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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05817-00

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05817-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por Tribunal Administrativo de Santander. 2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Nubia Esperanza Latorre Contreras, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05817-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

5 de diciembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05817-00
Demandante: Nubia Esperanza Latorre Contreras

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05817-00
Demandante: NUBIA ESPERANZA LATORRE CONTRERAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Contra sentencia dictada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto fáctico. Deniega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Nubia Esperanza Latorre Contreras
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 28 de octubre de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la señora Nubia Esperanza Latorre Contreras pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 29
de agosto de 2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, denegar las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nº. 68001-23-33-
000-2020-00013-00/01, relacionada con el reconocimiento de una pensión gracia.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A en la sentencia proferida el día 29 de agosto de 2024, en el
expediente rad. No. 68001- 23-33-000-2020-00013-01(4247-2023), transgredió los derechos
fundamentales DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SOCIAL de la señora NUBIA ESPERANZA LATORRE CONTRERAS, por considerar que las razones
de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y los principios superiores.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera un nuevo pronunciamiento que aplique el
derecho sustancial, además de disponer la práctica de pruebas de oficio que aseguren la debida
protección de los derechos de la actora.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa
La demandante manifestó que laboró como docente al servicio del departamento del
Norte de Santander, entre el 5 de agosto de 1977 y el 30 de noviembre de 1979. Que,

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Demandante: Nubia Esperanza Latorre Contreras

fue vinculada como educadora del mencionado departamento, desde el 21 de julio de
1989, donde acumuló, según dijo, más de 20 años de servicio.

El 22 de marzo de 2019, la accionante solicitó a la UGPP que le reconociera pensión
gracia de jubilación, por haber laborado más de 20 años como docente en el sector oficial
y haber cumplido 50 años de edad.

El 27 de junio de 2019, a través de la Resolución RDP 019349, la UGPP denegó el
reconocimiento pensional, al considerar que no cumplía con el requisito de acreditar 20
años de servicio como docente oficial de carácter territorial (departamental, municipal,
distrital y/o nacionalizado). Contra la anterior decisión, la señora Latorre Contreras
presentó recurso de apelación, sin embargo, la decisión fue confirmada en la Resolución
RDP 025595 del 27 de agosto de 2019, básicamente, por las mismas razones.

3.2. Actuación judicial

La señora Nubia Esperanza Latorre Contreras presentó demandada de nulidad y
restablecimiento del derecho contra UGPP, para que se declarara la nulidad de las
Resoluciones RDP 019349 del 27 de junio de 2019 y RDP 025595 del 27 de agosto de
2019. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia de jubilación de manera mensual y vitalicia, equivalente al 75% de todos
los factores salariales devengados durante el último año de servicio, a partir del 20 de
marzo de 2007, momento en el que, consideró, adquirió el estatus de pensionada, pero
con efectos fiscales a partir del 22 de marzo de 2016, por la prescripción trienal al haber
radicado la solicitud de reconocimiento pensional el 22 de marzo de 2019.

La demanda se adelantó bajo el radicado 68001-23-33-000-2020-00013-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Santander que, por sentencia del 16 de marzo
de 2023, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas, ordenó a la UGPP que
reconociera y pagara a la demandante pensión gracia de jubilación a partir del 22 de
marzo de 2016 y condenó en costas a la entidad demandada.

Señaló que la docente cumplía con los requisitos para acceder a la pensión gracia debido
a que acreditó que estuvo vinculada como docente territorial – nacionalizada, con tiempo
de servicio superior a 31 años y con una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.

Inconforme, la UGPP apeló y argumentó que la docente no había acreditado los 20 años
de servicio de carácter territorial o nacionalizado, ni que estuvo vinculada antes del 31 de
diciembre de 1980, así como tampoco haber completado 11 años de servicio a 31 de
diciembre de 1989.

Que con las pruebas aportadas al expediente no se podía determinar el tipo de
vinculación que sostuvo la demandante en el periodo comprendido entre el 5 de agosto
de 1977 al 30 de noviembre de 1979. Que los salarios cancelados a la demandante fueron
financiados con recursos del hoy llamado Sistema General de Participación, lo que, a su
juicio, reforzaba la calificación nacional de la plaza ocupada.

Que los documentos aportados al expediente administrativo no eran idóneos para el
reconocimiento pensional, debido a que no habían sido aportados en formatos CETIL y,
por último, se opuso a la condena en costas, porque es una entidad del orden nacional,
que su función principal es el reconocimiento de pensiones a cargo del Régimen de Prima
Media del orden nacional, que, por ello, tiene a cargo recursos públicos de la seguridad
social que no pueden utilizarse en perjuicio de los derechos pensionales de los
ciudadanos.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por sentencia del 29 de agosto
de 2024, revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, denegar las
pretensiones de la demanda.

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Demandante: Nubia Esperanza Latorre Contreras

Explicó que la parte actora basó su reclamación en: i) el formato único para la expedición
de certificado de historia laboral 6682 expedido por la secretaría de educación del
departamento de Norte de Santander, en la que se mencionaba que la demandante tuvo
un régimen de pensiones nacionalizado y que había sido nombrada en razón al Decreto
524 del 13 de julio de 1977, ii) en el acta de posesión del 5 de agosto de 1977, en la que
se podía constatar que la docente había sido nombrada por el Decreto 524 del 13 de julio
de 1977, documento que, según dijo, no había sido firmado por las partes intervinientes
y, iii) el Decreto 001381 del 4 de diciembre de 2018, que reconstruyó el Decreto 524 del
13 de julio de 1977.

Que de las pruebas aportadas al expediente no se advertía de manera clara e inequívoca
el tipo de vinculación que tuvo la señora Latorre Contreras durante el período
comprendido entre el 5 de agosto de 1977 y el 30 de noviembre de 1977, requisito que,
para el caso concreto, acreditaría la exigencia contenida en el literal a, del numeral 2, del
artículo 15 de la Ley 91 de 19891, relacionado con que la docente haya ostentado alguna
vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980.

Que al acto administrativo de reconstrucción no se le podía atribuir valor probatorio,
porque se alejó del procedimiento establecido en la Ley 594 de 2000 2 y el Acuerdo 007
del 15 de octubre de 20143, que con base en ese acto administrativo no se respaldaba
con suficiencia una decisión fundamentada.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En cuanto al fondo del asunto, si bien la tutelante alegó como vicio de fondo la
configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, lo cierto es que
los argumentos se enmarcan en un defecto fáctico, pues alega que la autoridad judicial
demandada no le otorgó valor probatorio al acto administrativo de reconstrucción del
Decreto 524 de 1977.

Que la autoridad judicial demandada le trasladó las consecuencias de la deficiencia en la
actuación administrativa previa a la expedición del mencionado decreto, lo que le imponía
una carga desproporcionada, al exigirle que presentara una serie de documentos, en los
términos exigidos por la ley, sin tener en cuenta que la custodia y conservación de los
mismos era competencia de la administración departamental.

Citó las sentencias T-398 de 2015, T-317 de 2004 y T-118 de 2005 dictadas por la Corte
Constitucional, para señalar que cuando se advierte la ausencia de documentos que
conforman la historia laboral de una persona, la administración, en este caso el
departamento de Norte de Santander, estaba en la obligación de reconstruir
inmediatamente el archivo público, con atención a las normas que rigen la materia, lo que
a su vez, según dijo, refleja negligencia, materializada en el mal manejar de la
información, que no podría ser asumidas por los ciudadanos.

Que la autoridad judicial demanda contaba con la facultad oficiosa de requerir al
departamento de Norte de Santander para que aclarara la modalidad de su vinculación y
la naturaleza de la institución educativa en la que desarrolló sus funciones. Que lo anterior

1 Literal A, del Numeral 2, del Artículo 15: A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por

mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social
conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar a
cargo total o parcial de la Nación.
2 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
3 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras

disposiciones”

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Demandante: Nubia Esperanza Latorre Contreras

era necesario para subsanar las inconsistencias del expediente, asegurar la verdad
material y el respecto al debido proceso. Que la autoridad judicial demandada al no
ejercer esa facultad oficiosa incumplió su deber de garantizar el acceso a la justicia y
vulneró sus derechos fundamentales.

Que, si bien el Tribunal Administrativo de Santander sí realizó el requerimiento, la
autoridad judicial demandada consideró que la respuesta no era útil, en ese orden, según
la parte actora, lo procedente era requerir nuevamente al departamento de Norte de
Santander para que ofreciera una respuesta clara, en aplicación del principio de carga
dinámica de la prueba y de acuerdo con la sentencia SU-768 de 2014 proferida por la
Corte Constitucional, que desarrolla la legitimidad del decreto de pruebas de oficio.

Que las irregularidades en la recopilación de la información de su hoja de vida, durante
el proceso de reconstrucción, no podían afectar sus derechos ni el compromiso del
fallador de buscar la verdad material.

Que resultaba desproporcionado reprocharle que no pudiera aportar pruebas suficientes
para acreditar su vinculación como docente nacionalizada del departamento de Norte de
Santander en el año 1977. Que la responsabilidad de acreditar ese vínculo recaía en la
autoridad territorial, porque era quien tenía acceso directo a su historia laboral, que las
irregularidades o deficiencias en el manejo y conservación de esa información no podían
ser utilizadas para denegar el reconocimiento de su pensión.

Que la autoridad judicial demanda citó una sentencia de unificación en la que se
manifestaba que la modalidad de la vinculación se debía probar principalmente con el
acto de nombramiento y, en su defecto, con certificaciones inequívocas proferidas por el
empleador, que, sin embargo, en la decisión cuestionada se consideró que el acto de
reconstrucción no se ajustó a los lineamientos establecidos en la ley, que la certificación
dictada por el departamento de Norte de Santander no especificaba la categoría de la
docente y que la prueba de oficio no demostraba su calidad de docente, lo que, para la
parte actora, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y debida valoración
probatoria.

Que previamente a la interposición de la demanda realizó las correspondientes
solicitudes para obtener la certificación de su vínculo laboral, lo que reflejaría que su
conducta se suscribió a los principios de buena fe y a la confianza legitima. Que la
secretaría de educación del departamento de Norte de Santander no atendió a sus
solicitudes ni a las órdenes judiciales de manera correcta, lo que impidió ejercer su
derecho de defensa.

Que la autoridad judicial demandada también desconoció el principio de carga dinámica
de la prueba, al exigirle que aportara otros medios de convicción que acreditaran la
naturaleza del vínculo laboral.

5. Trámite procesal

Por auto del 31 de octubre de 2024, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, y en calidad de tercero con interés,
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander y al director general de la
UGPP.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 6 de noviembre
de 2024.

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6. Intervenciones

La magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, que dirige el despacho que
profirió la decisión de primera instancia en el proceso con radicado nº. 68001-23-33-000-
2020-00013-00, pidió que se desvinculara del trámite a esa autoridad judicial porque no
causó vulneración a los derechos fundamentales de la demandante.

Que no tenía competencia para atender las pretensiones de la parte actora, porque iban
dirigidas a dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, pidió que se declarara improcedente la
acción de tutela o, en su defecto, que se denegara solicitud de amparo y se ordenara el
archivo del expediente constitucional.

Manifestó que la decisión cuestionada no incurrió en ningún defecto y que, por el
contrario, se ajustó al ordenamiento legal y a la jurisprudencia dictada sobre la materia.

Que no se cumplían los requisitos legales ni jurisprudenciales necesarios para amparar
los derechos deprecados. Que el juez natural de la causa ya se había pronunciado sobre
la controversia y había proferido una decisión que se encontraba en firme y hacía tránsito
a cosa juzgada.

Que la acción de tutela era improcedente porque perseguía un interés económico sin que
se hubiere demostrado la causación de un perjuicio irremediable.

Que no ha vulnerado los derechos de la demandante y que la presente acción
constitucional pretende ser empleada como una instancia adicional del proceso ordinario.

Que se incumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto la demandante puede acudir
al recurso extraordinario de revisión a pedir que se protejan los derechos fundamentales
reclamados.

Los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, no se
pronunciaron pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

1. Legitimación en la causa por pasiva.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia de segunda instancia del 29
de agosto de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que denegó sus pretensiones.

4 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.

Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Por su parte, el Tribunal Administrativo de Santander pidió su desvinculación, al
considerar que no vulneró los derechos de la demandante.

No obstante, la vinculación de esa autoridad judicial no fue como parte demandada, sino
en calidad de tercera con interés, porque fue quien dictó la decisión de primera instancia
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nº. 68001-23-33-
000-2020-00013-01

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Nubia
Esperanza Latorre Contreras para dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia del
29 de agosto de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, que revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, denegar las pretensiones
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nº. 68001-23-33-
000-2020-00013-00/01.

La Sala anticipa que denegará la solicitud de amparo, puesto que la autoridad judicial no
incurrió en el defecto alegado.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

La relevancia constitucional se encuentra acreditada, toda vez que el asunto no trata
sobre una instancia adicional, puesto que la decisión de primera y segunda instancia varió
sobre el reconocimiento pensional, no alude a una discusión de orden legal o económico,
porque recae sobre el restablecimiento de derechos relacionados con la seguridad social
y cumple con el presupuesto de carga argumentativa, de modo que, si existieran los
errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente ordinario, la sentencia acusada fue comunicada por correo
electrónico el 20 de septiembre de 2024, de modo que fue efectivamente notificada el 25
de septiembre de 2024, y la demanda de tutea fue radicada el 28 de octubre de 2024,

5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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esto es, un mes y tres días después, término que no supera los seis meses fijados por la
Sala plena de esta Corporación para presentar acciones de tutela.

La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y cuestiona
la sentencia de segunda instancia dictada en dicho proceso. Además, tampoco se
evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de revisión contra la providencia
atacada, puesto que no parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de
procedibilidad previstas en el artículo 250 del CPACA.

Así mismo, advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de advertir que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico al
proferir la sentencia del 29 de agosto de 2024.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
una sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

5. Análisis del caso concreto

La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico
porque: i) no le dio valor probatorio al acto administrativo de reconstrucción del Decreto
nº 524 de 1977, ii) no requirió al departamento de Norte de Santander para que aclarara
la modalidad de su vinculación y la naturaleza de la institución educativa en la que
desarrolló sus funciones, iii) desconoció el principio de carga dinámica de la prueba, iv)
no era adecuado exigirle que aportara pruebas que acreditaran su vinculación como
docente nacionalizada del departamento de Norte de Santander en el año 1979, v)
consideró que el acto de reconstrucción no se ajustó a los lineamientos establecidos y,
vi) estimó que la certificación expedida por el departamento de Norte de Santander no
especificaba la categoría de docente que ostentaba.

Para resolver tal cargo, la Sala estima necesario referirse a las actuaciones y pruebas
aportadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68001-
23-33-000-2020-00013-00/01.

La señora Latorre Contreras presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con el objeto de obtener la nulidad de las Resoluciones RDP 019349 del 27 de junio de
2019 y RDP 025595 del 27 de agosto de 2019, y para que se le reconociera una pensión
mensual vitalicia de jubilación gracias, a partir del 20 de marzo de 2007, pero con efectos
fiscales a partir del 22 de marzo de 2016, en razón a que, a su juicio, había operado la
prescripción trienal, por haber solicitado el reconocimiento solo hasta el 22 de marzo de
2019.

Con la demanda se solicitó que se decretaran como pruebas, entre otras, el Decreto
001381 del 4 de diciembre de 2018, que ordenó la reconstrucción del Decreto 524 de
1977, mediante el cual se había nombrado a la demandante como maestra de segunda
categoría y las certificaciones laborales y salariales expedidos por la Secretaría de
Educación del municipio de Bucaramanga.

El Tribunal Administrativo de Santander (que conoció del proceso ordinario en primera
instancia) por auto del 13 de mayo de 2022, entre otras, decretó como pruebas las
documentales aportadas con la demanda y como prueba de oficio ordenó que se oficiara
a la Secretaria de Educación de Norte de Santander para que certificara el tiempo de
servicio que la demandante había laborado a su cargo, donde constara la clase de
vinculación, tiempo de servicio, los recursos con los que cancelaba lo devengado por la
señora Latorre Contreras y si hubo cambio de vinculación por la descentralización de la
educación, discriminado y pormenorizado con cada acto administrativo.

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Demandante: Nubia Esperanza Latorre Contreras

Adicionalmente, le solicitó aclarar las diferencias en las certificaciones laborales 44903
del 17 de junio de 2016 y 7808 del 26 de diciembre de 2018, porque en la primera se
informó que la vinculación había sido de carácter nacional y en la segunda de carácter
nacionalizada.

Además, ofició a la Secretaría de Educación de Bucaramanga para que certificara el
tiempo de servicio que la demandante laboró a su cargo, donde constara la clase de
vinculación, tiempo de servicio, los recursos con los que se cancelaba lo devengado por
la demandante y si existió cambio en la vinculación por la descentralización de la
educación, discriminado y pormenorizado con cada acto administrativo, debido a que la
certificación que obraba en el expediente resultaba ilegible.

El 26 de julio y el 26 de septiembre de 2022, la Secretaría de Educación de Bucaramanga
allegó una serie de documentales con las que daba repuesta al requerimiento realizado
en el auto del 13 de mayo de 2022. Luego, el 14 de octubre de 2022, la Secretaría de la
Gobernación de Norte de Santander hizo lo propio y aportó respuesta al requerimiento
formulado por el mencionado tribunal.

El 16 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander dictó sentencia de
primera instancia en la que accedió parcialmente a las pretensiones y declaró la nulidad
de las resoluciones demandadas, ordenó a la UGPP que reconociera y pagara a la
demandante pensión gracia vitalicia a partir del 22 de marzo de 2016 y condenó en costas
a la entidad demandada.

Dijo que la demandante cumplía con los requisitos para acceder a la pensión gracias,
porque acreditaba que fue vinculada como docente territorial – nacionalizada de los
departamentos de Norte de Santander y Santander, con tiempo de servicio de 31 años,
8 meses y 10 días, con un vínculo anterior al 31 de diciembre de 1980.

Inconforme, la UGPP presentó recurso de apelación en el que argumentó que se había
incurrido en una indebida interpretación de la norma aplicable al caso concreto, que la
demandante no había aportado pruebas que contrariara las decisiones adoptadas en las
resoluciones demandadas.

Que los certificados laborales 44903 de 2016 y 7808 de 2018 diferían respecto al tipo de
vinculación. Que si bien se había aportado el Decreto 1381 de 2018 por medio del cual
se reconstruyó el expediente laboral, lo cierto era que generaba más duda, porque se
desconocía la fuente de la que se obtuvo la certificación laboral 44903 de 2016.

Que la descentralización no afectaba el tipo de vinculación que tenía la demandante y
que su vinculación era del orden nacional, porque Yopal en ese entonces era una
intendencia que dependía del Ministerio de Educación Nacional.

Que se debía revocar la condena en costas, porque es una entidad del orden nacional,
dedicada al reconocimiento de pensiones a cargo del Régimen de Prima Media del orden
nacional, por lo que tiene a cargo recursos públicos de la seguridad social que no pueden
utilizarse en perjuicio de los derechos pensionales de los ciudadanos.

Que en el expediente administrativo no obrara certificación del tiempo de servicio de la
demandante en cada una de sus vinculaciones, ni de los recursos con los que se le
cancelaba lo devengado.

Que los documentos aportados con la solicitud de reconocimiento no eran idóneos para
el reconocimiento de la prestación, porque no fueron suministrados en formatos CETIL,
de acuerdo con el Decreto 13 de 2001, mediante el cual se reglamentó parcialmente los
artículos 115, 117 y 128 de la Ley 100 de 1993, el Decreto-Ley 1314 de 1994 y el artículo
20 del Decreto Ley 656 de 1994.

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Demandante: Nubia Esperanza Latorre Contreras

Que la demandante no cumplía con el requisito previsto en el literal a, numeral 2, del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, relacionado con que debía estar vinculada a 31 de
diciembre de 1980 como docente oficial de carácter territorial. Que, además, no cumplía
con 20 años de servicio en calidad de docente oficial de carácter departamental,
municipal, distrital y/o nacionalizada, porque las certificaciones laborales indicaban que
el período que laboró ante el Ministerio de Educación era de carácter nacional.

Que tampoco cumplía con lo señalado en las sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000
dictadas por la Corte Constitucional, respecto a que debía acreditar mínimo 11 años de
servicio al 29 de diciembre de 1989, porque para esa fecha no se encontraba vinculada
al Magisterio.

Finalmente, que acceder a las pretensiones de la demandante implicaría afectar la
estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

El 29 de agosto de 2024, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dictó
sentencia de segunda instancia, en la que revocó la decisión apelada, para en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda.

Explicó que había dudas e inconsistencias que impedían satisfacer el requisito
relacionado con la demostración de un tiempo de servicio como docente territorial o
nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980.

Que la señora Latorre Contreras había afirmado que su primera vinculación como
educadora oficial había sido a través de un nombramiento del orden territorial realizado
por el departamento de Norte de Santander, durante el período comprendido entre el 5
de agosto de 1977 y el 30 de noviembre de 1977 y para acreditarlo había aportado un
formato único para la expedición de certificado de historia laboral 6682 de la Secretaría
de Educación del departamento de Norte de Santander, en la que se mencionaba que la
demandante tuvo un régimen de pensiones nacionalizado y que había sido nombrada en
razón al Decreto 524 del 13 de julio de 1977, el acta de posesión del 5 de agosto de 1977,
en el que se constataba que la docente había sido nombrada por el Decreto 524 del 13
de julio de 1977, documento que, según dijo, no había sido firmado por las partes
intervinientes y el Decreto 001381 del 4 de diciembre de 2018, que reconstruyó el Decreto
524 del 13 de julio de 1977.

Que el departamento de Norte de Santander en atención al requerimiento realizado por
el tribunal de instancia, había allegado el formato único para la expedición de certificado
de historia laboral 38455 y el oficio del 14 de octubre de 2022. Que, con base en lo
anterior, la demandante estimaba que con esos medios de convicción se acreditaba el
tiempo de labor oficial educativa antes del 31 de diciembre de 1980.

Que, por lo anterior, no existía duda que la demandante había prestado sus servicios
como docente a favor del departamento de Norte de Santander entre el 5 de agosto de
1977 y el 30 de noviembre de 1977, que, sin embargo, ni los documentos mencionados
ni los demás medios de convicción lograban demostrar de manera inequívoca el tipo de
vinculación que la demandante suscribió en ese período.

Que, al examinar el acto administrativo de reconstrucción, no se le podía atribuir valor
probatorio, puesto que se había alejado del procedimiento establecido en la Ley 594 de
20007 y el Acuerdo 007 del 15 de octubre de 20148. Que el Decreto 001381 del 4 de
diciembre de 2018 había mencionado el procedimiento a seguir para rehacer el Decreto
524 del 13 de julio de 1977, pero no se acreditó que efectivamente se había seguido ese
trámite, que ni siquiera se determinó la razón por la cual se realizó la reconstrucción, por

7 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
8 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras

disposiciones”

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lo que se desconocía si el acto de nombramiento había sido extraviado, hurtado, dañado
o destruido.

Señaló que, si en gracia de discusión se tuviera en cuenta el Decreto 001381 del 4 de
diciembre de 2018, de ese documento no se advertía el tipo de plaza que había ocupado
la actora.

Que la respuesta ofrecida por la gobernación de Norte de Santander relacionada con la
dualidad de las certificaciones sobre el carácter nacional o nacionalizado de la vinculación
de la demandante no había sido útil y, por el contrario, permitía continuar con la
incertidumbre sobre el tipo de relación legal y reglamentaria, porque a pesar de
mencionar que la vinculación fue nacionalizada, soportó esa afirmación con el régimen
pensional y no con el acto que originó la relación de la maestra con la entidad.

Que, además, pese a que el mencionado departamento había señalado que los recursos
con los que se cancelaron los salarios de la demandante provenían del situado fiscal, esa
información no determinaba que el cargo de la señora Latorre Contreras era de orden
nacionalizado, si se tenía en cuenta que la calificación del empleo se dio por el régimen
pensional.

Que, con relación al argumento sobre la naturaleza territorial de la institución educativa
en la que la docente laboró, se hizo referencia al Decreto 000891 del 30 de septiembre
de 2002 y la ordenanza 002 del 12 de mayo de 2000, sin embargo, en el expediente no
se encontraron esos actos administrativos.

Por lo anterior, consideró que del material probatorio aportado al expediente no era
posible evidenciar la plaza ocupada antes del año 1980 por la señora Latorre Contreras,
que los medios de convicción no eran conducentes, ni idóneos para acreditar ese
requisito, que permitiera eventualmente decretar el reconocimiento de la pensión gracia.

Adicionalmente, manifestó que la demandante no aportó otras piezas probatorias o
testimonios convincentes, coherentes y conducentes que permitiera corroborar de alguna
forma la naturaleza del vínculo, lo que, a su juicio, evidenciaba el incumplimiento de la
parte actora en asumir la carga probatoria que correspondía para demostrar sus
supuestos de hechos, de acuerdo con los artículos 165 y 167 del CGP.

Por último, sobre la condena en costas, mencionó que no se presentaba una carencia de
fundamentos legales que dieran lugar a su imposición.

A partir de lo anterior, la Sala advierte que el análisis de la autoridad judicial demandada
no se enmarca en una indebida valoración probatoria, por cuanto no se separó de los
hechos debidamente probados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
ni se trata de una decisión que vaya en contravía de la evidencia probatoria.

La autoridad judicial demandada tuvo en cuenta que la parte actora no acreditó el tipo de
vinculación que tuvo con el departamento del Norte de Santander antes del 31 de
diciembre de 1980. Para llegar a esa conclusión tuvo en cuenta todas las documentales
aportadas, de hecho, señaló que con las pruebas de oficio decretadas por el Tribunal
Administrativo de Santander tampoco se podía tener certeza de la relación laboral y
reglamentaria de la señora Latorre Contreras entre el 5 de agosto de 1977 y el 30 de
noviembre de 1977.

Siendo así, para la sala la decisión objeto de tutela obedece al análisis propio del conjunto
de pruebas practicadas en el proceso ordinario, que permitieron concluir que la
demandante no cumplió con la carga de la prueba de demostrar que cumplía con los
requisitos para que le fuera concedida la pensión gracia, en concreto sobre la naturaleza
del vínculo legal y reglamentario con el que se desempeñó como docente entre el 5 de
agosto de 1977 y el 30 de noviembre de 1977.

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Como se vio, la autoridad judicial demandada no omitió valorar el Decreto nº 524 de 1977
y, por el contrario, explicó las razones por las que no lo tendría en cuenta, manifestó que,
aunque le diera valor probatorio, esa documental no acreditaba el tipo de vinculación de
la plaza ocupada por la demandante en el año 1977.

Ahora, con relación al argumento según el cual la autoridad judicial demandada debió
requerir al departamento de Norte de Santander para que aclarara la modalidad de la
vinculación y la naturaleza de la institución en la que laboró la señora Latorre Contreras,
la Sala advierte que esa fue una prueba decretada por el Tribunal Administrativo de
Santander, quien entendió resuelto el requerimiento con la respuesta ofrecida por el
mencionado departamento, distinto es que los documentos allegados tampoco
acreditaban el tipo de vinculación que suscribió la demandante en el año 1977.

Por otro lado, la Sala observa que la parte actora señala que se desconoció el principio
de carga de la prueba, en este punto se debe señalar que la carga de la prueba es <<una
noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la
autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas
jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al
juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos>>9.

Es decir, las partes en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho desde la
presentación de la demanda y la contestación ya son conscientes del ejercicio probatorio
que deben desplegar con el objeto de que se apliquen los supuestos normativos que
invocan y así obtener una decisión favorable a sus intereses. En la misma medida,
asumen las consecuencias negativas de no probar los supuestos normativos que
consagran el efecto jurídico que persiguen, puesto que el debate probatorio que
proporciona las partes es el que finalmente permite al funcionario judicial tomar la
decisión que en derecho corresponda.

Por esa misma razón, era deber de la autoridad judicial exigir a la demandante que
acreditara el tipo de vinculación que sostuvo con el departamento de Norte de Santander
en el año 1977, máxime si se tiene en cuenta que esa era una circunstancia que definía
si la señora Latorre Contreras podía ser acreedora de una pensión gracia.

Ahora bien, con relación al acto de reconstrucción, la Sala observa que la autoridad
judicial demandada señaló que no se advertía si el mismo había seguido los lineamientos
de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 007 del 15 de octubre de 2014, disposiciones
normativas que prevén el procedimiento que se debe adoptar para la reconstrucción
adecuada de un acto administrativo.

Finalmente, respecto a la certificación expedida por el departamento de Norte de
Santander, en la sentencia cuestionada se explicó que no había sido útil y que, por el
contrario, ofrecía más confusiones sobre el tipo de vinculación que suscribió con la
demandante en el año 1977.

En consecuencia, para la Sala la decisión cuestionada no resulta desproporcionada e
irracional y estuvo debidamente justificado en aplicación del principio de la sana crítica.
Las anteriores razones son suficientes para denegar las pretensiones de la acción de
tutela, porque la autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto alegado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

9 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007.,

pág. 249.

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III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por Tribunal Administrativo de
Santander.

2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Nubia
Esperanza Latorre Contreras, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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