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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05750-00

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05750-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05750-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

5 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso, iii) trabajo,
iv) mínimo vital; y v) de acceso a cargos públicos

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta Henry Edison García Gómez contra
la Sala de Decisión núm. 6 del Tribunal Administrativo del Boyacá.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala de Decisión
núm. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 23 de julio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
150012333000202400106-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que, el Concejo Municipal de Jericó suscribió el Convenio
Interadministrativo núm. 001 de 20 de junio de 2003 con el Instituto Técnico
Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”- INTENALCO-, que realizó el examen y
el Concejo Municipal de Jericó, mediante Resolución núm. 002 de 5 de enero de
2024, publicó la lista de elegibles del concurso público y abierto de méritos para la
elección de Personero Municipal de Jericó, en la que el actor obtuvo un puntaje de
5,25%.

4. Señaló que, mediante la Resolución núm. 005 de 10 de enero de 2024, el
Concejo protocolizó la elección del actor en el cargo de Personero Municipal de
Jericó Boyacá, para el periodo 2024-2028, de conformidad con la lista de elegibles,
resultado del Concurso Abierto de Méritos.

5. Señaló que, los Procuradores Edgar Andrés Quiroga Natale - Procurador 122
judicial II Para Asuntos Administrativos, Helkin Alveiro Esteban Hernández
Procurador 177 Judicial I para Asuntos Administrativos, - Judicial I para Asuntos
Administrativos y Fabio Leonardo Serrano Novoa Procurador 178 Judicial I para
Asuntos Administrativos presentaron demanda en ejercicio del medio de control de

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Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

nulidad electoral en su contra, frente a su elección como Personero Electo para el
Municipio y el Concejo Municipal de Jericó - Boyacá.

6. Manifestó que, el Tribunal Administrativo Boyacá, mediante sentencia de 23 de
julio de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto de elección de HENRY EDISON
GARCIA GOMEZ como personero de ese municipio para el periodo 2024 – 2028, de
acuerdo con las motivaciones precedentes.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, el Concejo Municipal
de Jericó deberá adelantar un nuevo proceso para la elección del Personero Municipal
para el periodo 2024-2028, en los términos del Decreto 1083 de 2015.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. […]”.

6.1 Como fundamento de su decisión consideró que1:

“[…] se advierte que se incurrió en una expedición irregular del acto de elección del
señor HENRY EDISON GARCÍA GÓMEZ como Personero del Municipio de Jericó
para el periodo 2024-2028, desde el momento en que se escogió a la entidad para
apoyar el respectivo trámite. […]”

“[…] la Sección Quinta del Consejo Estado2 ha establecido en relación con las
irregularidades en el trámite de un proceso eleccionario, originadas por lo general
de la expedición irregular del acto, que las mismas deben tener la potencialidad de
viciar la elección, entendiendo por ella lo siguiente: “para que aquella se materialice
no solo debe probarse la existencia de una anomalía en la formación del acto,
sino también que aquella fue de tal magnitud que afectó de forma directa el
sentido de la decisión. En otras palabras, la irregularidad que se presente debe
ser sustancial, trascendental y con incidencia directa en el contenido y/o
sentido del acto definitivo. Esto significa que no cualquier irregularidad tiene la
potestad de despojar al acto electoral de la presunción de legalidad de la que
goza, sino que aquella debe ser determinante en su formación.” –Resalta la Sala.

80. Debido a lo anterior, se procederá a estudiar si tal irregularidad tiene la magnitud
de afectar la decisión proferida por el Concejo Municipal de Jericó, en cuanto a la
elección de su personero, para ello se tendrá en cuenta: “…, para que la irregularidad
en el trámite se materialice y tenga la virtualidad de viciar el acto de elección, es
necesario que se pruebe: (i) La existencia de la anomalía (ii) Que la anomalía fue de
tal magnitud que afecte de forma directa el sentido de la decisión, es decir que sea
sustancial, trascendental y con incidencia directa en el sentido del acto definitivo. En
este punto debe precisarse que, como en este caso la elección se hizo como
resultado de un concurso de méritos, es necesario demostrar que la

1 Transcripción literal del texto
2 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de enero de 2011, CP. Filemón Jiménez Ochoa,
Radicación Nº .11001-03-28-000-2010-00015-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 25 de
septiembre de 2015, C.P: Alberto Yepes Barreiro, Radicación Nº.11001-03-28-000-2014-00132-00.

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Actor: Henry Edison García Gómez

irregularidad en el trámite tiene la potencialidad de modificar el resultado del
concurso y por tanto de la lista de elegibles.”3 – Resalta la Sala –

81. En relación con el primer punto, la anomalía radica en que la INTELCO no cumplió
con la acreditación de su idoneidad para la realización de concursos aplicables a
aspirantes a personero municipal.

82. En relación con el segundo requisito, esto es que por la irregularidad sustancial
en la expedición de un acto declarativo de elección o de nombramiento, se entienda
que aquella es capaz de afectar de manera determinante el resultado del mismo,
precisa la Sala que el mismo se encuentra acreditado por lo siguiente:

83. Se tiene que el Concejo Municipal Jericó, al momento de suscribir el convenio con
INTELCO no verificó que la misma tuviera la plena suficiencia técnica, para poder
adelantar el concurso de méritos objeto de estudio, y en ese orden de ideas, no debía
ser la entidad técnica especializada adecuada para realizar el proceso.

84. Por lo anterior, como la elección de los personeros municipales debe ir precedida
de un concurso de méritos, el cual se realizó por una entidad que no cumplió con
ninguno de los requisitos exigidos por el Concejo de Jericó, es posible que, de
acudirse a otra entidad, como la ESAP -la cual fue recomendada por la Procuraduría,
otra hubiera sido la prueba, y por consiguiente los resultados obtenidos por cada uno
de los participantes.

85. Así las cosas, el defecto en el trámite de la elección de la entidad que apoyaría la
realización del concurso de méritos tuvo la virtud de alterar el resultado final de la
elección del personera, puesto que la misma se basó en los resultados obtenidos de
las pruebas efectuadas por INTELCO, la cual no acreditó la idoneidad necesaria para
realizar el proceso de elaboración, aplicación y calificación de las pruebas, siendo
dable concluir que la elección está viciada de nulidad por irregularidad en la
expedición del acto declarativo de la elección, prosperando la pretensión en tal
sentido formulada en la demanda. […]”.

7. Sostuvo que contra la decisión supra interpuso recurso de apelación, respecto
del cual, la Sección Quinta del Consejo de Estado4, mediante auto de 15 de octubre
de 2024, consideró que se refiere a la elección del personero del Municipio de
Jericó, Boyacá, por ser una población de 70.000 habitantes y no ser capital de
departamento, es competencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, en única
instancia, por lo que resolvió rechazar el recurso de apelación:

“[…] RESUELVE Primero: Recházase el recurso de apelación presentado por Henry
Edison García Gómez, en calidad de demandado, en contra de la sentencia del 23
de julio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión
No. 6, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”

3 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2016, C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio,
Radicado No. 52001-23-33-000-2016-00115-01.
4 Cfr índice núm. 6 de SAMAI, Documento denominado “9Autoquerechaz_2024106Rechaza por
improcedente(.pdf)” NroActua 6

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Actor: Henry Edison García Gómez

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. El actor solicitó en su escrito de tutela5:

“[…] PRIMERO: TUTELAR al suscrito los derechos AL DEBIDO PROCESO, al
realizarse una interpretación arbitraria y errónea de las normas aplicables al caso
concreto AL DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL MERITO, DERECHO AL
TRABAJO, DERECHO A LA LEGITIMA CONFIANZA Y CONEXOS.

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo dispuesto en el numeral anterior, se revoque
la sentencia del 23 de Julio de 2024 emitida por el Tribunal administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión No 6, mediante la cual declaro la nulidad del acto de elección de
HENRY EDISON GARCÍA GÓMEZ, como personero del Municipio de Jericó Boyacá,
por DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRONEA O IRRAZONABLE
DE LA NORMA

TERCERO: Las demás que los señores Magistrados consideren pertinentes a fin de
amparar mis derechos, haciendo uso de las facultades extra y ultra petita, que se le ha
atribuido al Juez de tutela. […]”.

10. El actor en su escrito de tutela indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá
incurrió en interpretación errónea o irrazonable del Decreto 1083 de 20156, porque:

“[…] en la sentencia alusiva, se hace referencia a una entidad denominada INTELCO,
como la entidad encargada de la realización del concurso público y abierto de mérito
para proveer el cargo de personero municipal, sin que esto sea verdad, pues el
concurso se adelantó fue a través del INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE
COMERCIO “SIMÓN RODRÍGUEZ” INTENALCO - EDUCACIÓN SUPERIOR.
Entidad avalada por el Ministerio de Educación y con idoneidad otorgada por el
Decreto 1083 de 2015, por tratarse de una entidad que cuenta con las herramientas
y la infraestructura necesaria para realizar estos procesos, que conforme se verifica
en la página WEB de la misma ha realizado amplios y bastos procesos de concurso
para personeros, en todo el territorio Colombiano, no solo para la presente vigencia
sino en anteriores ocasiones, demostrando con esto que cuenta con toda la estructura
administrativa, financiera y logística para adelantar dichos procesos, como lo exige la
sentencia C-105 de 2013 de la Corte Constitucional, no siendo necesario que el
demandante interprete de manera contraria a la ley requisitos y condiciones no
exigidas a UNIVERSIDADES NI ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR, sino solo
prescritas a ser demostrables para otro tipo de entidades privadas, que no gozan de
esa naturaleza jurídica, configurándose otro error de interpretación.

De igual manera se desconoció la naturaleza jurídica de INTENALCO, la cual fue
alegada y probada documentalmente, demostrándose que el INSTITUTO TÉCNICO
NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN BOLÍVAR – INTENALCO EUCACION
SUPERIOR, aprobada por el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional (MEN)

5 Transcripción literal del texto.

6 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

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Actor: Henry Edison García Gómez

mediante Resolución No. 2903 del 17 de Noviembre de 1992, y que su naturaleza
jurídica señala que es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al
Ministerio de Educación Nacional, con autonomía administrativa y patrimonio
independiente, que se organiza conforme las normas de la Ley 30 de 1992, Ley 115
de 1994, Ley 749 de 2002, Ley 24 de 1988 y Decreto Ley 758 de 1988 y las contenidas
en sus estatutos. Por tanto cuenta con la idoneidad suficiente para adelantar este tipo
de procesos, por el solo hecho de su misma naturaleza jurídica, de tratarse de una
institución de educación superior de carácter público, ya el Decreto 1083 de 2015 le
está otorgando la idoneidad, es decir, se trata de una validación de tipo legal. […]”.

11. Además, considera que una magistrada que salvó su voto hace una acertada
interpretación del Decreto 1083 de 2015, al señalar que “[…] siendo INTENALCO
una institución de educación superior, como da cuenta el certificado de existencia y
representación legal que fue allegado con la demanda, el artículo 2.2.27.1 del
Decreto 1083 de 2015 no exige ninguna calificación o requisito adicional en su
objeto social, es decir, que en éste aparezca la realización, apoyo a gestión a
procesos de selección de personal; como tampoco se exige a las universidades. La
norma en mención dispone el apoyo al proceso de selección también podrá
efectuarse a través de una entidad especializada en procesos de selección, caso
en el que sí se exige que «aquella persona jurídica privada o pública, que tenga
dentro de su objeto social la realización, apoyo o gestión a procesos de selección
de personal.» (CE. S5. Sentencia del 8 de junio de 2017. Rad. No. 76001-23-33-
000-2016-00233-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Sentencia del 8 de octubre de
2020. Rad. No. 73001-23-33-000-2020-00081-01. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez). Así las cosas, la falta de especificad del objeto social de la institución
de educación superior INTENALCO para realización, apoyo o gestión a procesos
de selección de personal, per se no supone su falta de idoneidad para el efecto. Los
demandantes debían acreditar que para el caso en concreto dicha institución no
contaba con la infraestructura y logística administrativa e informática, o no contaba
con experiencia en este tipo de procesos, para fuera acreditada en concreto su falta
de idoneidad y así se configura la causal de nulidad de expedición irregular del acto
de elección. […]”.

12. Señaló que el Tribunal incurrió en un yerro en relación con el artículo 151
CPACA y las modificaciones de la Ley 2080 de 20217, porque “[…] atribuyó la
competencia para conocer de la nulidad de la elección de los personeros en

7 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos
que se tramitan ante la jurisdicción

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Actor: Henry Edison García Gómez

municipios con menos de 70.000 habitantes, que no sean capital de departamento,
a los Tribunales Administrativos en única instancia, la sentencia proferida por el
Tribunal, se efectuó en primera instancia, por tal razón el suscrito debió presentar
la respectiva apelación de la sentencia, para agotar los recursos y acudir a la tutela,
en defensa de mis derechos. […]”.

Actuación

13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de octubre de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Boyacá; iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, a los magistrados de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, al Alcalde del Municipio de Jericó, al
Presidente del Concejo Municipal de Jericó, a Edgar Andrés Quiroga Natale, a
Helkin Alveiro Esteban Hernández y a Fabio Leonardo Serrano Novoa,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular y; iv) negó la medida provisional solicitada por el actor.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

14. El Tribunal Administrativo de Boyacá, allegó el expediente del proceso de
nulidad electoral identificado con el número único de radicación
150012333000202400106-00.

15. La Sección Quinta del Consejo de Estado, el Alcalde del Municipio de Jericó-
Boyacá, el Presidente del Concejo Municipal de Jericó, Edgar Andrés Quiroga
Natale, Helkin Alveiro Esteban Hernández y Fabio Leonardo Serrano Novoa,
guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

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Actor: Henry Edison García Gómez

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20219 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
201910, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

18. Corresponde a la Sala establecer: si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

19. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y desarrollo

8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
9 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; v) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; vi) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; vii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a cargos
públicos; viii) análisis del caso concreto y finalmente las ix) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena11, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

21. Esta Sección adoptó12 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200513, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
13 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Actor: Henry Edison García Gómez

23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”14 que encaje en dichos parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

27. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de

14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Actor: Henry Edison García Gómez

201416, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [17]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [18].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [19].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [20].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad

16 Ut supra página 6.
[17] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[18] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[19] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [21]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [22].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [23]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

28. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado24:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto

[21] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[22] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[23] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
24 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”25

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”26

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

29. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

25 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
26 Ibidem.

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Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

30. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202227 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

27
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Actor: Henry Edison García Gómez

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

31. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

32. Atendiendo a que la Corte Constitucional3 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

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Actor: Henry Edison García Gómez

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional28 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo

35. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

28 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

36. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha
dicho lo siguiente11:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital

37. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.

38. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho12:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

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Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el efectivo
goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este derecho
se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.), la salud
(Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.). De esta
forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de mayor
relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
acceso a cargos públicos

39. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.

[…]

“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.

40. Atendiendo a que la Corte Constitucional22 ha entendido que entran dentro del
ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que han
cumplido con los requisitos para acceder a un cargo 23, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos24, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos25, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.

Análisis del caso concreto

41. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala de Decisión
núm. 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá, porque, a su juicio, al proferir la

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Actor: Henry Edison García Gómez

sentencia de 23 de julio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
150012333000202400106-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

42. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

43. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

44. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

44.1 Copia digital del expediente del proceso adelantada en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
150012333000202400106-00.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

45. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente29:

29 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

“[…] los Concejos Municipales podrán, (es decir es potestativo), efectuar los trámites
pertinentes para el concurso de méritos, por: i) Universidades ii) INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS O PRIVADAS y iii) con entidades especializadas
en procesos de selección. Bajo este entendido, para el caso que nos ocupa está
demostrado que, el Concejo Municipal de Jericó Boyacá, opto por la segunda de las
opciones que permite la norma enunciada esta es ii) INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA O PRIVADA, para lo cual suscribió convenio con,
entendiendo que esta entidad es de Educación Superior, aprobada por el ICFES y el
Ministeriode Educación Nacional (MEN) mediante Resolución No. 2903 del 17 de
Noviembre de 1992, y que su naturaleza jurídica señala que es un establecimiento
público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con
autonomía administrativa y patrimonio independiente, que se organiza conforme las
normas de la Ley 30 de 1992, Ley 115 de 1994, Ley 749 de 2002, Ley 24 de 1988 y
Decreto Ley 758 de 1988 y las contenidas en sus estatutos. Luego no puede
predicarse que esta institución de educación superior, deba contar de manera expresa
y clara en su objeto, el de adelantar procesos de selección, ya que al realizarse esta
interpretación, como en efecto lo realiza la sala de decisión No 06 del Tribunal
Administrativo de Boyacá, está desconociendo la naturaleza de la entidad
INTENALCO, vale precisar que esta no es una entidad especializada en procesos de
selección, sino es conforme se acredita en este escrito una entidad de educación
superior, lo cual se ha demostrado a lo largo del cuso del proceso, pero que el fallador
dejó de lado, sin embargo en su motivación citó, pronunciamientos del máximo
Tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, las cuales demuestran
precisamente la errada interpretación que hace el A quo, cuando sostuvo: “66. Sobre
este aspecto se ha pronunciado el Consejo de Estado decantando cuales son los
criterios de idoneidad que deben acreditar las entidades especializadas para apoyar
y/o realizar según el caso, las etapas de los concursos de méritos para elección de
personero. Es así que, en providencia de 08 de junio de 2017, la Sección Quinta de
dicha Corporación se refirió a la importancia que reviste el estudio de la idoneidad de
las empresas o entidades designadas por los concejos municipales para el
procedimiento de selección de personeros, precisando: […]”
.
[…]

“[…] Luego el argumento que se consigna en el fallo de primera instancia respecto a
que esta entidad no cuenta con la estructura para realizar esta clase de procesos, no
corresponde a la realidad, ya que se prueba en este recurso que contario sensu, se
cuenta con la experiencia y cautela para efectos de ejecutar un proceso de tan
importante jerarquía como el de personeros, al punto que se encuentran publicadoslos
actos administrativos de convocatoria, dentro del cual se identifica plenamente cada
una de las etapas del concurso junto a su cronograma, las guías para las pruebas
escritas y demás documentos que de manera específica señalan el paso a paso para
la ejecución de este proceso. […]”

[…]

Se declare legal el acto administrativo de elección del personero de JericóBoyacá para
el periodo de 2024 a 2028, atendiendo a que el concejo municipal de Jericó obro bajo
el amparo del decreto No 1083 de 2015, al suscribir convenio DE COOPERACIÓN
INTERADMINISTRATIVA ENTRE CONCEJO MUNICIPAL DE JERICO Y EL
INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO “SIMÓN RODRÍGUEZ –
INTENALCO, entidad de educación superior pública, avalada por el Ministerio de
Educación y con idoneidad otorgada por el Decreto 1083 de 2015, por tratarse de una
entidad que cuenta con las herramientas y la infraestructura necesaria para realizar
estos procesos, que conforme se verifica en la página WEB de la misma ha realizado
amplios y bastos procesos de personeros, en todo el territorio Colombiano, no solo
para la presente vigencia sino en anteriores ocasiones, demostrando con esto que

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Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

cuenta con toda la estructura administrativa, financiera y logística para adelantar
dichos procesos, como lo exige la sentencia C-105 de 2013 de la Corte Constitucional,
no siendo necesario que el demandante interprete de manera contraria a la ley
requisitos y condiciones no exigidas a UNIVERSIDADES NI ENTIDADES DE
EDUCACION SUPERIOR, sino solo prescritas a ser demostrables para otro tipo de
entidades privadas que no gozan de esa naturaleza jurídica. Tesis que tiene sustento
en que, al suscribirse convenio con una entidad de educación superior, como es
INTENALCO, se desestima la argumentación del AD-QUO al afirmar que se trata de
una entidad especializadas en procesos de selección de personal, tercera opción que
advierte el decreto enunciado en este recurso, y que en efecto debe demostrar
idoneidad, la cual debe ser entendida desde su mismo objeto, pero que para el caso
en concreto no es llamada a prosperar tal exigencia, justamenteenrazónala naturaleza
jurídica, de la ya enunciada tantas veces INTENALCO. De la legalidad de los actos
administrativos emitidos dentro del proceso de selección de personero Municipio de
Jericó 2024-2028 Ahora bien, entendiendo que la entidad que ejecuto el proceso a
saber INTENALCO es una entidad de educación superior de carácter privada, es
menester verificar que el mismo fue ejecutado mediante los actos administrativos que
reglamentaron las diferentes fases del proceso, estableciendo la valoración de los
factores de escogencia, así como también su carácter eliminatorio o clasificatorio, en
estricto apego a la normatividad vigente y de la jurisprudencia que han desarrollado
los altos tribunales, así la Corte Constitucional en sentencia C-105 de 2013, […]”.

[…]

Razón por la cual en el caso en concreto y bajo la legalidad de este concurso realizado,
debe prevalecer el MERITO, del aspirante que cumplió de manera oportuna y
satisfactoria cada una de las etapas, atendiendo a que el proceso se realizó con una
entidad de EDUCACIÓN SUPERIOR debidamente registrada ante las entidades
competentes, para este caso cuenta con su respectiva resolución aprobada por el
ICFES y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) mediante Resolución No. 2903
del 17 de Noviembre de 1992.

Situación que generó convicción plena en el aquí aspirante, hoy ganador del proceso
de selección de Personero del Municipio de Jericó 2024 a 2028, y quien bajo el amparo
del principio de la confianza legítima, acudió y cumplió con todas las fases allí
advertidas. […]”

46. Para la Sala el asunto controvertido por el actor, ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada, y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una instancia adicional que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de los derechos fundamentales.

47. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad
electoral y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello
implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y

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Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

48. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

49. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia se encuentran
en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

50. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales
indicados supra.

51. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa de la órbita
de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega la
vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

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Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

52. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y el acceso a cargos públicos enunciados
por el actor, no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de
nulidad electoral se adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas
propias del proceso, y se respetó el derecho de presentar y controvertir las pruebas
allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal de
vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se trata de
amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección constitucional.

53. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal, no es
una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la tutela contra una
providencia judicial.

54. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al trabajo, al mínimo vital y el acceso a cargos públicos, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal.

Conclusiones de la Sala

55. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202405750-00
Actor: Henry Edison García Gómez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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