Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05766-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05766-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05766-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05766-01
Accionantes: Saúl Ortiz Barrera y otro
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05766-01
Accionantes: Saúl Ortiz Barrera y otros.
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos. Subtema 2: incidente de desacato.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por el señor Saúl Ortiz Barrera en contra de la sentencia del
20 de febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Saúl Ortiz Barrera, como veedor ciudadano y agente oficioso de la señora
Blanca Dora Castellanos de Quiroga y otros1 presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la
vivienda digna, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, que
consideró vulnerados con ocasión de la providencia del 11 de septiembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos con radicado núm. 68001-23-31-000-
2010-00940-00/01.
Asimismo, el tutelante mencionó que los derechos invocados fueron vulnerados por el
municipio de Girón (Santander), al no dar cumplimiento a la sentencia del 21 de mayo
de 2014, expedida por el Tribunal Administrativo de Santander, al interior del referido
mecanismo judicial.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
1
Se aclara que el señor Saúl Ortiz Barrera en el escrito de tutela dice actuar como agente oficioso de los señores Nerihed Jaslendy
Castro León, Israel David Solano Herrera, Nicole Andrea Sandoval Cortés y su hijo menor Iker David Solano Sandoval, Blanca
Dora Castellanos de Quiroga y demás familias de los barrios Brisas del Río, El Carmen y La Isla en el municipio de Girón
(Santander).
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2. En el año 2005, el «Río de Oro» se desbordó e inundó las viviendas de los barrios
las Brisas del Río y El Carmen, en el municipio de Girón (Santander), lo que puso en
riesgo la vida de sus habitantes. Pese a lo anterior, las autoridades locales
administrativas no promovieron ninguna acción para reubicar a las personas.
3. El 13 de diciembre de 2010, el señor Juan Francisco Cuadros Reyes presentó
demanda en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos contra la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga (CDMB) y el municipio de Girón, con el fin de obtener la protección de
los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a mantener el equilibrio ecológico
y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la seguridad y
salubridad públicas, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, y los derechos de los niños y adultos
mayores de los barrios Brisas del Río y El Carmen.
4. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 21 de mayo de
2014, accedió a las pretensiones de la demanda. De esta manera, ordenó demoler
todas las construcciones que se encontraran dentro de la ronda hídrica del «Río de
Oro», esto es, los barrios Brisas del Río y el Carmen; sin embargo, ordenó crear un
proceso de reubicación de las familias que habitaban en dichos barrios hacia la
Ciudadela Nuevo Girón u otros proyectos de vivienda que tuviera el municipio. Contra
la anterior decisión, el ente territorial presentó recurso de apelación.
5. La Sección Primera del Consejo de Estado, a través de sentencia del 30 de octubre
de 2024, confirmó la providencia de primera instancia.
6. El accionante interpuso incidente de desacato en contra del municipio de Girón por
haber incumplido parcialmente la sentencia del 21 de mayo de 2014 y desconocer la
legislación de vivienda de interés social vigente en los años 2019-2022 durante la
reubicación de las familias de los barrios El Carmen y Brisas del Río.
7. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 5 de junio de 2023,
abrió formalmente el incidente de desacato. Posteriormente, el tutelante presentó
recurso de reposición.
8. El 30 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander realizó la
audiencia de verificación de cumplimiento del fallo, en la cual se ordenó al municipio
de Girón realizar nuevamente el censo de las familias de los barrios Brisas del Río, El
Carmen y La Isla, con el fin de dar prioridad a las personas que faltaban por acceder
a la medida de reubicación.
9. El 11 de enero de 2024, el señor Saúl Ortiz Barrera le solicitó al Tribunal que
adicionara los informes del censo de El Carmen y Brisas del Río porque la información
no estaba completa y se vulneraba el debido proceso y, aunado a que no hubo
notificación de las familias a la fecha del censo.
10. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 11 de
septiembre de 2024, repuso parcialmente el auto del 5 de junio de 2023. En
consecuencia, dio apertura al incidente de desacato contra el alcalde del municipio de
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Girón y requirió al funcionario para que aportada un informe con el que acreditara las
gestiones dirigidas al cumplimiento de la sentencia del 21 de mayo de 2014.
11. La secretaria jurídica de defensa judicial del municipio de Girón formuló querella
contra del señor Jaime Garzón Ruiz y 13 personas más e indeterminados, la cual se
adelanta en la Inspección Primera de Policía Urbana de Segunda Categoría de ese
ente territorial, para lograr el desalojo de las familias que retornaron a los
asentamientos.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
12. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:
i) Se acceda al amparo de los derechos fundamentales invocados
ii) Se revoque el auto del 11 de septiembre de 2024, proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander.
iii) Se ordene a la autoridad judicial accionada que, al interior del incidente de
desacato promovido en el medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos, se decreten las pruebas documentales aportadas por
el señor Saul Ortiz Barrera y aquellas que requirió con los memoriales del
2023.
iv) Se ordene al Tribunal Administrativo de Santander que se pronuncie sobre
las irregularidades ocurridas con el censo realizado por el municipio de
Girón y sobre el reconocimiento y pago de un subsidio de reubicación a
favor de las familias censadas.
v) Se ordene al Tribunal continuar con el incidente de desacato, debido a que
no se ha finalizado con la reubicación de todas las familias afectadas,
incluyendo a las personas que retornaron al barrio La Isla.
vi) Se ordene al Tribunal pronunciarse sobre el informe de cumplimiento
presentado por el municipio de Girón, el 11 de enero de 2024.
vii) Se ordene al municipio de Girón retirar la querella que radicó en contra de
las familias que retornaron a los asentamientos del barrio La Isla y se
efectúe la reubicación definitiva conforme la sentencia del 21 de mayo de
2014.
13. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la
providencia del 11 de septiembre de 2024 desconoció el debido proceso y el principio
de congruencia porque no se analizó integralmente los requerimientos expuestos en
el escrito que radicó el 11 de enero de 2024, en tanto omitió pronunciarse sobre los
siguientes aspectos:
• Las irregularidades del censo realizado por el municipio de Girón, que ha
exigido a las familias demostrar la calidad de propietarias, pese a que ello no
fue ordenado en el fallo.
• Las peticiones y el decreto de las pruebas documentales que aportó, dentro de
las cuales se encuentra el Acuerdo 016 del 8 de noviembre de 1998 proferido
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 2, certificado núm. 194C804B7B9B51B2 578179682C0C40BE
77A3127B401AE0E2 C14A1554662223B5.
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por el Concejo Municipal de Girón, mediante el cual se legalizaron los tres
barrios y, por ende, los propietarios han pagado impuesto predial al municipio.
• La situación de las personas que retornaron al lugar.
• La falta de socialización del avalúo de las viviendas de los propietarios para
acceder a los subsidios de vivienda.
14.Afirmó que la autoridad accionada, en el trámite del incidente de desacato, no ha
decretado pruebas para verificar que las obras y acciones realizadas por el municipio
de Girón correspondan a los acuerdos definidos en la audiencia de pacto de
cumplimiento celebrada el 30 de noviembre de 2023.
15. Por otra parte, manifestó que el municipio de Girón vulneró los derechos
fundamentales del accionante porque no ha censado las 18 familias del barrio Brisas
del Río a las que se comprometió a reubicar, el 30 de noviembre de 2023, durante la
audiencia de verificación de cumplimiento. Además, inició un proceso policivo en
contra de las familias que retornaron al barrio La Isla.
2.3. Trámite procesal
16. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante auto del 29 de
octubre de 20243, i) admitió la solicitud de amparo; ii) ordenó la notificación al Tribunal
Administrativo de Santander y el municipio de Girón, y puso en conocimiento el escrito
de tutela a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga (CDMB), a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, al
Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Secretaría Jurídica y de Defensa Judicial del
municipio de Girón, y a los sujetos querellados e intervinientes en el proceso policivo
adelantado por el municipio referido; y iii) negó la medida provisional pedida, en calidad
de terceros interesados.
Posteriormente, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
través de auto del 15 de noviembre de 20244, remitió el expediente de tutela a la
Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación para decidir su acumulación
con el asunto con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05757-00.
Por su parte, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
auto del 22 de enero de 20255, avocó el conocimiento de la tutela.
2.4. Intervenciones
17. El Tribunal Administrativo de Santander6 informó que dentro del trámite de
desacato se acreditó que el municipio de Girón estructuró un cronograma de
reubicación para 400 familias, en el que estimó un término de ejecución de 9 años,
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 5, certificado núm.
1206820FBADFF7C2 1DD4FBA981598C5D 1A848232A3052461 B81549E6D9986095.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 28, certificado núm.
B55B44025F24FB83 D07A8153617A9E94 8B43C74C9E1755DB D5D4C1B0586D2853.
5
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6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 10, certificado núm.
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durante el cual se trasladarían inicialmente a 150 hogares, pero ante diversos
problemas relacionados con la financiación de los subsidios, organizó un nuevo
proyecto, en el que prevé, para la vigencia de 2023, apoyo financiero para la
reubicación de 18 familias.
18. Asimismo, refirió que, ante los requerimientos efectuados, el municipio ha
informado que de los 18 subsidios otorgados en el 2023 únicamente se han podido
conceder 4 en el 2024 porque los beneficiarios restantes han interpuesto barreras,
como la no aceptación del subsidio por estar en desacuerdo con el valor y no allegar
los documentos pedidos para finalizar el trámite administrativo.
19. De este modo, afirmó que el 31 de octubre de 2024 ordenó rendir una serie de
informes al alcalde del municipio de Girón para determinar las acciones a seguir y
continuar con las gestiones administrativas pertinentes para darle cumplimiento a las
órdenes dentro del medio de control.
20. Destacó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que la parte
actora no le ha informado sobre los hechos que presenta en esta acción constitucional.
En consecuencia, solicitó que se declare improcedente la tutela.
21. Por otra parte, aseveró que no se han vulnerado los derechos fundamentales de
del tutelante, pues ha dado un impulso acucioso al proceso y resaltó que desde finales
del año pasado ha conocido aproximadamente 15 procesos de nulidad electoral con
solicitudes de medida cautelar y acciones de tutela, entre los que hay de alta
complejidad, y deben ser atendidos prioritariamente; así como acciones de
cumplimiento, populares e incidentes de desacato y procesos ordinarios, que
ascienden a más de 600 en total.
22. El municipio de Girón a través de la Dirección de Gestión del Riesgo y
Vivienda de Girón7 pidió que se declare improcedente la tutela porque la solicitud de
amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora cuanta
con el incidente de desacato para lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas por
el juez popular.
23. Por otro lado, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, porque las
inconformidades expuestas por los accionantes en escrito de tutela están dirigidas a
cuestionar las actuaciones procesales surtidas al interior del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos, en los cuales no tiene injerencia el
municipio.
24. La Dirección Operativa del Sistema Policivo y Familia de Girón8 afirmó que
carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no tiene injerencia alguna
en los hechos y circunstancias que motivaron la presentación de la tutela.
25. En este sentido, indicó que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 005 de 2024
le corresponde a la dirección «coordinar y distribuir a través del sistema de reparto las
diversas solicitudes y correspondencias que sean asignadas a través del aplicativo
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 15, certificado núm. 1EAEE735D72F92F2 C06798209CF8FC2B
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8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 11, certificado núm. DFC93A0415F377AB 8F51AE68EDD94BBC
EDFD84CAFF627F62 D59B60320B959BE4.
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interno de la administración municipal y así realizar la respectiva distribución y
asignación del reparto tanto a los funcionarios de la Comisaria de Familia como a los
inspectores de policía de forma equitativa», sin que se pueda advertir competencias
relacionadas con la atención y prevención de desastres.
26. De este modo, concluyó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del
accionante, por lo que solicitó la declaratoria de improcedencia y su desvinculación.
27. La Presidencia de la República9 sostuvo que no tiene competencia para
modificar decisiones judiciales, en tanto la Rama Judicial es órgano independiente y
tiene la autoridad para interpretar las leyes, por lo que carece de legitimación en la
causa por pasiva. En este orden, solicitó que se declare la improcedencia de la acción.
28. El Ministerio de Justicia y del Derecho10, a través de la directora jurídica, indicó
que no ha intervenido en los hechos expuestos por el actor y estos no guardan relación
alguna con las funciones y competencias que le fueron asignadas, por lo cual se
configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Por lo anterior,
solicitó su desvinculación de esta acción y, subsidiariamente, se nieguen las
pretensiones.
29. El Ministerio del Interior11 manifestó que, dentro de los fundamentos fácticos
expuestos en el escrito de tutela, no se relacionó una situación concreta y específica
de la cual se pueda derivar la vulneración de los derechos fundamentales reclamados,
que le sea atribuible directa o indirectamente a la entidad, por lo que se configuró una
falta de legitimación en la causa por pasiva.
30. Por otra parte, aseveró que la tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar el
cumplimiento de una sentencia proferida dentro del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos, pues el actor cuenta con el incidente de desacato para
obtener lo ordenado en la decisión judicial.
31. Por lo anterior, solicitó que se ordene su desvinculación de la actuación judicial o,
en su defecto, se declare la improcedencia de la tutela, ante la inexistencia de un hecho
que amenace los derechos de los accionantes.
32. Los señores Yolanda Tovar Méndez, Lorenzo Solano Corredor, Elsa Herrera
Delgado, Yessica Lorena Quezada Rodríguez, Einar Téllez Ariza, Diva Janeth
Suárez Padilla y Margot Uribe12, en su condición de poseedores de las viviendas del
barrio La Isla, manifestaron que coadyuvan la tutela y aseguraron que es cierto que el
municipio de Girón no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander en el mecanismo de protección de
derechos e intereses colectivos.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice12, certificado núm. B9694759FDA76735 FAA61DF27A479C47
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10
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F950F0EB76DC4572 D336C68D55334BB0.
11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice18, certificado núm. 7BFDA4679EA84363 A3CE44EEE84369F6
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12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 22, certificado núm. 6A24C2787FA73F36 0E15B5C2D45C7217
66226ABD76F7B402 260233346A276B75.
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33. De este modo, reprocharon que el municipio de Girón pretenda hacer un
lanzamiento, mediante proceso policivo, a la familia de Yessica Lorena Quezada, que
está debidamente censada por la trabajadora social, con prioridad por ser damnificada
por la inundación de las aguas del «Río de Oro».
34. Los señores José Nicanor Osorio Ortiz, Carmen Alicia Osorio Ortiz, Yuly
Paola Gómez Castellanos, Sergio García, Gilberto García Pinto, Yolanda
Castellanos y Francy Esmeralda Suárez Domínguez13, en su calidad de poseedores
de viviendas del barrio La Isla, mencionaron que coadyuvan la tutela y expresaron que
es cierto que se hizo un censo de 11 familias damnificadas por la inundación de las
aguas del Río de Oro en agosto de 2023.
35. Por otra parte, indicaron que con la querella se vulneró su derecho al debido
proceso en que incurrió el alcalde municipal Campo Elías Ramírez Padilla, pues
pretende que hagan entrega de sus viviendas, sin una reubicación previa, como se
ordenó en la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander en la acción
popular.
36.Los señores Humberto Ortega Caicedo, Gloria Valenzuela Ramos y Nancy
Tarazona Flórez14 manifestaron que coadyuvan la acción de tutela, con el argumento
de que son poseedores desde hace más de 10 años de un lote de propiedad del
municipio de Girón y trabajan como vendedores informales estacionarios vendiendo
pescado a la comunidad.
37. Así pues, afirmaron que los funcionarios del municipio de Girón se han negado a
censarlos porque les han dicho que la sentencia de la acción popular solo es aplicable
para propietarios de vivienda y familias que nuevamente invadieron los terrenos del
«Río de Oro», con lo cual se les ha discriminado del censo y se les ha vulnerado el
debido proceso y el principio de confianza legítima.
38. Las señoras Ninfa Lucero Saavedra Rondón y Janeth Quiroga Castellanos 15
informaron sobre su situación particular y la falta de asignación de un subsidio para su
reubicación. Afirmaron que el Tribunal Administrativo de Santander, cuando resolvió el
incidente de desacato, dejó de pronunciarse sobre varios aspectos planteados en
aquel y no decretó pruebas.
39. El señor Trino Saavedra Jagua16 expuso que ni a él ni a su hija les han concedido
el subsidio de vivienda de interés social y que el alcalde municipal de Girón ha venido
incurriendo en la violación del derecho a la propiedad privada porque ofreció un valor
menor del previsto legalmente para esa clase de viviendas.
40. En este sentido, pidió que se acceda a las pretensiones de la tutela y se ordene al
ente territorial otorgarle el subsidio referido, para lo cual es necesario tener en cuenta
que la sentencia del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
13
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 24, certificado núm. D5F02F31A03E5235 87AF89763C416798
4876E73B4E68C7AC 7D14435A84A7979C.
14
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 25, certificado núm. 03D2157400089093 8CD2BBB2EA862090
4221F92479016EFE 1867B91E902A7FFD.
15
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 15, certificado núm. DB5E1BBA9F741C7C E336052DE32F1F30
FEAE75BFFDA16553 00D65F61FC254DA4.
16
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 46, certificado núm. A170CD997029B5C4 D32489DD110EFB9D
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7
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no impuso como requisito para la reubicación, que las familias fueran propietarias de
las viviendas.
2.5. Sentencia de primera instancia
41. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del
20 de febrero de 202517 dispuso lo siguiente: i) reconocer como parte actora a Saúl
Ortiz Barrera y a Blanca Dora Castellanos Quiroga18; ii) desvincular a la Presidencia
de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio del Interior; iii)
declarar improcedente la acción respecto de la pretensión relacionada con el
incumplimiento de la orden de tutela y la discusión frente al auto del 11 de septiembre
de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander; y iv) negar el amparo
solicitado respecto a los cargos relativos a la instauración de la querella y a la falta de
pronunciamiento del memorial del 13 de enero de 2024.
42. De este modo, aclaró que para el momento en que la parte actora presentó la
tutela (24 de octubre de 2024), el Tribunal Administrativo de Santander no había
proferido el auto del 31 de octubre de 2024, por medio del cual se resolvió el incidente
de desacato, ni se encontraba ejecutoriado, por lo que en esta oportunidad no
resultaba factible analizar una decisión expedida con posterioridad y sobre la cual no
se presentó reparo alguno por la parte tutelante.
43. Por otro lado, en lo que respecta a las inconformidades expuestas en contra del
auto 11 de septiembre de 2024, precisó que los accionantes no alegaron un defecto
concreto y se limitaron a presentar desacuerdos de manera general.
44. Así pues, resaltó que lo pretendido es desconocer la autonomía e independencia
de la autoridad judicial, con el fin de reabrir un debate frente al cual existió un
pronunciamiento del juez natural de la causa, por lo que el asunto no reviste de
relevancia constitucional ni cumple con el requisito de identificación clara de los hechos
que generan, a su juicio, la vulneración alegada en esta sede.
45. De otra parte, afirmó que las peticiones del señor Saúl Ortiz Barrera en el escrito
del 11 de enero de 2024 están relacionadas con las gestiones tendientes al
cumplimiento de la sentencia del 30 de mayo de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, por lo que debe resaltarse que dicha autoridad judicial
aún se encuentra realizando la verificación del obedecimiento de la orden judicial, cuya
competencia no puede ser asumida por este juez constitucional.
46. Lo anterior, por cuanto se acreditó que el 27 de enero de 2025, el Tribunal
reprogramó la audiencia del comité de verificación de cumplimiento, con el fin de que
se expusieran las gestiones administrativas adelantadas para materializar las órdenes
impuestas. Así las cosas, aunque a la fecha no existe un pronunciamiento expreso de
lo planteado por el actor en dicho memorial, lo cierto es que el trámite de verificación
está pendiente por resolverse y no se observa una tardanza injustificada para adoptar
alguna decisión sobre lo solicitado.
17
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 58, certificado núm. 1509040231E9D544 8C991EE6EA33A1D6
BBCA103959EF6F9D BD0CFE071E212278.
18
En el fallo de primera instancia que se aclaró que el señor Saúl Ortiz Barrera no acreditó los requisitos para actuar como agente
oficioso de los señores Nerihed Jaslendy Castro León, Israel David Solano Herrera, Nicole Andrea Sandoval Cortés y su hijo
menor Iker David Solano Sandoval, Blanca Dora Castellanos de Quiroga y demás familias de los barrios Brisas del Río, El Carmen
y La Isla. En consecuencia, solo se tuvo como parte demandante a Saúl Ortis Barrera y a Blanca Dora Castellanos Quiroga.
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47. En lo que respecta a la querella instaurada por el municipio de Girón, advirtió que
esa actuación por sí sola no puede entenderse como una trasgresión de derechos,
pues se trata de la materialización del ejercicio de acción con el que cuenta el ente
territorial en los términos del artículo 79 de la Ley 1801 de 2016, quien la promovió
para lograr la protección de los bienes inmuebles por comportamientos contrarios a la
posesión y mera tenencia de bienes fiscales y de uso público, proceso dentro del cual
los querellados pueden ejercer su derecho de defensa.
2.6. Impugnación
48. La parte actora presentó impugnación19 en contra de la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, para lo cual argumentó que el auto del 31
de octubre de 2024, por medio del cual se resolvió el incidente de desacato dentro del
expediente del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos,
quedó ejecutoriado el 7 de noviembre de 2024, esto es, cuando ya se había notificado
el auto admisorio de la tutela, por lo que era viable hacer un estudio de sus argumentos
en esta acción constitucional.
49. Por otra parte, insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela
relacionados con el hecho de que el Tribunal Administrativo de Santander no decretó
la práctica de pruebas dentro del trámite del incidente de desacato, pues no hizo
referencia al tema en el auto del 11 de septiembre de 2024 ni analizó el asunto en el
auto del 31 de octubre de 2024, y que, en su criterio, configuran un defecto fáctico y
procedimental.
50. De igual manera, reiteró su inconformidad en cuanto a la falta de pronunciamiento
de la autoridad accionada sobre la totalidad de los 34 hechos y peticiones expuestas
en los escritos aportados al incidente de desacato, entre estas, la necesidad de
reubicación de las familias de los barrios El Carmen y Brisas del Río, ante la
vulnerabilidad de las viviendas de sus habitantes, motivo por el cual es procedente
dejar sin efecto las referidas providencias.
51. Asimismo, indicó que la Alcaldía de Girón, al pretender desalojar a las familias del
Barrio La Isla mediante proceso policivo que se adelanta en la Inspección Primera de
Policía Urbana de Segunda Categoría del municipio de Girón, incurrió en vulneración
del debido proceso y en el delito de fraude a resolución judicial pues, de manera
arbitraria, se negó a dar cumplimiento a la sentencia de la acción popular. Solicitó
compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que inicie la investigación
penal correspondiente.
52. De otro lado, aseveró que la Inspección Primera de Policía Urbana de Segunda
Categoría no fue vinculada al trámite de la tutela, por lo que se configura una nulidad.
53. Sostuvo que las familias del Barrio La Isla, que coadyuvaron la acción de tutela,
aportaron como prueba documental las constancias expedidas por la presidenta de la
Junta de Acción Comunal del Barrio La Isla Río Frío, las cuales no fueron tachadas
por municipio de Girón y en consecuencia deber ser valoradas en esta impugnación.
19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00559-00, índice 16, certificado B8B0B0442A1FAB5E 704FEEA6872860F0
574CEEF4EBE93CE7 64947957C0076D97.
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54. Así pues, mencionó que el a quo tuvo a Saúl Ortiz Barrera como agente oficioso de
la señora Blanca Dora Castellanos de Quiroga, pese a que el Tribunal Administrativo
de Santander, en el incidente de desacato que interpuso el 21 de noviembre de 2022
contra el alcalde del municipio de Girón por el incumplimiento del fallo del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos lo reconoció para actuar en
representación de las familias que viven en la ronda hídrica del Río de Oro, entre ellas
del Barrio La Isla, Brisas de Río y el Carmen.
55. Con fundamento en lo anterior, pidió que se analicen sus argumentos de fondo,
para que se revoque la providencia impugnada y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
56. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 20 de
febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
3.2. Legitimación en la causa
57. La legitimación en la causa por activa del señor Saúl Ortiz Quiroga está
acreditada porque en su condición de veedor ciudadano promovió el incidente de
desacato dentro del proceso de protección de derechos e intereses colectivos en el
que fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.
58. Ahora, en atención a lo expuesto por la parte actora en el escrito de impugnación,
conviene aclarar que, en el auto admisorio de la tutela del 29 de octubre de 2024, el
señor Saúl Ortiz Barrera fue reconocido como veedor ciudadano y agente oficioso de
la señora Blanca Dora Castellanos de Quiroga, dada la condición de salud que se
acreditó frente a esta última.
59. Adicionalmente, el referido auto advirtió que no era posible considerar al señor
Ortiz Barrera como agente oficioso de todos los habitantes de los barrios La Isla, El
Carmen y Brisas del Río del municipio de Girón, por cuanto la prueba documental
aportada al expediente de tutela no permitía inferir que aquellos se encontraban en
una situación de manifiesta vulnerabilidad que les impedía acudir la acción de tutela
de manera directa.
60. Ahora, si bien el señor Saúl Ortiz Barrera aportó algunas certificaciones y actas de
reunión en las que consta que algunos de los coadyuvantes que residen en el barrio
El Carmen, estos documentos no son suficientes para acreditar las condiciones de
vulnerabilidad e indefinición que les impida acudir directamente a la acción tutela y
permita acceder a la figura de la agencia oficiosa como pretende.
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61. En este sentido, le asiste razón al a quo, al definir en la providencia impugnada
que la legitimación por activa se concretaba al señor Saúl Ortiz Barrera como veedor
ciudadano y agente oficioso de la señora Blanca Dora Castellanos de Quiroga.
62. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Santander, debido a que fue la autoridad que profirió las sentencias
objeto de estudio. Así como, del municipio de Girón, dado que es la entidad a la que
se le atribuye el incumplimiento del fallo proferido dentro del medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos.
3.3. Cuestión preliminar
3.3.1. La nulidad propuesta por la parte actora
63. En el presente asunto, la parte tutelante manifestó que la Inspección Primera de
Policía Urbana de Segunda Categoría de Girón no fue vinculada al trámite
constitucional, por lo que, en su criterio, se configura una nulidad de la actuación.
64. Al respecto, es pertinente aclarar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9
de la Ley 11 de 198620, las inspecciones de policía son dependencias creadas por los
concejos municipales y dependen funcionalmente del respectivo alcalde.
65. Acorde con lo expuesto, el parágrafo 2 del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016
estableció que «Cada alcaldía tendrá el número de inspectores de Policía que el
alcalde considere necesario, para una rápida y cumplida prestación de la función de
Policía en el municipio».
66. De acuerdo con lo anterior, es posible advertir que las inspecciones de policía son
dependencias adscritas a la estructura orgánica de los municipios, con el fin de ejercer
la función de policía que le corresponde a la administración territorial.
67. Así pues, al revisar el contenido del Decreto núm. 005 de 2 de enero de 2024 «Por
medio del cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales
para los empleos de la planta de personal global de la alcaldía municipal de Girón», se
observa que la Inspección Primera de Policía Urbana de Segunda Categoría de Girón
es una dependencia que encuentra adscrita a la Dirección del Sistema Policivo y de
Familia, la cual, pertenece a la Secretaría de Seguridad y Familia del municipio de
Girón.
68. Ahora bien, en el asunto bajo estudio se observa que, en el auto admisorio de la
tutela, del 29 de octubre de 2024, se ordenó vincular a la Secretaría Jurídica y de
Defensa Judicial del municipio de Girón y a la Dirección del Sistema Policivo y de
Familia del referido ente territorial.
69. En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General del Consejo de Estado, a
través de correo electrónico del 31 de octubre de 2024, remitido a la siguiente
dirección: notificacionjudicial@giron-santander.gov.co, notificó el auto admisorio de la
acción de tutela al municipio de Girón, a la Secretaría Jurídica y de Defensa Judicial
20
«Por la cual se dicta el Estatuto Básico de la Administración Municipal y se ordena la participación de la comunidad en el
manejo de los asuntos locales»
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del municipio de Girón y a la Dirección del Sistema Policivo y de Familia del referido
ente territorial.
70. En atención a lo anterior, tanto el municipio de Girón, a través de la Dirección
Operativa de Gestión del Riesgo y Vivienda, como la Dirección del Sistema Policivo y
de Familia del referido ente territorial contestaron la tutela mediante memoriales
allegados a esta corporación el 5 y 7 de noviembre de 202421, como se advierte de la
información registrada en el Sistema de Gestión Judicial (SAMAI).
71. En este orden de ideas, se considera que en el caso concreto no se configura una
nulidad por indebida representación o por falta de notificación, como pretende
mostrarlo el accionante, toda vez que el auto admisorio de la tutela fue notificado en
debida forma al municipio de Girón y a la Dirección del Sistema Policivo y de Familia,
a cuyas entidades se encuentra vinculada la Inspección Primera de Policía Urbana de
Segunda Categoría de Girón. En consecuencia, se negará la solicitud de nulidad
propuesta por la parte actora.
3.3.2. La providencia objeto de estudio
72. La parte actora en el escrito de tutela cuestionó la providencia del 11 de septiembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de
control de protección de derechos e intereses colectivos; sin embargo, dentro de los
argumentos expuestos en la impugnación precisó que estos también se dirigen contra
el auto del 31 de octubre de 2024, que resolvió el incidente de desacato promovido en
el proceso referido, debido a que las mencionadas providencias guardan unidad de
materia, en tanto desestimaron las razones presentadas por el señor Saúl Ortiz Barrera
en el asunto analizado por la autoridad accionada.
73. En consecuencia, el estudio del presente asunto comprenderá los autos del 11 de
septiembre y del 31 de octubre de 2024, en atención a que las estas dirimen las
inconformidades planteadas por el tutelante, respecto al cumplimiento del fallo del 21
de mayo de 2014, proferido dentro del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos con radicado núm. 68001-23-31-000-2010-00940-00/01.
3.3.3. Determinación del defecto objeto de análisis
74. Por otra parte, se observa que, la parte actora, en el escrito de amparo, omitió
identificar el defecto que pretendía atribuirle a las providencias cuestionadas conforme
a las causales de procedencia de la tutela en contra de decisiones judiciales definidas
por la jurisprudencia constitucional.
75. Sin embargo, al revisar los hechos y los fundamentos de la solicitud de tutela e
impugnación, se advierte que la inconformidad de los accionantes se concreta en el
decreto de pruebas, que omitió realizar la autoridad judicial accionada dentro del
proceso de protección de derechos e intereses colectivos. Por esta razón, la Sala
analizará el asunto bajo una posible configuración de un defecto fáctico.
21
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 15, certificado núm. 1EAEE735D72F92F2 C06798209CF8FC2B
AD89DA2DB502E511 E2B6F57EA43C52E4.
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 11, certificado núm. DFC93A0415F377AB 8F51AE68EDD94BBC
EDFD84CAFF627F62 D59B60320B959BE4.
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3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
76. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado22, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional23.
77.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
78. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales24 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
79. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución25.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
80. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional26 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
24
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
25
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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81. Así pues, la Corte Constitucional27 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»28 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»29;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
82. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión se
configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico sustancial que, a su juicio,
impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
83. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos en el que
se profirió la decisión objeto de tutela.
84. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la providencia proferida el 11 de septiembre de 202430 por el Tribunal Administrativo
de Santander fue notificada el 12 de septiembre siguiente31, y la demanda de tutela se
presentó el 24 de octubre de 202432, esto es, dentro del plazo de seis meses
establecidos por la jurisprudencia constitucional33 y del Consejo de Estado34 como
razonable.
85. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
27
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
30
Se aclara que el término de inmediatez se cuenta a partir de la notificación de la providencia del 11 de septiembre de 2024,
comoquiera que fue la decisión inicialmente cuestionada por el accionante en el escrito de tutela, sin perjuicio del análisis que
corresponda de la decisión del 31 de octubre de 2024.
31
Samai, exp. 68001-23-31-000-2010-00940-00, índice 523.
32
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05766-00, índice 1.
33
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente Nº 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).
14
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cuestionado, precisamente porque su inconformidad está dirigida en contra de la
decisión que le puso fin a la actuación judicial.
86. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de protección de derechos e intereses
colectivos.
87. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con la causal de defecto fáctico y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
88. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia del 20 de febrero de 2025, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo
respecto del Tribunal Administrativo de Santander y negó la tutela en relación con el
municipio de Girón.
89. En particular, deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Santander, vulneró
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la vivienda digna, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia de la parte actora e incurrió en
defecto fáctico, al proferir las providencias del 11 de septiembre y 31 de octubre de
2024, con las cuales se dio apertura y resolvió el incidente de desacato promovido en
contra del municipio de Girón dentro del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos con radicado núm. 68001-23-31-000-2010-00940-00.
90.Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades del defecto invocado; y (ii) el
caso concreto.
Generalidades de los defectos invocados
91. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en el defecto
fáctico.
El defecto fáctico
92. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»35. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión36» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.
93. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»37. Por su parte, la dimensión negativa se
35
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
36
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
37
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»38.
94. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso39.
95. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial40, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»41.
96. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]42.
38
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
39
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
40
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
41
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
42
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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3.5 Caso concreto
97. El señor Saúl Ortiz Barrera acudió a la acción de tutela con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la vivienda digna,
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió
dejar sin efectos los autos del 11 de septiembre y 31 de octubre de 2024, proferidos
dentro del incidente de desacato que se resolvió en el proceso de protección de
derechos e intereses colectivos con radicado núm. 68001-23-31-000-2010-00940-00.
98. La parte actora manifestó que las decisiones cuestionadas incurrieron en el
defecto fáctico por las siguientes razones:
i) No se pronunciaron sobre las observaciones y requerimientos expuestos en el
escrito que radicó el 11 de enero de 2024, relacionados con la adición del censo y
caracterización de las familias de los barrios Brisas del Río, El Carmen y La Isla
en el municipio de Girón, así como el reconocimiento y pago del subsidio de
reubicación para dichas personas.
ii) No se pronunciaron sobre las irregularidades del censo realizado por el
municipio de Girón, que ha exigido a las familias demostrar la calidad de
propietarias, pese a que ello no fue ordenado en el fallo.
ii) Omitieron resolver las peticiones y el decreto de las pruebas documentales
que aportó, dentro de las cuales se encuentra el Acuerdo 016 del 8 de noviembre
de 1998 proferido por el Concejo Municipal de Girón, mediante el cual se
legalizaron los tres barrios.
iv) No se manifestaron sobre la situación de las personas que retornaron a los
espacios desalojados.
v) No decretó pruebas para verificar que las obras y acciones realizadas por el
municipio de Girón correspondan a los acuerdos definidos en la audiencia de pacto
de cumplimiento celebrada el 30 de noviembre de 2023
99. Por otro lado, afirmó que el municipio vulneró los derechos fundamentales del
accionante porque no ha realizado el censo de las 18 familias del barrio Brisas del Río
a las que se comprometió a reubicar, el 30 de noviembre de 2023, durante la audiencia
de verificación de cumplimiento. Además, inició un proceso policivo en contra de las
familias que retornaron al barrio La Isla.
100.De acuerdo con lo anterior, se observa que los argumentos planteados por la parte
actora lejos de exponer y acreditar la posible configuración de defecto fáctico por una
omisión en el decreto y práctica de pruebas, lo que realmente buscan es que se
modifiquen las acciones adoptadas por el municipio de Girón en el marco del
cumplimiento del fallo del 21 de mayo de 2014, proferido dentro del medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos con radicado núm. 68001-23-31-000-
2010-00940-00.
101. En efecto, si bien en el escrito de amparo se hizo referencia a la falta de
pronunciamiento de la autoridad accionada a las observaciones y requerimientos que
el tutelante estructuró en el escrito de 11 de enero de 2024 y una omisión en el decreto
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de unas pruebas, lo cierto es que la parte actora pretende que el juez de tutela
intervenga en el trámite del incidente de desacato que está a cargo del Tribunal
Administrativo de Santander con el fin de que se tomen determinaciones que, a su
juicio, garantizan el cumplimiento de la sentencia emitida por el juez popular.
102. Para la Sala, no resulta procedente que la accionante procure utilizar el
mecanismo constitucional de tutela para presentar inconformidades con lo resuelto por
el juez natural e insistir en una solución favorable a sus intereses, con desconocimiento
de los fundamentos que, en ejercicio de la autonomía e independencia judicial,
sustentó la decisión que no abrió incidente de desacato en contra del alcalde del
municipio de Girón.
103.En todo caso, la Subsección no pasa por alto que el Tribunal Administrativo de
Santander se pronunció sobre los argumentos planteados por el accionante en el
escrito del 11 de enero de 2024. De esta manera, en relación con el subsidio de
reubicación pretendido, la autoridad accionada, en el auto del 11 de septiembre de
2024, manifestó lo siguiente:
Advierte el Despacho que, los reparos realizados por el señor Saúl Ortiz Barrera en calidad
de veedor ciudadano, tienen como génesis la asignación de los subsidios realizados por
el ente territorial mediante la Circular No. 02 del año 2021. No obstante, y como ya se
expuso con anterioridad, la orden dada en la sentencia de la que aquí se estudia el
cumplimiento, tiene como fin, proteger la ronda hídrica del Río de Oro, por ser una zona
destinada a mantener el equilibrio ecológico, así como, prevenir desastres técnicamente
previsibles, situaciones que se encontraron vulneradas debido a las construcciones que
para ese momento se encontraban en la referida ronda hídrica, y que, en consecuencia,
se ordenó su clausura y demolición, pues, su existencia en el lugar es ilegal, no siendo el
incidente de desacato el escenario para debatir la legalidad de los barrios referenciados.
No obstante, en atención del principio de confianza legítima, se le ordenó al municipio que
les diera a las familias afectadas con la orden «una oportunidad o tránsito hacia una
vivienda digna». En momento alguno se ordenó la compra de las viviendas que, en
contravía del ordenamiento jurídico, fueron construidas en un lugar de protección
ambiental. Por ende, tampoco es procedente decretar pruebas para determinar el avalúo
de estas, con el fin de que el ente territorial ajuste el valor del subsidio ofertado a las
familias beneficiarias.
Es de aclarar, que el ente territorial dentro de su autonomía administrativa tiene la potestad
de determinar la forma en la cual le brinda a las familias afectadas «una oportunidad o
tránsito hacia una vivienda digna», siendo esta la entrega de un subsidio, el que las
personas deben utilizar para la compra de una vivienda en otro lugar. Sin que, este
Tribunal pueda interferir en la suma del subsidio y, mucho menos ordenar que
corresponda al valor de una vivienda de interés social y/o las viviendas de interés
prioritario de que trata el art. 91 de la Ley 388 de 1997, pues se insiste, su construcción
allí es ilegal, y, por ende, su comercialización.
104.De expuesto, se observa que el Tribunal precisó que la orden dada en la sentencia
del 21 de mayo de 2014 dentro del mecanismo de protección de derechos e intereses
colectivos, objeto de cumplimiento, tenía como fin, proteger la ronda hídrica del Río de
Oro, por ser una zona destinada a mantener el equilibrio ecológico, así como, prevenir
desastres técnicamente previsibles, situaciones que se encontraron vulneradas debido
a las construcciones que para ese momento se encontraban en la referida ronda
hídrica.
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105. Así pues, aclaró que en virtud del principio de confianza legítima se le ordenó al
municipio de Girón que les garantizara a las familias una oportunidad de acceder a una
vivienda digna. En este sentido, como medida de protección se dispuso la compra de
las viviendas que fueron construidas de manera irregular, en territorios no aptos para
ello. Por consiguiente, consideró que no era «procedente decretar pruebas para
determinar el avalúo de estas, con el fin de que el ente territorial ajuste el valor del
subsidio ofertado a las familias beneficiarias».
106.También, indicó que, en ejercicio de su autonomía administrativa, el ente territorial
tiene la facultad de definir la manera en que brinda a las familias afectadas una
transición hacia una vivienda digna. Dicha alternativa podía definirse en la entrega de
un subsidio que los beneficiarios deben utilizar para adquirir una vivienda en otro lugar;
sin embargo, aclaró que no es competencia del juez popular intervenir en la
determinación del monto del subsidio, ni mucho menos ordenar que dicho valor
corresponda al de una vivienda de interés social o prioritario, conforme a lo establecido
en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, pues de ninguna manera se podía desconocer
que las viviendas construidas en la ronda hídrica del Río de Oro son ilegales y, por
tanto, también lo es su comercialización.
107. No obstante, lo anterior el Tribunal requirió al alcalde del municipio de Girón para
que aportara un informe en el que «relaciones y soporte documentalmente las
acciones que se han ejecutado» para dar cumplimiento a la sentencia del 21 de mayo
de 2014, en que etapa de cumplimiento se encuentra el cronograma establecido para
la recuperación de la ronda hídrica del «Río de Oro».
108.Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Santander, en el auto del 31 de
octubre de 2024, decidió no abrir incidente de desacato en contra del alcalde del
municipio de Girón, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Se advierte que, durante la vigencia del año 2023, se reconoce ante este Tribunal que,
con el rubro aprobado en el presupuesto para el cumplimiento de la sentencia, es posible
únicamente abarcar la entrega de subsidios a 18 familias, acción para la que, se impone
un cronograma de actividades que se materializarán hasta el 02.10.2023 con la realización
de feria inmobiliaria, en la que, los beneficiarios del subsidio, deben, encontrar la vivienda
a comprar, a fin de ser desembolsado el subsidio y entregada la vivienda ubicada en la
ronda hídrica del Río de Oro al municipio para su demolición.
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No obstante, de los dieciocho (18) subsidios que se otorgaron en el año 2023, con el fin
de ofrecer la oportunidad de reubicación, informa el señor Ramírez Padilla, que
únicamente se han podido materializar cuatro (4) en el periodo 2024. Lo anterior, toda vez
que, los catorce (14) beneficiarios restantes han interpuesto barreras, tales como (i) no
aceptar el subsidio que se otorgó, porque consideran que el valor a desembolsar debe
coincidir con el precio del avalúo comercial del inmueble; y (ii) no allegar los documentos
requeridos, para finalizar el trámite administrativo tendiente al pago del subsidio.
Razón por la cual, este Tribunal, observa que se están adelantando las gestiones
administrativas para avanzar en la materialización de otorgarle a las familias una
oportunidad o tránsito hacia una vivienda digna. Aunado a lo anterior, se aporta el censo
caracterizado realizados en los sectores «La Isla», «El Carmen» y «Brisas del Río», junto
con los informes respectivos de los habitantes con especial protección por parte de la
Secretaría de Adulto Mayor, Secretaría con Población de Discapacidad y la Dirección
Operativa de Víctimas POST- Conflicto y Derechos Humanos, lo anterior en atención a lo
ordenado en la audiencia de verificación efectuada el 30.11.2024.
Por otra parte, en lo que respecta a los planes de control y vigilancia y recuperación del
espacio público, se observa visita realizada el 17.09.2024, por parte de la Dirección
Operativa de Seguridad y Espacio público, en la que, afirma no existe ocupación en los
predios recuperados, se anexan fotografías y videos de la diligencia, visto a folios 31 a 36
del Doc.283 índice 525.
109. En efecto, el Tribunal Administrativo de Santander, al revisar el informe allegado
por el municipio de Girón, evidenció que, desde el mes de junio de 2023, la entidad
territorial ha adelantado gestiones para definir los beneficiarios de los subsidios de
vivienda, realizar la visita a aquellos, recibir documentos, aprobar y otorgar subsidios
mediante acto administrativo, por lo que, a juicio, de la autoridad judicial el ente
territorial ha avanzado en materialización de los subsidios.
110.De igual manera, el Tribunal constató que el municipio realizó el censo
caracterizado en los sectores de La Isla, El Carmen y Brisas del Río, entre otras
acciones para focalizar los beneficiarios que requieren prioridad por sus condiciones
de edad, discapacidad o víctimas del conflicto.
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111.Por otro lado, la autoridad accionada afirmó que la parte demandada ha
desarrollado planes de control, vigilancia y recuperación del espacio público, como se
podía advertir de los registros fotográficos y de video de la visita realizada el 17 de
septiembre de 2024, por la Dirección Operativa de Seguridad y Espacio Público.
112.Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que alcalde del municipio de
Girón ha estado adelantado gestiones administrativas en aras de dar cabal
cumplimiento al fallo emitido dentro del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos, «por lo que, si bien, existen dilaciones en los términos para dar
cumplimiento al cronograma presentado, no puede estructurarse en su contra de
manera absoluta el elemento objetivo mostrándose adicionalmente el empleo de los
medios a su alcance, así como la intención para dar solución a futuro».
113.En todo caso, el Tribunal Administrativo de Santander, con el propósito de
garantizar el efectivo cumplimiento del fallo de acción popular del 21 de mayo de 2014,
con fundamento en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, le ordenó al alcalde del
municipio de Girón rendir «un informe en el cual se estructure un plan de acción para
materializar el cronograma establecido desde el año 2023, pues si bien, se ponen de
presente situaciones particulares, la entrega de los 18 subsidios no puede quedar
suspendida en el tiempo. Aunado a ello, y teniendo en cuenta el censo realizado, se
informan las medidas de priorización para las familias beneficiarias, y cuáles de estas
ya ha sido objeto la entrega del subsidio».
114.Adicionalmente, le ordenó al ente territorial definir y estructurar un «plan de acción
para evitar la reinvasión [sic] de los terrenos que ya fueron objeto de recuperación».
115.En este orden de ideas, se observa que el Tribunal Administrativo de Santander
con apoyo en los informes allegados por el municipio de Girón, constató que se han
desarrollado acciones positivas para disponer los recursos necesarios durante las
vigencias fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 con el fin de realizar los planes
sociales que permitieran dar cumplimiento al fallo del 21 de mayo de 2014.
116. Así pues, el Tribunal consideró que los elementos probatorios aportados al trámite
incidental no revelaban la existencia de un comportamiento negligente por parte del
municipio de Girón con el cual se pudiera dar apertura al incidente de desacato contra
el representante del ente territorial.
117. En este orden, si bien el accionante reprocha que el Tribunal no dio órdenes
concretas al municipio ni decretó la práctica de pruebas para verificar las posibles
irregularidades ocurridas en las acciones ejecutadas por el ente territorial, lo cierto que
en el escrito de tutela no identifica cuáles fueron los elementos probatorios que no
fueron decretados por la autoridad judicial ni estableció cuál era la pertinencia y
conducencia de estos frente a la verificación del cumplimiento del fallo proferido por el
juez popular el 21 de mayo de 2014.
118. Además, el tutelante menciona que el Tribunal no incorporó a la actuación del
incidente de desacato el Acuerdo 016 del 8 de noviembre de 1998 proferido por el
concejo de Girón; sin embargo, en el escrito de tutela no se desarrolló una carga
argumentativa convincente para definir la importancia de dicho documento en el
trámite incidental que hubiese permitido establecer una falta de diligencia del municipio
en el acatamiento de la decisión del 21 de mayo de 2014.
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119. Al respecto, la Corte Constitucional43 precisó que la intervención del juez de tutela
ante una posible valoración defectuosa del material probatorio se permite cuando el
error es ostensible, flagrante, manifiesto y es determinante en la decisión adoptada.
En este supuesto, la configuración del defecto requiere que la providencia judicial se
adopte sin «respaldo probatorio o que haya dejado de valorar una prueba que
resultaba determinante para la solución del problema jurídico sometido a su
consideración»44. Sin embargo, estas circunstancias no se acreditaron en con la
solicitud de tutela objeto de estudio.
120.Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada no incurrió en
defecto fáctico, pues las decisiones cuestionadas estuvieron fundamentadas en una
valoración razonable de las pruebas recaudadas en el trámite incidental por desacato.
Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó favorable al
accionante, esto no significa que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.
121. Para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción
de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate
jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación perjuicios
causados a un grupo, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.
122.Por otro lado, es pertinente advertir que el 30 de enero de 2025, el Tribunal
Administrativo de Santander realizó diligencia de verificación de cumplimiento en el
expediente del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, en
el cual se dejó constancia de los compromisos asumidos por el municipio de Girón, lo
que incluye la actualización del censo realizado en diciembre de 2023 «únicamente
con las personas que refieren haber sido excluidas, pero que en realidad sí cumplen
con las condiciones para ser beneficiarias del subsidio de vivienda», entre otras
acciones, como lo pretendía el tutelante en esta acción constitucional.
123.Esto permite inferir que el Tribunal Administrativo de Santander en ejercicio de la
competencia asignada por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, debe mantener el
seguimiento a las acciones realizadas por el municipio de Girón, por lo que se advierte
que el accionante cuenta con espacios dentro del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos para exponer sus observaciones y requerimientos
frente al cumplimiento del fallo del 21 de mayo de 2014, por parte del ente territorial.
124.Finalmente, en cuanto a la inconformidad del accionante por la querella interpuesta
por el municipio de Girón en contra de algunos habitantes de los barrios Las Brisas,
La Isla y El Carmen, tal y como lo indició el a quo, esta actuación policiva no puede
entenderse como una vulneración de derechos, pues se trata de la materialización de
una facultad con el que cuenta el ente territorial para lograr la protección de las
personas y los bienes inmuebles frente a los cuales recaen los efectos de la sentencia
del 21 de mayo de 2014; sin embargo, esto no impide que los querellados puedan
ejercer su derecho de defensa y contradicción al interior de esta.
43
Corte Constitucional, sentencia SU-078 de 2022.
44
Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa).
22
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IV. CONCLUSIONES
125.Por lo anterior, se concluye que las providencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Santander no vulneraron los derechos fundamentales invocados por
el accionante, por cuanto no se advierte en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por el defecto fáctico, que exija la intervención del
juez de tutela.
126.En consecuencia, se modificarán los numerales segundo y tercero de la sentencia
del 20 de febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y, en su lugar, se negará la solicitud de amparo invocada por la
accionante.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 20 de febrero de
2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por los motivos contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así: NEGAR la
tutela interpuesta por el señor Saúl Ortiz Barrera en su condición de veedor ciudadano
y como agente oficioso de Blanca Dora Castellanos de Quiroga, en contra del Tribunal
Administrativo de Santander, por las razones consignadas en esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con permiso
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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