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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05752-00

Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05752-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 23 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 24 Ibid. 25 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 15 Radicación: 11001-03-15-000-2024-05752-00 Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05752-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-05752-00
Accionante: LEYLA KARINA LOBO MARTÍNEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Leyla Karina Lobo Martínez solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo
en conexidad con los principios de primacía de la realidad sobre las formas y buena
fe, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24 de mayo de 2024, proferida
por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el número de radicación 11001-33-35-026-2019-00359-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que se vinculó con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, mediante
contratos de prestación de servicios como instructora, entre el 15 de julio de 2011 y
el 27 de julio de 2016.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05752-00
Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

2.2. Adujo que presentó solicitó la declaratoria de la existencia de una relación laboral
y el reconocimiento y pago de todas las pretensiones laborales y sociales, y que
mediante Oficio núm. 11-2-2019-021659 de 26 de marzo de 2019, se resolvió
desfavorablemente su solicitud.

2.3. Manifestó que promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
núm.11001-33-35-026-2019-00359-00/01 contra el Servicio Nacional de Aprendizaje
– Sena, para que se declarara la nulidad del oficio Oficio núm. 11-2-2019-021659 de
2019.

2.4. Relató que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Veintiséis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que, mediante
providencia de 3 de agosto de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

2.5. Refirió que las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión
y que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca revocó, mediante sentencia de 24 de mayo de 2024, el fallo de
primera instancia y negó las pretensiones de la demanda porque no se probó la
prestación personal del servicio, la remuneración, la intensidad horaria y tampoco
se desvirtuó la autonomía e independencia.

2.6. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al trabajo en conexidad con los principios de
primacía de la realidad, al incurrir en un defecto fáctico, en un defecto material o
sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial.

2.7. Frente al defecto fáctico, refirió que el juez de segunda instancia incurrió en una
valoración desacertada de los documentos y los testimonios, que evidencian su
permanencia como instructora docente durante todo el tiempo de vinculación al
SENA y refuerzan el elemento subordinación o de sujeción a cual este estaba
sometida ya que de los innumerables correos electrónicos debía cumplir con las
reglas impuestas por la entidad en cuanto a la asistencia obligatoria a
capacitaciones, reuniones, encuentros académicos por fuera de la labor docente,
sin que pudiera actuar de forma autónoma o apartarse a tales instrucciones y de
forma liberal abstenerse de tales ordenaciones.

2.8. Advirtió que el Tribunal en segunda instancia cometió un error al señalar que no
se pudo comprobar las horas impartidas por la accionante, situación que se podía
probar a través de los reportes del sistema Sofia plus.

2.9. Frente al defecto material o sustantivo, refirió que el juez de segunda instancia no
aplicó las normas que regulan la materia apartándose una vez mas de su deber de
impartir y proveer una recta, pronta y debida justicia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05752-00
Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

2.10. Indicó que el juez de segunda instancia negó la existencia de una relación laboral
por el simple hecho de que no cumplía el horario establecido en el numeral 15 del
artículo 24 del Decreto 249 de 28 de enero de 20041.

2.11. Indicó, respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial, que con la
providencia de 24 de mayo de 2024 “[…] el Tribunal accionado en su escueta
argumentación de la decisión objeto de la presente acción de amparo realizo [sic]
una ponderación distante de la realidad procesal probatoria incurriendo en
evidentes errores protuberante de derecho y de hecho que pone en tela de juicio
su verdadera formación del convencimiento, ya que las consideraciones
cuestionadas son carentes de estructura racional, objetiva e imparcial donde su
deber de administrar justicia no fue aplicado de acuerdo a la regla de la sana critica
al asunto en controversia […]”.

2.12. Alegó que se desconoció la sentencia de unificación de 9 de septiembre de
20222. Al respecto señaló:

“[…] La anterior sentencia se desconoció por parte del Tribunal accionado, ya
que a pesar de que a lo largo del proceso se demostraron sin lugar a dudas
los indicios de subordinación ya que como instructor, le era suministrado el
lugar de trabajo, le eran impuestos los horarios de labores al igual que los
instructores de planta, se presentaba una dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar, ya que era el SENA quien determinaba el modo, tiempo
y cantidad de trabajo, los diseños curriculares que eran de obligatorio
cumplimiento eran los mismos que los funcionarios de planta, las plataformas
informáticas y elementos detrabajo eran los mismos de los instructores de
planta y las actividades o tareas a desarrollar correspondían a las que tienen
asignadas los servidores de planta, se procedió a negar el derecho del
accionante sin una razón justificable en el ámbito legal demostrando los
defectos aludidos a lo largo de la presente acción constitucional […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Solicito que se le tutelen a mi poderdante la Señora Leyla Karina Lobo
Martínez sus derechos fundamentales conculcados como son: Igualdad,
Debido Proceso, derecho al trabajo, primacía de la realidad sobre las formas
en las relaciones laborales, buena fe, por haber incurrido la parte accionada en
sus decisiones en vía de hecho por Defecto Factico, Defecto Material o
Sustantivo, Defecto Procedimental absoluto, Desconocimiento del
precedente judicial del Consejo de Estado y violación de la Constitución,
y todos aquellos que se encuentren en conexidad con los anteriores.

2. Ordenar al HONORABLE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Sección Segunda Sub Sección “E
Honorable Corporación, en el sentido de que acceda a la declaratoria y

1
“Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.”
2
Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente núm.05001-23-33-000-2013-01143-01.

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Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

existencia de la relación laboral (contrato realidad - Art. 53 de la C.N.) existente
entre las partes durante el periodo comprendido del 17 de julio de 2011 y el
31 de octubre de 2019 sin solución de continuidad salvo las interrupciones
habidas entre cada contrato de acuerdo a las pretensiones del medio de control
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

3. En el evento de que no sea posible disponer que se dicte una nueva
providencia, que se deje sin efecto las Sentencias proferida por el Juzgado
veintiséis (26) Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y el
Tribunal De Lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca de fecha 3
de agosto de 2023 y el 24 de mayo de 2024 respectivamente, para que en su
reemplazo se dicte la providencia que profiera esta Honorable Corporación.

4. Exhortar a la accionada corporación que en lo sucesivo en casos
similares se proceda a dictar su providencia en los términos y parámetros
que para tal efecto esta Honorable Corporación que se le atribuyen […]”.
[Negrilla, mayúscula y subrayado original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 28 de octubre de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA y al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señaló que la acción de tutela era improcedente porque la parte
accionante ejerció todos los mecanismos judiciales que tenía a su disposición, y en
razón al carácter residual de la tutela, no podía utilizarse como una tercera
instancia.

5.2. Indicóque en el evento de llegar a establecer que la presente acción
constitucional es procedente, se deben negar las pretensiones de la misma.

5.3. El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá manifestó que
no ha incurrido en alguna acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales
de la accionante y que las decisiones adoptadas dentro del proceso ordinario se
hicieron bajo el principio de autonomía e independencia judicial.

5.4. Finalmente solicitó su desvinculación.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05752-00
Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

5.5. El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA solicitó declarar improcedente la
acción de tutela interpuesta por la accionante por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20196.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Juzgado Veintiséis Administrativo del
Circuito de Bogotá.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05752-00
Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

9. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el Juzgado Veintiséis Administrativo del
Circuito de Bogotá conoció en primera instancia el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de tutela, la Sala considera que a esta
autoridad judicial sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción
constitucional. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación elevada,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto factico, en un defecto material o sustantivo y en desconocimiento del
precedente judicial.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05752-00
Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05752-00
Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

VI.5. El caso concreto

19. La señora Leyla Karina Lobo Martínez solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo
en conexidad con los principios de primacía de la realidad sobre las formas y buena
fe, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24 de mayo de 2024, proferida
por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con el número de radicación 11001-33-35-026-2019-00359-00/01.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05752-00
Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es

17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05752-00
Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al trabajo en conexidad con los principios de
primacía de la realidad sobre las formas y buena fe, por haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico, en un defecto material o sustantivo y en
desconocimiento del precedente judicial, por las siguientes razones:

28. Frente al defecto fáctico, refirió que el juez de segunda instancia incurrió en una
valoración desacertada de los documentos y los testimonios, que evidencian su
permanencia como instructora docente durante todo el tiempo de vinculación al
SENA y refuerzan el elemento subordinación o de sujeción a cual este estaba

18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

sometida ya que de los innumerables correos electrónicos debía cumplir con las
reglas impuestas por la entidad en cuanto a la asistencia obligatoria a
capacitaciones, reuniones, encuentros académicos por fuera de la labor docente,
sin que pudiera actuar de forma autónoma o apartarse a tales instrucciones y de
forma liberal abstenerse de tales ordenaciones.

29. Advirtió que el Tribunal en segunda instancia cometió un error al señalar que no
se pudo comprobar las horas impartidas por la accionante, situación que se podía
probar a través de los reportes del sistema Sofia plus.

30. Frente al defecto material o sustantivo, refirió que el juez de segunda instancia no
aplicó las normas que regulan la materia apartándose una vez mas de su deber de
impartir y proveer una recta, pronta y debida justicia.

31. Indicó que el juez de segunda instancia negó la existencia de una relación laboral
por el simple hecho de que no cumplía el horario establecido en el numeral 15 del
artículo 24 del Decreto 249 de 28 de enero de 200420.

32. Indicó, respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial, que con la
providencia de 24 de mayo de 2024 “[…] el Tribunal accionado en su escueta
argumentación de la decisión objeto de la presente acción de amparo realizo [sic]
una ponderación distante de la realidad procesal probatoria incurriendo en
evidentes errores protuberante de derecho y de hecho que pone en tela de juicio
su verdadera formación del convencimiento, ya que las consideraciones
cuestionadas son carentes de estructura racional, objetiva e imparcial donde su
deber de administrar justicia no fue aplicado de acuerdo a la regla de la sana critica
al asunto en controversia […]”.

33. Alegó que se desconoció la sentencia de unificación de 9 de septiembre de
202221. Al respecto señaló:

“[…] La anterior sentencia se desconoció por parte del Tribunal
accionado, ya que a pesar de que a lo largo del proceso se demostraron
sin lugar a dudas los indicios de subordinación ya que como instructor, le
era suministrado el lugar de trabajo, le eran impuestos los horarios de
labores al igual que los instructores de planta, se presentaba una
dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, ya que era el
SENA quien determinaba el modo, tiempo y cantidad de trabajo, los
diseños curriculares que eran de obligatorio cumplimiento eran los
mismos que los funcionarios de planta, las plataformas informáticas y
elementos detrabajo eran los mismos de los instructores de planta y las
actividades o tareas a desarrollar correspondían a las que tienen
asignadas los servidores de planta, se procedió a negar el derecho del
accionante sin una razón justificable en el ámbito legal demostrando los
defectos aludidos a lo largo de la presente acción constitucional […]”.

20
“Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.”
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, expediente núm.05001-23-33-000-2013-01143-01.

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Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

34. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

35. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

36. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al trabajo en conexidad con los principios de primacía de la realidad
sobre las formas y buena fe, lo cierto es que no existe un desarrollo argumentativo
en el que se expliquen las razones por las que considera que se afectaron.

37. Además, la accionante no está poniendo de presente que en la providencia
censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que
fundamenta su inconformidad se sustenta, básicamente, en que la decisión
adoptada en la sentencia de segunda instancia revocó la decisión de primera
instancia y negó las pretensiones de la demanda.

38. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en la providencia cuestionada:

“[…] Finalmente, se precisa que en el expediente no se logró demostrar que la
demandante impartiera las horas establecidas para un instructor de
conformidad con lo establecido en el Decreto 249 del 28 de enero de 2004,
quienes por disposición legal se les exige el cumplimiento de cuarenta y dos y
media (42.5) horas semanales para un total de ciento setenta (170) horas
mensuales, que es en últimas el argumento central para negar esta decisión.
No se logró probar de forma fehaciente una dependencia o subordinación de
la accionante, pues resulta apenas lógico en el sentido que las horas de
formación a impartir eran acordadas por las partes en atención al calendario
académico, en el programa de articulación con la media.

Al respecto, el Consejo de Estado22 ha señalado:

“Frente al tema, esta Subsección ha señalado que el elemento de la
subordinación requiere, para su configuración, que las funciones se ejecuten

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. C.P. William Hernández Gómez. Sentencia del 3 de marzo de 2022.
Radicación: 13001-33-31-000-2014-00348-01 (0923-2019).

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Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

de manera continua e ininterrumpida durante el desarrollo del contrato, esto es,
que exista una sujeción o dependencia constante de quien presta el servicio
respecto de su contratante.
En tal sentido, y de acuerdo con lo anterior, no es posible afirmar que, de la
sola lectura de los contratos de prestación de servicios, de las actas de
permanencia y de los reportes de ejecución mensual, que la señora Salcedo
Monsalve hubiese prestado sus servicios a la institución demandada en forma
continua e ininterrumpida, que demuestre la permanencia en el servicio. Nótese
que los instructores del Sena con vinculación legal y reglamentaria tienen
permanencia y continuidad de tiempo completo, mientras los instructores
vinculados por contratos de servicios solo tienen asignada una cantidad
determinada de horas de formación y sus servicios son de duración limitada al
objeto mismo del contrato.

Tampoco se desprende de la precitada documentación, como así lo pretende
hacer ver la recurrente, que hubiese actuado en acatamiento de horarios y
tiempos definidos por la entidad, ni mucho menos que las funciones
desarrolladas se hayan efectuado en cumplimiento a órdenes e instrucciones
impartidas por los supervisores y coordinadores del Centro Agroempresarial y
Minero, siendo estos elementos característicos para inferir la existencia una
relación laboral encubierta y que permitan verificar sin lugar a equívocos la
dependencia con la entidad demandada. En efecto, en el proceso no obra
prueba que dé cuenta que la libelista estuviera sujeta a prestar el servicio en
atención a las directrices impartidas por parte de funcionarios del SENA o
llamados de atención, oficios o memorandos por el incumplimiento de un
horario laboral, entre otros.

[…]

En conclusión, para esta Corporación las pruebas obrantes en el plenario
resultan suficientes para demostrar que la demandante Leyla Karina Lobo
Martínez no ejerció la labor de instructora en el componente contratado en la
intensidad horaria fijada para los instructores en el Decreto 249 del 28 de enero
de 2004, prueba de ello son los contratos que establecieron su ejecución en
horas, la ausencia de pruebas relacionadas con el reporte de horas en el
sistema Sofía plus frente a los contratos que establecieron su ejecución en
meses y días, y en este sentido se tiene que no se probó la continua
subordinación y/o dependencia de la demandante en la calidad de instructora.

En otras palabras, aunque se probó la prestación personal del servicio y la
remuneración por el mismo, no se probó que se haya prestado en la intensidad
horaria fijada en el Decreto 249 del 28 de enero de 2004, por lo que tampoco
se desvirtuó la autonomía e independencia. Por tanto, se revocará la decisión
proferida el 3 de agosto de 2023 por el Juzgado Veintiséis (26) Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá […]”.

39. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05752-00
Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

40. De hecho, lo que se aprecia es que la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca al revisar el caso analizó, de acuerdo con
las pruebas obrantes en el expediente y a las normas aplicables al caso en
concreto, que aunque se probó la prestación personal del servicio y la remuneración
por el mismo, no se probó que se haya prestado en la intensidad horaria fijada en
el Decreto 249 de 2004, por lo que tampoco se desvirtuó la autonomía e
independencia, por lo resolvió revocar la decisión de primera instancia.

41. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”23.

42. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”24. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”25.

43. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
24
Ibid.
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05752-00
Accionante: Leyla Karina Lobo Martínez

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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