Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05817-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05817-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05817-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05817-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: NUBIA ESPERANZA LATORRE CONTRERAS
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS
PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD
DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE CUESTIONAR UNA
DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN
RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 5 de diciembre de 2024, mediante la cual la
SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó la
solicitud de amparo.
1
En adelante la Sección Cuarta.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05817-01
Actora: NUBIA ESPERANZA LATORRE CONTRERAS
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora NUBIA ESPERANZA LATORRE CONTRERAS, actuando
a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, los
cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 al haber
proferido la providencia de 29 de agosto de 2024, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 68001-23-33-000-2020-00013-
01.
I.2.- Hechos
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En adelante la Sección Segunda.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05817-01
Actora: NUBIA ESPERANZA LATORRE CONTRERAS
Manifestó que el 5 de agosto de 1977 se vinculó como docente al
servicio del Departamento de Norte de Santander hasta el 30 de
noviembre de 1979, acumulando 835 días laborales.
Indicó que, con posterioridad, el 21 de julio de 1989 se vinculó
como docente al servicio del Departamento de Santander, en el que
laboró tiempo completo por 20 más veinte años.
Aseguró que solicitó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES -UGPP3- el reconocimiento y pago de la pensión
gracia, petición que fue resuelta de manera desfavorable a través
de la Resolución RDP núm.019349 de 27 de junio de 2019.
Indicó que dicho acto administrativo fue objeto de recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la UGPP mediante la Resolución
núm. RDP 025595 de 27 de agosto de 2019 que confirmó la
decisión.
Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, interpuso demanda
3
En adelante UGPP.
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Actora: NUBIA ESPERANZA LATORRE CONTRERAS
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP con el fin de obtener el reconocimiento y
pago de la pensión gracia.
Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 68001-23-33-000-2020-00013-00 y le correspondió por
reparto en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia
de 16 de marzo de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones
y, en consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos y
ordenó a la UGPP reconocer la pensión gracia a partir del 22 de
marzo de 2016, en cuantía del 75% del promedio de la totalidad de
los factores salariales devengados en el último año de servicios.
Advirtió que inconforme con lo anterior, la UGPP formuló recurso
de apelación ante la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante
providencia de 29 de agosto de 2024, revocó la decisión del a
quo y, en su lugar, denegó las pretensiones.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
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defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al señalar
que no podía otorgársele valor probatorio al Decreto núm. 001381
de 2018 que ordenó la reconstrucción del Decreto núm. 524 de
1977, con el cual se pretendía acreditar su vinculación como
docente nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, condición
sine qua non para acceder a la pensión gracia.
Manifestó que la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en exceso de
formalismo vulnerando el principio de justicia material, ya que
solicitó de manera oportuna la información necesaria para sustentar
la demanda, pero la entidad pública fue quien incumplió con la
obligación de proporcionar los datos y, por lo tanto, al imponerle la
carga de la prueba, se desconoció el principio de la carga dinámica
de la prueba ubicando en una mejor posición a la entidad que
custodia su información laboral.
Aseguró que: “[…] al impedir a la demandante ejercer plenamente
su derecho de defensa al no poder acceder a los documentos
necesarios para acreditar su vinculación laboral en 1979; por lo
tanto, el fallo debió tener en cuenta la imposibilidad real de la
actora para obtener pruebas que estaban bajo la custodia exclusiva
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del ente estatal y, en su lugar, adoptar medidas correctivas para
garantizar la prevalencia de la justicia material […]”.
I.4.- Pretensiones
La actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Se declare que el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN A en la sentencia proferida el día 29 de
agosto de 2024, en el expediente rad. No. 68001-23-33-
000-2020-00013-01(4247-2023), transgredió los derechos
fundamentales DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD SOCIAL de
la señora NUBIA ESPERANZA LATORRE CONTRERAS, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y los principios superiores.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y
se profiera un nuevo pronunciamiento que aplique el derecho
sustancial, además de disponer la práctica de pruebas de oficio
que aseguren la debida protección de los derechos de la actora
[…]”. (Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
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Actora: NUBIA ESPERANZA LATORRE CONTRERAS
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que las pretensiones de la acción
constitucional invocadas en su contra deben despacharse de
manera desfavorable, pues de la lectura de la demanda logró inferir
que la solicitud de amparo está encaminada a dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia.
Además, recalcó que no se observa omisión alguna por parte de ese
Despacho, ni tampoco observó situación pendiente de
pronunciamiento.
I.5.2.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés
directo en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, por cuanto la decisión judicial cuestionada no
incurrió en el defecto alegado por la actora.
Aseguró que la providencia cuestionada se ajustó al ordenamiento
legal aplicable al asunto y de acuerdo con el análisis efectuado en
cada instancia se logró concluir que no había lugar a conceder la
pensión gracia a la actora.
Recalcó que la solicitud de amparo se utiliza como una tercera
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instancia del trámite ordinario, máxime cuando se efectuó un
pronunciamiento del juez natural de la causa y el mismo hizo
tránsito a cosa juzgada.
I.5.3.- La SECCIÓN SEGUNDA pese a ser notificada en debida
forma, guardó silencio.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN CUARTA mediante sentencia de 5 de diciembre de
2024 denegó el amparo solicitado, al considerar que el análisis que
efectuó la autoridad judicial cuestionada no se enmarca en una
indebida valoración probatoria, pues no se apartó de los hechos
probados, ni de las evidencias probatorias.
Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial accionada evidenció que
la parte actora no acreditó el tipo de vinculación al 31 de diciembre
de 1980, pues del material probatorio allegado no se logró tener
certeza de la relación laboral y reglamentaria de la actora entre el 5
de agosto y el 30 de noviembre de 1977.
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En ese sentido, consideró que “[…] la decisión cuestionada no
resulta desproporcionada e irracional y estuvo debidamente
justificado en aplicación del principio de la sana crítica. Las
anteriores razones son suficientes para denegar las pretensiones de
la acción de tutela, porque la autoridad judicial demandada no
incurrió en el defecto alegado […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
CUARTA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la
decisión, pues, a su juicio, la exigencia de pruebas adicionales para
acreditar la naturaleza de su vínculo laboral resulta cuestionable,
pues tal requerimiento constituye un exceso de formalismo que
vulnera el principio de justicia material.
Recalcó que de manera oportuna solicitó la información necesaria
para sustentar la demanda, pero, por negligencia de la entidad
pública que custodia la información, ahora se le imputa la
responsabilidad y la carga probatoria.
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Concluyó que “[…] es evidente que la decisión de la sentencia de
segunda instancia emitida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ha vulnerado los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia
de la violación de derechos constitucionales fundamentales,
debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de
sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que
se deje sin efecto la providencia de 29 de agosto de 2024,
proferida por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
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número único de radicación 68001-23-33-000-2020-00013-00.
A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social habida cuenta
que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Los disensos de la actora radican en que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, al señalar que no podía otorgársele valor probatorio al
Decreto núm. 001381 de 2018 que ordenó la reconstrucción del
Decreto núm. 524 de 1977 con el cual se pretendía acreditar su
vinculación como docente nacionalizada antes del 31 de diciembre
de 1980, condición sine qua non para acceder a la pensión gracia.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 5 de diciembre de
2024, denegó el amparo solicitado.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
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proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la
motivación de la decisión, pues, a su juicio, la exigencia de pruebas
adicionales para acreditar la naturaleza de su vínculo laboral resulta
cuestionable, pues tal requerimiento constituye un exceso de
formalismo que vulnera el principio de justicia material.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y,
de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró
los derechos deprecados e incurrió en el defecto alegado.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita,
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Actora: NUBIA ESPERANZA LATORRE CONTRERAS
cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe
discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional».
Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no está
diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de
reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud
de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad,
sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento
de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional 4,
de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras
de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho
podrán ser examinadas en sede de tutela».5
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Actora: NUBIA ESPERANZA LATORRE CONTRERAS
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii)
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal
atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar
improcedente el amparo constitucional [10].
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el
Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la
demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive
que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061
de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la
acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento
de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer
criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo,
basada en los antecedentes originados en la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la
existencia de dos ámbitos del derecho al debido
proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso
1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del
Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su
general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo
en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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constitucional, y otro que es fruto de la labor
legislativa, al que se denomina simplemente debido
proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso
constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de
las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso.
En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el
derecho al juez natural [13]; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que
incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la
segunda instancia en el proceso penal; el principio de
predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y
decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos.
[…]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace
parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso,
anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la
acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”.
(Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades
las siguientes:
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los
jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal […]”.
(Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y
no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por
lo que indicó que para determinar si la acción de tutela en concreto
cumplía con el requisito de relevancia constitucional debía
analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente,
cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales
[…]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico
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de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte
actora es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a
consideración del juez natural, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario.
En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad
judicial accionada actuó con exceso ritual manifiesto al no otorgar
valor al material probatorio mediante el cual se logaría concluir el
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario del
reconocimiento de la prestación pensional.
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Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución deriva de la
valoración probatoria que la parte actora pretende que se dé a su
situación particular, giran en torno a la inconformidad con la
decisión adoptada por el juez natural del asunto, la cual fue
resuelta por la SECCIÓN SEGUNDA, así:
“[…] Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario
verificar el cumplimiento de las mencionadas exigencias previstas
en la normativa aplicable para consolidar el derecho a la pensión
gracia.
Sin embargo, la Sala considera necesario abordar inicialmente el
estudio del tercer requisito relativo a la demostración de un
tiempo de servicio como docente territorial o nacionalizada
anterior al 31 de diciembre de 1980, pues, a partir del acervo
probatorio practicado, hay dudas e inconsistencias que impiden
satisfacer esta exigencia fundamental para acceder a la
prerrogativa bajo estudio.
Al respecto, la señora Latorre Contreras aseguró que su primera
vinculación como educadora oficial fue a través de un
nombramiento del orden territorial efectuado por el departamento
de Norte de Santander durante el período comprendido entre el 5
de agosto de 1977 y el 30 de noviembre de 1977.
Para demostrar lo anterior, la parte activa basó su reclamación en
los siguientes documentos: […]
Ahora, en atención a los requerimientos efectuados por el tribunal
de origen a fin de que el departamento de Norte de Santander
certificara el tiempo de servicio que la demandante prestó y que
de manera clara y detallada indicara la clase de vinculación que
tuvo la docente con la entidad y los recursos con los que se
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cancelaron los emolumentos devengados por esta, la entidad
territorial dio respuesta aportando el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral No. 3845514 y oficio
de fecha del 14 de octubre de 2022.
La accionante en su demanda estimó que los aludidos medios de
convicción eran suficientes para tener acreditado el requisito del
tiempo de labor oficial educativa antes del 31 de diciembre de
1980, y de la misma forma se consideró en primera instancia al
concluir una vinculación nacionalizada a partir del régimen de
pensiones certificado en los medios probatorios antes
relacionados.
Ahora, para la Sala, aunque no existe duda de que ciertamente la
demandante prestó sus servicios como docente a favor del
departamento de Norte de Santander desde 5 de agosto de
1977 hasta el 30 de noviembre de 1977, sí encuentra que ni
los documentos ya referidos ni los demás que obran en el
expediente logran demostrar de manera inequívoca el tipo de
vinculación que la señora Nubia Esperanza Latorre Contreras
ostentó durante dicho periodo, toda vez que su contenido lejos de
corroborar la plaza ocupada se limita a certificar únicamente el
régimen de pensiones aplicable a la educadora.
Sobre el particular, es necesario precisar dos aspectos
fundamentales en el presente caso, por un lado, respecto a la
reconstrucción de los actos administrativos se tiene que con base
en el Decreto No. 2126 de 2012 el cual determinó como funciones
del Archivo General de la Nación «[e]xpedir normas y
reglamentos sobre el desarrollo de la función archivística del
Estado», el Consejo Directivo de dicha entidad expidió el Acuerdo
007 del 15 de octubre de 2014, «[p]or medio del cual se
establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes
y se dictan otras disposiciones». En esa normatividad se
establece la reconstrucción del expediente y/o documento de
archivo público, como herramienta procesal que permite a las
entidades del Estado recuperar de forma integral, autentica y
original la información que reposaba en ellos por extravío o
pérdida parcial o total.
Sin embargo, al examinar el acto administrativo de
reconstrucción, se observa que no puede atribuírsele valor
probatorio, dado que este se alejó del procedimiento establecido
por la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 007 del 15 de octubre de
2014, lo que no permite endilgarle la autenticidad suficiente para
respaldar a partir de ella una decisión fundamentada, pues
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aunque el Decreto 001381 de 2018 mencionó cuál era el
procedimiento a seguir para rehacer el acto, no se encuentra
evidencia alguna que demuestre que efectivamente siguió el
trámite, ni siquiera del mismo decreto de reconstrucción se logra
determinar la causa por la cual se realizó, desconociendo si el
acto de nombramiento se perdió, fue hurtado, dañado, o
destruido, pues no se encuentra la constancia de lo sucedido ni la
denuncia a la Fiscalía ni las otras diligencias que dispone la
norma.
En todo caso se agrega que, si en gracia de discusión se llegare a
tener en cuenta el mentado decreto, se tiene que de dicha
reconstrucción no se deriva de ninguna manera el tipo de plaza
que ocupó la actora en virtud del nombramiento realizado, pues
tal acto se reduce solamente a tomar la determinación de rehacer
el Decreto 524 de 1977 por medio del cual se nombró a la
demandante como maestra de segunda categoría, pero en ningún
apartado hace referencia a la parte motiva y/o resolutiva del acto
de nominación que permita concluir de algún modo la categoría
aplicable.
Por otro lado, resulta de gran importancia aclarar que, sobre
valoración de los certificados laborales aportados para el presente
caso, en primera instancia se tuvo en cuenta un elemento
probatorio que no hace referencia a algún tipo de vinculación sino
al régimen de pensiones de la docente, el cual para efectos del
estudio de la causa que nos convoca, no determina la naturaleza
de la vinculación de un maestro.
Ahora bien, en cuanto a la categoría de la actora se tiene que
aunque la gobernación de Norte de Santander en el oficio
allegado pretendiera esclarecer la dualidad presentada, a saber si
era nacional o nacionalizada considerando los certificados
laborales emitidos por esta, su respuesta no fue útil para dilucidar
lo requerido y en su lugar dio continuidad a la incertidumbre del
tipo de relación legal y reglamentaria para el interregno objeto de
análisis, ya que, a lo largo del documento solo aclaró el error
presentado entre el certificado No. 44903 y el No. 7808,
advirtiendo que el régimen de pensiones correcto es el
nacionalizado y aunque mencionó que la vinculación fue de esta
misma categoría, soportó tal aseveración en el mismo régimen
pensional que señaló y no del acto que originó la relación de la
maestra con la entidad, de las condiciones que lo fundamentaron
o de algún documento en el que se justifique la calidad que
afirmó.
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Además, pese a que refirió el departamento que los recursos con
los que se cancelaron los salarios de la docente provenían del
situado fiscal, esta información por sí sola no puede determinar
que el cargo desempeñado por la educadora fue del orden
nacionalizado, más aún cuando del análisis integral del oficio se
puede colegir que la calificación otorgada por la entidad territorial
no se derivó de los recursos a los que se cargó la plaza sino al
régimen de pensiones, basando su declaración en una prueba
incongruente con lo avalado.
También es oportuno en este punto traer a colación la otra razón
argüida por el tribunal de origen para tener como probado el
vínculo territorial de la plaza, siendo esta la naturaleza territorial
de la institución educativa en la que la docente laboró, para lo
cual hizo referencia al Decreto Departamental No. 000891 del 30
de septiembre 2002 y a la Ordenanza No. 002 del 12 de mayo del
2000, no obstante, en el análisis del contenido del expediente no
se encuentran los actos referidos y tampoco hizo referencia el a
quo a la ubicación de estos ni informó de qué fuente los obtuvo,
por tanto, este argumento será desestimado en el presente
análisis.
Así las cosas, a partir del material probatorio en comento no fue
posible evidenciar la plaza ocupada específicamente antes de
1980, por lo que, con esta falta de vocación probatoria solo se
generan una serie de interrogantes como los siguientes: ¿quién
realmente realizó el nombramiento de la actora?, ¿lo hizo la
autoridad territorial de manera autónoma o en representación del
Ministerio de Educación Nacional?, ¿hubo intervención del
delegado del MEN en el acto de nombramiento esto en
cumplimiento de los presupuesto de la Ley 43 de 1975 para
calificar la plaza como nacionaliza? ¿por qué el acta de posesión
no se encuentra firmada por las partes?, ¿de dónde obtiene el
departamento de Norte de Santander la información verídica para
calificar la plaza de una u otra manera?, ¿cuál es el fundamento
para poder manifestar con seguridad lo que consignó en el
documento?, ¿tomó el departamento la calidad del régimen de
pensiones e infirió que la misma correspondía al tipo de relación
legal y reglamentaria?, ¿cuál es el sustento de los Formatos
Únicos para la Expedición de Certificado de Historia Laboral? ¿se
fundamentaron en la reconstrucción del expediente y el acta de
posesión que ahora resultan cuestionadas?
Tales cuestionamientos crean una serie de dudas razonables
sobre la credibilidad de las aludidas pruebas documentales y de la
capacidad de estas para acreditar el tipo vínculo de la actora,
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pues no hacen ninguna alusión a la plaza ocupada, y contrario
sensu, crean un ambiente de incertidumbre sobre el relato de los
hechos expuestos en la demanda, pues se evidenció que las
únicas pruebas con la que se buscaba acreditar la categoría de la
reclamante en el periodo laborado antes del 31 de diciembre de
1980 son en esencia inconducentes y, por tanto, incumplen con
uno de los elementos esenciales para que esta tuviera capacidad
demostrativa.
Ello en la medida en que los medios de convicción aportados no
resultan idóneos para corroborar un hecho como el mencionado,
todo por ser documentos con falta de información, soporte y
contraste con otros elementos de prueba, al punto de que crean
una duda justificada, la cual a su vez impide tener como cierto lo
alegado en la demanda respecto al tipo de relación legal y
reglamentaria de la educadora en el lapso bajo análisis.
Opuesto a ello, lo que se encuentra debidamente comprobado a
través del material probatorio aportado a lo largo del proceso es
que la actora sí se desempeñó como educadora oficial de
categoría nacionalizada cuando inició sus labores en el
departamento de Santander a partir del 21 de julio de 1989, es
decir, con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, fecha límite
para acreditar una vinculación viable de ser computada para el
reconocimiento de la pensión gracia. […]
En tal sentido, para demostrar la vinculación de un educador
oficial debe analizarse en primera medida y con preferencia el
acto administrativo de nombramiento para determinar el tipo de
plaza ocupada o la autoridad nominadora, y en su defecto recurrir
a certificaciones inequívocas del empleador para verificar estos
mismos elementos, lo cual no ocurrió con los documentos
allegados al expediente, pues la demandante a fin de demostrar
su labor y vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, aportó
al decreto de reconstrucción de acto administrativo de
nombramiento que no se ajustó a los postulados establecidos
para ello y que aun así tampoco hizo mención a la parte
resolutiva del acto que pretendió rehacer, y acudió a unas
certificaciones laborales emitidas por el departamento del Norte
de Santander que ni siquiera indicaron la categoría docente,
incluso aún con la información suministrada por el departamento
solicitada mediante prueba de oficio en primera instancia no se
logró demostrar la calidad de docente, como ya se analizó al
valorar dicho elemento. […]
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De esta manera, se tiene que el referido postulado adjetivo de la
carga de la prueba se compone de tres principios fundamentales:
i) al demandante le corresponde probar los hechos en que
sustenta la demanda; ii) la parte demandada una vez presenta
excepciones actúa como accionante y, por ende, debe probar los
hechos en que basa su defensa y; iii) se predica la absolución del
demandado si la parte activa no prueba los supuestos de hecho
en que fundamentó la demanda.
En consecuencia, la inobservancia de la mentada carga trae
resultados adversos para la parte que no la satisface, puesto que
al no probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que
la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo
demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de
comprobación.
Por tanto, al evidenciar que el único período computable para
colmar el requisito del tiempo de servicio necesario a fin de
adquirir una pensión gracia, es el comprendido desde el 21 de
julio de 1989 hasta al menos la fecha de presentación de la
demanda, se concluye que la reclamante no satisfizo el requisito
de acreditar un lapso de labor como docente territorial o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, de manera que
resulta inane examinar las demás exigencias para consolidar el
derecho en litigio, pues finalmente este no podría concederse.
En consecuencia, habrá de revocarse el fallo apelado que accedió
a las pretensiones de la demanda y que había condenado en
costas a la entidad apelante, pues contrario a lo manifestado por
el accionante en su demanda y a lo considerado por el tribunal de
origen, no pudo ser corroborada la vinculación territorial o
nacionalizada en el servicio prestado antes del 31 de diciembre de
1980 […]”. (Destacado pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que
la SECCIÓN SEGUNDA elaboró un recuento del marco normativo y
jurisprudencial relacionado con la pensión gracia y, a partir de dicho
análisis, concluyó que para acceder a ese beneficio prestacional los
docentes debían acreditar el cumplimiento de 20 años de servicio y
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la vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31
de diciembre de 1980.
Al realizar un análisis de las pruebas aportadas al expediente señaló
que, aunque no existe duda de que ciertamente la señora NUBIA
ESPERANZA LATORRE CONTRERAS laboró al servicio de la
Gobernación de Norte de Santander como docente durante el
período comprendido entre el 5 de agosto de 1977 al 30 de
noviembre de 1977, observó que de tales documentos no se logró
evidenciar de manera inequívoca el tipo de vinculación de la actora,
toda vez que no se corrobora la plaza que ocupó la actora, pues la
información que reposa en dichos documentos se limita a certificar
únicamente el régimen de pensiones aplicable.
Así las cosas, aseveró que las pruebas arrimadas al proceso no eran
suficientes para acreditar la vinculación territorial o nacionalizada
de la actora durante el tiempo de servicios, esto, al evidenciar que
el acto administrativo con el que pretendía demostrar la vinculación
fue objeto de reconstrucción, pero no pudo otorgársele valor
probatorio a dicho documento, dado que el proceso de
reconstrucción no cumplió con las normas que regulan dicho
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trámite y, por tal razón, no fue posible endilgarle la autenticidad
suficiente.
En ese sentido, para la SECCIÓN SEGUNDA no resultó valido
acceder al reconocimiento de la pensión gracia dado que el único
período computable para cumplir el requisito del tiempo de servicio
fue el comprendido desde el 21 de julio de 1989. Por lo tanto,
concluyó que, la actora no logró probar que laboró como docente
con vinculación territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre
de 1980.
Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en
la providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino
que fueron adoptados a partir del alcance dado a las pruebas
aportadas al plenario y a un análisis de las particularidades fácticas
del mismo.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la
decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía
judicial de la que goza el juez de conocimiento, la SECCIÓN
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SEGUNDA decidió el asunto sometido a su consideración.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos
de forma admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez
de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar
a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del
juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
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En consecuencia, la Sala modificará la decisión de primera instancia
que denegó el amparo solicitado y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir el
requisito general de la relevancia constitucional, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del
requisito general de la relevancia constitucional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
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su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de febrero
de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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