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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05764-01

Fecha
16 de mayo de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05764-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de enero de 2025, por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, que negó la mora judicial endilgada contra el Tribunal Superior de San José de Cúcuta-Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras y declaró improcedente la solicitud de tutela respecto del Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05764-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

16 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05764-01

Accionante: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCION -TERCERA SUBSECCIÓN B- Y
OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada y el desconocimiento negligente de términos. MORA
JUDICIAL-Por la congestión estructural de los despachos judiciales no toda dilación configura mora. TUTELA-
No procede para interferir en las decisiones que están pendientes en el proceso ordinario. TUTELA CONTRA
PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. INMEDIATEZ-Su desconocimiento
desvirtúa el carácter urgente del amparo.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la entidad accionante contra el fallo
proferido el 20 de enero de 2025, por el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B, que negó el amparo frente a una de sus pretensiones y declaró
improcedente la restante.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 24 de octubre de 2024, la Agencia Nacional de Tierras-ANT, a través de
apoderado judicial, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, de
acceso progresivo a la tierra rural, de acceso a la administración de justicia y al
principio de colaboración armónica estatal, que alega vulnerados por el Juez Primero
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja y el
Tribunal Superior de San José de Cúcuta-Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras, por haber incurrido en una presunta mora judicial al no haber proferido una
decisión definitiva al interior del proceso de restitución de tierras1 promovido por la

1
Identificado con número de radicación: 68081-31-21-001-2017-00172-00.

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en
favor de Miriam Mora Yaruro y otros, contra los predios de menor extensión ubicados
en el predio Hacienda Bellacruz, en el municipio de La Gloria, Cesar.

Así mismo, por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, al haber
proferido la providencia del 14 de agosto de 2019, que decretó una medida cautelar
suspensiva de las Resoluciones No. 481 y 3322, ambas de 2013, expedidas por el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER en el marco del proceso de
revisión de asuntos agrarios2 que promovió M.R. Inversiones S.A.S. y otros contra la
accionante.

En virtud de la acción de tutela, solicita que los derechos alegados sean tutelados y,
en consecuencia, pide:

«Que, en virtud de lo anterior, se ORDENE al TRIBUNAL SUPERIOR DE SAN JOSÉ
DE CÚCUTA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS que,
en un plazo de 48 horas, emita decisión de fondo dentro del proceso de restitución
de tierras de radicado 68081312100120170017200.
(...)
Se ORDENE a la SUBSECCIÓN B - SECCIÓN TERCERA - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO para que dentro
de las 48 horas siguientes al fallo de tutela, levante la medida cautelar suspensiva de
las resoluciones 0481 y 3322 de 2013 expedidas por INCODER, que fue decretada
mediante auto del 14 de agosto de 2019 en el marco del proceso identificado con
radicado No. 11001032600020130016900 (49158), esto por cuanto dichos actos
administrativos son los que dan sustento a la entidad frente al cumplimiento de las
ordenes cuarta y quinta de la Sentencia SU 235 de 2016.»

2. Hechos relevantes

Por Resolución No. 3948 del 6 de agosto de 1990, el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural-INCONDER3 ordenó adelantar un proceso de clarificación de la
propiedad sobre terrenos que integran la Hacienda Bellacruz, hoy Hacienda La
Gloria, la cual incluía a los terrenos Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia,
Potosí, María Isidra y San Miguel. Por Resolución No. 1551 de 20 de abril de 1994,
estos fueron declarados baldíos por la Entidad y por Resolución No. 2294 del 5 de
septiembre de 2011, esta inició las actuaciones administrativas requeridas

2 Identificado con número de radicado: 11001-03-26-000-2013-00169-00.
3 Hoy la Agencia Nacional de Tierras-ANT y la Agencia de Desarrollo Rural-ADR

3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

tendientes a recuperar los terrenos mencionados. Por Resolución No. 481 del 1 de
abril de 2013 el INCODER declaró la indebida ocupación sobre algunos de los
predios en cuestión y ordenó a los ocupantes4 a restituirlos. Estos repusieron lo
resuelto. Por Resolución No. 3322 del 9 de septiembre de 2013 el INCODER resolvió
dejar en firme la decisión.

Por Resolución No. 0334 del 19 de febrero de 2015, la Entidad declaró la pérdida de
fuerza de ejecutoria Resoluciones 3948 de 1990 y 1551 de 1994, y dispuso iniciar
nuevamente las diligencias administrativas de recuperación del terreno. Por
sentencia SU-235 del 12 de mayo de 2016, la Corte Constitucional dispuso continuar
con el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados y dar
continuidad a lo resuelto por Resolución No. 481 del 1 de abril de 2013.

El 1 de noviembre de 2013, M.R. Inversiones S.A.S. y otros promovieron acción de
revisión de asuntos agrarios contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-
INCODER. El asunto se encuentra siendo conocido por el Consejo de Estado-
Sección Tercera-Subsección B quien, por providencia del 14 de agosto de 2019,
decretó una medida cautelar de suspensión de las Resoluciones No. 481 y 3322,
ambas de 2013.

Posteriormente, en el año 2020, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas, en favor de Miriam Mora Yaruro y otros5,
presentó acción de restitución o formalización de tierras en relación con los predios
rurales de menor extensión ubicados en el predio de mayor extensión denominados
Hacienda Bellacruz, hoy Hacienda La Gloria, la cual incluía los predios ya
mencionados. El asunto correspondió al Juez Primero Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Barrancabermeja, quien por auto del 13 de agosto de
2020, resolvió acumular el asunto con el proceso identificado con Rad. nº. 68081-31-
21-001-2017-00172-00.

4 Frigorífico La Gloria S.A.S., M.R. De Inversiones S.A.S., La Dolce Vista Estate INC Sucursal Colombia y el

Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.
5 Miriam Mora Yaruro, Martin Emilio Aguilar, Dioselina Vergel Ortefa, Jairo Ortega, Simón Hernández Ortiz, Danis

Mendoza Amaris, Mery Montejo Aro y el haber herencial de Bernardo Quintero (qepd), Sandra Yaneth Carvajal,
Orlando Camacho Castro, Roberto de Jesus Salazar, María Rodríguez Durán, Carlos Arturo Carrascal, Ana Dilia
Ovallos, Luis Miguel Bovea, Dennis Portillo Nuñez, Luis Chaparro Quintero, Barbara Becerra, Mariana de Jesús
Navarro Cáceres, y el haber herencial de Carmen María Chogo (qepd).

4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

Por auto No. 117 del 19 de marzo de 2024, el Juez Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja remitió el asunto al
Tribunal Superior de San José de Cúcuta-Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras quien, para el momento de presentación de la presente acción constitucional,
no ha proferido una decisión de fondo en el asunto.

3. Fundamentos de la solicitud

La accionante considera que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, de
acceso progresivo a la tierra rural, de acceso a la administración de justicia y al
principio de colaboración armónica estatal.

El Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Barrancabermeja y el Tribunal Superior de San José de Cúcuta-Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras por no haber proferido una decisión de fondo
en el proceso de Rad. nº. 68081-31-21-001-2017-00172-00, y el Consejo de Estado-
Sección Tercera-Subsección B al haber decretado una medida cautelar suspensiva
de las Resoluciones No. 481 y 3322, ambas de 2013, mediante providencia del 14
de agosto de 2019.

Esgrime que El Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Barrancabermeja y el Tribunal Superior de San José de Cúcuta-Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras incurrieron en una mora judicial. Esto, al no
haber proferido una decisión de fondo en el proceso mencionado y haberlo hecho
otros procesos similares iniciados de forma posterior al mencionado. Sostiene que:

«Hasta el momento de la presentación de esta acción constitucional, no se ha emitido
pronunciamiento de fondo por parte del TRIBUNAL SUPERIOR DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS; y si se
observa que el mismo despacho judicial ha proferido fallos judiciales en otros
procesos de la misma calidad y denominación, con inicio de solicitudes incluso
posteriores al iniciado de la radicación 68081312100120170017200, es decir,
procesos iniciado en vigencias 2018, 2019, incluso 2023, generándose por parte del
despacho impulso a radicaciones sin siquiera respetarse los turnos judiciales, y

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

vulnerando ostensiblemente los derechos fundamentales de la comunidad presente
en el predio Bella Cruz.»

Afirma que el Consejo de Estado no le ha dado cumplimiento a la a SU- 235 de 2016.
Sostiene también que dicha autoridad no tenía competencia para proferir la
providencia reprochada, por cuanto:

«el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE BARRANCABERMEJA en decisión del 14 de abril
de 2018, ordeno en su ordinal quinto la suspensión de los procesos judiciales,
notariales y administrativos que se hayan iniciado con el bien objeto de la solicitud,
es importante resaltar que a pesar de haberse impuesto dicha orden judicial, el
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, en
auto del 14 de agosto de 2019, resolvió la medida cautelar (...) el HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, no tenía
competencia para proceder a imponer dicha medida provisional, pues ha de
repetirse, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja Especializado en
Restitución de Tierras, había ordenado la suspensión de los procesos judiciales,
notariales y administrativos con excepción de los procesos de expropiación, que NO
son de la naturaleza del proceso adelantado por el H. Consejo de Estado.»

Trajo a colación algunas decisiones proferidas por la Corte Constitucional. Con base
en estas afirma que no ha podido dar cumplimiento a la sentencia SU-235 de 2016.
Esgrime que es deber de las autoridades judiciales de priorizar los derechos de las
víctimas quienes fungen como solicitantes de la restitución de los predios en
cuestión. Afirman que son sujetos especiales de protección quienes deben ser
protegidos por el juez constitucional y plantea, con base en los fundamentos fácticos
de la acción, que:

«estas circunstancias impactan negativamente sobre los derechos de las víctimas
del conflicto armado, mismos que deben prevalecer en relación con las garantías
previstas en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, los Principios Deng y Pinheiro en los términos de las Sentencias
C 330 de 2016 y T 821 de 2007»

4. Trámite de primera instancia

El 28 de octubre de 2024 el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
requirió a la accionante para que aclare la pretensión contra el Consejo de Estado-

6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

Sección Tercera-Subsección B. El 6 de noviembre siguiente la Agencia Nacional de
Tierras-ANT remitió un memorial dando respuesta al requerimiento.

El 15 de noviembre de 2024 el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
admitió la acción de tutela, ordenó su notificación a las autoridades judiciales
accionadas, así como a José Antonio García Cañizares y otros6, en calidad de
terceros con interés. También comunicó la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

En el escrito de contestación, el Tribunal Superior de San José de Cúcuta-Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras solicitó que se denieguen las pretensiones
del amparo. Afirmó que no ha incurrido en la presunta mora judicial acusada, pues
fue hasta el mes de abril de 2024 que el expediente del proceso de restitución de
tierras fue remitido a su instancia por competencia. Puntualizó que el caso en
cuestión es complejo por los hechos y las actuaciones que en este se han requerido,
y aún se requieren efectuar, para dar trámite al proceso.

Esto, por los episodios violentos que involucraron la Hacienda La Gloria, como lo ha
sido la incursión de paramilitares, de las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar
y el desplazamiento forzado de al menos 300 familias. Adujo que los procesos que
se han resuelto en nada tienen que ver con el traído a colación en la presente acción

6
Farides Segovia Núñez, Luis Elías Angarita Perrony, Neri Ropero Rodríguez, Eliécer Ascanio Franco, Luz Mery
Osorio Ríos, Orlando Barbosa Galvis, Luperle María Manzano Salcedo, Ludinaldo Villalobos Rojas, Delsa Pérez
Camargo, Marlene Álvarez Julio, Carmen Isabel Camargo Carrascal, César Quintero Caicedo, Lufir Mora Torres,
José Del Carmen Contreras Pozo, Fredy Quintero Caicedo, Deini Torres Mora, Arnaldo Mandón Sosa, Gladys
María Rodríguez Vega, Ana Matilde Caballero Gutiérrez, Luís Argemiro Contreras Posada, Alirio Contreras
Cuellar, Leonor Prieto Cuéllar, Dilma María Argota, Carrascal, Campo Elías Lázaro Salcedo, María Santa Muñoz
Rodríguez, Edinson Chona Contreras, Ciro Antonio Carballo Abril, Graciela Lobo De Carballo, Fabio Elio Giraldo
Martínez, Mary Nelcy Suárez De Giraldo, Isaí Cañizares Navarro, Marlene Quintero, Jaime Irreño, Cecilia Reyes
Gómez, Luís Eduardo Guerrero Carrascal, Claudia Milena Angarita Cáceres, Zenith Ropero Rodríguez, Abel
Quintero Ramírez, Alirio Angarita Peroni, Eduvi Del Carmen Rivera Quintero, Álvaro Pontón Campo, Cristóbal
Varela, Elvia Rosa Reyes Chávez, Héctor Julio Mandón, Maritza López Alfaro, Luis Alfredo Puentes, Betty Gómez
Zapata, Misael Quintero, Yinet Solirian Marín Ireño, Nemesia Vega Ramírez, José Eliécer Manzano Cañizares,
Ulises Chona Herrera, Jairo Antonio Contreras Prieto, Geraldine Judith Varela Luqueta, Rosa Carrascal De
Salazar, Fortunato Salazar, Emilce De Jesus Argota Galvan, Roberto Hernandez Reyes, Ana Isabel Ruíz,
Benjamin Torres, María Lucrecia Mora Navarro, Primitivo Reyes Chavez, Hubernel Palencia Gelvez, Diana
Mercedes Barreto Martínez, Wences Gómez Rueda, María Olinta Quintero Mendible, Herminio Cervantes,
Dignora, Hermelinda, José Alberto, Jorge Guillermo, Álvaro, Luís Fernando, Nilson Pontón Campo, Aridaid
Quintero Carrascal, Elena Pinto Lobo, Edilson Arias Arias, Arelis Arias Arias, Elizabeth Arias Becerra, Jamer
Arias Becerra, Maribel Arias Becerra, Samuel Arias Arias, Saray Arias Becerra, Yamile Arias Arias, Edith Arias
Arias, Ezequiel Arias Arias, Dairo Salazar Sanjuán, Milena Balderrama Cáceres, Ludis Maria Ovallos Amaya,
Juan De Dios Durán, Felipe Escudero Gutiérrez, Rosalva Vega Villalva, Aidelith Duran Sepúlveda, Zaide Esther
Carrascal De Guerrero, Clodomiro Guerrero Garay, Diosemel Mogollón, Miryam Castillo Barbosa, Diana López
Alfaro, Jorge Alberto Cancio Machuca, Enelda Navarro Cárdenas, MR Inversiones S.A.S., Fiduciaria Davivienda
S.A., y a la Agencia Nacional de Tierras como sucesor procesal del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

constitucional. Indicó que, en el marco de lo anterior, al proceso de Rad. nº. 68081-
31-21-001-2017-00172-02 se le han acumulado 16 procesos adicionales7 lo que
sigue denotando la complejidad del asunto a tratar.

El Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Barrancabermeja solicitó que se declare improcedente la acción. Adujo que el
proceso respecto del cual se predica la mora judicial es en realidad de alta
complejidad. Con base en lo anterior sostuvo que no es dable que se le exija al
Tribunal accionado proferir una decisión de fondo de forma inmediata, pues este
debe aún analizar 17 demandas que contienen 216 solicitudes de restitución o
formalización de 285 solicitantes. Remitió copia digital del expediente ordinario.

El Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B adujo que no participaría de la
acción como parte ni como tercero y que acatará lo allí resuelto.

M. R. Inversiones S.A.S. solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado por no haber
sido debidamente notificada del auto admisorio de la presente acción de tutela. En
un memorial posterior solicitó que se declare improcedente la acción. Adujo que esta
no cumple con los requisitos generales de subsidiariedad ni inmediatez. Planteó que
la accionante ya presentó una acción de tutela con base en el mismo fundamento
fáctico, por lo que se debe estudiar una posible temeridad. Planteó que la actora
omitió presentar recursos contra la providencia del 14 de agosto de 2019 y presentó
la tutela 4 años después de la ejecutoria de la decisión que reprocha. Sostuvo que
el conocimiento del presente trámite constitucional le corresponde por competencia
a la Corte Suprema de Justicia.

CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. adujo que no es la autoridad
llamada a responder por lo pretendido por medio de la presente acción. La
Procuraduría 43 Judicial I para la Restitución de Tierras de Barrancabermeja solicitó
que se declare improcedente la acción. Adujo que no existe la referida mora judicial

7
68081-31-21-001-2017-00183-00, 68081-31-21-001-2017-00184-00, 68081-31-21-001-2018-00031-00, 68081-
31-21-001-2018-00032-00, 68081-31-21-001-2018-00033-00, 68081-31-21-001-2018-00035-00, 68081-31-21-
001-2018-00041-00, 68081-31-21-001-2019-00079-00, 68081-31-21-001-2020-00043-00, 68081-31-21-001-
2020-00046-00, 68081-31-21-001-2020-00053-00, 68081-31-21-001-2020-00062-00, 68081-31-21-001-2021-
00023-00, 68081-31-21-001-2021-00044-00, 68081-31-21-001-2021-00092-00, 68081-31-21-001-2022-00001-
00.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

pues las autoridades no han sido negligentes en el marco de los procesos ordinarios
acusados de dilación.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
solicitó que se declare procedente el amparo. Adujo que el Tribunal Superior de San
José de Cúcuta-Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras incurrió en la mora
accionada y debe proferir una decisión de fondo. Consideró que el Consejo de
Estado-Sección Tercera-Subsección B carecía de competencia para imponer la
medida cautelar reprochada.

La Agencia Nacional de Infraestructura-ANI solicitó su desvinculación por carecer de
legitimación en la causa por pasiva. Adujo que no incurrió en la vulneración de los
derechos que se invoca.

Mediante sentencia del 20 de enero de 2025, el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B negó la mora judicial alegada contra el Tribunal Superior de
San José de Cúcuta-Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras y declaró
improcedente el amparo respecto del Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B.

Sostuvo que fue hasta el 19 de marzo de 2024 que el Juez Primero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja remitió el proceso de
restitución de tierras de Rad. nº 6808-13-12-1001-2017-00172-00 al Tribunal
accionado, por lo que no se vislumbra una dilación injustificada en proferir una
decisión de fondo. Además, teniendo en consideración la complejidad del caso a
resolver, es por dicha condición que la autoridad se ha demorado en proferir una
decisión de fondo.

Planteó que el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B tampoco incurrió
en ninguna mora judicial. Adujo que por auto del 7 de junio de 2023 esa autoridad
resolvió continuar con la suspensión de las resoluciones hasta que sea proferida
sentencia definitiva en el proceso de restitución de tierras Rad. nº. 6808-13-12-1001-
2017-00172-00. En virtud de lo anterior, como la autoridad se preanunció respecto

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

del levantamiento de la medida cautelar de suspensión provisional, el a quo
Constitucional declaró improcedente la acción frente a dicha pretensión.

También negó solicitud de nulidad alegada por M. R. Inversiones S.A.S y dispuso
que:

«no se le vulneró su derecho a intervenir dentro de esta acción de tutela, tan es así
que, mediante escrito de 3 de diciembre de 2024 presentó la correspondiente
contestación, la cual fue relacionada en párrafos precedentes; en consecuencia, su
solicitud será negada.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe anotar que, con el escrito en el que deprecó la
nulidad de todo lo actuado, se infiere que se notificó por conducta concluyente,
conforme al artículo 30119 del Código General del Proceso.»

La accionante impugnó. Solicitó que se revoque la decisión proferida por el A quo
Constitucional y que se acceda al amparo. Reiteró los argumentos expuestos en la
solicitud. Adujo que la carga laboral no es excusa para justificar la dilación en proferir
una decisión de fondo y definitiva por parte del Tribunal accionado, pues la demanda
fue admitida en el año 2018. Sostuvo que, tanto el Tribunal como el Consejo de
Estado, han impedido el cumplimiento de la sentencia SU-235 de 2016, proferida por
la Corte Constitucional El 17 de marzo de 2025 se concedió la impugnación.

CONSIDERACIONES

5. Cuestión previa

Como el Tribunal Superior de San José de Cúcuta-Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras es quien se encuentra conociendo del proceso de restitución
de tierras de Rad. nº. 68081-31-21-001-2017-00172-00, es respecto de dicha
autoridad judicial frente a la cual se analizará la presunta mora judicial endilgada al
interior del proceso mencionado.

6. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 20 de enero de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

Segunda-Subsección B, que negó la mora judicial reclamada frente al Tribunal
accionado y declaró improcedente la pretensión dirigida contra el Consejo de Estado-
Sección Tercera-Subsección B.

7. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental8. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que ésta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela9.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

8
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
9
Ibidem.

11
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

Mora judicial

La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez
para resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado
y negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable.
Esta situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración
de justicia. Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto
equivale a mora o a negligencia10. En efecto, dicha situación puede producirse por
causas externas como la excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura
básica en los despachos judiciales, que limitan sus capacidades de acción11.

A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los
plazos establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues ello solo se
configura cuando el juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto
convencional de “plazo razonable” para evaluar si, al omitir resolver un proceso
judicial en término, el juez transgredió las garantías judiciales del usuario de la
administración de justicia. Dicho análisis abarca la complejidad del asunto, la
actividad procesal del interesado, la conducta del operador judicial y la afectación
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso12.

Inmediatez

La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela13.

10 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2008
11 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, rad nº. 11001-03-15-000-2016-

01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
12 Sentencia SU-179 de 2021.
13 Corte Constitucional, sentencia T-422 de 2018, C.P. Carlos Bernal Pulido.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

Caso concreto

La accionante considera que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, de
acceso progresivo a la tierra rural, de acceso a la administración de justicia y al
principio de colaboración armónica estatal.

Sostienen que el Tribunal Superior de San José de Cúcuta-Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras y el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Barrancabermeja por haber incurrido en una presunta mora
judicial al no haber proferido una decisión de fondo al interior del proceso de Rad. nº.
6808-13-12-1001-2017-00172-00, y el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B- al haber proferido la providencia del 14 de agosto de 2019, mediante
la cual decretó una medida cautelar suspensiva de las Resoluciones No. 481 y 3322,
ambas de 2013, al interior del proceso de revisión de asuntos agrarios de Rad. nº.
11001-03-26-000-2013-00169-00.

En un primer lugar, al revisar la supuesta mora judicial esgrimida por la parte actora,
conforme al recuento de actuaciones procesales, la Sala advierte que la autoridad
judicial accionada respecto de este punto ha adelantado las actuaciones pertinentes
dentro del trámite del proceso ordinario, por lo que la tardanza alegada no es
atribuible al juez que conoce del proceso.

En efecto, se tiene que fue hasta el 19 de marzo de 2024 que el proceso de
restitución de tierras de Rad. nº. 6808-13-12-1001-2017-00172-00 fue remitido por
el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de
Barrancabermeja, por factor competencia, al Tribunal Superior de San José de
Cúcuta-Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras. Desde entonces se han
adelantado las actuaciones necesarias y tendientes a dar trámite al proceso el cual,
por demás, requiere de una disposición judicial especial por el asunto a tratar. De
conformidad con los informes rendidos por ambas autoridades judiciales, el Tribunal
accionado, actualmente, se encuentra analizando 16 demandas adicionales, con 216
solicitudes de restitución o formalización de 285 solicitantes.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

Planteado lo anterior, no se advierte que la autoridad haya incurrido en una dilación
injustificada en los términos, ni ha sido negligente en el trámite del proceso, por lo
que no se configura una mora judicial que permita acceder a las pretensiones de la
acción de tutela, pues la autoridad ha dado trámite al proceso. Dicho lo anterior, no
es posible que el juez de tutela interfiera en la actuación, pues esta se encuentra
vigente y bajo la dirección del juez natural del asunto.

Ahora, respecto de dejar sin efectos la providencia proferida por el Consejo de
Estado-Sección Tercera-Subsección B-, del 14 de agosto de 2019, la Sala advierte
que esta pretensión será declarada improcedente por incumplimiento del requisito
general de inmediatez.

Lo anterior puesto a que, como es evidente, no es dable acceder al estudio de su
procedencia por no cumplir con el requisito mencionado. La providencia reprochada
fue proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B el 14 de
agosto de 2019 y fue notificada por edicto, según el aplicativo de consulta de
procesos de la Rama Judicial, el 29 de agosto siguiente (Índice 90, SAMAI). Como
la solicitud de tutela se interpuso el 24 de octubre de 2024, casi 5 años después de
proferida y notificada la decisión, la acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez por lo que la tutela es improcedente. Sobre el particular, la Corte
Constitucional ha resaltado que, respecto de la flexibilización del requisito de la
inmediatez:

«el juez constitucional podrá valorar el caso concreto para establecer si la acción es
procedente, aun cuando hubiese inactividad del accionante durante un tiempo
considerable con respecto al momento en el que se generó el hecho presuntamente
vulneratorio de sus derechos fundamentales. De acuerdo con lo anterior, para
declarar la improcedencia de la acción de tutela por carencia de inmediatez, no
basta con comprobar que ha transcurrido un periodo considerable desde la
ocurrencia de los hechos que motivaron su presentación hasta la interposición del
recurso, sino que, además, es determinante que el juez valore si la tardanza en el
ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas que expliquen
de manera razonable la inactividad del accionante, de tal forma que, en caso de que
concurran estos eventos, el amparo constitucional sería procedente y la acción se
entendería interpuesta dentro de un término razonable.

(...) en el evento en el que (i) el accionante presente razones válidas para su
tardanza en presentar la acción constitucional, (ii) que a pesar del paso del tiempo,
la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

(iii) que la exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, la acción será procedente a pesar de la mencionada
tardanza en la interposición del recurso de amparo.» (Se destaca)14

La accionante no expresó ni acreditó, siquiera sumariamente, la razón por la cual
no presentó la acción constitucional alguna contra la providencia del 14 de agosto
de 2019, en el término jurisprudencial dispuesto para ello. La Sala estima que no
es posible flexibilizar el requisito de inmediatez pues, en casos como este, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial, pues existe una mayor protección
y rigidez al requisito de inmediatez el cual garantiza el cumplimiento del principio de
seguridad jurídica y cosa juzgada. Al respecto, la Corte ha señalado que:

«El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido
que por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la acción
de tutela, pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha aclarado que
lo anterior no debe entenderse como una facultad para presentar la acción de
tutela en cualquier momento, ya que ello sería contrario a la seguridad jurídica y
desnaturalizaría la acción, concebida como un remedio de aplicación urgente
que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen
reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye un
término razonable.

La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a evaluar,
en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios
se relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el momento en el
que se produce la vulneración, (iii)la naturaleza de la vulneración, (iv) los efectos
de la tutela y (v) la actuación contra la que se dirige la tutela. Sobre esta última,
la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez
puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneradora de
los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este
análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito de inmediatez
tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias
judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más
estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no
puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente (…)15» (Se destaca).

14
Corte Constitucional, Sentencia SU-108 de 2018, M.P. Gloria Estella Ortíz Delgado.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

15
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-05764-01
Accionante: Agencia Nacional de Tierras-ANT
Acción de tutela – Segunda instancia

Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 20 de enero de 2025, por
el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, que negó la mora judicial
reclamada contra el Tribunal Superior de San José de Cúcuta-Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras y declaró improcedente el amparo respecto
del Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de enero de 2025, por el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, que negó la mora judicial
endilgada contra el Tribunal Superior de San José de Cúcuta-Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras y declaró improcedente la solicitud de tutela
respecto del Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, en los términos
expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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