Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05831-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05831-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05831-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05831-01
Accionante: HENRY GIRALDO RICO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO- SECCION SEGUNDA-
SUBSECCION “A”
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción de
tutela con el propósito de reabrir la discusión definida y se pretende convertir la acción de
tutela en una instancia adicional del proceso ejecutivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta1 por la parte accionante
contra la sentencia del 21 de noviembre de 2024, mediante la cual la Sección
Primera del Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia2.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 29 de octubre de 20243, el señor Henrry Giraldo Rico, por medio de
apoderado, presentó acción de tutela contra las providencias del 08 de febrero de
2024 y 18 de julio de 2024, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en el marco del proceso ejecutivo cuyo número de radicado
correspondió a 25000-23-42-000-2020-01042-01 (2341-2022). Les atribuyó a
dichos pronunciamientos judiciales la vulneración de los derechos fundamentales a
la igualdad y al debido proceso.
1“Artículo 1°. (…) Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (…) Las acciones de tutela dirigidas contra
los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.”
2 Sentencia de tutela de primera instancia. Ver Índice SAMAI 015. Documento 001.
3 Fue admitida a través de auto interlocutorio el 31 de octubre de 2024. Asimismo, se vinculó en
calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso al Distrito Capital de Bogotá -
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos y a la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ver SAMAI. índice 005. Documento 001.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05831-01
Accionante: Henry Giraldo Rico
Accionado: Consejo De Estado - Sección Segunda -Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Hechos relevantes
2. El 21 de septiembre de 2020, a través de apoderado judicial, el accionante
radicó demanda ejecutiva en contra de la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo
Oficial del Bomberos de Bogotá D.C cuyo radicado correspondió al radicado núm.
25000-23-42-000-2020-01042-00/01 (2341-2022). El 1° de marzo de 2021, fue
presentada una reforma a la demanda para que se librara mandamiento de pago
“por valor de 275,102,726 pesos por concepto de capital pendiente de cancelar por
la entidad demandada, a liquidar, reliquidar y ordenar pagar en forma parcial e
incompleta por el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 2006 y el 31 de
enero de 2019., es de trescientos cuarenta y tres millones seiscientos sesenta y
cinco mil quinientos cincuenta y un pesos ($343.665.551) Mcte., capital indexado
hasta el 29 de mayo de 2015, fecha de ejecutoria de la sentencia del 12 de marzo
de 2015, proferida por el Honorable Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", que confirmó y aclaró la
sentencia de primera instancia proferida el 22 de noviembre de 2012, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección "A", dentro del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, expediente
25000232500020110047601”4
3. Afirmó el actor que el 12 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, a través de providencia judicial
libró mandamiento de pago parcial por valor de (i) $50.208.560,49 por concepto de
las horas extras debidamente indeseadas a la ejecutoria de la sentencia, (ii)
$4.941.991,83 por la reliquidación de cesantías causadas desde el 10 de noviembre
de 2006 hasta enero de 2019; (iii) $114.396.581,61 por concepto de intereses
moratorios desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta el pago realizado por
la ejecutada de $80.255.110,78 el 3 de noviembre de 2020; (iv) por los intereses
moratorios sobre el saldo insoluto .
4. El 14 de octubre de 2021, al discrepar con la decisión ut supra, el
demandante radicó recurso de reposición y en subsidio apelación, donde solicitó:
REVOCAR los NUMERALES 1 y 2, del RESUELVE, del mandamiento de pago
parcial librado mediante auto, notificado el 11 de octubre de 2021, y en su defecto:
LIBRAR mandamiento de pago en contra de Bogotá D.C - Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, y a favor del señor Henry Giraldo
Rico. 5
4 Ver SAMA. Índice 002. Documento 002. PP 5.
5 Se transcribe de manera literal las pretensiones del recurso: * Librar Mandamiento Ejecutivo de
Pago en contra de BOGOTA D.C – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTÁ, y a favor del señor HENRY GIRALDO RICO, por la suma de doscientos
setenta y cinco millones ciento dos mil setecientos veintiséis pesos ($275.102.726), Mcte; por
concepto de capital pendiente de cancelar por la UAECOB, (entidad demandada), al liquidar,
reliquidar y ordenar pagar en forma parcial e incompleta por el período comprendido entre el 10 de
noviembre de 2006 y el 31 de enero de 2019, la suma de sesenta y ocho millones quinientos sesenta
y dos mil ochocientos veinticinco ($68.562.825) Mcte., cuando la liquidación conforme a los
parámetros de las sentencias de primera y segunda instancia que se ejecutan entre el 10 de
noviembre de 2006 y el 31 de enero de 2019, es de trescientos cuarenta y tres millones seiscientos
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05831-01
Accionante: Henry Giraldo Rico
Accionado: Consejo De Estado - Sección Segunda -Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
5. Frente a lo anterior, señala que el 9 de noviembre de 2021, el despacho
judicial de primera instancia repuso de manera parcial el recurso de reposición, en
lo respectivo al numeral 1 del auto del 12 de octubre de 2021, en virtud de que no
se sumó el recargo del 235% generando de esa manera unas diferencias en los
valores totales a favor del ejecutante. Asimismo concedió el recurso de apelación.
Éste último por factor de competencia funcional fue de conocimiento de la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado. 6
6. El 8 de febrero de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, en el marco del
proceso resolvió revocar el auto del 12 de octubre de 2021 y en su lugar ordenó al
a quo analizar si resultaba viable librar mandamiento ejecutivo, teniendo en cuenta
que, el accionante tenía derecho a) las horas extras diurnas del 25%; b) los recargos
nocturnos del 35%; c) los recargos dominicales o festivos diurnos del 200%; y d) los
recargos dominicales o festivos nocturnos del 235%, en suma, se indicó lo siguiente:
(se transcribe in extenso)
“En esa línea, la Sala observa que en el fallo del 12 de marzo de 2015 se precisó
que el trabajo en días dominicales y festivos se remunera «[...] con un recargo
del 100% sobre el valor del trabajo realizado, sin perjuicio del recargo a que
haya lugar por el trabajo nocturno realizado en día de descanso obligatorio».
Por lo tanto, según el título ejecutivo, cuando se hace referencia a los recargos
dominicales o festivos diurnos del 200 % y noctumos 235 %, se debe
comprender lo siguiente: a) el 200 % está integrado por el 100 % de la
asignación básica más otro 100 % del recargo dominical o festivo (artículo 39
sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos ($343.665.551) Mcte., capital indexado hasta el
29 de mayo de 2015, fecha
Honorable Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección 'B', que confirmó y aclaró la sentencia de primera instancia proferida el 22 de noviembre
de 2012, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección "A*.
dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, expediente
25000232500020110047601, demandante HENRY GIRALDO RICO, demandado BOGOTA D.C. -
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ. Ver
folios 107 a 114, de los anexos
• Incluir además en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar la suma de dinero de
noventa y ocho millones doscientos nueve mil quinientos veinte pesos ($98.209.520) Mcte., por los
intereses moratorios, sobre el capital pagado de sesenta y ocho millones quinientos sesenta y dos
mil ochocientos veinticinco ($68.562.825 Mcte., desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia
proferida el 12 de marzo de 2015, proferida por el Honorable Consejo de Estado - Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B°, es decir, desde el 30 de mayo de
2015, hasta la fecha del pago parcial e incompleto mencionado, es decir, el 3 de noviembre de 2020,
liquidados a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera, obrante en la certificación
original que se allega con la demanda. Ver folios 238 a 242, de los anexos.
• Incluir también en el mandamiento de pago, la orden de reconocer y pagar los intereses moratorios
sobre el capital insoluto o pendiente de cancelar, es decir, sobre doscientos setenta y cinco millones
ciento dos mil setecientos veintiséis pesos ($275.102.726), Mcte, desde el día siguiente a la
ejecutoria de la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado
• Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B* es decir, desde el 30 de
mayo de 2015, hasta la fecha del pago total de la obligación, liquidados a la tasa máxima autorizada
por la Superintendencia Financiera, obrante en la certificación que se allega con la demanda. Ver
SAMAI. Índice 002. Documento 002. PP 316 a 317.
6 Providencia de 12 de diciembre de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
número de radicación 08001-23-33- 000-2016-00727-0001.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05831-01
Accionante: Henry Giraldo Rico
Accionado: Consejo De Estado - Sección Segunda -Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
ibidem), con lo cual se completa «el doble del valor de un día de trabajo por
cada dominical o festivo laborado»; y b) el 235 %, por el 100 % de la asignación
básica, el 100 % del recargo dominical o festivo y el 35 % del recargo por trabajo
nocturno, conforme al artículo 34 ibidem. En conclusión, no se trata de sendos
recargos del 200 % y 235 % como pagos adicionales a la asignación básica,
pues esta se encuentra incluida en tales porcentajes, en la forma explicada.
Adicionalmente, para el caso de los recargos dominicales o festivos nocturnos,
es necesario tener en cuenta que el citado 235 % ya incluye el 35 % de los
recargos nocturnos, por lo cual, si se calculan estos últimos de manera
independiente o separada, no es posible volver a incluirlos, como monto
adicional, en la liquidación de los recargos dominicales o festivos nocturnos,
pues ello implicaría un doble pago de los recargos nocturnos.
De igual manera, en la determinación de las horas extras diurnas no se incluye
el trabajo realizado en dias dominicales y festivos, diurnos y nocturnos, pues
tales conceptos se liquidan por separado, con observancia de la interrelación
de unos y otros.”
7. Manifestó que el 6 de marzo de 2024, el extremo demandante radicó una
solicitud de aclaración y/o adición del auto de 8 de febrero precitado en punto de
referencia a las normas y razones fácticas y jurídicas que soportaron el
desconocimiento del principio de la Non Reformatio In Pejus, frente al apelante
único, “al proceder a decidir respecto al porcentaje que debe observarse para la
reliquidación de los recargos festivos y dominicales diurnos y noctumos del 200% y
235% respectivamente, sin haber sido dichos porcentajes objeto del recurso de
apelación presentado”7
8. El 18 de julio de 2024 la autoridad judicial accionada profirió providencia
negando dicha solicitud, y, resolvió adicionar el auto de 8 de febrero de 2024 y
aclarar que se revocó la providencia de 12 de octubre de 2021 “no para variar el
sentido de la decisión allí adoptada, sino para incluir el análisis sobre el principio de
non reformatio in pejus”.
9. Señaló que, como consecuencia de lo anterior, el 17 de septiembre de 2024,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”,
profirió auto de obedézcase y cúmplase, el cual fue notificado el 19 de septiembre
de 2024.
Pretensiones
10. Solicitó la parte accionante amparar lo siguiente: (se transcribe in extenso,
incluso con los posibles errores)
“PRIMERA: Que el Honorable Consejo de Estado conceda al señor HENRY
GIRALDO RICO, la tutela interpuesta, con el fin de proteger sus derechos
Constitucionales Fundamentales: DERECHO A LA IGUALDAD, Y DERECHO
AL DEBIDO PROCESO, conforme a los artículos 13 y, 29, de la Constitución
Política.
7 Ver SAMAI. Índice 002. Documento 002. PP 354.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05831-01
Accionante: Henry Giraldo Rico
Accionado: Consejo De Estado - Sección Segunda -Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
SEGUNDA: Que el Honorable Consejo de Estado, ampare al señor HENRY
GIRALDO RICO, los derechos Constitucionales Fundamentales: DERECHO A
LA IGUALDAD, Y DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y disponga DEJAR SIN
EFECTOS las decisiones adoptadas por la SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN "A" SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del
CONSEJO DE ESTADO., con la expedición de las providencias proferidas por
esta instancia judicial, el 8 de febrero de 2.024, notificada el 4 de marzo de 2024,
mediante la cual se resolvió el recurso de apelación contra la providencia
proferida el 12 de octubre de 2021, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección "A*, y la providencia proferida
el 18 de julio de 2024 notificada el 31 de julio de 2024, por la cual no se accedió
a la solicitud de aclaración y/o adición de la providencia proferida el 8 de febrero
de 2024; solicitadas por la parte ejecutante. y se resolvió adicionar el auto del 8
de febrero de 2024, con los razonamientos expuestos en esta providencia,
dentro del proceso ejecutivo con Radicación No. 25000-23-42-000-2020-01042-
01 (2341-2022).
TERCERA: Que el Honorable Consejo de Estado, con base en lo anterior.
ordene a la SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN "A", SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del CONSEJO DE ESTADO... que
profiera una nueva providencia, mediante la cual se revoque la providencia
proferida el 12 de octubre de 2021, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección "A*. en reconocimiento de los
derechos fundamentales a la igualdad, y al debido proceso, del accionante
dentro de la presente demanda de tutela, ordenando que la reliquidación de los
recargos dominicales y festivos diurnos y nocturnos, se efectúe tomando como
porcentajes el 200% y 235% respectivamente. con base en lo establecido en
las sentencias que se ejecutan y en observancia del principio de la NON
REFORMATIO IN PEJUS, y que se proceda a pronunciarse sobre las demás
solicitudes planteadas en el recurso de apelación, con base en lo decidido en
las sentencias que se ejecutan” 8
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La parte actora argumentó que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, con las decisiones proferidas el 08 de febrero de 2024 y notificada
el 04 de marzo de 2024, y 18 de julio de 2024, notificada el 31 de julio de 2024,
incurrió en un defecto fáctico en su dimensión positiva, pues considera que se valoró
de forma errónea lo ordenado en las sentencias que se debían ejecutar. Indica el
actor que a su juicio se vulneró el principio de la Non Reformatio In Pejus,
establecido en el artículo 31 de la Constitución Política.
12. Frente a la afectación a dicho principio, afirmó que se materializó por el
desconocimiento de la accionada al proferir las decisiones judiciales objeto de
reproche; además, arguye que el accionante fue el apelante único y se desconoció
la garantía constitucional de ceñirse de manera exclusiva a los cargos objetos de
apelación, sin que ello conlleve a que el fallador pudiera hacer más desfavorable la
8 Escrito de tutela primera instancia. Ver Índice SAMAI N 002. Documento 002. Página 12.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05831-01
Accionante: Henry Giraldo Rico
Accionado: Consejo De Estado - Sección Segunda -Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
situación del apelante único. Asimismo, se refirió a que el desconocimiento de Non
Reformatio In Pejus, convirtió el proceso en una tercera instancia adicional respecto
de las sentencias a ejecutar, lo que conllevó a violentar otros principios
constitucionales, entre ellos, la cosa juzgada, confianza legítima, buena fe y
seguridad jurídica.
13. Lo anterior, debido a que los asuntos colegiados por el juez ad quem del
proceso ejecutivo, debieron ser debatidos en la instancia procesal pertinente, es
decir, el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que culminó con la
sentencia que se ejecuta, más no en una tercera instancia, como la realizada de
manera “arbitraria” en las sentencias objeto de debate. En suma, aduce el actor que
se realizó una interpretación inadecuada del contenido del artículo 39 del Decreto
1042 de 1978 «en lo referente a la liquidación y reliquidación de los recargos
dominicales y festivos diurnos y dominicales y festivos nocturnos», sin que se les
haya dado la oportunidad procesal de controvertirlo.
Trámite en primera instancia
14. Mediante auto interlocutorio emitido el 31 de octubre de 2024, el despacho
del magistrado sustanciador en primera instancia admitió la acción de tutela. En
este auto, se dispuso la notificación a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Se vinculó9 en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso al Distrito Capital de Bogotá - Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos y a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.10
15. Asimismo, se decidió considerar como pruebas válidas los documentos
adjuntos a la solicitud de tutela.11
Intervenciones
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “A”12 quien fungió como ponente de primera instancia, dentro del
9 Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991. Auto admisorio de la
Tutela. Ver índice SAMAI No. 005. Documento 001.
10 De igual manera se concedió personería jurídica al abogado de la parte demandante. Ver SAMAI.
Índice 005. Documento 001. Además, se ofició a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que remitiera, copia física o digital del expediente identificado
con el número de radicación 25000-23-42-000-2020-01042-00/01, contentivo del proceso ejecutivo
promovido por el accionante contra el Distrito Capital de Bogotá - Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos.
11 Allegó como medios de prueba entre otros, poder para actuar; constancia de ejecutoria de la
Sentencia del 19 de octubre de 2015; Sentencia de primera instancia del 22 de noviembre de 2012-
proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho, copia de la providencia del 8 de febrero de 2024,
proferida por el Consejo de Estado, por la que se revocó el auto de del 12 de febrero de 2021, copia
de la solicitud de aclaración y/o adición; copia de la providencia del 18 de julio de 2024, notificada el
31 de julio de la misma anualidad, mediante la que se niega la solicitud de aclaración y/o adición.
Ver SAMAI. Índice 001, 002 y 003.
12 Conforme a lo solicitado en el auto admisorio de la Tutela, el tribunal allega el expediente del
proceso ejecutivo. Ver Índice SAMAI 009.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05831-01
Accionante: Henry Giraldo Rico
Accionado: Consejo De Estado - Sección Segunda -Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
proceso No. 25000-23-42-000-2020-01042-01 (2341-2022) objeto de tutela, allegó
el expediente del proceso de la referencia.
17. En consonancia con lo anterior, precisó que debido a que ni el petitum ni la
causa petendi de la presente acción de tutela refieren, ya sea de forma expresa o
implícita, a que sea dicha Corporación sea la presunta vulneradora de algún
derecho fundamental de la parte accionante, sino que ese reproche fue endilgado
de manera exclusiva a Subsección “A” de la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al no tener en cuenta el principio
de la no reformatio in pejus en la providencia del 8 de febrero de 2024, considera
“que no es plausible realizar pronunciamiento alguno frente a una acción de tutela
sobre la cual no tiene ninguna injerencia, en tanto no es la autoridad a quien se le
imputa la presunta vulneración de los derechos fundamentales”.13
18. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”14 controvirtió lo
indicado por el actor y puso de presente que la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha sostenido que el proceso ejecutivo no es una instancia en la cual se pueda
rehacer o modificar el título ejecutivo, pues la autoridad judicial debe limitarse a
viabilizar el cumplimiento de la obligación respectiva, en los precisos términos en
que fue declarada.
19. Al respecto, explicó que tal como se expuso en los autos del 8 de febrero y
18 de julio de 2024, en la providencia del 12 de marzo de 2015 y que sirve de título
ejecutivo, precisó que el trabajo en días dominicales y festivos se remunera “con un
recargo del 100% sobre el valor del trabajo realizado, sin perjuicio del recargo a que
haya lugar por el trabajo nocturno realizado en día de descanso obligatorio”. Así las
cosas, de acuerdo con el título objeto de recaudo, los recargos dominicales y
festivos, diurnos y nocturnos, no se liquidan con un 200 % y 235 % adicionales a la
asignación básica, sino que en tales porcentajes está incluida esta última.
20. Además, afirmó el Juez ad quem del proceso ejecutivo, que a diferencia de
lo argumentado por el accionante de tutela, no se trató de una modificación del título,
sino del respeto de los términos en que se reconoció el derecho. Y teniendo en
cuenta lo anterior, si el demandante no estaba de acuerdo con la forma en que fue
declarada la obligación, debía hacer uso de las herramientas procesales dentro el
proceso ordinario, pero no trasladar el debate al trámite ejecutivo ni a la acción de
tutela.
21. Distrito Capital de Bogotá - Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bombero,15 hizo referencia a que el mecanismo constitucional no
satisface el requisito de la subsidiariedad, consagrado en el artículo 86 de la
Constitución, atendiendo a que, en caso de desacuerdo con las decisiones del
proceso ejecutivo, el accionante podía acudir al recurso extraordinario de revisión,
13 Ver SAMAI. índice 009. Documento 001.
14 Ver Índice SAMAI 013. Documento 002. PP. 1 a 3
15 Ver índice SAMAI 011. Documento 001. PP 1 a 13.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05831-01
Accionante: Henry Giraldo Rico
Accionado: Consejo De Estado - Sección Segunda -Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
contemplado en el artículo 248 del CPACA, mecanismo idóneo para controvertir
decisiones ejecutoriadas en circunstancias excepcionales.
22. Asimismo, precisó que, el fin esencial de la acción de tutela, es ser un
mecanismo judicial para la protección inmediata de los derechos fundamentales, de
carácter subsidiario, es decir, procede siempre que en el ordenamiento jurídico no
exista otra acción idónea y eficaz para la tutela judicial de estos derechos.
Finalmente argumentó la falta de existencia de un perjuicio irremediable al no
evidenciarse una amenaza inminente a derechos fundamentales que no pudiera ser
conjurada a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial.
La sentencia de primera instancia
23. El 21 de noviembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo constitucional invocado16. Indicó que, en criterio de
la Sala de Decisión, la controversia en cuestión careció de relevancia constitucional
porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional; ii) la parte
accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia con lo que
busca reabrir la controversia que fue resuelta por el juez natural; y iii) la discusión
es de contenido económico.
24. Por lo anterior, adujo la Sala que en los pronunciamientos judicial del 08 de
febrero de 2024 y el 18 de julio de 2024, se pudo evidenciar que el debate planteado
en sede constitucional fue analizado por la jurisdicción contenciosa administrativa y
no se observa que las decisiones proferidas hubiesen sido arbitrarias o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso ejecutivo.
25. Por ello recalcó que de conformidad con los principios de libre valoración de
la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de la
Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las
pruebas dentro del proceso. Concluyendo que, es al juez natural de la causa a quien
le corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la
sana crítica. De acuerdo a lo expuesto, se declaró improcedente el mecanismo
constitucional.
26. Se negó la desvinculación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La impugnación
27. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación,17 y
replicó lo referente a la falta de relevancia constitucional, toda vez que su finalidad
no se constituyó en convertir la tutela en una tercera instancia procesal; ahora bien,
también indica que la discusión que se planteó no es de contenido meramente
16 Sentencia de tutela de primera instancia. Ver índice 015. Documento 01, notificada el 28/11/2024
17 Se presentó impugnación el día 02 de diciembre de 2024. Ver índice SAMAI 018. Documento 01.
PP. 1 a 6.
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Accionante: Henry Giraldo Rico
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
económico, porque se invocaron y alegaron la vulneración de derechos
fundamentales, elementos que expusieron y abordaron con base en los vicios que
a juicio del demandante operaron -defecto fáctico- .
28. El accionante, indicó el cumplimiento fehaciente de los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, reiteró la existencia de un defecto fáctico en su
dimensión positiva, el que de acuerdo a lo alegado se presentó al haberse
interpretado de manera errónea lo ordenado en las sentencias que se buscaban
ejecutar, así como lo establecido en el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, en lo
respectivo a la liquidación y reliquidación de los recargos dominicales y festivos
diurnos y dominicales y festivos nocturnos, situación que generó la omisión del
precedente judicial del Consejo de Estado.
29. En la misma línea argumentativa, precisó que pese a haber agotado o
tramitado todos los mecanismos legales establecidos para controvertir las
decisiones objeto de reproche, se ha confirmado y mantenido la arbitrariedad que
ellas representan, sin que a la fecha exista otro mecanismo judicial que permita la
defensa de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Alegó
que el principio de la No Reformatio In Pejus se vulneró al no haberse ceñido el juez
ad quem del proceso ejecutivo, a pronunciarse únicamente a lo reprochado en la
apelación.
30. Por medio de auto del 11 de diciembre de 202418 se concedió impugnación
y se remitió el expediente de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del
Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado y se comunicó a las partes.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
31. La Sala comparte la decisión adoptada por el a quo, por lo que se confirmará
la improcedencia del presente trámite constitucional, toda vez que no se satisface
el requisito de relevancia constitucional, pues, a pesar que el accionante invocó la
causal específica de procedibilidad de la tutela por defecto fáctico, sus argumentos
están encaminados a obtener una decisión judicial diferente a la adoptada por el
juez de conocimiento, lo que contraría la naturaleza excepcional de la tutela, al
intentar convertirla en una instancia adicional al proceso ordinario, como se expone
a continuación.
32. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que, cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el
examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial
rigor. Esto es necesario para no menoscabar los principios de autonomía e
independencia judicial, así como los de legalidad, cosa juzgada y juez natural, que
son elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por esta razón, la
18 Auto que concede el recurso de impugnación. Ver índice SAMAI No. 021. Documento 001. PP 1.
Notificado el 13 de diciembre de 2024. Ver SAMAI. Índice No. 024. PP. 1.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05831-01
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
procedencia de la acción contra providencias judiciales requiere un mayor rigor en
la fundamentación del vicio que se atribuye a los autos objeto de tutela, y el análisis
sobre el cumplimiento de los requisitos debe limitarse exclusivamente a los
argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.19
33. En este sentido, y en relación con la relevancia constitucional la Corte ha
establecido que dicho requisito cumple al menos con tres finalidades: a) proteger la
autonomía e independencia judicial, evitando que el juez de tutela invada la
competencia del juez natural del caso; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales; y c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para cuestionar las decisiones judiciales.20
34. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos; a saber21 i) que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir el quebrantamiento
de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
19 Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia constitucional supone
que la tutela no se emplee para insistir en las inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario.
Es deber del juez de tutela y de impugnación, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando
como una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia
cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales. En caso de que se trate de los
mismos argumentos es factible que el juez concluya que el mecanismo constitucional se está
empleando como una instancia adicional.
20 Corte Constitucional, Sentencia T–422 del 16 de octubre del 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
21. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Con base en esta premisa, se debe determinar si una
solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:(i) Que el asunto objeto de estudio
realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción
de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela. (ii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido
de la propia decisión cuestionada. (iii) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron
expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural (iv) Que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
35. Además, se debe determinar que el asunto objeto de estudio realmente
involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la
acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para
discutir asuntos -eminentemente económicos o de mera legalidad-, pues ese tipo
de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
36. Es decir que la interposición de una tutela contra una decisión amparada por
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica requiere un ejercicio
argumentativo que va más allá de las simples inconformidades. Por lo que resulta
necesario demostrar de manera suficiente la existencia de un vicio que, desde una
perspectiva constitucional, justifique la intervención del juez de tutela para proteger
las garantías iusfundamentales cuya protección se está solicitando.
37. En este contexto, el reproche de la parte actora refleja no solo una falta de
argumentación para demostrar la afectación constitucional alegada, sino también
una mera inconformidad con la resolución adoptada por el juez natural de la
controversia. Como se ha indicado reiteradamente esta inconformidad por sí sola
no justifica un estudio de fondo de la tutela. Por el contrario, para que proceda la
tutela, no resulta suficiente invocar derechos fundamentales que se consideran
vulnerados, mencionar causales específicas de procedibilidad y expresar un
desacuerdo con la decisión judicial cuestionada.
38. La Sala observa que el defecto fáctico alegado surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión. Para que se demuestre la ocurrencia de este vicio es necesario
que el error en el juicio valorativo de la prueba sea de tal entidad que resulta ser
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en
la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de
la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia22. De tal suerte que los
desacuerdos respecto de la decisión tomada -como ocurre en este caso particular-
no son relevantes desde el punto de vista constitucional, sino que se trata de
disensos propios de la facultad de administrar justicia.
39. Revisado el amparo constitucional, así como el escrito de impugnación, se
evidencia que la parte actora acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir
el debate jurídico suscitado en el proceso ejecutivo 25000-23-42-000-2020-01042-
00/01, que promovió contra el Distrito Capital (Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá); proceso instaurado con el fin de obtener
el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las sentencias dictadas dentro
22 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell), que estableció
que el defecto fáctico se presenta ante errores en el juicio valorativo ostensibles, flagrantes y
manifiestos que inciden en la decisión. Tal interpretación fue acogida, entre otras, por las sentencias
T-086 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-355 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto) y T-146 de 2010 (María Victoria Calle Correa).
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo radicado correspondió
a 25000232500020110047601.
40. Resulta importante realizar un recuento del proceso del cual se deriva la
controversia con el fin de dilucidar que, lo que busca el recurrente es reactivar el
debate jurídico de dos procesos ordinarios, cuando lo cierto es que, el mecanismo
judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una instancia
adicional del proceso. En suma, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho el juez de primera instancia el 22 de noviembre de 2012, concluyó que¨
“Entonces, al estar demostrado el trabajo ordinario en días dominicales y
festivos de manera habitual por parte del señor Henry Giraldo Rico al servicio
del Cuerpo de Bomberos de Bogotá; sin embargo, ése (sic) trabajo
suplementario habitual es consecuencia del descanso previo de 24 horas y
posterior de 24 horas más, razón por la cual no hay lugar al reconocimiento de
días compensatorios.
[.]
También se encontró demostrado que siempre ha desarrollado su trabajo en un
horario consistente en turnos de 24 horas de labor por 24 horas de descanso,
sin devengar horas extras, disfrutando el tiempo compensatorio bien por trabajo
ordinario en días domingos y festivos o por exceso de horas extras, solo
devengo recargos ordinarios nocturnos del 35% y festivos diurnos (200%) y
nocturnos (235%), pero estos últimos liquidados sobre una jornada ordinaria de
240 horas mensuales, y no 220.
Una vez se determinó que el actor tiene derecho a reclamar el reconocimiento
de trabajo suplementario reclamado y los recargos impetrados habrá lugar por
tanto a la reliquidación de las prestaciones sociales, incluyendo las cesantías e
intereses por este concepto, sin que en el presente caso opere el fenómeno de
la prescripción trienal, toda vez que la petición elevada por el actor ante la
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos fue el 10 de
noviembre de 2009 y las reclamaciones solicitadas son las a (sic) partir del 10
de noviembre de 2006.
En ese orden de ideas, la Sala la declarará la (sic) nulidad de los actos
acusados; y ordenará el reconocimiento y pago de 50 horas extras mensuales
al demandante, el reconocimiento y pago de un día compensatorio por cada 8
horas extras que excedan las 50 horas extras, reliquidación de las prestaciones
sociales del actor donde sea factor salarial el trabajo suplementario, lo anterior
a partir del 10 de noviembre de 2006 hasta el cumplimiento de la sentencia.”
41. Lo anterior fue confirmado por el 12 de marzo de 2015, por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y se indicó lo siguiente:
“’ con un recargo del 100% sobre el valor del trabajo realizado, sin perjuicio del
recargo a que haya lugar por el trabajo nocturno realizado en día de descanso
obligatorio». Por lo tanto, según el título ejecutivo, cuando se hace referencia a
los recargos dominicales o festivos diurnos del 200 % y nocturnos 235 %, se
debe comprender lo siguiente: a) el 200 % está integrado por el 100 % de la
asignación básica más otro 100 % del recargo dominical o festivo (artículo 39
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05831-01
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
ibidem), con lo cual se completa «el doble del valor de un día de trabajo por
cada dominical o festivo laborado»; y b) el 235 %, por el 100 % de la asignación
básica, el 100 % del recargo dominical o festivo y el 35 % del recargo por trabajo
nocturno, conforme al artículo 34 ibidem. En conclusión, no se trata de sendos
recargos del 200 % y 235 % como pagos adicionales a la asignación básica,
pues esta se encuentra incluida en tales porcentajes, en la forma explicada.
Adicionalmente, para el caso de los recargos dominicales o festivos nocturnos,
es necesario tener en cuenta que el citado 235 % ya incluye el 35 % de los
recargos nocturnos, por lo cual, si se calculan estos últimos de manera
independiente o separada, no es posible volver a incluirlos, como monto
adicional, en la liquidación de los recargos dominicales o festivos nocturnos,
pues ello implicaría un doble pago de los recargos nocturnos.
De igual manera, en la determinación de las horas extras diurnas no se incluye
el trabajo realizado en días dominicales y festivos, diurnos y nocturnos, pues
tales conceptos se liquidan por separado, con observancia de la interrelación
de unos y otros”.
42. Ahora bien, tal como se expuso en el auto del 8 de febrero de 2024 el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
“A”, en la providencia del 12 de marzo de 2015, se precisó que el trabajo en días
dominicales y festivos se remunera con un recargo del 100% sobre el valor del
trabajo realizado, sin perjuicio del recargo a que haya lugar por el trabajo nocturno
realizado en día de descanso obligatorio. Así las cosas, de acuerdo con el título
objeto de recaudo, los recargos dominicales y festivos, diurnos y nocturnos, no se
liquidan con un 200 % y 235 % adicionales a la asignación básica, sino que en tales
porcentajes está incluida esta última, de la siguiente manera:
“el trabajo en días dominicales y festivos se remunera «[…] con un recargo del
100% sobre el valor del trabajo realizado, sin perjuicio del recargo a que haya
lugar por el trabajo nocturno realizado en día de descanso obligatorio». Por lo
tanto, según el título ejecutivo, cuando se hace referencia a los recargos
dominicales o festivos diurnos del 200 % y nocturnos 235 %, se debe
comprender lo siguiente: a) el 200 % está integrado por el 100 % de la
asignación básica más otro 100 % del recargo dominical o festivo (artículo 39
ibidem), con lo cual se completa «el doble del valor de un día de trabajo por
cada dominical o festivo laborado»; y b) el 235 %, por el 100 % de la asignación
básica, el 100 % del recargo dominical o festivo y el 35 % del recargo por trabajo
nocturno, conforme al artículo 34 ibidem. En conclusión, no se trata de sendos
recargos del 200 % y 235 % como pagos adicionales a la asignación básica,
pues esta se encuentra incluida en tales porcentajes, en la forma explicada. ”23
43. Por lo anterior, el juez ad quem, revocó el auto del 12 de octubre de 2021,
que había sido repuesto de manera parcial, al considerar la existencia de algunas
inconsistencias en la liquidación realizada por el juez ad quo, como se expuso en la
parte considerativa del caso sub judice. En ese contexto, a diferencia de lo que
adujo el accionante de tutela, no se trató de una variación al título ejecutivo sino en
la celosa observancia de los términos en que fue restablecido el derecho. Teniendo
en cuenta lo anterior, si el demandante no se encontraba de acuerdo con la forma
23 Auto del 08 de febrero de 2024. Expediente (2341-2022)
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05831-01
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
en que fue declarada la obligación, debía hacer uso de las herramientas procesales
dentro el proceso ordinario, más no extrapolar el debate al trámite ejecutivo ni a la
acción de tutela.
44. Ahora, en lo referente al principio de non reformatio in pejus, la Sala estima
que dichos aspectos probatorios fueron decantados con suficiencia, en el auto del
18 de julio de 2024 de la siguiente forma:
“(…)
Sin embargo, no se hizo referencia al principio de non reformatio in pejus a
pesar de que el actor fue apelante único. En consecuencia, se adicionará el
auto del 8 de febrero de 2024, no para variar el sentido de la decisión allí
adoptada, sino para incluir el análisis sobre el principio aludido, en los siguientes
términos:
El juez de segunda instancia puede analizar temas que no fueron planteados
por el apelante único en su recurso, a fin de proteger el principio de legalidad,
cuando advierta que, de no hacerlo, se podrían consolidar situaciones en
contravía del ordenamiento jurídico; es decir, se trata de asegurar un interés
que resulta constitucionalmente superior al interés individual del recurrente.
En este punto, es necesario resaltar que la pretensión del actor consiste en
ejecutar la obligación contenida en el título ejecutivo. Por lo tanto, la decisión
adoptada por la Sala no resulta contraria al interés de aquel, pues lo que se
trata es, justamente, de corregir la actuación adelantada por el Tribunal, una
vez se advirtió que el mandamiento de pago no se libró siguiendo los términos
exactos de la sentencia del 12 de marzo de 2015.
Finalmente, vale la pena destacar que, en el recurso de apelación interpuesto
contra el auto del 12 de octubre de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el señor Henry Giraldo
Rico controvirtió aspectos íntimamente relacionados con la liquidación
efectuada por el Tribunal, tales como el valor del día de trabajo y la fórmula
utilizada para determinarlo; el cálculo de los recargos del «235%» en noviembre
de 2012; y los intereses moratorios causados sobre un capital que, a juicio del
propio actor, habría estado equivocado. Es decir, los argumentos planteados en
la apelación generaron la necesidad de analizar las fórmulas que utilizó el
Tribunal en su liquidación y los porcentajes de remuneración incluidos en ellas,
motivo por el cual. [en gracia de la discusión, se estructuró el supuesto
excepcional de que trata el artículo 328 del Código General del Proceso,
conforme al cual no se puede hacer más desfavorable la situación del apelante
único, «salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar
puntos íntimamente relacionados con ella»
Por las razones anotadas, la Sala concluye que en este asunto están dadas las
condiciones para inaplicar, de manera excepcional, el principio de no reformatio
in pejus, en aras de evitar la configuración de situaciones contrarias al orden
jurídico, que comprometen irregularmente el patrimonio público.
(…)”
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05831-01
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
45. Por lo anterior, la Sala colige que el tema relacionado con los porcentajes
para liquidar las horas extras diurnas, recargos nocturnos, recargos dominicales o
festivos diurnos y los recargos dominicales o festivos nocturnos, fue analizado con
suficiencia en los autos del 8 de marzo y 18 de julio de 2024 de cara al título ejecutivo
y al principio de la no reformatio in pejus, sin que en la demanda de tutela asumiera
la carga argumentativa de demostrar por qué la interpretación que efectuó la
autoridad judicial de segunda instancia respecto del título ejecutivo afectaba sus
derechos fundamentales. En ese mismo sentido, la Sala considera que se trata de
una discusión de naturaleza legal sobre la cual el juez constitucional carece de
competencia para intervenir.
46. Frente al alegado desconocimiento del precedente judicial, -cargo
reprochado en la impugnación- es preciso indicar que no es ese el escenario judicial
para introducir argumentos novedosos que no fueron planteados desde el inicio de
la acción constitucional. Con todo, el escrito de tutela no explica cuál es la incidencia
del mismo, ni se permite indicarlos. En consecuencia, se reitera en esta oportunidad
que la acción de tutela contra providencias judiciales “es concebida como un ‘juicio
de validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado 24, lo que se
opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de
los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que
dieron origen a la controversia”25, Como se expresó con claridad en la Sentencia
SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos
de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial”.
47. Por lo anterior, se confirmará la sentencia impugnada, que declaró la
improcedencia del trámite constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
24 Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó:
“(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en
la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina
Pardo Schlesinger)”.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05831-01
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2024, por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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