la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación de la libertad,
corresponde al juez, en ejercicio de su autonomía, determinar el régimen de
responsabilidad aplicable a cada caso, dependiendo de sus particularidades, es decir, ni
la ley ni la jurisprudencia definieron la atribución de responsabilidad bajo un título único
de imputación.

38. Así, en sentencia SU 072 de 2018 7 , el alto tribunal constitucional indicó que,
indistintamente del régimen de responsabilidad bajo el cual se realice el juicio de
atribución de responsabilidad, «se mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios
de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que
preceden la imposición de una medida de aseguramiento», es decir, en todo caso es
necesario efectuar el análisis sobre la antijuridicidad del daño, a partir de los criterios
anteriormente mencionados, con el fin de determinar el carácter injusto de la privación
de la libertad, atendiendo a los requisitos previstos en el esquema procesal penal vigente
al momento de imposición de la restricción del derecho a la libertad. Concretamente,
sostuvo:

[…] el significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la
providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras
era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación
de su conformidad a derecho

39. El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, en sentencia del 13 de octubre de 2024,
sostuvo lo siguiente:

Observa el Despacho que la versión de la testigo en la aludida entrevista es
altamente coherente con los resultados de la necropsia practicada al cadáver el 20
de diciembre de 2010 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, Unidad Básica Neiva, en donde se señala como hipótesis que la causa
del fallecimiento de Alexander Ferreira fue violenta -homicidio, mediante elemento
contundente, quien fue hallado muerto con lesiones traumáticas, que su cuerpo se
encontraba en proceso de descomposición con fauna cadavérica y que se
presentaba varias heridas por arma cortopunzante, aspectos que si se verifican
junto con el álbum fotográfico anexo a dicho informe, se advierte que se trata de
heridas con un elemento cortopunzante redondeado, es decir, el arma empleada
coincide con gran probabilidad frente a la indicada en la versión referida en la

5 Al respecto, ver entre otras, las Sentencias de Unificación SU 072 de 2018 y SU 363 de 2021.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera, Subsección A. Sentencia

del 31 de enero de 2019. Rad. 19001-23-31-000-2012-00024-01(54951).
7 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU 072 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes

Cuartas.
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entrevista, según la cual a la víctima mortal se le enterró por su agresor un tubo en
la cara, además de las restantes lesiones traumáticas causadas por puños y
puntapiés denominadas como lesiones traumáticas causadas por puños y
puntapiés denominadas como lesiones traumáticas en el dictamen, siendo ello
indicativo que la testigo de cargo sí presenció el hecho, pues su versión es
verosímil con las conclusiones forenses, y no se advierte dentro del presente medio
de control que la testigo haya tenido acceso al expediente criminal y la necropsia
antes de rendir la entrevista, como para haber construido un relato coherente a
partir de tales documentos, bajo custodia de la Fiscalía.

Dicho señalamiento, esto es, que fue CARLOS OROZCO MONTOYA quien
propinó la mortal golpiza a Alexander Ferreira, lo mantuvo la testigo incluso pese
a las amenazas denunciadas en su contra ante funcionarios de Policía Judicial y
de la misma Fiscalía General de la Nación, en donde puso de presente los diversos
hostigamientos y amenazas de muerte por parte de familiares del implicado,
tendientes a compelerla a que cambiara su versión o retirara la denuncia del
crimen, al punto que, como se refleja en el acervo probatorio, le fue gestionada
medida de protección de testigos por la Fiscalía, pues su nivel de riesgo fue
calificado como “extraordinario” por la Policía Judicial.

(…)

Si bien no puede predicar esta operadora judicial que la muerte del señor
Alexander Ferreira fue consecuencia directa y exclusiva de la golpiza y lesiones
que en su humanidad propinó el hoy demandante CARLOS OROZCO MONTOYA,
pues no hay prueba pericial que así lo determine, si existen serios medios de
convicción, que no fueron controvertidos, ni siquiera argumentalmente, que lo
ubican como la persona que el día anterior a la muerte de la víctima le propinó
serias lesiones a su integridad física, hecho que por sí solo se constituye en una
conducta reprochable que lo puso en condición de ser investigado, pues hacían
inferir su posible responsabilidad en la muerte del occiso; conducta que lo hace
responsable, por lo menos desde el aspecto meramente civil, de posibles daños
en la humanidad de dicha persona, independientemente de la responsabilidad
penal que pudiera endilgársele por su muerte, la que finalmente no pudo ser
judicialmente declarada por cuanto la única testigo presencial de los hechos no
pudo ser localizada para recaudar de nuevo su testimonio ante la reanudación de
la actuación procesal en la que esta ya había declarado, es decir, por
circunstancias ajenas a la propia testigo, de tal manera que el propio actor
contribuyó con culpa grave desde el punto de vista civil en la causación del daño
que sufrió, al haber sido privado de la libertad mientras se investigaban tales
hechos.

(…)

De otra parte, para el Despacho no existen elementos que permitan concluir que
se presentó una falla, pues si se entendiera que la misma se estructuró por el
decreto de la medida de aseguramiento fundada en deficiente material probatorio,
dicha hipótesis es huérfana de prueba, pues no fueron aportadas las valoradas
efectuadas por el juez control de garantías al momento de acceder a la medida,
para de esa manera, esta instancia judicial estudiar si en efecto esa aseveración
resulta ser cierta, pues recuérdese, la parte actora no aportó el expediente
contentivo del proceso penal desde las audiencias preliminares hasta lo tramitado
ante el juez de conocimiento, y cuando el Juzgado Primero Administrativo de Neiva
ordenó de oficio obtener dicha prueba, motu proprio el apoderado actor direcciona
la correspondiente comunicación ante la Fiscalía, cuando debió serlo tal como ya
se indicó, ante el Centro de Servicios Judiciales de Neiva, o en últimas,
directamente ante los despachos judiciales competentes, no obstante, su
desinterés en aportar dicho expediente fue patente, desde la demanda hasta el
cumplimiento del decreto oficioso de la prueba en audiencia inicial.

(…)

Sin embargo, de lo observado probatoriamente tampoco deduce el Despacho que
la medida de aseguramiento en manera alguna fue desproporcionada, o que no se
haya sustentado en pruebas que advirtieran su necesidad, pues recuérdese que,
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Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

obraba entrevista de una testigo directa de los hechos, necropsia y álbum
fotográfico practicados al occiso, que guardan coherencia entre ellas, y además,
según se observó en el informe de investigador de campo de fecha 24 de marzo
de 2011, en contra de CARLOS OROZCO MONTOYA cursaban cinco
investigaciones (incluyendo la del homicidio de Alexander Ferreira) por delitos de
homicidio de dos menores y tres adultos (…) lo cual es suficiente para que
razonadamente se infiriera la participación del presunto agresor en los hechos de
los que se le acusó, así como que representaba un peligro para la sociedad y para
la testigo, ante la prularidad de investigaciones por diferentes homicidios, conducta
catalogada como delito pluriofensivo como lo señalara el apoderado de la Rama
Judicial en este asunto.

40. Inconforme con lo anterior, la parte demandante presentó recurso de apelación, en
el cual, argumentó, en síntesis lo siguiente:

• En primer lugar, argumentó que era necesario establecer si todo lo que dijo la señora
Sandra Liliana Villarreal Campos era verdad o no, ya que esa era la única prueba por
la cual el señor Orozco Montoya fue privado de su libertad.

• A pesar de lo dicho por la Fiscalía y el juez durante la audiencia de juicio oral en la
cual resultó absuelto el señor Orozco Montoya, el juzgado administrativo dio total
credibilidad a lo dicho por la testigo, «lo cual conlleva a colegir que la valoración que
hizo de dicha prueba estuvo completamente desprovista de la sana crítica y las reglas
de la experiencia, denotando más bien una confianza o creencia desmesurada,
infundada e irreflexiva en lo dicho por la testigo».

• Expuso que el juzgado se extralimitó en sus facultades al valorar una prueba que se
surtió en un proceso penal, al manifestar que la versión de la testigo era altamente
coherente con los resultados de la necropsia, sin verificar que esa declaración en el
proceso penal hubiese sido controvertida o confrontada por la defensa.

• Señaló que no se debió valorar el testimonio de la señora Villarreal pues ninguno de
los juicios necesarios para examinar los elementos de la responsabilidad lo
autorizaba a reemplazar al funcionario judicial penal.

41. Al resolver los anteriores reproches, el Tribunal Administrativo del Huila, en la
sentencia del 24 de septiembre de 2024, sostuvo que:

42. El señor Carlos Orozco Montoya estaba en el deber jurídico de soportar la privación
de su libertad, pues, la medida se sustentó en la realidad probatoria vigente al momento
de su imposición, y la misma no podía desconocerse, pues le permitía al funcionario
judicial inferir razonablemente la autoría como partícipe del hecho delictivo, al ser
señalado por la testigo Sandra Viviana Villarreal Campos, quien adujo haber presenciado

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Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

los hechos, que dio origen a que se librara la orden de captura y que dio para que le
imputaran el delito de homicidio simple.

43. Indicó que de la legalidad y la necesidad de la imposición de la medida de
aseguramiento, la parte actora no presentó reproche alguno «al punto que aduce, que
resulta indiferente si la actuación penal tuvo falencias, pues por el hecho de haber sido
absuelto el señor Carlos Orozco Montoya, se debe fallar bajo el régimen objetivo de daño
especial, al haber sido cuestionada la veracidad de la testigo Sandra Liliana Villarreal
Campos».

44. Asimismo, sostuvo que si bien en el proceso penal se le restó credibilidad a lo
declarado por la única testigo de los hechos en otro proceso penal, en el cual también
estaba involucrado el señor Carlos Orozco Montoya y dentro del cual le compulsaron
copias a la señora Villarreal Campos, esa circunstancia por sí sola no le resta legalidad
a la imposición de la medida de aseguramiento en el proceso por la muerte del señor
Ferreira, pues «lo sucedido en la etapa de juicio oral, no puede desconocer el
señalamiento directo que Sandra Liliana Villarreal Campos hizo contra Orozco Montoya,
como el autor del homicidio, pues, como lo dijera el mismo juez al proferir la sentencia
absolutoria, ante la falta de comparecencia de la testigo directa de los hechos, no existía
prueba para acreditar la responsabilidad del acusado, lo que conducía a su absolución».

45. En cuanto al reproche sobre la afirmación del juzgado según la cual la versión de la
testigo en la entrevista era altamente coherente con los resultados de la necropsia,
precisó que «no se hace necesario que haya existido ratificación o que la misma fuera
controvertida, ya que se hace para la valoración de los elementos materiales probatorios
que la Fiscalía le lleva a la juez de garantías para solicitar, entre otras, la imposición de
la medida de aseguramiento».

46. Expuso que no significa que la juez hubiera valorado el testimonio rendido por la
señora Villarreal, sino que hizo la valoración respectiva para encontrar acorde la
actuación de la Fiscalía y del juez de control de garantías para imponer la medida
preventiva, «independientemente de que en el juicio oral la testigo no hubiera
comparecido a ratificar su testimonio y haya conducido a que la fiscalía solicitara
sentencia absolutoria».

47. Precisó que fue con posterioridad a la imposición de la medida de aseguramiento y
a través de las diferentes pruebas que se evidenció y llevó a la Fiscalía a pedir la
absolución, sin que ello deslegitime la decisión adoptada por el juez con funciones de
control de garantías.

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Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

48. Sostuvo que la absolución de los cargos de responsabilidad formulados no conduce
a la privación injusta de la libertad, pues conforme a los criterios de unificación
jurisprudencial y la valoración que se hizo de las pruebas «señalamiento directo de la
testigo, trabajo de campo, orden de captura, necropsia, audiencias preliminares –
sentencia absolutoria – entre otros, resultaba procedente la imposición de la medida de
aseguramiento, ya que como se dijera, corresponde a otra etapa procesal, que, con
nuevas pruebas, varió las decisiones inicialmente tomadas».

49. Finalmente, señaló que a pesar de que se profirió sentencia absolutoria, no le
correspondía determinar si esa decisión fue acertada o no, sino que el análisis del juez
de la responsabilidad se limitaba a analizar los requisitos para la imposición de la medida
de aseguramiento, los cuales, en su criterio, se cumplían y justificaban la decisión
proferida por el juez de control de garantías.

50. Lo anterior quiere decir que, tal como lo señaló el Tribunal Administrativo del Huila
en la sentencia censurada, para realizar el juicio de atribución de responsabilidad del
Estado por privación injusta de la libertad, sea cual sea el título de imputación bajo el
cual se efectúe, resulta indispensable analizar los fundamentos fácticos y jurídicos que
dieron lugar a la restricción de la libertad, por lo que es necesario que se allegue la
providencia que decretó la imposición de la medida de aseguramiento.

51. La Sala evidencia entonces que, una vez valoradas las pruebas allegadas al proceso
de reparación directa, el Tribunal Administrativo del Huila concluyó que la privación de la
libertad del señor Carlos Orozco Montoya estuvo ajustada a derecho, por cuanto en ese
momento se contaba con los elementos de juicio suficientes para colegir razonablemente
que aquel podía haber sido autor o partícipe del punible y que, por tanto, tenía el deber
de soportar la imposición de la medida de aseguramiento.

52. De conformidad con la referida providencia de unificación, el juez puede escoger
entre un régimen de responsabilidad subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter
demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega
que las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el
derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 19918.

53. Así las cosas, se tiene que el fundamento sobre el cual el juez natural edificó el
estudio de la privación de la libertad no fue el de la conducta pre procesal del señor
Carlos Orozco Montoya, pues, se repite, el motivo por el cual negó las pretensiones de
la demanda derivó del análisis de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la

8 Ver sentencia del 3 de octubre de 2019, radicado 50001-23-31-000-2006-10260-01(54095), Sección

Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05739-01
Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

decisión a través de la cual se impuso la medida de aseguramiento, lo cual no merece
reproche alguno desde el punto de vista constitucional.

54. A partir del anterior análisis, se concluye que la solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque la parte actora pretende revivir la discusión del proceso
ordinario, relacionado con la valoración de las pruebas que obraban en el expediente, en
especial, de la supuesta incoherencia entre el informe de necropsia y lo declarado por la
señora Sandra Liliana Villarreal Campos.

55. La Sala advierte que la providencia cuestionada no es arbitraria, ni caprichosa, sino
que estuvo precedida de un análisis integral, razonado y conjunto de las pruebas que
obraban en el expediente. Se reitera que la acción de tutela no puede convertirse en el
único y el preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria
a sus intereses, para que se revise la decisión como si se tratara de una instancia
adicional. Ello atenta contra las reglas previstas por el legislador quien dentro de su
margen de configuración normativa elige y decide las instancias ordinarias que debe
impartirse a un proceso. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia
adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a este mecanismo de
amparo constitucional, sino que termina por desconocer los principios de autonomía
judicial y del juez natural9.

56. Que la parte actora esté inconforme con el raciocinio utilizado por la autoridad judicial
accionada no es un hecho que concierna al juez constitucional, pues por la forma en que
se presentaron los argumentos queda claro que la demanda se contrae a un desacuerdo
con el razonamiento de la autoridad judicial accionada circunstancia que no justifica la
intervención del juez de tutela, porque lo pretendido, se insiste, es revivir un debate que
ya se clausuró, a fin de obtener a toda costa una alternativa de decisión en la que se
resuelva favorablemente su visión del litigio y, compártase o no la decisión de los jueces
naturales, la Sala no advierte que sus conclusiones se tornen irracionales, absurdas o
caprichosas.

57. Ahora bien, el accionante insistió que lo pretendido con la tutela es que se verifique
la supuesta falta de coherencia entre el resultado de la necropsia y la declaración que
rindió la señora Sandra Liliana Villarreal Campos en la investigación penal adelantada
por la Fiscalía General de la Nación, puesto que, según su criterio, en la primera de las
pruebas se plasmó que la causa de muerte fue por un arma cortopunzante, mientras que
lo narrado por la declarante fue que al señor Ferreira lo golpearon con un arma
contundente.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de febrero

de 2016, expediente No. 2016-03419-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05739-01
Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

58. La Sala comparte lo considerado por el a quo, puesto que ese argumento no fue
propuesto ni en la demanda de reparación directa, ni mucho menos en el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo de Neiva. De manera que no le correspondía al Tribunal Administrativo
del Huila pronunciarse sobre un aspecto que no fue objeto de debate en el proceso
ordinario.

59. La Sala precisa que si bien el actor alegó que esa supuesta incoherencia entre esos
dos elementos de prueba y que esa situación da cuenta que la medida de aseguramiento
fue irracional y desproporcionada, no es esta la oportunidad para alegar esos hechos o
presentar estos nuevos argumentos, pues la parte actora contó con los mecanismos
previstos por el legislador para poner de presente esa situación en el proceso de
reparación directa, bien sea en la demanda o en el respectivo recurso de apelación. Era
obligación de la parte demandante agotar los instrumentos judiciales que tenía a su
alcance para controvertir la decisión de primera instancia y poner de presente los
argumentos que expuso en sede de tutela; sin embargo, tal como lo precisó el Tribunal
Administrativo del Huila en la sentencia de segunda instancia «de la legalidad y
necesidad de la imposición de la medida de aseguramiento la parte actora no discrepa,
al punto que aduce, que resulta indiferente si la actuación penal tuvo falencias».

60. La Sala constata que la autoridad judicial accionada, como juez de segunda instancia,
abordó directamente las inconformidades planteadas en la apelación y, en general, la
cuestión litigiosa propuesta por la parte accionante, es decir, estudió si se acreditó la
antijuridicidad del daño y descartó su configuración luego de un examen crítico y
justificado de los medios de convicción aportados al proceso.

61. La diferencia sobre el contenido y valoración de las pruebas presentadas en la acción
de tutela dan cuenta de que los argumentos de la parte demandante están dirigidos a
que el juez del amparo actúe como superior funcional del Tribunal y reexamine el
contenido de la sentencia atacada por estar en desacuerdo con sus conclusiones, lo cual
desvirtúa la importancia constitucional del asunto. No cabe duda de que los argumentos
de la demanda son una reiteración del debate del proceso de reparación directa.

62. Por más que la parte demandante pretenda enrostrar a la sentencia del 24 de
septiembre de 2024 un defecto fáctico, lo cierto es que sus inconformidades sólo
evidencian la intención de imponer el alcance que estima debió dársele a las pruebas,
para forzar una tercera instancia a cargo del juez de tutela y que se avale su tesis en el
juicio de responsabilidad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05739-01
Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

63. Cabe señalar que, en sentencia de unificación SU-215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional como un requisito necesario para la
procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se convierta en
instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales, económicos sin
trascendencia constitucional.

[…] según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela
como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales10. Para determinar si este requisito
se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y,
(iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales11.

64. Así pues, luego de considerar los criterios señalados, es claro que el presente asunto
no es de aquellos en los que exista la necesidad de interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución o darle alcance a un derecho fundamental, ni siquiera por el hecho de que
se alegue la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.

65. En el fondo, la parte actora pretende que el juez de tutela ordene que se dicte una
nueva sentencia, en la que se declare la responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama
Judicial – Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados como consecuencia
de la restricción a la libertad de que fue objeto el señor Carlos Orozco Montoya, cuando
esa discusión ya fue definida en el proceso ordinario, por el Tribunal accionado, que, con
argumentos razonables, concluyó que no se acreditó la antijuridicidad del daño por
cuanto la medida de aseguramiento fue necesaria, legal y proporcional.

66. En esas condiciones, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
declaró improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

10 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, “la Corte resumió los escenarios en los

que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea
como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que
trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para
decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar
la afectación del patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones”.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05739-01
Demandante: Carlos Esleyder Orozco Velásquez

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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