Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05802-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05802-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05802-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202405802-00
Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
Demandados: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y otro1
Tema: Acción de tutela por mora judicial/procedencia
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia, iii) igualdad, iv) seguridad social, v) mínimo vital y vi)
dignidad humana
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por María del Carmen Betenyane de
Jiménez contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Nación
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en
forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405802-00
Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, porque, a su juicio: i) el Tribunal, con ocasión a que han “[…] transcurrido
más de ONCE (11) AÑOS y no se ha[n] agotado todas las etapas procesales, ni
mucho menos dicta[do] sentencia […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 250002342000201401103-00; y ii) el Fondo, al “[…]
neg[ar] la solicitud de Sustitución de la Pensión Vitalicia de Jubilación en calidad
de cónyuge del docente MANUEL JOSE JIMENEZ RINCON (sic) […]”: vulneraron
sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] contraje matrimonio católico con el señor MANUEL JOSÉ
JIMENEZ RINCÓN, quien en vida se identificó con C.C. No. […] de Tunja (Boy.) el
día 5 de diciembre de 1.964 en la Capilla del Refugio para Ancianas […] el señor
MANUEL JOSE JIMENEZ, […] falleció el día 6 de marzo de 2.005 […]”.
4. Indicó que, “[…] por resolución No. 03383 del 28 de noviembre de 2.005, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Oficina de Prestaciones
Sociales de Bogotá D.C., le sustituyó la pensión de jubilación a favor de la señora
DELMIRA AUDOR GASCA identificada con C.C. No. […] por un valor de
$1.163.577.00 con efectividad a partir del 7 de marzo de 2.005, ignorando el 35%
de la cuota a mi favor, que fue el monto que se fijó en la audiencia pública dentro
[…]”.
5. Sostuvo que, “[…] Después de haber agotado la conciliación prejudicial ante
la Procuraduría General de la Nación, el día 28 de agosto de 2.013, mediante
apoderado judicial, se radicó demanda de nulidad y restablecimiento en contra de
LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DISTRITO, el cual le
correspondió por reparto el juzgado 10 administrativo de Bogotá Exp.
11001333501020130036400, con el fin de que se declarara nula las resoluciones
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Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
enjuiciadas y como consecuencia obtener el reconocimiento y pago de la pensión
de sobrevivientes y/o sustitución de la pensión a que tengo en calidad de cónyuge
del docente MANUEL JOSE JIMENEZ RINCON (q.e.p.d.), con su respectivo
reajuste, indemnización moratoria e indexación de las mesadas pensionales
dejadas de percibir desde el momento mismo que nació mi derecho hasta nuestros
días […]”.
6. Mencionó que, “[…] Después de haberse subsanado la Demanda, el Juzgado
10 administrativo de Bogotá envió el Expediente por competencia al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, el cual le correspondió por
reparto al Magistrado […] con el Expediente No. 25000234200020140110300 […]”.
7. Afirmó que, “[…] Después de varios años, durante el trámite del proceso aún
no se ha completado todas las etapas procesales, ni mucho menos se ha dictado
sentencia judicial, tal como se demuestra en la página SAMAI […] La última
actuación que aparece es del 27 de julio de 2020, cuando se solicitó acceso al
expediente en la época de la pandemia […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1.- DECLARAR la PROCEDENCIA de la presente acción de Tutela instaurada
contra el EL MAGISTRADO […] DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B”, ORDENANDO que se
agilice y se AGOTE TODAS LAS ETAPAS PROCESALES para que en el menor
tiempo posible se dicte la SENTENCIA que en derecho corresponda.
2.- DECLARAR mi estado de protección especial y debilidad manifiesta, pues en la
actualidad soy una persona de la tercera edad con más de ochenta y cinco (85) años,
con graves afectaciones en mi salud y sin recursos para mi manutención. Pues con
la mora judicial de más de 11 años desde que se radicó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se haya dictado sentencia de primera instancia,
me están vulnerando mis derechos fundamentales.
3.- Como petición subsidiaria y de manera transitoria, se ordene a LA NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DISTRITO CAPITAL, me
reconozca la pensión de sobrevivientes y/o sustitución de la pensión a que tengo
derecho en calidad de cónyuge del docente MANUEL JOSE JIMENEZ RINCON
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(q.e.p.d.), con su respectivo reajuste, indemnización moratoria e indexación de las
mesadas pensionales dejadas de percibir desde el momento mismo que nació mi
derecho hasta nuestros días [...]”.
9. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente2:
“[...] Que en las mismas declaraciones extraprocesales, dan cuenta que yo y el
docente MANUEL JOSE JIMENEZ RINCON (q.e.p.d.), nos frecuentábamos
permanentemente, como salir a almorzar, nos haciamos visitas etc, y que yo dependía
económicamente de él, y por lo tanto yo también tengo derecho a la sustitución de la
pensión.
15. Por otro lado no es de recibo que la Secretaría de Educación del Distrito Capital
del Fondo Nacional - Prestaciones Sociales del Magisterio, tenga en cuenta el artículo
7 del decreto 1160 de 1.989, que dice: “El cónyuge sobreviviente no tiene derecho a
la sustitución pensional, cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o exista
separación legal de cuerpos o cuando en el momento del deceso del causante no
hiciera vida en común con él…”
No resulta argumento válido para negarme el referido derecho la demostración dela
liquidación de la sociedad conyugal entre mi persona y el docente MANUEL JOSE
JIMENEZ RINCON (q.e.p.d.), pues tal demostración no afecta en manera alguna el
derecho que tengo a la sustitución pensional, pues para que ello tuviera lugar tendría
que hallarse probado que la separación tuvo lugar por culpa de ésta.
16. Esa falta de convivencia no lleva a la pérdida del derecho a la sustitución
pensional, pues es obvio que tal situación, precisamente se debió al abandono que
me hizo el causante formada por vínculos jurídicos, para conformar otra por vínculos
naturales.
17. Las resoluciones que me negaron el derecho a la sustitución pensional, carecen
de sustento jurídico, en cuanto desatienden claras y expresas disposiciones
Constitucionales, legales y reglamentarias, así como de conceptos doctrinarios y
jurisprudenciales precisos, al respecto, so pretexto de una interpretación equivoca y
carente de solidez.
[…]
“[…] No es posible que a la fecha hayan transcurrido más de ONCE (11) AÑOS y no
se haya agotado todas las etapas procesales, ni mucho menos dictar sentencia […]”.
[…]
“[…] Así como lo he dicho varias veces, soy una persona de la TERCERA EDAD, pues
a la fecha tengo más de OCHENTA Y CINCO (85) AÑOS de edad, poseo muchos
problemas de salud y no poseo recursos para mi manutención, y no es posible
entender que hayan transcurrido más 11 años y no se haya agotado todas las etapas
procesales ni mucho menos se haya dictado sentencia de 1ª instancia, por lo que con
tal comportamiento HAY VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO […]”.
[…]
2 Transcripción literal del texto.
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Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
“[…] Pese a tener el mismo caudal probatorio, como son la sentencia del quince (15)
de octubre de 1.985, por la cual el Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá, Decretó
Alimentos definitivos a mi favor y en contra del causante; la audiencia dentro del
proceso de exoneración de alimentos de MANUEL JOSE JIMENEZ en mi contra,
llevada a cabo el día 8 de marzo de 2.004, donde se redujo la cuota alimentaria a un
35% de la pensión del señor MANUEL JOSE JIMENEZ, así como también las
declaraciones extrajuicios de las señoras MARIA ELENA DUEÑAS MOSQUERA y
MARIA TERESA VANEGAS CORREAL, donde dan cuenta que yo conviví
ininterrumpidamente con MANUEL JOSE JIMENEZ RINCON (q.e.p.d.), hasta que
éste me abandonó por hacer vida marital con otra mujer y que en consecuencia de
ello me ví obligada a iniciar demanda de alimentos, dado que el causante no atendía
voluntariamente sus obligaciones, el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, me negó sin justificación alguna, el otorgamiento de
la sustitución de la pensión del señor MANUEL JOSE JIMENEZ RINCON (q.e.p.d.)
[…]”.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 31 de octubre de 2024: i) admitió
la acción de tutela; y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Ministro de
Educación Nacional y a los representantes legales del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y de la Fiduciaria La Previsora S.A.
11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 18 de noviembre de 2024: i)
vinculó a Delmira Audor Gasca, en calidad de tercero con interés legítimo; y ii) requirió
a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para rendir informe sobre lo planteado por la actora en el escrito de
tutela.
12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 2024, requirió
a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para rendir informe sobre lo planteado por la actora en el escrito de
tutela.
Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo
13. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en los siguientes términos:
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Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
“[…] Me permito informar que en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho rad. No. 25000234200020140110300, demandante la señora MARÍA DEL
CARMEN BETENYANE DE JIMÉNEZ, tal como se observa en el expediente, se
han adelantado las siguientes actuaciones:
• La demanda fue radicada inicialmente en los juzgados
administrativos.
• la demanda fue remitida por competencia al Tribunal.
• Luego la demanda fue recibida y repartida al despacho a mi cargo.
• La demanda fue inadmitida para que se subsanaran los defectos indicados.
• La Secretaría ingresó la demanda al despacho.
• se admitió la demanda.
• Luego de la contestación se fijaron en lista las excepciones.
• El apoderado de la actora se pronunció sobre las excepciones
propuestas.
• Luego ingresó el expediente al despacho.
• El despacho profirió auto mediante el cual se citó a audiencia
inicial.
• La audiencia inicial se suspendió en la etapa de saneamiento,
en la que se ordenó vincular a la señora Delmira Audor Gasca, por ser quien a quien
se sustituyó la pensión que la actora solicita. En la audiencia se ordenó que, por
secretaría, se solicitara a la Secretaría de Educación de Bogotá informar la dirección
de la mencionada señora, con el fin de notificarle la demanda.
• Mediante Oficio SB-090 la secretaría de la subsección solicitó la información
requerida.
• El expediente ingresó al despacho con respuesta al oficio librado
• Se dictó auto por el cual se ordenó reiterar el oficio, por cuanto no se recibió
información correcta
• La secretaría de la subsección libró el oficio ordenado.
• La Secretaría de Educación de Bogotá suministró la información requerida.
• Mediante telegrama se comunicó a la señora Delmira Audor de la existencia de la
demanda y se le solicitó concurrir al tribunal para notificarle el auto admisorio de la
demanda.
• Se le notificó a la señora Delmira Audor el auto admisorio de la demanda.
• A través de el apoderado, la señora Delmira Audor contestó la demanda.
• Se fijaron las excepciones en lista.
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• El apoderado de la actora radicó escrito pronunciándose sobre las excepciones
propuestas.
• El expediente ingresó al despacho.
• Se profirió auto mediante el cual se ordenó citar a la continuación de la audiencia
inicial.
• Se adelantaron las etapas de la audiencia hasta la de pruebas, decretando las
pruebas solicitadas por las partes (librar oficios, testimonios e interrogatorio de
parte.)
• La secretaría de la subsección dio cumplimiento a lo ordenado por el despacho,
librando los respectivos oficios.
• El expediente ingresó al despacho con respuesta a los oficios librados.
• Una vez revisadas las pruebas recaudadas, se ordenó librar oficio al Juzgado 18
Administrativo de Bogotá, solicitándole que en calidad de préstamo enviara el
expediente 2007-00292, por tener las mismas partes que las de este proceso, con
el fin de verificar la eventual existencia de "cosa juzgada".
• La secretaría de la subsección libró el oficio ordenado.
• Las diligencias ingresaron al despacho con el expediente solicitado.
• Una vez examinado el expediente del proceso 2007-00292, se estableció que si
bien las partes son las mismas y se solicitó también la sustitución pensional, en
dicha controversia no se demandó la resolución mediante la cual se sustituyó la
pensión a la señora Delmira Audor y dicha señora no fue vinculada al proceso (lo
que sí se hizo en el presente proceso), por lo que mediante sentencia del 1° de
febrero de 2012 el Juzgado 18 Administrativo resolvió "Declararse inhibido para
pronunciarse sobre el fondo del asunto.", sentencia que no fue apelada y quedó en
firme.
• Luego de verificar que no existe cosa juzgada y que en el expediente no aparecen
los correos electrónicos de los testigos, se continuó con el trámite del proceso,
ordenado solicitar al apoderado de la demandante informar los correos electrónicos
de los testigos, con el fin de citarlos a la audiencia de pruebas.
• Se recibió del apoderado escrito en el cual informó el correo electrónico de sólo
uno de los testigos; de otro no informó correo, por lo que se ordena el envío de
telegrama, solicitándole informar un correo para citarlo a la respectiva audiencia.
De (sic) otro testigo informó que no reside en Bogotá, ni tiene cuenta de correo
electrónico, por lo que se librará despacho comisorio al juez del lugar, con el fin de
recibir su declaración.
Una vez se practiquen estas pruebas, se ordenará correr traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presenten alegatos de conclusión […]”.
14. El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación, al considerar
que:
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Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
“[…] No puede decirse entonces que, en términos positivos, esta entidad haya
incurrido en una violación o amenaza efectiva de algún derecho fundamental y una
orden en dicho sentido sería de imposible cumplimiento para la misma.
De igual manera, se aprecia de los antecedentes anotados, que, por parte del
Ministerio de Educación Nacional, no ha existido actuación que atente contra los
derechos fundamentales invocados a favor de la parte accionante […]”.
15. La Fiduciaria La Previsora S.A. solicitó su desvinculación al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva y declarar improcedente la acción de
tutela. Para tal efecto, manifestó que:
“[…] Con base en lo anteriormente señalado, es preciso anotar que la accionante
dirige la acción de tutela en contra LA SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, por lo que del libelo de
tutela y sus anexos no se encuentra prueba alguna que a través de la cual se pueda
establecer que Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora Del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales Del Magisterio (FOMAG) se encuentre vulnerando
sus derechos fundamentales, toda vez que las pruebas allegadas en el escrito de
tutela no guardan relación entre FIDUPREVISORA S.A. y el actor.
Con respecto a las pretensiones del accionante se debe dejar claro que la
Fiduprevisora S.A. actuando como vocera y administradora de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, por lo anterior, toda la
información con que se cuenta dentro de los registros viene trasladada por parte de
las secretarías de educación a nivel Nacional […]”.
16. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca allegó copia
digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 250002342000201401103-00.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
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20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
Legitimación en la causa por pasiva
19. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[7].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
22. La Sala advierte que el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria La
Previsora S.A. solicitaron su desvinculación, al considerar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva.
23. Al respecto, es preciso indicar que dichas autoridades fueron notificadas del
proceso de tutela de la referencia como accionados, en la medida en que la actora
6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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elevó reparos en su contra, es decir que a dichas autoridades le asiste interés en el
resultado del proceso de la referencia.
24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Ministerio de Educación
Nacional y a la Fiduciaria La Previsora S.A. les asiste interés en la decisión de tutela
que esta Sala profiera.
25. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto del Ministerio de Educación
Nacional y de la Fiduciaria La Previsora S.A.
Problema Jurídico
26. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si se deben proteger los derechos fundamentales invocados
por la actora, los cuales considera vulnerados con ocasión a que frente al Tribunal
han “[…] transcurrido más de ONCE (11) AÑOS y no se ha[n] agotado todas las
etapas procesales, ni mucho menos dicta[do] sentencia […]”, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 250002342000201401103-
00; y el Fondo “[…] neg[ó] la solicitud de Sustitución de la Pensión Vitalicia de
Jubilación en calidad de cónyuge del docente MANUEL JOSE JIMENEZ RINCON
(sic) […]”:.
27. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a
la seguridad social; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al mínimo vital; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la dignidad humana; v) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia; vii) el derecho a la administración de justicia y el debido proceso frente a la
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mora judicial; viii) análisis del caso concreto; y finalmente ix) las conclusiones de la
Sala.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
28. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
29. Atendiendo a que la Corte Constitucional8 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
8 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405802-00
Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
30. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
31. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:9
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado10.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”11. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
9 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
11 Sentencia T-173 de 2016.
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Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”12 […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital
32. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.
33. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho13:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
dignidad humana
34. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
12 Ibidem.
13 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405802-00
Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala)
35. Atendiendo a que la Corte Constitucional14 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación
con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal
ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor fundante
del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
36. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional15 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
38. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional16 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
15 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202405802-00
Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
El derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso frente
a la mora judicial
40. La jurisprudencia constitucional al referirse a la afectación del derecho al
acceso a la administración de justicia, por mora en el trámite de los procesos
judiciales, ha señalado que “[…] quien presenta una demanda, interpone un recurso,
formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos
legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva
del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello […]”17.
41. No obstante lo anterior, como lo sostuvo esta Sala en la providencia de 14 de
abril de 201618, reiterada mediante la sentencia de 18 de mayo de 201719, “[…] el
no cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica
automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a que
es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa
aplicable, también lo es que debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional […]”.
42. En las providencias citadas supra, se reiteró la postura de la Corte
Constitucional en las que se ha establecido que cuando se alega la vulneración de
derechos fundamentales por mora judicial, es indispensable analizar las causas que
dieron origen a esta20, con el fin de determinar si dicha mora obedece a temas como
17 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T-1154 de 18 de noviembre de 2004, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016,
C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001031500020150216000.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 15 000 2016-03244-01
20 Al respecto, también la Sala, en la sentencia de 7 de febrero de 2008 Expediente núm. 2007-01377-00, C.P.:
doctor Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo que: “no toda dilación en la decisión equivale a mora o a
negligencia, dadas las condiciones estructurales, que producen congestión y lentitud en los despachos judiciales
y que no se puede a través de la acción de tutela ordenar a los jueces el impulso procesal o pronunciamiento
de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento, “por cuanto se perdería la finalidad para la cual fue creada
la tutela y, se desnaturalizaría su función, eminentemente protectora de derechos fundamentales, si se
permitiera que fuera utilizada como un mecanismo para alterar el turno de un proceso judicial, so pretexto de
resolver, con efectos inter partes, los problemas estructurales de congestión que aquejan a la Rama Judicial
pues, es sabido que sus efectos son erga omnes ya que, a todos, por igual, afecta el notable incremento del
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Núm. único de radicación: 110010315000202405802-00
Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
la complejidad del asunto en estudio, la naturaleza de los hechos investigados o la
interposición de recursos y solicitudes, entre otros. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-230 de 201321, afirmó:
“[…] La jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en
la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos
en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en
las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para
analizar la normatividad existente. Por ello, la Jurisprudencia ha destacado que
cuando la tardanza no es imputable al actuar del Juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en
la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial
sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos
se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro
del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la Administración de
Justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la Ley. […]”. (Resaltado por la
Sala).
43. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que la mora judicial es un
fenómeno contrario a los derechos fundamentales y al debido proceso, y se
evidencia cuando: “[…] (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial […]”22.
44. En suma, cuando en la acción de tutela se alega la vulneración de derechos
fundamentales por mora judicial, esta prospera, excepcionalmente, solo cuando se
demuestra que: i) se está ante un caso de dilación injustificada; ii) cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones; iii) por el contrario,
cuando la mora está justificada en la complejidad del asunto, en problemas
estructurales de la administración de justicia o cuando las circunstancias
tiempo que demanda la decisión, con carácter definitivo, de los asuntos y controversias que se someten a su
consideración...” (Sentencia T-256 de 17 de marzo de 2004).
21 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 18 de abril de 2013, M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez
22 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa
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Núm. único de radicación: 110010315000202405802-00
Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
imprevisibles no permiten que el caso se resuelva dentro del término legal, no hay
lugar a acceder a las pretensiones de la acción de tutela.
Análisis del caso concreto
45. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, porque, a su juicio: i) el Tribunal, con ocasión a que han “[…] transcurrido
más de ONCE (11) AÑOS y no se ha[n] agotado todas las etapas procesales, ni
mucho menos dicta[do] sentencia […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 250002342000201401103-00; y ii) el Fondo, al “[…]
neg[ar] la solicitud de Sustitución de la Pensión Vitalicia de Jubilación en calidad de
cónyuge del docente MANUEL JOSE JIMENEZ RINCON (sic) […]”: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.
46. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
47. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
48. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
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Núm. único de radicación: 110010315000202405802-00
Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
48.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 250002342000201401103-00
Solución del caso concreto
Análisis de la presunta mora judicial
49. En el caso sub examine, de conformidad con el escrito de tutela y las
pretensiones presentadas por la actora, la Sala abordará el estudio del caso sub
examine frente a la configuración de una presunta mora judicial, la cual la actora
fundamentó en que, han “[…] transcurrido más de ONCE (11) AÑOS y no se ha[n]
agotado todas las etapas procesales, ni mucho menos dicta[do] sentencia […]”, en
el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
250002342000201401103-00.
50. Al abordar de fondo el asunto puesto a consideración por la actora en el
presente trámite de tutela, advierte la Sala que, dentro del proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 250002342000201401103-00, se han realizado
las actuaciones enlistadas por el Tribunal en su informe, las cuales corresponden a
aquellas expuestas en el numeral 13 supra de esta providencia.
51. La última actuación registrada por la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso identificado con el
número único de radicación 250002342000201401103-00, corresponde a la
siguiente23:
23 Cfr.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000234200020140110300250
0023
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Núm. único de radicación: 110010315000202405802-00
Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
52. Del recuento procesal realizado supra, la Sala advierte que, en lo que
concierne al reparo propuesto por la acora relacionado con que han “[…]
transcurrido más de ONCE (11) AÑOS y no se ha[n] agotado todas las etapas
procesales, ni mucho menos dicta[do] sentencia […]”, hay lugar a negar la solicitud
de amparo.
53. De conformidad con las actuaciones expuestas supra, la Sala advierte que,
si bien a la fecha no se ha proferido sentencia en el proceso de la actora, lo que en
principio implicaría que se configuró la mora judicial que señaló la actora, resulta
necesario recordar que el no cumplimiento de los términos por parte del operador
judicial, no implica automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales,
pues, pese a que es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por
la normativa aplicable, también lo es que existen circunstancias que justifican la
mora en la decisión del asunto.
54. En el caso sub examine, la Sala advierte que, de conformidad con el informe
rendido por la autoridad judicial accionada, existen circunstancias particulares que
justifican que el Tribunal aún no haya proferido sentencia, a saber: i) verificar que
respecto del proceso identificado con el número de radicación 2007-00292 no
hubiera cosa juzgada; ii) la necesidad de practicar unas pruebas; y iii)
recientemente, obra actuación dentro del proceso cuestionado por la actora, a
saber, auto de 5 de diciembre de 2024, mediante el cual se resolvió:
“[…] 1) Fíjase el treinta de enero de 2025 como fecha para la audiencia de
interrogatorio de parte y recepción del testimonio decretados, la que se llevará a
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Núm. único de radicación: 110010315000202405802-00
Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
cabo en sesión virtual (videoconferencia) con la herramienta TEAMS de office, a
las siguientes horas:
María del Carmen Betenyane de Jiménez: A las 2:15 P. M.
Carlos Enrique Velásquez Castro: A las 2:45 P. M.
2) Por Secretaría y a través de correo electrónico cítese al testigo, a las partes, a
sus apoderados, al señor agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
3) Por Secretaría envíese telegrama al señor Emil Zgaib a la dirección que
obra a folio 209, solicitándole informar su correo electrónico, con el fin de citarlo a
rendir su testimonio.
4) Permanezca el expediente en Secretaría de la Subsección por el término
de cinco días para la respectiva consulta de las partes, sus apoderados y el
Ministerio Público.
5) Vencido el término antes indicado, regrese el expediente al despacho para la
realización de la audiencia […]”.
55. Providencia que se notificó el 11 de diciembre de 2024, según registro que
obra en SAMAI.
56. En ese orden de ideas, si bien a la fecha no ha proferido la respectiva
sentencia, no es posible concluir que la referida tardanza sea atribuible a la falta de
diligencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, toda vez que según se advierte de las consideraciones expuestas
el trámite de dicho proceso se vio expuesto a varias circunstancias especiales que
en nada tienen que ver con la diligencia del Tribunal accionado y, en todo caso, obra
actuación reciente de la autoridad judicial accionada.
57. En ese sentido, la Sala advierte que la tardanza que la actora reprocha con
la presente acción de tutela se enmarca en uno de los supuestos en los que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han considerado
justificada la mora judicial; es decir, cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la Ley.
58. Finalmente, en lo que concierne al reparo de la actora relacionado con que
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, al “[…] neg[ar] la solicitud de Sustitución de la Pensión
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Núm. único de radicación: 110010315000202405802-00
Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
Vitalicia de Jubilación en calidad de cónyuge del docente MANUEL JOSE JIMENEZ
RINCON (sic) […]”, vulneró sus derechos fundamentales; la Sala declarará
improcedente la solicitud de tutela, en la medida en que este debate es el que
precisamente deberá resolver el Tribunal accionado en el marco del proceso
ordinario, como juez natural de la causa.
59. Al respecto, la Sala precisa que la jurisprudencia constitucional, en armonía
con lo dispuesto en los artículos 86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de
noviembre de 199124, indica que la solicitud de tutela es un medio de defensa de
carácter subsidiario para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos
fundamentales, lo que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento
jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos
derechos.
Conclusiones de la Sala
60. En suma, la Sala i) negará la solicitud de tutela que presentó la actora contra
la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; y ii) declarará improcedente la solicitud de tutela que presentó la
actora contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria La
Previsora S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela presentada por la actora contra la
24 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
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Núm. único de radicación: 110010315000202405802-00
Actora: María del Carmen Betenyane de Jiménez
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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