Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05795-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05795-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05795-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
5 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05795-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN1, el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER2 y su
SECRETARÍA.
1
En adelante la Procuraduría.
2
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05795-00
Actor: ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la
PROCURADURÍA, el TRIBUNAL y su SECRETARÍA por la presunta
mora judicial y errores procedimentales acaecidos dentro de los
medios de control de nulidad electoral identificados con los números
únicos de radicación 68001-23-33-000-2023-00789-00 y 68001-
23-33-000-2023-00864-00, acumulados al expediente 68001-23-
33-000-2023-00774-00.
I.2. Hechos
Afirmó que la señora LOREIN ELIZABETH OSSES MÉNDEZ
presentó medio de control de nulidad electoral contra el acto de
elección del señor EDUARD ABRIL BORRERO como Alcalde del
Municipio de Concepción (Santander), para el período constitucional
2024-2027, al cual le fue asignado el número único de radicación
2023-00774-00 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL.
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Actor: ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS
Sostuvo que también presentó demanda de nulidad electoral, al igual
que el señor GIOVANNY HUMBERTO DURAN, cada uno de forma
individual, contra la elección del señor EDUARD ABRIL BORRERO,
las cuales fueron identificadas con los números únicos de radicación
2023-00789-00 y 2023-00864-00, respectivamente.
Adujo que en el proceso 2023-00864-00 el TRIBUNAL incurrió en
graves errores al momento de la admisión de la demanda, dado que
indicó que el proceso sería de única instancia a pesar de ser de doble,
“[…] además, señalar un nombre diferente a la persona que
demanda, INDICAR que la demandante es la señora Lissela Carolina
Mejia Echavarria, cuando no es así […]”.
Indicó que en el referido proceso no se ha resuelto la medida cautelar
solicitada “[…] permitiendo con esa acción, el actual alcalde electo
demandado, haya dispuesto contratos de costos muy altos,
perjudicando las arcas del Municipio como consta en el Secop II […]”.
Manifestó que es necesario el decreto de la medida cautelar, toda vez
que actualmente el señor EDUARD ABRIL BORRERO funge como
alcalde pese a estar inhabilitado de conformidad con los numerales 5
y 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo -CPACA-.
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Actor: ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS
Agregó que además el TRIBUNAL denegó una solicitud de
terminación anticipada del proceso, decisión frente a la cual fue
interpuesto un recurso de apelación que está pendiente de ser
resuelto.
Sostuvo que, por otro lado, la Secretaría del TRIBUNAL notificó al
allí demandado a un correo electrónico errado, pese a que en los
otros dos procesos ya había efectuado las notificaciones, lo cual
retrasó estos últimos comoquiera que las actuaciones fueron
acumuladas en el proceso identificado con el número único de
radicación 2023-00774-00.
Anotó que los errores descritos en el proceso “[…]
68001233300020230086400, implican violación al debido proceso,
impedimento al acceso en debida forma de la administración de
justicia, que a la postre, contribuye en un beneficio para el
demandado, porque el litigio se está demorando más de lo normal
[…]”.
Puso de presente que debido a lo anterior existe una mora judicial
injustificada en los medios de control de nulidad electoral que ha
impedido que se fije fecha para lleve a cabo el trámite para realizar
la audiencia inicial, de conformidad con el artículo 2833 del CPACA.
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“[…] ARTÍCULO 283. Audiencia inicial. Al día siguiente del vencimiento del término para contestar
la demanda, el juez o Magistrado Ponente, mediante auto que no tendrá recurso, fijará fecha para la
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Asimismo, mencionó que la mora no solo se debe a la congestión
judicial sino por los presuntos errores procesales incurridos en el
desarrollo de los procesos de nulidad electoral.
Finalmente, dijo que solo hasta el 30 de mayo de 2024, fue asignado
por reparto el proceso identificado con el número único de radicado
2023-00774-00; sin embargo, luego de casi un año desde que se
admitió la demanda.
I.4. Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Que se tutelen mis derechos fundamentales, al
debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la
prelación procesal de procesos constitucionales debidamente
regulados, la protección integral de los recursos del estado
(Fiscales), art 4, art 2 y preámbulo de la Constitución Política de
1991, mora judicial, trabas administrativas injustificadas y, como
consecuencia;
SEGUNDO: Que se Ordene al Magistrado Julio Edison Ramos
informar las razones de hecho y de derecho y el motivo por el cual
el presente proceso no se ha desarrollado con celeridad y peor aún
que se encuentre estancado el Proceso de nulidad en contra del
Señor Eduard Abril.
TERCERO: Decretar y ordenar a la SECRETARIA GENERAL DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER DRA. DAISSY PAOLA
DIAZ VARGAS; al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
RADICADO NO. 68001233300020230078900 MP. CAROLINA
ARIAS FERREIRA; al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,
celebración de la audiencia inicial, la cual se llevará a cabo en un término no menor de cinco (5) días
ni mayor de ocho (8) días a la fecha del auto que la fijé. Dicha audiencia tiene por objeto proveer al
saneamiento, fijar el litigio y decretar pruebas.
Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, se procederá en
la forma establecida en este Código para el proceso ordinario […].
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Actor: ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS
RADICADO NO. 68001233300020230077400 MP. LUISA
FERNANDA FLÓREZ REYES Y, al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER MP. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR, dentro del
radicado No. 68001233300020230086400, notificar de manera
inmediata al Demandado, hoy alcalde señor EDUARD ABRIL
BORRERO.
CUARTO: Decretar y ordenar al a la (sic) Señora PROCURADORA
GENERAL DE LA NACIÓN, iniciar VIGILANCIA PREVENTIVA, por lo
expuesto, en especial, porque está llamado a prosperar el medio
de control de Nulidad electoral, en contra del Acto de elección de
EDUARD ABRIL BORRERO que integra la lista DEL PARTIDO VERDE,
a la ALCALIDIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN por la
circunscripción territorial ordinaria de SANTANDER.
SEXTO: (sic) ADVERTIR, a los demandados del cabal
cumplimiento de la tutela y de las consecuencias del Art 51 del
Decreto 2591 de 1991 ante su incumplimiento […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La PROCURADURÍA indicó que a través de sus regionales la
PROCURADURÍA 158 JUDICIAL II PARA LA CONCILIACIÓN
ADMINISTRATIVA BUCARAMANGA, la PROCURADURÍA 160
JUDICIAL II PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA
BUCARAMANGA y la PROCURADURÍA REGIONAL DE
INSTRUCCIÓN DE SANTANDER ha dado cumplimiento a sus
funciones como Ministerio Público dentro de los medios de control de
nulidad electoral identificados con los números únicos de radicado
2023-00789-00, 2023-00864-00 y 2023-00774-00.
Puso de presente que el señor NELSON IVÁN DUARTE
PEÑARANDA le solicitó que se investigara disciplinariamente a la
Secretaría y los magistrados del TRIBUNAL que tenían a su cargo
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dichos medios de control, por lo que una vez dio el trámite
correspondiente remitió la misma el 15 de noviembre de 2024, a la
Comisión Nacional de disciplina y a la Comisión Seccional de
Disciplina de Santander, la cual ya conocen y le asignaron el radicado
número 68002502000-2024-01697-00, a la referida acción
disciplinaria.
Señaló que en el Consejo de Estado existe una acción de tutela
presentada por el señor NELSON IVÁN DUARTE PEÑARANDA, con
los mismos fundamentos de la demanda de la referencia, identificada
con el número único de radicado 11001-03-15-000-2024-02073-00,
en la cual ya se profirió sentencia en primera instancia que declaró
improcedente el amparo solicitado por no tener legitimación en la
causa por activa.
Advirtió que el proceso de nulidad electoral identificado con el
número único de radicación 2023-00774-00, dentro del cual el actor
alega la presunta mora judicial injustificada, ha ejercido la debida
intervención en su condición de Ministerio Público a través de la
PROCURADURÍA 160 JUDICIAL II PARA LA CONCILIACIÓN
ADMINISTRATIVA BUCARAMANGA y se encuentra a la espera de
que el Despacho sustanciador resuelva lo pertinente.
Manifestó que no ha realizado ninguna actuación que vulnere los
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derechos fundamentales del actor y, en consecuencia, solicitó que se
le desvincule de la acción de tutela de la referencia por la falta de
legitimación en la causa por pasiva.
I.5.2.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, vinculado en calidad
de tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifestó
que las pretensiones del actor van dirigidas a que se protejan sus
derechos fundamentales alegados por la presunta mora judicial
dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el
número único de radicación 2023-00774-00, por cuanto no se ha
dictado sentencia de primera instancia ni se ha notificado en debida
forma los autos admisorios de la demanda en los procesos
identificados con los números únicos de radicado 2023-00864-00 y
2023-00789-00.
Adujo que por lo precedente no es la autoridad competente para
satisfacer las pretensiones de la demanda, pues no tiene incidencia
en las decisiones que adopta la autoridad judicial en los procesos de
nulidad electoral, razón por la cual solicitó que se le desvincule de la
solicitud de amparo de la referencia por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
I.5.3.- La REGISTRADURÍA, vinculada en calidad de tercera con
interés directo en las resultas del proceso, solicitó su desvinculación
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de la acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que los cuestionamientos alegados por el
actor van dirigidos a la protección del derecho fundamental al debido
proceso que presuntamente vulneró el TRIBUNAL, al no notificar en
debida forma los autos admisorios dentro de los procesos radicados
bajo los números 2023-00774-00, 2023-00864-00 y 2023-00789-
00, lo cual no es de su competencia, pues no tiene injerencia en las
decisiones que tomen las autoridades judiciales y por lo tanto no le
ha vulnerado derecho fundamental alguno al actor.
I.5.4.- El TRIBUNAL y su SECRETARÍA, parte accionada, y los
señores EDUARDO ABRIL BORRERO, LOREIN ELIZABETH
OSSES MÉNDEZ, ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS,
GIOVANNY HUMBERTO DURÁN ROMERO, DIANA INE PÉREZ y
GUSTAVO ANDRÉS BENÍTEZ LUNA, terceros con interés directo
en las resultas del proceso, pese a ser notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
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abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la PROCURADURÍA, la REGISTRADURÍA y el
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL solicitaron su desvinculación en
la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
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es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la REGISTRADURÍA y el CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL son parte demandada dentro de los medios de control
de nulidad electoral identificados con los números único de radicación
2023-00774-00, 2023-00864-00 y 2023-00789-00, procesos objeto
de la presunta mora judicial alegada, como terceras les asiste interés
directo en las resultas del proceso. Asimismo, el actor presentó la
acción de tutela contra el TRIBUNAL, y su SECRETARÍA, y la
PROCURADURÍA, por lo que la vinculación de esta última dentro de
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la acción constitucional de la referencia se dio en calidad de
accionada, razón por la que se denegarán las solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
El actor promovió la acción de tutela con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estimó vulnerados, por la
4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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Actor: ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS
PROCURADURÍA, el TRIBUNAL y su SECRETARÍA por la presunta
mora judicial y errores procedimentales injustificados acaecidos,
dentro de los medios de control de nulidad electoral identificados con
los números únicos de radicación 2023-00789-00 y 2023-00864-00,
acumulados al expediente 2023-00774-00.
En virtud de lo anterior, la Sala advierte que conforme al auto de 29
de febrero de 2024, proferido por el TRIBUNAL, se decretó la
acumulación de los medios de control de nulidad electoral
identificados con los números únicos de radicación 2023-00789-00
(Actor: Anderson Javier Rojas Barajas), 2023-00864-00 (Actor:
Giovanny Humberto Duran Romero) y 2023-00774-00 (Actora:
Lorein Elizabeth Osses Méndez), para lo cual tuvo este último como
expediente principal y, en ese sentido, le corresponde a la Sala
determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados, al incurrir en una presunta mora judicial
injustificada dentro del citado expediente acumulado.
De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
estructural […]”5 que impide el disfrute efectivo del derecho de
5
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
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acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional6 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar
los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
Al respecto, la Corte7 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento,
estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando
6
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
7
Ibidem.
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se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el
desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la
conducta de la autoridad competente y la situación global del
procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora8. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia
y debido proceso, concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo
razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son
estos los criterios que se deben analizar para determinar si acontece
o no una afectación o amenaza al debido proceso y por ende al acceso
a la administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se
justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra
de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de
carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como
imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos
eventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha
sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión
sistemática de sus deberes.”9.
13.5. En la providencia T-230 de 201310, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de
Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que
tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la
Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los derechos fundamentales
y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen
de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.
Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada,
la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito
de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio
irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la
alteración del turno, era excepcional11.
8
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
9
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
10
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
11
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
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También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la mora
estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la Corte (i)
niega la protección constitucional12, en otros, (ii) ordena la alteración
del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de especial
protección y/o vulnerabilidad13; y, en otros, (iii) dispone un amparo
transitorio14.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201615, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede materializarse
un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que
(i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe
un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea
imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes
del funcionario judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
litigio.
Así las cosas, se procederá a examinar las actuaciones procesales
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
12
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
13
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
14
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
15
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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Actor: ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS
desarrolladas por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA dentro del medio
de control de nulidad electoral identificado con el número único de
radicado 68001-23-33-000-2023-00774-00 (acumulado 68001-
23-33-000-2023-00789-00 y 68001-23-33-000-2023-00864-
00), en aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los
presupuestos que configuran la mora judicial injustificada.
Según la información relacionada en SAMAI, se tiene lo siguiente:
• El proceso fue radicado el 23 de noviembre de 2023, ante el
TRIBUNAL.
• Mediante auto de 28 de noviembre de 2023, el despacho de
conocimiento admitió la demanda y requirió a la REGISTRADURÍA
para que allegara la dirección electrónica de notificación del señor
EDUARD ABRIL BORRERO, parte allí demandada.
• Luego, mediante providencia de 7 de diciembre de 2023, denegó
la medida cautelar solicitada por la señora LOREIN ELIZABETH
OSSES MÉNDEZ, parte actora, el 6 de diciembre de 2023 y requirió
nuevamente a la REGISTRADURÍA para que allegara la referida
dirección de notificación.
• La SECRETARÍA, luego de que la REGISTRADURÍA allegara la
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dirección de correo electrónico del señor EDUARD ABRIL
BORRERO, parte allí demandada, el 11 de diciembre de 2023, lo
notificó de las anteriores decisiones.
• Contra la decisión que denegó la medida cautelar solicitada, la
señora OSSES MÉNDEZ interpuso el recurso de reposición y, en
subsidio, apelación, el 12 de diciembre de 2023.
• Posteriormente, la señora OSSES MÉNDEZ el 13 de diciembre de
2023, adujo que desistía del citado recurso y que retiraba la
demanda; sin embargo, el 18 y 19 de ese mes y año, solicitó que no
se tuviera en cuenta el anterior memorial, comoquiera que la parte
demandada ya había sido notificada y reiteró que se debía resolver
sobre el recurso inicialmente presentado.
• La señora OSSES MÉNDEZ el 11 de enero de 2024, solicitó
nuevamente la suspensión provisional del acto de elección del señor
EDUARD ABRIL BORRERO y que se le notificara a éste las
decisiones proferidas dentro del proceso de nulidad electoral.
• El 19 de enero de 2024, el TRIBUNAL dejó sin efectos el proveído
de 7 de diciembre de 2023 y, en su lugar, rechazó por extemporánea
la solicitud de medida cautelar y asimismo la reforma de la demanda.
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• Contra la anterior decisión, el 23 de enero de 2024, la señora
OSSES MÉNDEZ interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
apelación.
• A través del auto de 26 de enero de 2024 el TRIBUNAL dispuso
que la SECRETARÍA le informara si existían otros procesos
judiciales en esa Corporación en los cuales se pretendiera la nulidad
del acto de elección del señor EDUARD ABRIL BORRERO como
Alcalde del Municipio de Concepción (Santander), para el período
constitucional 2024-2027 y, de ser así, ordenó que se mantuvieran
los expedientes en la Secretaría de los cuales no se haya vencido el
término para contestar la demanda, hasta que llegue la oportunidad
procesal para decidir sobre su acumulación.
• Mediante providencia de la misma fecha anterior, el TRIBUNAL
rechazó por improcedente el recurso de reposición y, en subsidio,
apelación, interpuesto por la señora OSSES MÉNDEZ contra la
decisión que rechazó por extemporánea la solicitud de medida
cautelar y asimismo la reforma de la demanda.
• La señora OSSES MÉNDEZ el 31 de enero de 2024, contra esa
decisión interpuso recurso de súplica.
• La SECRETARÍA el 6 de febrero de 2024, mediante el informe
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secretarial visible en el índice núm. 62 del expediente del Tribunal,
le puso de presente al Despacho sustanciador que existían dos
procesos en la Corporación en los cuales se demanda el acto de
elección del Alcalde del Municipio de Concepción (Santander), para
el período constitucional 2024-2027, los cuales estaban identificados
con los números únicos de radicados 2023-00789-00 y 2023-
00864-00.
• El 13 de febrero de 2024, la SECRETARÍA luego de surtir el
traslado del recurso de súplica presentado por la señora OSSES
MÉNDEZ contra el auto de 26 de enero de 2024, envío el expediente
al Despacho en turno para que resolviera la misma.
• El TRIBUNAL mediante el proveído de 29 de febrero de 2024,
decretó la acumulación del proceso con los identificados con los
números único de radicado 2023-00789-00 y 2023-00864-00.
• El 5 de marzo de 2024, el TRIBUNAL le ordenó a la Secretaría
abstenerse de fijar el aviso de la audiencia del sorteo del Magistrado
Ponente que conocerá de los procesos, hasta tanto el Despacho
sustanciador a cargo del proceso 2023-00864-00, se pronunciará
sobre el estado de la notificación de la parte allí actora del auto
admisorio de la demanda al observar la inexistencia de la dirección
electrónica allegada con la demanda.
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• Mediante auto de 8 de marzo de 2024, la Sala del TRIBUNAL
rechazó por improcedente el recurso de súplica interpuesto por la
señora OSSES MÉNDEZ contra el auto de 26 de enero de 2024.
• El TRIBUNAL, en auto de 5 de abril de 2024, le ordenó a la
SECRETARÍA que una vez venciera el traslado de la demanda
dentro del proceso identificado con el número único de radicación
2023-00864-00, fijara el aviso para la realización del sorteo del
Magistrado Ponente que asumiría el conocimiento de los procesos
acumulados, lo anterior debido a que se notificó el auto admisorio
de la demanda al señor EDUARD ABRIL BORRERO, parte
demandada, por medio del auto de 20 de marzo de 2024.
• Cumplido lo anterior, el 30 de mayo de 2024, el TRIBUNAL y su
SECRETARÍA llevaron a cabo la audiencia de sorteo para la
asignación de los referidos expedientes acumulados al Despacho
Sustanciador, los cuales le correspondieron al Magistrado Julio
Edisson Ramo Salazar.
• El 28 de junio de 2024, luego de que se acumularon los expedientes
citados en precedencia, el TRIBUNAL decidió las solicitudes de
suspensión provisional presentadas dentro del proceso identificado
con el número único de radicado 2023-00864-00 y de
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coadyuvancia radicada por el señor ANDERSON JAVIER ROJAS
BARAJAS, parte aquí actora, en las que denegó la referida medida
cautelar y aceptó la coadyuvancia.
• Posteriormente, contra la anterior decisión, el señor ANDERSON
JAVIER ROJAS BARAJAS, parte actora en los procesos
acumulados, presentó recurso de reposición y en subsidio apelación,
y a su vez la parte demandada solicitó la terminación del proceso,
los que fueron resueltos a través del proveído de 18 de septiembre
de 2024, por parte del TRIBUNAL, en el que no repuso el auto
controvertido, concedió el recurso de apelación ante el Consejo de
Estado y denegó la solicitud de terminación del proceso.
• La parte demandada presentó recurso de apelación contra el auto
de 18 de septiembre de 2024, el cual fue rechazado por
improcedente en el proveído de 31 de octubre del mismo año, por lo
que contra esa decisión la parte accionada interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, queja.
• El TRIBUNAL, el 15 de noviembre de 2024, profirió el auto de
obedézcase y cúmplase a lo resuelto por esta Corporación en el
proveído de 30 de octubre de 2024, el cual rechazó el recurso de
apelación interpuesto por el señor ANDERSON JAVIER ROJAS
BARAJAS, contra el auto de 28 de junio de 2024.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05795-00
Actor: ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS
• El 25 de noviembre de 2024, el TRIBUNAL, estando el medio de
control, pendiente de llevar a cabo la audiencia inicial16, dio
aplicación a lo previsto en el artículo 182A del CPACA, por lo que
prescindió de la audiencia inicial, resolvió excepciones, fijó el litigio,
se pronunció sobre las pruebas y fijó como fecha para realizar la
audiencia de pruebas el 11 de diciembre de 2024 a las 10:00 A.M.
de forma virtual.
En virtud de lo anterior y conforme a las circunstancias fácticas
mencionadas, la Sala observa que si bien no se ha dictado sentencia
de primera instancia en el medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicado 68001-23-33-000-
2023-00774-00 (acumulado 68001-23-33-000-2023-00789-00
y 68001-23-33-000-2023-00864-00), el proceso se encuentra en
trámite y durante el mismo la autoridad judicial accionada ha
procurado ser diligente en su gestión atendiendo cada una de las
etapas procesales, resolviendo las múltiples solicitudes y recursos
interpuestos por las partes, al igual que la acumulación de los
procesos, lo que da cuenta que no se incurrió en mora judicial
injustificada.
Además, frente a la solicitud de suspensión provisional presentada
dentro del proceso identificado con el número único de radicado
16
Prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
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Actor: ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS
2023-00864-00 que el actor echa de menos, se tiene que ésta ya
fue resuelta mediante auto de 28 de junio de 2024, tal y como consta
en el índice núm. 99 del expediente identificado con el número único
de radicado 2023-00774-00, acumulado.
Asimismo, la Sala observa que pese a la carga actual de trabajo y la
congestión que enfrenta la Rama Judicial, de la cual no se escapa la
autoridad judicial accionada, le ha dado el trámite pertinente al
medio de control de nulidad electoral garantizando el acceso a la
administración de justicia de las partes y el debido proceso.
Ahora, en cuanto al requerimiento presentado por el actor con la
finalidad de que la PROCURADURÍA inicie una “[…] VIGILANCIA
PREVENTIVA, por lo expuesto, en especial, porque está llamado a
prosperar el medio de control de Nulidad electoral, en contra del Acto
de elección de EDUARD ABRIL BORRERO que integra la lista DEL
PARTIDO VERDE, a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
por la circunscripción territorial ordinaria de SANTANDER […]”, la
Sala no hará pronunciamiento alguno, toda vez que la acción de
tutela no es el medio idóneo para que se ordene la misma, pues ésta
se debe solicitar directamente ante la referida entidad y no existe
prueba de ello en el expediente ni el actor acreditó que haya agotado
tal procedimiento.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05795-00
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Consecuente con lo anterior, al haberse comprobado que el
TRIBUNAL no incurrió en mora judicial injustificada, para la Sala se
impone denegar el amparo solicitado frente al medio de control de
nulidad electoral identificado con el número de radicación 68001-23-
33-000-2023-00774-00 (acumulado 68001-23-33-000-2023-
00789-00 y 68001-23-33-000-2023-00864-00), como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y el CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado frente a la mora judicial
alegada por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
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Actor: ANDERSON JAVIER ROJAS BARAJAS
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de diciembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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