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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05786-00

Fecha
3 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05786-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y petición invocados por Saludcoop EPS Liquidada, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05786-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-05786-001
Demandante : Saludcoop EPS Liquidada
Demandado : Tribunal Administrativo del Magdalena y Juzgado 8
Administrativo de Santa Marta
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso, acceso a la administración de justicia y
petición
Tema : Remisión expediente, petición ante autoridades judiciales
Decisión : Carencia actual de objeto por hecho superado

Procede la Sala a dictar sentencia en la acción de tutela instaurada por Saludcoop
EPS Liquidada, a través de su representante judicial, contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena y el Juzgado 8 Administrativo de Santa Marta, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y petición.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la parte actora frente a la omisión objeto de censura, luego se revisará lo relativo
a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente en
torno a las pretensiones.

La demanda de tutela.

Saludcoop EPS Liquidada, a través de su representante judicial, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y petición,

1
Expediente digital disponible en Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05786-00
Demandante: Saludcoop EPS Liquidada
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena y el
Juzgado 8 Administrativo de Santa Marta.

En consecuencia, solicita que se ordene a las accionadas remitir el expediente
digital con radicado 47001-33-31-008-2009-00355-00, sin mas dilaciones.

Hechos.

Relató que, el 18 de enero de 2024 deprecó ante el Tribunal Administrativo del
Magdalena la remisión del expediente con radicado 47001-33-31-008-2009-00355-
00, de manera digital, comoquiera que el mismo se encontraba cursando la segunda
instancia. Solicitud que fue reiterada el 25 del mismo mes y año y el 13 de febrero
siguiente.

Adujo que, ante la falta de respuesta, el 23 de febrero de 2024 le solicitó al Juzgado
Octavo (08) Administrativo de Santa Marta la remisión digital del aludido expediente.

Que, el 25 de junio de 2024 nuevamente solicitó el expediente ante el Tribunal
Administrativo del Magdalena, quien respondió que dicha solicitud debía realizarse
directamente al Juzgado Octavo (08) Administrativo de Santa Marta.

Afirmó que, en la misma fecha le pidió nuevamente al aludido juzgado la remisión
del tan mencionado expediente; no obstante, al dar contestación a esta solicitud, el
referido despacho judicial envió el proceso con radicado “2013-00028”, el cual era
diferente al deprecado.

Que, la anterior solicitud fue reiterada al Juzgado los días 2, 10, 22 y 29 de julio de
2024 y 9 y 22 de agosto de esa anualidad, sin obtener respuesta alguna.

Sostuvo que, el 24 de septiembre 2024, presentó derecho de petición ante las
accionadas, solicitando el expediente digital, sin que, a la fecha de presentación de
la acción de tutela, hubiera obtenido respuesta.

II. TRÁMITE PROCESAL

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05786-00
Demandante: Saludcoop EPS Liquidada
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación a través de auto del 14 de
noviembre de 2024, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena y al Juzgado 8 Administrativo de
Santa Marta, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El Tribunal Administrativo del Magdalena2 presentó escrito indicando que,
mediante correo de 26 de noviembre de 2024, dirigido a la dirección electrónica
suministrado por la accionante (lizettedanielar01@gmail.com), se le informó que
con Oficio No. D04-0720 del 18 de septiembre de 2020 se remitió el expediente al
Juzgado de origen, esto es, al Juzgado 8 Administrativo de Santa Marta. Por lo que,
solicitó que se declarare la carencia actual de objeto por hecho superado.

2.1.2 El Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta3 solicitó que se declare
la carencia actual de objeto, comoquiera que, si bien es cierto que , por un error
involuntario se le remitió, vía correo electrónico, un enlace correspondiente a un
proceso judicial diferente al solicitado por la demandante, también lo es que, el 20
de noviembre de 2024, a la dirección electrónica informada se le dio respuesta de
fondo a su solicitud, en la que se le indicó que, por tratarse de un proceso escritural
éste no se encuentra digitalizado, razón por la cual está disponible para consultarlo
de forma física en la secretaría del Juzgado.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.

3.2 Problema jurídico.

2
Visible en el índice 16 de Samai.
3
Visible en el índice 14 de Samai.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

Le corresponde a esta Subsección determinar si, en esencia, las autoridades
judiciales demandadas han vulnerado el derecho fundamental de petición de
Saludcoop EPS Liquidada, al no darle respuesta completa y de fondo a sus
solicitudes de remisión del expediente digital elevadas los días 18 de enero, 25 de
enero, 13 de febrero, 23 de febrero, 14 de junio, 25 de junio, 2, 10, 22 y 29 julio, 22
de agosto, 9, 23 y 24 de septiembre de 2024.

3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue
concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su
amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse
presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta
suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la
gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para
que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la
acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma
de reparar el daño producido a ese derecho4.

3.4 Derecho fundamental de petición.

Consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá

4
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

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reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales”.

Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha sostenido:

“Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y
reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el núcleo
esencial de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud.

En este sentido, esta Corporación ha manifestado:

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la
libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo,
de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe
producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible ; (v) la
respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una
respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales,
y en algunos casos a los particulares ; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido
como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no
satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario,
el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho
de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; (ix)
la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de
responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar
su respuesta al interesado.

De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de
petición exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo
requerido por el ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o
abstractas, sin querer decir con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta
de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con
las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición” 5.

Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que “una respuesta es suficiente
cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del
solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del
peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea; y es
congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que
la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya
la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con
la petición propuesta”6.

De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es
vulnerado cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no emite una

5
Sentencia T-1130 del 13 de noviembre de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
6
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-350 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-
682 de 20 de noviembre de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado Y T-587-06, M. P. Jaime Araujo Rentería.

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pronta respuesta, conforme a los términos que directamente fija el legislador y (iii)
no cumple con su deber de notificar la respuesta.

3.5 La carencia actual de objeto.

La acción de tutela se encuentra orientada a garantizar la efectividad de los
derechos fundamentales de las personas, cuando ellos sean vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública7; sin embargo, si la
circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparece, se configura el fenómeno
que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una carencia de
objeto para decidir de fondo el asunto. Al respecto, la Corte Constitucional8 ha
definido este fenómeno jurídico en los siguientes términos:

“35. La carencia actual de objeto en los trámites de tutela. La carencia actual de objeto
es un fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de
amparo se extingue o “ha cesado”9 y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez de tutela
frente a las pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que “no tendría
efecto alguno” o “caería en el vacío”10. Este fenómeno puede configurarse en tres
hipótesis: (i) daño consumado, el cual tiene lugar cuando “se ha perfeccionado la
afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma que (…) no es factible que el
juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación”11; (ii) hecho sobreviniente, el cual
se presenta cuando acaece una situación que acarrea la “inocuidad de las pretensiones” 12
y que no “tiene origen en una actuación de la parte accionada dentro del trámite de
tutela”13; y (iii) hecho superado, que ocurre cuando la “pretensión contenida en la
acción de tutela” se satisfizo por completo por un acto voluntario del responsable 14.
La Corte Constitucional ha aclarado que el hecho superado se configura cuando la
satisfacción del derecho parte de ‘una decisión voluntaria y jurídicamente consciente del
demandado15, por razones ajenas a la intervención del juez constitucional 16. El
cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces de instancia no configura la carencia
actual de objeto en sede de revisión.” (Destaca la Sala)

Conforme a lo anterior, resulta necesario analizar si la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados en el caso sub examine aún persisten o si, por

7
Artículo 86 de la Carta Política.
8
Corte Constitucional, sentencia T-70 del 24 de febrero de 2022, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
9
Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
10
Corte Constitucional, sentencia T-533 de 2009.
11
Corte Constitucional, sentencia SU- 522 de 2019.
12
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2011.
13
Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2018 y SU-440 de 2021. Ver también, Corte Constitucional, sentencia SU-522
de 2019. “El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una
categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija
casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente
remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea
y completamente delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el
actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al
accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible
proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés
en el objeto original de la Litis”.
14
Corte Constitucional, sentencias T-321 de 2016 y T-154 de 2017.
15
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 2019. En el mismo sentido se encuentra la sentencia T-104 de 2020.
16
Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2016. En el mismo sentido se encuentran las sentencias T-154 de 2017, T-715
de 2017 y T-104 de 2020.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05786-00
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el contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha,
esto es, si se configuró el fenómeno jurídico de carencia actual de objeto por hecho
superado.

3.6 Hechos probados.

a) Mediante peticiones del 23 de febrero, 14 de junio, 25 de junio, 2 de julio, 10 de
julio, 22 de julio, 29 de julio, 22 de agosto, 9 de septiembre, 23 de septiembre y 24
de septiembre de 2024 la accionante, solicitó ante el Juzgado Octavo Administrativo
de Santa Marta la remisión del link del expediente con radicado 47001-33-31-008-
2009-00355-00, con sus respectivas constancias de envío17.

b) Escritos de fecha 18 de enero, 25 de enero, 13 de febrero, 14 de junio, 25 de
junio y 24 de septiembre de 2024 presentados por la accionante ante el Tribunal
Administrativo del Magdalena, solicitando la remisión del link del expediente con
radicado 47001-33-31-008-2009-00355-00, con sus respectivas constancias de
envío18.

c) Petición del 24 de septiembre de 2024 elevada por la accionante ante el Juzgado
Octavo Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena,
orientada a que se remitiera el link del expediente 47001-33-31-008-2009-00355-
00, con su respectiva constancia de envío 19.

d) Respuesta del 27 de junio de 2024, por parte del Juzgado Octavo Administrativo
de Santa Marta, con su respectiva constancia de envío, mediante la cual le remitió
a la parte actora un link de expediente diferente al solicitado20.

e) Escrito del 27 de junio de 2024, en el cual la accionante le indica al Juzgado que
el link remitido no corresponde al proceso solicitado21.

f) Constancia de correo electrónico remitido por el Tribunal Administrativo del
Magdalena el 26 de noviembre de 2024 a la parte actora, a través del cual, le informa

17
Visible en índice 2 Samai.
18
Ibídem.
19
Ibídem.
20
Visible en índice 2 Samai.
21
Visible en índice 2 Samai.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05786-00
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que con Oficio No. D04-0720 del 18 de septiembre de 2020 se remitió el expediente
al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta22.

g) Constancia de correo electrónico de 20 de noviembre de 2024 remitido por el
Juzgado Octavo Administrativo de Santa Marta con destino al mail suministrado por
la accionante (lizettedanielar01@gmail.com), donde le informan que “[…] el
expediente requerido por pertenecer al sistema escritural, no se encuentra
digitalizado”, igualmente le manifestó que “[p]ara acceder al expediente físico puede
acercarse a la Secretaría del Despacho, donde está disponible para su consulta”.23

3.7 Solución al caso concreto.

Previo a analizar el caso particular, es necesario analizar el derecho de petición ante
autoridades judiciales, respecto del cual la Corte Constitucional ha indicado que
puede ser de dos clases:

“(i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el
procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los
términos y etapas procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser
ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la
autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la
administración y, en especial, de la Ley 1755 de 2015.”24

En este orden, las peticiones elevadas ante el Tribunal Administrativo del
Magdalena y el Juzgado 8 Administrativo de Santa Marta están relacionadas con
asuntos administrativos, por lo que se analizará la posible vulneración al derecho
de petición.

En el caso bajo estudio, Saludcoop EPS Liquidada, acudió al presente recurso de
amparo con la finalidad de solicitar la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y petición los cuales
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado
Octavo Administrativo de Santa Marta, argumentando que, en varias oportunidades
ha reiterado la solicitud de remisión del expediente con radicado 47001-33-31-008-
2009-00355-00, sin obtener respuesta.

22
Visible en índice 16 Samai.
23
Visible em índice 14 Samai
24
Sentencia T-394 del 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05786-00
Demandante: Saludcoop EPS Liquidada
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

Al respecto, el Tribunal Administrativo del Magdalena manifestó que, mediante
correo del 26 de noviembre de 2024 le informó a la accionante que, el expediente
solicitado había sido devuelto al Juzgado de origen a través de Oficio No. D04-0720
del 18 de septiembre de 2020. La respuesta fue remitida al canal digital suministrado
en la solicitud.

Por otro lado, el 20 de noviembre de 2024, el Juzgado 8 Administrativo de Santa
Marta le informó a la actora que el expediente podría ser consultado en la secretaría
de dicho despacho judicial dado que, por tratarse de un asunto tramitado bajo el
sistema escritural, no estaba digitalizado, y, por tanto, se encontraba de forma física.

Así las cosas, y comoquiera que los hechos que han dado lugar al ejercicio de la
acción de tutela han desaparecido durante este trámite, «[…] el juez constitucional
queda imposibilitado para emitir una orden para la protección de derechos
fundamentales, en la medida en que ha dejado de existir el objeto jurídico sobre el
cual debía proveer»,25 toda vez que, la conducta lesiva que se reprochaba del
Tribunal Administrativo del Magdalena y del Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Santa Marta ha cesado, en razón a que i) el primero, le informó a la
accionante el trámite que debía adelantar; ii) el segundo, le indicó que el expediente
estaría a su disposición en la Secretaría del Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Santa Marta para su consulta. Por lo tanto, los hechos que generaron la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora,
fueron superados durante el presente recurso de amparo.

III. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que los hechos que
han dado lugar al ejercicio de la acción de tutela han desaparecido durante este
trámite constitucional, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

25
Corte Constitucional, sentencia T-304 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo.

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05786-00
Demandante: Saludcoop EPS Liquidada
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente al
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y petición invocados por Saludcoop EPS Liquidada, por
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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