Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05802-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05802-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05802-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05802-01
Demandante: María del Carmen Betenyane de Jiménez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05802-01
Demandante: MARÍA DEL CARMEN BETENYANE DE JIMÉNEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN B Y OTRA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIÓN
PENSIONAL – La solicitud de amparo es improcedente porque ese debate debe ser resuelto por
el juez administrativo, en el proceso ordinario que está en curso / CONFIGURACIÓN Y
POSTERIOR SUPERACIÓN DE MORA JUDICIAL – Aunque el expediente permaneció
injustificadamente inactivo durante más de cinco años, retomó su curso durante el trámite de
tutela, por lo que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado /
PRONUNCIAMIENTO, PESE A QUE SE CONFIGURÓ EL HECHO SUPERADO – Aun cuando
la situación de mora se superó, debido a las particularidades del caso y con fundamento en la
jurisprudencia constitucional, se insta a la autoridad judicial demandada a que adopte medidas
para emitir prontamente una sentencia y se dispone remitir copia de la totalidad del expediente
al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, para que, si lo considera procedente,
inicie el trámite de vigilancia judicial administrativa.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del
23 de enero de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 24 de octubre de 20242, María del Carmen Betenyane de Jiménez instauró acción
de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la
1
Se advierte que el 5 de marzo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, expediente de primera instancia, índice 2.
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Demandante: María del Carmen Betenyane de Jiménez
seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y a una vida digna como adulta mayor. En
consecuencia, solicitó lo siguiente:
(i) Que se ordene al magistrado José Rodrigo Romero Romero, integrante de la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
agilizar las actuaciones pendientes en el proceso 25-000-23-42-000-2014-01103-00, con
el fin de lograr la emisión de sentencia de primera instancia en el menor tiempo posible.
(ii) Que se le reconozca la calidad de sujeto de especial protección constitucional, debido
a su edad —85 años—, a sus afectaciones de salud y a su falta de recursos.
(iii) Que, transitoriamente, se ordene a la Nación – Ministerio de Educación Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento de su derecho a la
sustitución pensional, en calidad de cónyuge supérstite de Manuel José Jiménez Rincón.
2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente
relevantes:
3. El 5 de diciembre de 1964, la señora Betenyane de Jiménez contrajo matrimonio con
Manuel José Jiménez Rincón, contra quien instauró una demanda de alimentos varios
años después, obteniendo una decisión favorable3.
4. A través de la Resolución 1134 del 23 de diciembre de 1992, el Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
reconoció una pensión por vejez al señor Jiménez Rincón, quien falleció el 6 de marzo
de 2005.
5. Por medio de la Resolución 3383 del 28 de noviembre de 2005, el FOMAG reconoció
a Delmira Audor Gasca como sustituta pensional de Manuel José Jiménez Rincón.
Según la accionante, esa decisión desconoció la cuota alimentaria reconocida en su
favor.
6. En junio de 2006, la señora Betenyane de Jiménez solicitó ser reconocida como
sustituta pensional de Manuel José Jiménez Rincón, lo cual fue denegado por el FOMAG
mediante la Resolución 3463 del 23 de agosto de 2006.
7. La señora Betenyane de Jiménez interpuso recurso de reposición contra esa decisión.
Sin embargo, el FOMAG la confirmó a través de la Resolución 242 del 29 de enero de
2007.
3 La cuota alimentaria fue fijada en un 50% de los ingresos devengados Jiménez Rincón. Posteriormente,
en otro proceso, fue reducida a un 35%.
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8. Según la accionante, ese acto administrativo se sustentó en el artículo 7° del Decreto
1160 de 1989, en el cual se estableció que «[e]l cónyuge sobreviviente no tiene derecho
a la sustitución pensional, cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o exista
separación legal de cuerpos o cuando en el momento del deceso del causante no hiciera
vida en común con él (…)».
9. En contraposición, la señora Betenyane de Jiménez expuso que nunca perdió el
vínculo con el señor Manuel José Jiménez Rincón, pues se encontraban frecuentemente
e, incluso, dependía económicamente de él. Agregó que, por ello, tiene derecho a la
sustitución pensional.
10. Además, sostuvo que ese derecho no podía ser desconocido con fundamento en el
artículo 7° del Decreto 1160 de 1989, en tanto no fue la responsable de la separación del
señor Jiménez Rincón y la consecuente liquidación de la sociedad conyugal.
11. Por otro lado, la señora Betenyane de Jiménez expuso que instauró demanda contra
la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a fin de obtener la nulidad de las resoluciones por las cuales se le negó el
reconocimiento de la sustitución pensional. Así, se originó el proceso 25-000-23-42-000-
2014-01103-00, cuyo conocimiento correspondió a la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 20 de marzo de 2014.
12. La accionante indicó que, a la fecha de la presentación de la solicitud de amparo, no
se habían surtido todas las actuaciones del proceso, incluyendo la emisión de sentencia.
Agregó que la última actuación tuvo lugar en 2020 y consistió en una solicitud de acceso
al expediente digital.
13. Adicionalmente, afirmó que tiene 85 años, padece de varias enfermedades y carece
de ingresos económicos. Por esto último, especialmente, alegó no poder seguir
esperando que se profiriera sentencia y, de ser el caso, se surtiera el trámite de segunda
instancia.
B. Trámite impartido e intervenciones
14. Mediante auto del 31 de octubre de 20244, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Nación – Ministerio de Educación Nacional
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Samai, expediente de primera instancia, índice 4.
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– FOMAG. Además, ordenó la notificación de Fiduciaria La Previsora, en calidad de
vocera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
15. Posteriomente, mediante auto del 18 de noviembre de 20245, el mismo despacho
vinculó a Delmira Audor Gasca, en calidad de tercera con interés6.
16. El Ministerio de Educación Nacional afirmó carecer de legitimación en la causa
pasiva7, aduciendo que no vulneró ningún derecho fundamental de la accionante y que
la presunta mora judicial no le es atribuible.
17. Fiduciaria La Previsora también alegó la falta de legitimación en la causa por
pasiva8, argumentando la imposibilidad de atribuirle la vulneración de algún derecho
fundamental, sea en relación con la pretensión dirigida contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, o en virtud de los medios probatorios aportados con la demanda de
tutela.
18. Además, sostuvo que su función se limita a administrar los recursos del FOMAG,
motivo por el cual carece de la facultad de expedir actos administrativos y, por ende, de
satisfacer la pretensión pensional de la accionante. Aclaró que esa facultad es exclusiva
de las secretarías de educación de las entidades territoriales.
19. El magistrado José Rodrigo Romero Romero, integrante de la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se limitó a
enumerar las actuaciones realizadas en el proceso 25-000-23-42-000-2014-01103-009 y
a indicar que, una vez se practicaran un testimonio y un interrogatorio de parte, se
correría traslado del expediente a las partes para alegar de conclusión.
20. La señora Delmira Audor Gasca advirtió que también ha resultado afectada por la
prolongación del proceso10, al punto de que uno de los testigos cuya comparecencia
solicitó ya no recuerda el objeto de su declaración. Agregó que, como consecuencia,
solicitó la recepción de los testimonios de otras personas, sin haber obtenido respuesta
alguna.
5 Samai, expediente de primera instancia, índice 13.
6 Esa decisión se sustentó en que, tras la recepción y revisión del expediente del proceso 25-000-23-42-
000-2014-01103-00, se identificó que Delmira Audor Gasca fue vinculada a dicho proceso como tercera
con interés legítimo.
7 Samai, expediente de primera instancia, índices 8 y 11.
8 Samai, expediente de primera instancia, índice 10.
9 Samai, expediente de primera instancia, índice 29.
10 Samai, expediente de primera instancia, índice 32.
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21. También expuso que dichos testigos no tienen acceso a tecnologías de la
información y las comunicaciones, motivo por el cual solicitó la recepción de su
declaración en un juzgado de La Vega, Cundinamarca, lo que tampoco ha sido
respondido.
22. Así las cosas, la señora Audor Gasca sostuvo que la tardanza del Tribunal ha
afectado el ejercicio de su derecho a la defensa, motivo por el cual solicitó la adopción
de medidas pertinentes en materia probatoria.
C. Fallo impugnado
23. Mediante sentencia del 23 de enero de 202511, la Sección Primera del Consejo de
Estado negó la solicitud de amparo con respecto a la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la declaró improcedente frente
a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG.
24. Para sustentar esa decisión, la Sección Primera expuso que la demora en la emisión
de sentencia en el proceso 25-000-23-42-000-2014-01103-00 ha respondido a la
necesidad de verificar la ausencia de cosa juzgada en relación con el proceso
identificado con el radicado finalizado en 2007-00292, así como a la práctica de pruebas.
25. También señaló que, el 5 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador fijó fecha
para la continuación de la audiencia de pruebas, con el fin de practicar un testimonio y
un interrogatorio de parte.
26. Con fundamento en lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación sostuvo que
la tardanza en la emisión de la sentencia del proceso aludido no responde a una falta de
diligencia del Tribunal. Por esto, y en tanto se profirió un auto de sustanciación de forma
reciente —el del pasado 5 de diciembre—, concluyó que no se configuró una mora
judicial.
27. Finalmente, consideró improcedente la pretensión de amparo dirigida contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, por formar parte del debate que debe resolver el Tribunal en el proceso
contencioso administrativo.
D. Impugnación
28. La accionante reprodujo los hechos, argumentos y pretensiones de la demanda de
tutela y agregó que el hecho de que el magistrado Romero Romero haya fijado fecha
11 Samai, expediente de primera instancia, índice 33.
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para la celebración de audiencia de pruebas no garantiza que la sentencia se dicte
prontamente12. Por consiguiente, solicitó la indicación de un plazo determinado para la
expedición de esa providencia.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Problemas jurídicos
30. La Sala determinará si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 23 de
enero de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
31. Para ello, teniendo en cuenta lo expuesto en el fallo de primera instancia y en la
impugnación, se plantean los siguientes problemas jurídicos:
32. Primero, si la acción de tutela es procedente para cuestionar los actos
administrativos expedidos por la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Sólo en caso afirmativo, definirá si dicha entidad
vulneró los derechos fundamentales de María del Carmen Betenyane de Jiménez al no
reconocerla como sustituta pensional de Manuel José Jiménez Rincón.
33. Segundo, si la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en mora injustificada en el trámite del proceso 25-000-23-42-000-
2014-01103-00 y, con ello, vulneró los derechos fundamentales de la accionante.
G. Análisis de la Sala
Improcedencia de la pretensión de sustitución pensional
34. Tanto en la demanda de tutela como en la impugnación, la señora Betenyane de
Jiménez solicitó ordenar a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
12 Samai, expediente de primera instancia, índice 38.
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Prestaciones Sociales del Magisterio que la reconozca como sustituta pensional de
Manuel José Jiménez Rincón.
35. La Sección Primera de esta Corporación declaró improcedente esa pretensión, por
considerarla parte del debate que precisamente debe ser resuelto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
25-000-23-42-000-2014-01103-00.
36. Ahora, la Sala identificó que el reconocimiento de la accionante como sustituta
pensional del señor Jiménez Rincón forma parte de las pretensiones de la demanda
ordinaria, como se enseña a continuación13 (se transcribe):
(…) SEGUNDA: Que se declare nula la [R]esolución No. 3463 del 23 de agosto de
2.006, proferida por el [s]ubsecretario [a]dministrativo de la Secretaría de Educación
de Bogotá D.C. - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la
Secretaria de Educación del Distrito Capital (sic), por medio de la cual negó la
solicitud de [s]ustitución de la [p]ensión [v]italicia de [j]ubilación a la señora MARÍA
DEL CARMEN BETENYANE DE JIMÉNEZ, en calidad de cónyuge del docente
MANUEL JOSÉ JIMÉNEZ RINCÓN (q.e.p.d.).
TERCERA: Que se declare nula la [R]esolución No. 00242 del 29 de enero de 2.007
(…), que confirma en todas y cada una de sus partes la [R]esolución 3463 del 23
de agosto de 2.006.
CUARTA: Que, como consecuencia de la anterior declaración y en orden al
restablecimiento en los derechos del actor (sic), se ordene a LA NACIÓN -
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO DEL DISTRITO CAPITAL [que]
le reconozca la pensión de sobrevivientes y/o sustitución de la pensión a que
tiene derecho la Sra. MARÍA DEL CARMEN BETENYANE DE JIMÉNEZ [en]
calidad de cónyuge del docente MANUEL JOSÉ JIMÉNEZ RINCÓN (q.e.p.d.)
(…). (Énfasis añadido).
37. Igualmente, dicho reconocimiento se encuentra incluido en el litigio fijado por el
magistrado sustanciador del proceso durante la audiencia inicial, así 14 (transcripción
textual):
(…) [L]a definición de la controversia implica resolver previamente los siguientes
problemas la jurídicos: (i) ¿[q]uiénes son los beneficiarios y cuáles son los requisitos
que deben reunirse para acceder a una sustitución pensional? (ii) [¿] [c]umple la
demandante los requisitos para acceder a la sustitución pensional que
reclama y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, a partir de qué fecha tiene
derecho a percibirla y en qué monto? (Destacado de la Sala).
38. En virtud de lo anterior, es claro que el reconocimiento de la accionante como
sustituta pensional del señor Jiménez Rincón forma parte de la controversia a resolver
en el proceso 25-000-23-42-000-2014-01103-00. Por consiguiente, la llamada a
13 Samai, expediente de primera instancia, índice 9, archivo 13RECIBEPRUEBAS(…), página 107.
14 Samai, expediente de primera instancia, índice 9, archivo 13RECIBEPRUEBAS(…), páginas 437 a 440.
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pronunciarse al respecto es la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que es el juez natural del asunto.
39. En ese sentido, esta Sala no puede emitir una decisión sobre tal reconocimiento en
sede constitucional, sin desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela, pues
ello está pendiente de resolverse por el juez administrativo, a quien el legislador le ha
atribuido la competencia para decidir ese tipo de controversias. De ahí que, ante la
improcedencia de la pretensión de reconocimiento de sustitución pensional, la Sala
confirmará la decisión de la Sección Primera de esta Corporación, en ese aspecto
puntual.
40. Finalmente, no sobra indicar que, si eventualmente se concediera la sustitución
pensional reclamada por la accionante, se variarían las condiciones económicas de
Delmira Audor Gasca, quien funge como sustituta pensional del señor Jiménez Rincón
desde noviembre de 2005 —es decir, hace casi veinte años—. Esa variación,
precisamente, comportaría una afectación excesiva de los derechos de un tercero como
contrapartida del amparo pretendido por la señora Betenyane de Jiménez, cuestión que,
se insiste, está reservada al juicio de legalidad de los actos administrativos cuya nulidad
se persigue en el proceso ordinario.
De la mora judicial injustificada
41. En cuanto a las condiciones generales para la configuración de mora judicial, la Sala
reitera las consideraciones expuestas por la Sección Cuarta de esta Corporación, la cual
ha sido categórica en advertir que, dadas las circunstancias estructurales que producen
congestión y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la emisión de una
providencia genera la llamada mora judicial, ni vulnera derechos fundamentales. Existen
causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los
jueces cumplan con los plazos para dictar alguna decisión. Hay, por ejemplo, condiciones
estructurales como la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica en
los despachos judiciales que impiden la adopción de decisiones oportunas por parte de
los funcionarios judiciales15.
42. Textualmente, así lo ha expresado la Sección Cuarta16:
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03-15-
000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
16
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-03-15-000-
2014-01444-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez.
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La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el proceso,
la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con la congestión
judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los funcionarios judiciales. De
hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se incumplen los
términos judiciales no obedece al actuar de los funcionarios, sino a las dificultades
prácticas que debe afrontar la Rama Judicial.
Por lo tanto, en el evento en que haya una justificación que explique la tardanza o
cuando esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial injustificada.
y en consecuencia, no se habrán vulnerado los derechos fundamentales de quien
acudió a la justicia17.
En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del proceso
comprueba que el juez u órgano judicial excedió desproporcionadamente el plazo
razonable para pronunciarse sobre el asunto, sin que exista motivación para justificar
la demora.
43. Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que, para determinar si la autoridad
judicial demandada ha incurrido en una mora judicial injustificada, se debe verificar (i) la
complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de la
autoridad judicial competente; (iv) el análisis global de procedimiento y (iv) el turno en el
que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido en el artículo 18
de la Ley 446 de 199818.
44. En el mismo sentido, en la sentencia SU-333 de 202019, la Corte Constitucional
precisó que se presenta una mora judicial injustificada, si (i) es fruto de un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial, (ii) no existe
un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el
volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial.
45. En el caso concreto, el expediente físico —hoy digitalizado—20 del proceso 25-000-
23-42-000-2014-01103-00 y la información registrada en Samai evidencian que,
mediante auto del 14 de diciembre de 2018 21, el magistrado José Rodrigo Romero
Romero, integrante de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, ordenó oficiar al Juzgado 18 Administrativo de Bogotá
para que remitiera el expediente del proceso 11-001-33-31-018-2007-00292-00, con el
propósito de descartar la existencia de cosa juzgada.
17
Original de la cita: «Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013».
18 «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan
pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos
de sentencia anticipada o de prelación legal».
19 Sentencia del 20 de agosto de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos.
20 Contenido en el archivo 13RECIBEPRUEBAS (…) del índice 9 del expediente de primera instancia
(Samai).
21 Página 553 del expediente digitalizado con radicado 25-000-23-42-000-2014-01103-00 e índice 58 del
expediente respectivo almacenado en Samai.
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46. También dan cuenta de que, el 12 de abril de 201922, el expediente del proceso 25-
000-23-42-000-2014-01103-00 fue ingresado al despacho a cargo de dicho magistrado,
junto con el expediente remitido por el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá.
47. Por otro lado, el expediente físico enseña que, mediante auto fechado el 31 de
octubre de 202423, se ordenó oficiar a Delmira Audor Gasca para que informara las
direcciones electrónicas de quienes rendirían los testimonios decretados en su favor. Sin
embargo, ese auto fue registrado en Samai el 5 de noviembre de 202424, y notificado el
8 de noviembre siguiente25.
48. Finalmente, la información registrada en Samai demuestra que, a través de proveído
del 5 de diciembre de 202426 —notificado 11 de diciembre siguiente27—, se fijó fecha
para la celebración de audiencia de pruebas, lo cual tuvo lugar el 30 de enero de 202528.
49. Frente a lo indicado anteriormente, la Sala resalta que, si bien el auto por el cual se
ordenó requerir a la señora Audor Gasca data del 31 de octubre de 2024, apenas se
registró en Samai el 5 de noviembre de ese año y se notificó el 8 de noviembre siguiente.
Como consecuencia, sólo surtió efectos a partir de esta última fecha —el 8 de noviembre
de 2024—.
50. En línea con lo anterior, se colige que el proceso no tuvo ningún tipo de avance entre
el 12 de abril de 2019, cuando se ingresó el respectivo expediente al despacho junto con
aquel remitido por el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá, y el 8 de noviembre de 2024,
cuando se notificó el auto por el cual se ordenó requerir a la señora Audor Gasca. De
modo que permaneció totalmente inactivo durante más de cinco años.
51. Ahora, el magistrado Romero Romero no brindó explicación alguna frente a dicha
inactividad, lo cual, aunado a la ausencia de alguna prueba al respecto, impide atribuir la
dilación en el trámite del proceso a la congestión judicial.
52. Tampoco obra prueba de que estuviera pendiente el cumplimiento de alguna carga
por parte de los sujetos procesales, por lo que dicha dilación no es imputable a estos.
22 Página 619 del expediente digitalizado con radicado 25-000-23-42-000-2014-01103-00 e índice 63 del
respectivo expediente almacenado en Samai.
23 Páginas 621 y 622 del expediente digitalizado con radicado 25-000-23-42-000-2014-01103-00.
24 Índice 67 del expediente 25-000-23-42-000-2014-01103-00, almacenado en Samai.
25 Índice 75 del expediente 25-000-23-42-000-2014-01103-00, almacenado en Samai.
26 Índice 85 del expediente 25-000-23-42-000-2014-01103-00, almacenado en Samai.
27 Índice 88 del expediente 25-000-23-42-000-2014-01103-00, almacenado en Samai.
28 Expediente 25-000-23-42-000-2014-01103-00, almacenado en Samai.
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53. Menos aún puede ser atribuida a la pandemia de Covid-19, pues esta sólo podría
justificar la ausencia de actividad procesal entre el 16 marzo y el 30 de junio de 2020,
lapso en el cual se suspendieron los términos judiciales en todo el territorio nacional29.
54. Es importante señalar que ese lapso fue ampliamente superado en el presente caso,
pues, como ya se indicó, el proceso permaneció inactivo entre el 12 de abril de 2019 y el
8 de noviembre de 2024. En otras palabras, la inactividad procesal comenzó casi un año
antes de la suspensión de términos por la pandemia de Covid-19 y persistió varios años
después de levantada dicha suspensión.
55. Tampoco debe perderse de vista que el primer auto proferido en más de cinco años
fue aquel mediante el cual se requirió a la señora Audor Gasca para que informara las
direcciones electrónicas en las que podían ser citados sus testigos. Esto evidencia que
la actuación subsiguiente al ingreso del expediente al despacho en abril de 2019, a pesar
de que implicaba la revisión de los documentos del proceso, no tenía una complejidad
especial que explicara la tardanza.
56. Por todo lo señalado, la mora en que incurrió la autoridad judicial accionada resulta
injustificada.
57. En línea con lo expuesto, la Sala no comparte la tesis de la Sección Primera de esta
Corporación, en lo atinente a que la demora en la emisión de la sentencia por parte de
la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
obedeció a la necesidad de practicar pruebas y de verificar la ausencia de cosa juzgada.
58. Se insiste, en la contestación de la demanda de tutela, el magistrado sustanciador
no explicó ni acreditó ninguna circunstancia que justificara la no celebración de la
audiencia de pruebas durante los cinco años en los que el proceso estuvo paralizado.
Además, el expediente remitido por el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá se ingresó
al despacho el 12 de abril de 2019, momento desde el cual podía adoptarse una decisión
respecto de la existencia de cosa juzgada.
59. Por tanto, la Sala concluye que la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en una mora injustificada en el trámite del
proceso 25-000-23-42-000-2014-01103-00. Sin embargo, tal situación se encuentra
actualmente superada, pues el proceso retomó su curso mediante los autos por los
29 Mediante el Decreto Legislativo 564 de 2020 se dispuso la suspensión de términos judiciales en todo el
territorio nacional, entre el 16 de marzo de ese año y el día en el que el Consejo Superior de la Judicatura
ordenara su reanudación, lo cual sucedió el 1° de julio de 2020, por medio del Acuerdo PCSJA20-11567.
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cuales se requirió a la señora Delmira Audor Gasca y se fijó fecha para la celebración de
audiencia de pruebas, los cuales, aunque tienen fecha del 31 de octubre y del 5 de
diciembre de 2024, sólo fueron notificados hasta el 8 de noviembre y el 11 de diciembre
de 2024, respectivamente.
60. Ahora, aun cuando pudiera pensarse que el Tribunal demandado reanudó el trámite
del proceso ordinario antes de que fuera enterado de la acción de tutela de la referencia,
no puede perderse de vista que el proveído por el que se solicitó la dirección de correo
electrónico de los testigos a la señora Audor Gasca se notificó el 8 de noviembre de
2024, esto es, con posterioridad al envío del mensaje de datos con fines de notificación
del auto admisorio de la solicitud de amparo30, lo cual tuvo lugar el 1º de noviembre de
202431. Por consiguiente, es claro que la vulneración alegada no se superó en forma
previa al proceso de tutela promovido por la señora Betenyane de Jiménez ni al
conocimiento que de su existencia tuvo el Tribunal accionado, sino que se produjo la
carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto dicha autoridad judicial reactivó
la actuación y, por ende, cesó la situación de mora después de haberse notificado del
auto admisorio, desde luego sin intervención del juez constitucional.
61. En este punto, es importante señalar que, en múltiples sentencias, la Corte
Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto puede presentarse a partir
de dos eventos que, a su vez, sugieren consecuencias distintas: el hecho superado y el
daño consumado32. Empero, la Corte también ha dicho que «es posible que la carencia
actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho
superado, sino de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden
del/de la juez/a (sic) de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta
ningún efecto»33.
62. Igualmente, debe advertirse que la carencia actual de objeto por hecho superado
exige que la pretensión de amparo se satisfaga sin que medie orden judicial. Esto,
precisamente, se materializó en el presente caso, pues los autos mediante los cuales se
superó la mora se notificaron luego de haberse admitido la solicitud de amparo y antes
de la expedición del fallo de tutela de primera instancia, de modo que la pretensión
dirigida contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
30 Que data del 31 de octubre de 2024. Ver índice 00004 del expediente de tutela (primera instancia)
cargado en el aplicativo Samai.
31 Índice 00007 del expediente de tutela (primera instancia) cargado en el aplicativo Samai.
32 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado
Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
33 Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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Cundinamarca, consistente en agilizar las actuaciones pendientes en el proceso 25000-
23-42-000-2014-01103-00, se satisfizo voluntariamente.
63. Así las cosas, se modificará el fallo impugnado, mediante el cual se negó la solicitud
de amparo con respecto a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y, en su lugar, se declarará la carencia actual de objeto
por hecho superado. Esto, sin perjuicio de que se prevenga a dicha autoridad judicial a
fin de que tramite y decida con celeridad el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 2014-01103-00, a lo que se acompañará la orden de remitir copias
del expediente al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con el propósito
de que, si lo considera procedente, inicie el trámite de vigilancia judicial administrativa
respecto del medio de control referido, todo ello, por las razones que se exponen a
continuación.
64. En la sentencia T-355 de 2021, la Corte Constitucional instó al entonces fiscal general
de la Nación y al director seccional de fiscalías de Bogotá a que adoptaran las medidas
necesarias para superar la congestión presentada en las fiscalías especializadas de la
ciudad, pese a haber declarado la carencia actual de objeto por hecho superado en el
caso concreto.
65. La solicitud de amparo estudiada en dicha providencia se motivó en que el ente
acusador dejó transcurrir nueve años sin formular acusación contra un ciudadano
denunciado por el hurto agravado de $359.670.154 a Bodytech S.A., exponiendo el
asunto a la prescripción de la acción penal. Sin embargo, esa tardanza se superó durante
el trámite de tutela, pues la Fiscalía General de la Nación formuló la acusación
correspondiente antes de que la Corte Constitucional emitiera su sentencia.
66. Para respaldar la decisión de instar al fiscal general de la Nación y al director
seccional de fiscalías de Bogotá, la Corte Constitucional34 indicó que ya había adoptado
una medida de ese tipo en los casos resueltos mediante las sentencias T-527 de 2009 y
T-494 de 2014, en los cuales se atribuyó una mora injustificada al Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Tunja y al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de San Gil.
67. Además, como sustento de tal decisión, se remitió a su sentencia de unificación 522
de 2019, en la cual estableció lo siguiente:
En los casos de hecho superado o situación sobreviniente no es perentorio que
el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y
34 Ver párrafo 84 y pie de página 66 de la sentencia T-355 de 2021.
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especialmente tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de revisión,
podrá emitir un pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario para,
entre otros: a) llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de
la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los hechos
vulneradores no se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena
de las sanciones pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia; o d)
avanzar en la comprensión de un derecho fundamental. (Énfasis de la Sala).
68. La Sala resalta que, aun cuando la Corte Constitucional enfatizó en el trámite de
revisión al establecer la posibilidad de emitir un pronunciamiento de fondo en casos de
carencia actual de objeto por hecho superado, lo cierto es que reconoció tal facultad
frente a todos los jueces de tutela.
69. Con fundamento en lo anterior, y acogiendo la postura adoptada por la Corte
Constitucional en las sentencias T-355 de 2021, T-527 de 2009 y T-494 de 2014, se
instará a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (despacho del magistrado José Rodrigo Romero Romero) a que adopte
las medidas necesarias para emitir prontamente la sentencia de primera instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25-000-23-42-000-2014-
01103-00.
70. Adicionalmente, se ordenará remitir copias del expediente de dicho proceso al
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, a fin de que inicie el trámite de
vigilancia judicial administrativa sobre el asunto, si lo considera procedente.
71. Cabe señalar que ese trámite fue regulado por el Consejo Superior de la Judicatura
por el Acuerdo PSAA11-8716 de 201135, con fundamento en el numeral 6 del artículo
101 de la Ley 270 de 199636, según el cual las Salas Administrativas de los Consejos
Seccionales de la Judicatura tienen la función de «[e]jercer la vigilancia judicial para que
la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las
labores de funcionarios y empleados de esta Rama».
72. Igualmente, es importante indicar que el numeral citado no fue modificado por la Ley
Estatutaria 2430 de 2024, mediante la cual se reformó la Ley 270 de 1996. En
consecuencia, la facultad de vigilancia judicial administrativa de los Consejos
35 Específicamente, el artículo tercero del Acuerdo referido establece:
«La Vigilancia Judicial Administrativa se ejercerá de oficio o a petición de quien aduzca interés legítimo y
recaerá sobre acciones u omisiones específicas en procesos singularmente determinados.
El impulso oficioso será producto del ejercicio de las funciones propias de las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales de la Judicatura, principalmente como consecuencia de las visitas generales o
especiales a los despachos judiciales.
(…)».
36 Estatutaria de la Administración de Justicia.
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Seccionales de la Judicatura se encuentra vigente37 y, por ende, puede ser ejercida
frente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en cuestión —de nuevo, si el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca lo considera procedente—.
73. Las dos decisiones explicadas anteriormente obedecen a la mora judicial de más de
cinco años evidenciada en el proceso aludido, tardanza que resulta especialmente grave,
considerando que lo debatido allí es la sustitución pensional reclamada por la señora
Betenyane de Jiménez, quien, por cierto, tiene 85 años38.
74. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Modificar la sentencia proferida el 23 de enero de 2025 por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado por la señora María del Carmen
Betenyane de Jiménez, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la
violación de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia por mora judicial, en atención a las razones anotadas en el
acápite de consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO. Declarar improcedente la acción de tutela, en lo que concierne a las
pretensión de reconocimiento transitorio de la sustitución pensional, de conformidad con
lo señalado en la parte motiva.
TERCERO. Instar a la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (despacho del magistrado José Rodrigo Romero Romero) a que
adopte las medidas necesarias para emitir prontamente la sentencia de primera instancia
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25-000-23-42-000-
2014-01103-00, promovido por la señora María del Carmen Betenyane de Jiménez.
37 Esa vigencia se pone de manifiesto, para citar un ejemplo, en el hecho de que, en lo que va corrido de
2025, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca ha iniciado 245 trámites de vigilancia judicial
administrativa, de acuerdo con la información registrada en su sitio web (2025 - Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca).
38 Dicha edad es corroborada por los datos consignados en la cédula de ciudadanía de la accionante,
aportada con la solicitud de amparo (página 51 del archivo 2ED_Demanda, ubicado en el índice 2 del
expediente de primera instancia).
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CUARTO. Remitir copia de la totalidad del expediente de tutela al Consejo Seccional de
la Judicatura de Cundinamarca, a fin de que, si lo considera procedente, inicie el trámite
de vigilancia judicial administrativa respecto del proceso de nulidad y restablecimiento
con radicado 25000-23-42-000-2014-01103-00, que se adelanta a instancias del
despacho del magistrado José Rodrigo Romero Romero, integrante de la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
QUINTO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.
SEXTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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