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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05819-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05819-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05819-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05819-01

Accionante: SERGIO ANTONIO MERCADO PARRA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRÉS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos de
procedibilidad / INCIDENTE DE DESACATO – Cumplimiento de la orden de tutela /
DERECHO DE PETICIÓN – Respuesta de la Oficina de Control, Circulación y
Residencia– OCCRE para permisos de trabajo para residentes del archipiélago de
San Andrés, Providencia y .Santa Catalina

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Sergio
Antonio Mercado Parra, actuando en nombre propio, en contra de la sentencia del
19 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 2021 1.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. La parte accionante presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de San Andrés con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, dignidad, trabajo y petición, los cuales considera
vulnerados con ocasión de la expedición de la providencia del 21 de mayo de 2024,
proferida dentro del trámite incidental de desacato núm. 88001-23-33-000-2017-
00081-00.

Hechos relevantes

2. El señor Sergio Antonio Mercado Parra se encuentra inscrito en el Registro Único
de Víctimas – RUV como víctima de desplazamiento forzado en el marco del
conflicto armado interno.

1 Que ingresó para fallo el 16 de enero de 2025.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05819-01
Accionante: Sergio Antonio Mercado Parra
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

3. El 16 de marzo de 2016 presentó una solicitud de permiso laboral ante la Oficina
de Control, Circulación y Residencia del archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina – OCCRE, con fundamento en su situación de vulnerabilidad
socioeconómica y por la necesidad de sostener a su grupo familiar.

4. Debido a la falta de respuesta frente a la petición precitada, en 2017 interpuso
acción de tutela en contra de la OCCRE y la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.

5. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de San Andrés que, por medio
de sentencia del 26 de octubre de 2017, amparó los derechos fundamentales del
accionante y (i) ordenó a la UARIV que revisara la situación concreta del
demandante para que, de ser el caso, le fueran entregadas las ayudas humanitarias
que reclamó y (ii) exhortó a la OCCRE para que se abstuviera de exigir el permiso
laboral al actor y su grupo familiar.

6. Dicha decisión fue impugnada por la OCCRE, recurso que fue resuelto por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que, a través de providencia del 14 de junio
de 2018, modificó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, le ordenó a la
OCCRE que respondiera de fondo la petición interpuesta por el accionante el 16 de
marzo de 2016.

7. El 14 de abril de 2024 el demandante presentó incidente de desacato en contra
de la OCCRE, por considerar que la entidad incumplió con la orden dictada por el
juez constitucional, dado que en la respuesta que recibió se le indicó que sólo los
residentes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen
derecho a trabajar de manera permanente en el departamento, de acuerdo con lo
consignado en el Decreto 2762 de 1991.

8. Por medio de auto del 21 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de San
Andrés negó el incidente de desacato por considerar que la OCCRE sí cumplió con
lo ordenado en la providencia del 14 de junio de 2018.

Pretensiones

9. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“Honorable Magistrado (...) acudo ante Su Despacho en virtud del derecho
a la Tutela Judicial efectiva para que defienda y proteja mis derechos e
intereses legítimos frente a la conducta y actuación de la administración
Accionada que con su respuesta los está lesionando y desconociendo, y
para poder obtener una resolución de fondo ajustada a DERECHO como
manda nuestra Carta Magna. Pido que no se me sigan violando los derechos
fundamentales garantizados a todos los ciudadanos colombianos, estoy
desamparado desde más de 12 años junto con mi familia en la Isla de San
Andrés, estoy inscrito en las listas de la Unidad Administrativa Especial Para
la Atención y Reparación Integral a las Victimas. No se puede pasar por alto
que después de unas consideraciones muy bien sustentadas en primera

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05819-01
Accionante: Sergio Antonio Mercado Parra
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

instancia se me tutelaron los derechos fundamentales al mínimo vital,
dignidad humana, trabajo y en virtud de la tutela judicial efectiva estos
DERECHOS no se me pueden negar con una respuesta de la OCCRE
desacertada y priva[da] de humanidad.”

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte demandante alega que el Tribunal Administrativo de San Andrés erró
al considerar cumplida la orden de tutela del 14 de junio de 2018, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, toda vez que la respuesta de la OCCRE fue
negativa y no garantiza sus derechos fundamentales.

11. Expuso que la OCCRE debía tener en cuenta las excepciones normativas frente
a la población desplazada víctima del conflicto armado, lo cual no sucedió, al
contrario, la entidad se limitó a afirmar que, de acuerdo con el numeral 1º del artículo
5 del Decreto 2672 de 1991, únicamente los residentes del departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina pueden ejercer el derecho a trabajar
permanentemente dentro del territorio del archipiélago.

Trámite en primera instancia

12. Por medio de auto de 30 de octubre de 2024, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela presentada por el señor
Sergio Antonio Mercado Parra y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de San
Andrés como accionado. De igual modo, vinculó a los magistrados integrantes de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, al director o quien haga sus veces de la
UARIV, al gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
y al director o quien haga sus veces de la OCCRE como terceros con interés.

Intervenciones

13. El Tribunal Administrativo de San Andrés solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

14. Sostuvo que el debate planteado en sede constitucional gira en torno a una
controversia legal sobre el cumplimiento formal a una sentencia de acción de tutela
y no sobre la vulneración de derechos fundamentales, además, el actor dispone de
mecanismos judiciales ordinarios para cuestionar la legalidad del acto administrativo
emitido por la OCCRE con el cual dio respuesta negativa a su petición.

15. La UARIV pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva.

16. Las demás partes guardaron silencio.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05819-01
Accionante: Sergio Antonio Mercado Parra
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

La sentencia de primera instancia

17. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de
sentencia del 19 de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la tutela por no
advertir vulneración alguna de derechos fundamentales puesto que la decisión de
negar el incidente de desacato obedeció a que la OCCRE cumplió con la orden de
tutela porque emitió una respuesta clara, congruente y fundamentada sobre la
petición laboral del actor que no solo se limitó a negarla, sino que analizó su
situación particular como víctima de desplazamiento forzado.

18. Sostuvo que, si bien la decisión de la OCCRE fue negativa frente a la solicitud
de permiso laboral presentada por el actor, lo cierto es que, en esa respuesta no
sólo se consideraron las exigencias para la concesión de permisos en el
departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino también la
condición del señor Sergio Antonio Mercado Parra como víctima del conflicto
armado.

19. Expuso que el Tribunal Administrativo de San Andrés, de manera razonable y
proporcional, concluyó en la providencia cuestionada que la OCCRE cumplió con
ordenado, puesto que la respuesta emitida cumplía con los requisitos formales y
materiales ordenados en el fallo de tutela, dado que la entidad concluyó que pese a
que el accionante no cumple con los requisitos exigidos por el numeral 1 del artículo
5 del Decreto 2762 de 1991 que limita el ejercicio de ciertos derechos a los
residentes del departamento con el fin de regular la densidad poblacional, proteger
los recursos naturales y preservar el equilibrio ambiental del archipiélago, objetivos
que fueron avalados por la Corte Constitucional en la sentencia C-530 de 1993.

La impugnación

20. Contra la decisión precitada el accionante presentó impugnación mediante
escrito en cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

21. Le corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De acreditarse, se abordará el estudio de fondo con el fin de establecer
si el Tribunal Administrativo de San Andrés, con la expedición de la sentencia del
21 de mayo de 2024, incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales
alegados por la parte accionante.

Análisis del caso

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
que ponen fin al trámite incidental de desacato.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05819-01
Accionante: Sergio Antonio Mercado Parra
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

22. La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha indicado que la acción
de tutela no procede contra sentencias de tutela, pues “el mecanismo constitucional
diseñado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que
conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisión del propio
Constituyente, es el de la revisión por parte de la Corte Constitucional”2 En este
sentido, los errores de los jueces de instancia son susceptibles de ser conocidos y
corregidos por la Corte Constitucional en sede de revisión.

23. Frente a ello, la Corte ha establecido que la acción de tutela contra providencias
que resuelven un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes
requisitos:

“i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del
caso–; ii) se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración una de las causales específicas (defectos); iii) los argumentos
del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado
por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe
traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente
de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas
en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de
oficio.” 3

24. Como se vio, tratándose de solicitudes de amparo en contra decisiones
proferidas en el trámite de un incidente de desacato, la Corte Constitucional en la
precitada sentencia, SU-034 de 2018, reiteró que el auto que pone fin al incidente
de desacato no es susceptible de apelación4 –recurso que en nuestro ordenamiento
es numerus clausus–. Sin embargo, en caso de que la decisión consista en
sancionar al conminado, forzosamente el superior funcional del juez evaluará en
grado jurisdiccional de consulta la determinación adoptada por el a quo y, si no
existe reparo alguno, aquella quedará en firme.

25. En suma, la tutela contra la decisión que resuelve el incidente de desacato tiene
por objeto determinar si el juez del incidente en cuestión ha tomado una decisión en

2 Sentencia SU-1219 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
3 Al respecto véase la Sentencia SU 034 de 2018.
4 En la sentencia C-243 de 1996 se estableció: “La correcta interpretación y alcance del artículo 52
del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexequibilidad, no puede ser otro que el
que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra
un trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de
apelación, pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado
consulta, cuyo objeto consiste en que el superior jerárquico revise si está correctamente impuesta la
sanción, pero que en sí mismo no se erige como un medio de impugnación. Y ello es así por cuanto
el trámite de la acción de tutela es un trámite especial, preferente y sumario que busca la protección
inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica una especial relevancia del principio de
celeridad.”

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05819-01
Accionante: Sergio Antonio Mercado Parra
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

respeto del derecho al debido proceso, el cual comprende el derecho de acceso a
la administración de justicia, al cumplimiento de las providencias judiciales, a la
debida valoración probatoria, a la contradicción y defensa, entre otros.5

26. Ahora bien, en este contexto, previo a ventilar mediante acción de tutela
cualquier eventual vulneración acaecida en la instrucción de un desacato, es
condición sine qua non que el auto que pone fin al trámite esté debidamente
ejecutoriado:

“[t]al exigencia tiene que ver tanto con las amplias facultades con que cuenta
la autoridad judicial para materializar las órdenes de protección impartidas y
garantizar los derechos fundamentales de quienes intervienen en el trámite
incidental como con el hecho de que las partes puedan hacer valer sus
argumentos y reclamar la práctica de las pruebas que correspondan en ese
escenario. Para esta Corporación, tales aspectos hacen inadmisibles las
tutelas que se dirigen contra decisiones distintas a las que le ponen fin al
incidente”.6

27. Bajo este entendimiento, como presupuesto formal de procedencia –tratándose
del requisito de subsidiariedad–, la Corte ha establecido que para censurar por vía
de tutela una providencia dictada al interior de un incidente de desacato, es
necesario que el respectivo trámite haya culminado, teniendo en cuenta que, como
ya se dijo, el grado jurisdiccional de consulta es la instancia obligatoria donde la
sanción por desacato cobra firmeza.7

28. Aunado a lo anterior, en la jurisprudencia se ha consignado, como presupuesto
material, que la acción de tutela sólo procede de forma excepcional cuando se
materializa una vulneración del debido proceso de las partes. Ello tiene lugar, por
ejemplo, cuando “el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus
funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone
una sanción arbitraria”8, incursionando el funcionario judicial, por esa vía, en alguna
de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

29. En tal sentido, el juez constitucional que asuma el conocimiento de una acción
de tutela enfilada contra providencia dictada en el curso de un incidente de desacato
sólo está autorizado para examinar la observancia del debido proceso al interior del
trámite y la adecuación de la decisión adoptada en virtud del mismo, mas no
puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de tutela, el alcance o contenido
sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la tutela primigenia –salvo que
aquella sea de imposible cumplimiento o ineficaz para garantizar la efectividad del

5 Ver, Sentencia T 013 de 2022.
6 Sentencia T-254 de 2014, M.P: Luis Ernesto Vargas Silva
7 Ver, Sentencia T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa
8 Sentencia T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño

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Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

derecho fundamental amparado9–, pues se trata de un debate que ya fue zanjado,
por ello el juez ha de ceñirse al trámite incidental objeto de estudio.

Requisitos de procedibilidad

30. Señalado lo anterior, el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la
parte accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí
expuesto, (ii) la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria de la providencia enjuiciada, (iii) no se está invocando una irregularidad
procesal, (iv) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración
y los derechos transgredidos y (v) no se trata de una sentencia de tutela.

31. Asimismo, la Sala encuentra que (vi) se cumple con el requisito de relevancia
constitucional dado que los cargos están suficientemente argumentados, teniendo
en cuenta que el actor explicó las razones por las cuales considera que la autoridad
judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad,
trabajo y petición.

32. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección10, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales.

33. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al trámite del incidente de desacato o un medio para
resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos, se trata de un
asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y se justifica en la
medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

34. Adicional a ello, respecto de los requisitos establecidos para que proceda la
tutela contra el auto que revoca el incidente de desacato, se advierte lo
siguiente:

35. En primer lugar, en cuanto a que la decisión dictada en el trámite de desacato
se encuentre ejecutoriada, se tiene que, en efecto, la providencia a la cual la
accionante atribuye la vulneración de sus garantías constitucionales está en firme y
fue dictada luego de culminar los respectivos trámites incidentales. Al respecto, la
sentencia del 21 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, resolvió negar el incidente de desacato instaurado por el señor Sergio

9 Sentencia T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa
10 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05819-01
Accionante: Sergio Antonio Mercado Parra
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Antonio Mercado Parra y, de acuerdo con lo consignado en el artículo 52 del Decreto
2591 de 1991, no fue objeto del grado jurisdiccional de consulta. Por lo anterior, este
requisito resulta acreditado.

36. En segundo lugar, frente a si los argumentos de la accionante son consistentes
con lo planteado en el trámite de los incidentes de desacato, se encuentra que el
accionante a) no trajo a colación alegaciones nuevas, y b) no solicitó nuevas
pruebas. Al contrario, sustentó su reclamo en que la OCCRE debía tener en cuenta
las excepciones normativas frente a la población desplazada víctima del conflicto
armado y con fundamento en ello tramitar su solicitud de permiso.

37. Señalado lo anterior, procede el estudio de fondo del caso concreto.

Caso concreto

38. En el caso bajo estudio la parte accionante aduce una vulneración de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad, trabajo y petición, ocurrida con
ocasión de la expedición de la sentencia del 21 de mayo de 2024, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de San Andrés negó el incidente de desacato propuesto
por el señor Sergio Antonio Mercado Parra en contra de la OCCRE por el presunto
incumplimiento de lo ordenado en la sentencia del 14 de junio de 2018 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

39. Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un error al considerar
cumplida la orden de tutela, toda vez que se desconoció que la OCCRE debía tener
en cuenta las excepciones normativas frente a la población desplazada víctima del
conflicto armado, lo cual no sucedió, al contrario, la entidad se limitó a afirmar que,
de acuerdo con el numeral 1º del artículo 5 del Decreto 2672 de 1991, únicamente
los residentes del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
pueden ejercer el derecho a trabajar permanentemente dentro del territorio del
archipiélago.

40. De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, esta Sala advierte lo
siguiente:

̶ El señor Sergio Antonio Mercado Parra presentó incidente de desacato ante
el Tribunal Administrativo de San Andrés por el presunto incumplimiento de
la orden dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia
del 14 de junio de 2018.

̶ En la orden que se alega como incumplida, la Sección Cuarta de esta
corporación amparó los derechos fundamentales del accionante y resolvió lo
siguiente:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV a adoptar las

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Accionante: Sergio Antonio Mercado Parra
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

medidas necesarias para asegurar la entrega oportuna de la ayuda
humanitaria de emergencia al señor Sergio Antonio Mercado Parra,
reconocida en la Resolución 06001220171593864 de 2017, así como la
ayuda humanitaria de transición y los demás componentes que
garanticen la atención integral que le permita junto con su núcleo
familiar superar el estado de vulnerabilidad, lograr la estabilización
socioeconómica y la reinstalación o retorno a su lugar de origen.

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas –UARIV, además debe brindarle al señor Sergio
Antonio Mercado Parra orientación sobre la atención en salud y la
posibilidad de acceder a los diversos programas dirigidos a la población
en condiciones de desplazamiento, como educación, capacitación,
vivienda, proyectos productivos y empleo con los cuales logrará un auto
sostenimiento económico.

TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Control, Circulación y
Residencia – OCCRE dar respuesta de fondo, clara y precisa a la
petición del señor Sergio Antonio Mercado Parra, radicada el 16 de
marzo de 2016.”

TERCERO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la presente acción
conforme a la parte motiva de esta providencia”.

̶ Por medio del Oficio núm. 33492 de 2019, la OCCRE respondió a la petición
presentada por el accionante en los siguientes términos:

“En atención a su solicitud de la referencia, de manera atenta me
permito manifestarle que el Decreto 2762 de 1991 se implementó con
el fin de controlar la densidad poblacional en el departamento
Archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina, a efectos de
mitigar el impacto generado por la sobrepoblación dada la necesidad de
proteger los recursos naturales y del medio ambiente, frenar el proceso
migratorio acelerado, para ejecutar y dar cabal cumplimiento a las
disposiciones del Decreto en mención. (...)
Respecto a las pretensiones de la petición, es de resaltar, que, si bien
es cierto, el peticionario, señor SERGIO MERCADO PARRA es una
persona víctima del Conflicto Armado — DESPLAZADO y, que, por ello,
merecen especial protección, también lo es, que el Decreto 2762 de
1991 específicamente el artículo 5 del mencionado decreto establece
que “Solo los residentes del departamento archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, podrán ejercer, dentro del territorio del
departamento los siguientes derechos:

1. Trabajar en forma permanente. (...)

En virtud de lo anterior, es claro que corresponde a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Victimas - UARIV, garantizarle al peticionario y a su núcleo familiar la
estabilidad socioeconómica y orientación de empleo con los cuales
logrará un auto sostenimiento, toda vez, que la Oficina de Control de
Circulación y Residencia OCCRE debe actuar en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 2762 de 1991 y demás nomas concordantes
y, por ende, no se acceda a su solicitud de PERMISO, ya que de otro
lado, el Decreto 2171 de 2001 en su artículo 19, señala que el porte de
la tarjeta que identifica la calidad que ostenta todo aquel que se

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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

encuentre en el territorio del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, es obligatorio”.

41. A criterio del Tribunal Administrativo de San Andrés, dicho documento expone
las razones por las cuales se niega el permiso laboral al accionante, por lo que
consideró que no era posible declarar el incumplimiento de la orden de tutela, toda
vez que la entidad sí atendió al fallo proferido por el Consejo de Estado, pese a que
esta respuesta sea adversa a los intereses de la parte accionante.

42. Frente a ello, la autoridad judicial accionada manifestó:

“El documento reseñado hace un recuento de las “razones” para la negativa
del permiso laboral del accionante, en donde independientemente del
desacierto de sus argumentos, en sentido estricto fuerza concluir que la
OCCRE dio cabal cumplimiento al fallo modificatorio por el Honorable
Consejo de Estado que obligaba a la contestación del derecho de petición
incoado por el accionante hacia el año 2016, para lo que a efectos de la
verificación del elemento objetivo sobre el incumplimiento en aras de la
prosperidad de este trámite incidental, ha de concluirse que dicha
abstracción del contenido obligacional de la orden judicial NO existe y por
ello no es dable proceder a la sanción por desacato”.

43. De acuerdo con lo citado, esta Sala encuentra que con la providencia del 21 de
mayo de 2024 no se incurrió en vulneración alguna de derechos fundamentales,
puesto que los argumentos que fundamentaron la decisión del Tribunal
Administrativo de San Andrés no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, sino a
que la autoridad judicial encontró que la OCCRE cumplió con la orden de tutela del
14 de junio de 2018, al haber respondido de forma clara, de fondo y congruente a
la petición interpuesta por el accionante.

44. Asimismo, le asiste razón al a quo al manifestar que la OCCRE no sólo se limitó
a negar el permiso, sino que explicó al accionante que la decisión obedece a que
no cumple con los requisitos exigidos por el numeral 1 del artículo 5 del Decreto
2762 de 1991 y además incorporó un análisis de su situación particular como víctima
de desplazamiento forzado.

45. En este orden de ideas, por las razones señaladas, se confirmará la sentencia
objeto de impugnación que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, de acuerdo con las razones expuestas previamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05819-01
Accionante: Sergio Antonio Mercado Parra
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

III. R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de noviembre de 2024, proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con
las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

11

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