Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05835-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05835-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05835-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
3 de febrero de 2025
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05835-00
Demandante: Farid Garizado Arrieta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05835-00
Demandante: Farid Garizado Arrieta
Demandado: Presidencia de la República y otros
Temas: Tutela por omisión en resolver petición. Incumplimiento de requisito
de procedibilidad. Privilegio de la decisión previa.
SENTENCIA DE PRIMERA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela presentada por Farid Garizado Arrieta en contra de
la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, el municipio de
Valledupar-Secretaría de Gobierno, el Banco Agrario de Colombia, la Fiduprevisora,
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Transporte, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales, la Agencia Nacional de Infraestructura; el Instituto Nacional de Vías
(Invías), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación; la
Contraloría General de la República, la Superintendencia de Industria y Comercio, el
departamento del Cesar, la Personería Municipal de Valledupar, la Corporación
Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), la Empresa de Servicios Públicos de
Valledupar (Emdupar S. A. E. S. P.), la Constructora Ariguaní S. A. S. y Yuma
Concesionaria S. A.
1. Antecedentes
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Demandante: Farid Garizado Arrieta
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Farid Garizado Arrieta, actuando en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutele su derecho fundamental al agua, como fuente de
vida y presupuesto ineludible para la realización de otros derechos constitucionales
como la salud, la vivienda, el saneamiento ambiental y la dignidad humana. Como
consecuencia de lo anterior, solicitó que se emitan las siguientes ordenes:
ORDENAR […] enviar evidencia [de] que nos encontramos inscritos en el Registro Único
Nacional de Damnificados – RUNDA de cada una las personas.
ORDENAR al Ministerio de Vivienda el acatamiento del fallo, al encontrarnos en un
estado de vulnerabilidad para que se den las órdenes impartidas por parte del
magistrado y, a su vez, delegar por parte del Ministerio de Vivienda la visita e
inspección ocular a las viviendas que se vieron afectadas por la ola invernal hace dos
años. Somos personas sujetos de este derecho constitucional para una vivienda digna,
sin mayores trámites al encontrarnos en un estado de vulnerabilidad y en varias
sentencias de la Corte, independiente de esta sentencia, obligan a las entidades
diligenciar, gestionar y tramitar a nuestro beneficio los subsidios de vivienda
correspondientes. En este caso el subsidio del Programa CAMBIA MI CASA que es un
programa del gobierno nacional dirigido a personas vulnerables que habitan en áreas
urbanas y rurales en condiciones habitacionales inadecuadas como es nuestro caso.
ORDENAR al Ministerio de Vivienda firmar los convenios con la Gobernación del Cesar y
la Alcaldía Municipal de Valledupar para el mejoramiento de vivienda y el acatamiento
de la orden impartida por la Corte Constitucional en el plan de mejoramientos de
viviendas.
ORDENAR la protección del derecho fundamental de naturaleza autónoma y subjetiva
por cuanto en diferentes sentencias se reconoce que el agua es fuente de vida y
presupuesto ineludible para realizar otros derechos, como la salud, la vivienda y el
saneamiento ambiental fundamentales, para la dignidad humana, protección de todos
estos derechos fundamentales y es una necesidad personal que permite gozar de
condiciones materiales de existencia.
PROTECCIÓN especial a mi núcleo familiar para poder desarrollar nuestras actividades
básicas cotidianas y poder acceder al agua potable como uno de los grandes
beneficios que se tiene.
ORDENAR una respuesta, clara, precisa, concreta y de fondo del por qué debiendo de
haber diligenciado todo ante el municipio, no me otorgan la cometida si ya tenemos
todos los requisitos de ley y cumplimos a cabalidad.
ORDENAR y REQUERIR a la Alcaldía Municipal y a la Personería Municipal de Valledupar.
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Adicionalmente, de las respuestas presentadas por la Alcaldía Municipal de Valledupar
y la Personería Municipal de la misma ciudad, se observa que, si bien esas autoridades
dieron respuesta al Auto de 6 de mayo de 2024, no contestaron de forma completa los
cuestionamientos contenidos en la mencionada providencia. En estos términos, se les
requerirá para que den respuesta completa a los literales (e), (g), (h), (i), (j) y (k). En lo
que tiene que ver específicamente con el literal (g), el magistrado sustanciador destaca
que, a pesar de que el municipio allegó un censo con la identificación de las personas
afectadas por la inundación ocurrida en octubre de 2022, esa información es distinta a
la solicitada en el Auto de 6 de mayo de 2024, referida a una caracterización de la
población que habita actualmente el corregimiento de Aguas Blancas. Además, la
información aportada tampoco refiere si en la población existen niños, adultos
mayores, mujeres, mujeres en estado de embarazo, personas en situación de
discapacidad, personas que hagan parte de comunidades étnicas y otras personas en
condición de vulnerabilidad.
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Es damnificado por la inundación ocurrida en el corregimiento de Aguas Blancas
del municipio de Valledupar (Cesar), vía doble Calzada Bosconia, en atención a la
ola invernal del año 2022 y la construcción de la doble calzada entre los municipios
de Bosconia y Valledupar (Ruta del Sol).
ii) Por tal razón, junto con varios de los afectados presentaron diferentes peticiones y
acciones de tutela.
iii) Para la fecha de presentación de la acción de tutela, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aún no le ha pagado el subsidio, pese a
estar incluido en el RUNDA (Registro Único Nacional de Damnificados).
1.2. Actuación procesal
1.2.1. Mediante auto del 12 de noviembre de 2024, se inadmitió la acción de tutela y
se requirió al accionante para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación
del proveído, allegara memorial aclaratorio, en el que: i) hiciera una narración clara,
concreta y cronológica de los hechos que daban origen al agravio de sus derechos
fundamentales, por parte de todas y cada una de las autoridades, organismos,
asociaciones y entidades demandadas dentro de la causa; ii) expusiera las razones
por las cuales presentaba la acción en contra de todos los demandados, expresando
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las acciones u omisiones en las que incurrieron y que trasgredieron sus derechos
fundamentales, debiendo referir si presentó derechos de petición que no fueron
contestados de manera congruente y de fondo por aquellos, allegando los
consecutivos y fechas en que realizó las radicaciones y las copias de las solicitudes
presentadas; iii) indicara a qué hacía referencia cuando señaló: «procesos de tutela,
providencias judiciales (como la del 6 de mayo de 2024), y posibles desacatos a
dichas providencias», para lo cual debería aportar el radicado completo del proceso o
procesos a los que alude, y señalara las autoridades judiciales que adelantaron
dichos procesos y las providencias emitidas, allegando copia de estas; iv) señalara si
ha presentado solicitudes ante alguna autoridad, entidad u organismo municipal o
nacional o particular, en relación con la acometida de acueducto que le permita
abastecerse de agua en su predio, evento en el cual debería aportar fecha y
consecutivo de radicación, así como copia de la solicitud; y v) manifestara con mayor
claridad su situación con respecto a los subsidios e indemnizaciones a los cuales
refiere tener derecho (RUNDA, CAMBIA MI CASA), y que no ha recibido, dando cuenta de
cuáles son las autoridades que no han dado cumplimiento a su pago efectivo y
allegando la documental necesaria para establecer la existencia de dichas
obligaciones, así como los posibles derechos de petición presentados ante esas
entidades (fechas y consecutivos de radicación, copias de las solicitudes, etc).
1.2.2. A través de auto del 12 de noviembre de 2024, se requirió al accionante para
que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, atendiera
los requerimientos ordenados en el auto del 12 de noviembre de 2014, en atención a
que se abstuvo de corregir la demanda.
1.2.3. Por medio de auto de 16 de diciembre de 2024, se admitió la acción de tutela,
pese a que el accionante hizo caso omiso de los requerimientos efectuados, y en
consecuencia, se ordenó notificar del proveído, en calidad de accionados, a la
Presidencia de la República, a la Vicepresidencia de la República, a la Alcaldía
Municipal de Valledupar; a la Secretaría de Gobierno de Valledupar, al Banco Agrario
de Colombia, a la Fiduprevisora S. A, al Ministerio del Interior, al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al
Ministerio de Transporte, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, a la Agencia Nacional de
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Infraestructura, al Instituto Nacional de Vías (Invías), a la Defensoría del Pueblo, a la
Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a la
Superintendencia de Industria y Comercio; a la Gobernación del Cesar, a la
Personería Municipal de Valledupar, a la Corporación Autónoma Regional del Cesar
(Corpocesar), a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar S. A. E. S.
P.), a la Constructora Ariguaní S. A. S., y a Yuma Concesionaria S. A., remitiéndoles
copia de la solicitud de tutela para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien
lo tenían, y rindieran el respectivo informe.
De igual forma, se requirió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres para que rindiera informe en el que señalara la situación actual del registro
en la base de datos RUNDA, y acreditara el correspondiente pago de subsidio a favor
del señor Farit Emerit Garizado Arrieta, relacionado con su condición de damnificado
por la inundación acaecida en el Corregimiento de Aguas Blancas, municipio de
Valledupar (Cesar); se requirió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para
que rindiera informe en el que indicara la situación actual de registro, en la base de
datos del programa MI CASA YA o cualquier otro programa de fomento de vivienda, en
el que se encontrara registrado el señor Farit Emerit Garizado Arrieta, y acreditara si
este ha recibido algún tipo de subsidio como consecuencia de su inscripción; y se
requirió a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (EMDUPAR) S.A. E.S.P. para
que señalara si el señor Farit Emerit Garizado Arrieta ha presentado solicitud para la
instalación de acometida de agua potable en su predio, ubicado en el Corregimiento
de Aguas Blancas, municipio de Valledupar (Cesar), y en caso afirmativo, rindiera
informe del estado actual de dicha petición.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(DAPRE). La asesora del Grupo de Defensa Judicial, Carolina Jiménez Bellicia, solicitó
denegar las pretensiones de tutela con respecto de la Presidencia y la
Vicepresidencia de la República. Señaló que a pesar de que el accionante, en su
escrito de tutela, afirmó haber radicado un derecho de petición ante su intancia, se
procedió a consultar con el Grupo de Correspondencia de la entidad, y a través del
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radicado CERT24-004940/GFPU 13081012 del 18 de diciembre de 2024, el Área de
Correspondencia certificó que bajo el nombre y número de documento del accionante
no se había allegado ninguna petición.
1.3.2. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La
apoderada Linet Joanna Trigos Nuñez solicitó declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la entidad o, en su defecto, declarar improcedente la acción, en
atención a lo siguiente:
i) La UNGRD tiene como competencia esencial dirigir la implementación de la gestión
del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, así como
coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), por tanto, no tiene responsabilidad ni
participación en las situaciones expuestas por el accionante, esto es, en la
construcción, mantenimiento, instalación o supervisión de acometidas de agua
potable, infraestructura de servicios públicos o de transporte. Además, una vez
consultadas las bases de datos de la entidad no se encontró que el accionante haya
presentado algún derecho de petición.
ii) No obstante, se solicitó información a la Subdirección General de la UNGRD,
Subgrupo de Ayudas Económicas A Jefas y Jefes de Hogar, el cual, mediante correo
electrónico de fecha 19 de diciembre de 2024, informó lo siguiente: «El señor Emerit
Garizado Arrieta, se encuentra en estado de REINTEGRO para el programa de “Entrega
de Ayudas económicas a Jefas y Jefes de Hogar Damnificados”, lo cual significa que
al beneficiario ya se le había programado previamente un giro para ser reclamado en
los puntos de pago autorizados, pero por alguna razón no le fue posible retirar el
dinero. Por lo anterior, la persona debe ser reprogramada en otro ciclo de pagos de
reintegros. Estos ciclos no se emiten muy a menudo debido a que implican un pago
de recursos adicionales en comisión interbancaria por su reprogramación. Sin
embargo, el beneficiario será incluido en el próximo ciclo que se gestione, que será
en los primeros meses del año 2025. En cuanto a la programación del pago,
dependo netamente de las aprobaciones internas de la entidad y de la disponibilidad
de recursos para poder emitir la dispersión, por lo cual no puedo confirmar una fecha
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específica de desembolso. No tengo información respecto a otros subsidios que la
persona haya podido recibir».
1.3.3. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El apoderado
Rodrigo Alfredo Mariño Montoya solicitó declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva, dados los siguientes argumentos:
i) La ANLA no tiene dentro de sus funciones implementar las acciones encaminadas a
brindar soluciones de agua potable y saneamiento básico o el pago subsidio o
indemnizaciones como las que se mencionan en el escrito. Adicionalmente, de
acuerdo con la consulta realizada al Grupo de Gestión Documental, en el Sistema de
Información de Licencias Ambientales (SILA), en el Sistema de Gestión documental y
Procesos (SIGPRO), y en el Sistema de Gestión Documental (ORFEO), no se evidenció
que el señor Farit Emerit Garizado Arrieta haya presentado la solicitud de la petición
que contenga lo relatado en el libelo.
ii) No obstante, el señor Farit Emerit Garizado Arrieta si presentó una petición con
contenido distinto, que si bien fue radicada ante otra entidad, en su momento se le
dio respuesta. Lo que en su momento solicitó, junto con otras 16 personas, fue que
se diera respuesta a una solicitud de información que le la Corte constitucional les
había hecho a estas personas. La ANLA contestó en tiempo y de fondo, dando
respuesta a las peticiones masivas, mediante radicado de respuesta
20242200444501 del 21 de junio de 2024, que como se dijo, es distinto a la solicitud
que ahora es objeto de acción de tutela, también de manera masiva.
iii) Adicionalmente, se resalta que el accionante adjuntó como anexo un auto que
decretó pruebas, emitido por la Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión de
Tutelas, en el expediente T-10.023.657, cuyos presupuestos fácticos son distintos al
objeto de estudio en la presente acción de amparo. Situación que puede inducir a
error al despacho del juez constitucional pues el auto no aplica como precedente y
en este caso corresponde a una situación distinta a la que es objeto de la acción de
amparo en el caso concreto.
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1.3.4. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La abogada Glenys del
Carmen Hernández Banquet solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la entidad y, por tanto, desvincularla del trámite de tutela. Señaló que una
vez revisada la base de datos no se encontró que el accionante haya presentado
algún derecho de petición; además, que la responsabilidad de proveer gestión de
subsidios corresponde al municipio, por lo que es la Alcaldía de Valledupar la
llamada a responder por los hechos de tutela.
1.3.5. El Ministerio de Vivienda. La abogada Leandra Patricia Millán Garzón solicitó
declarar improcedente la acción por temeridad y, también, la falta de legitimación en
la causa por pasiva de la entidad y, por contera, su desvinculación del trámite de
tutela, en atención a las siguientes circunstancias:
i) En el asunto se presenta temeridad, dado que se han presentado múltiples
acciones de tutela con iguales hechos y pretensiones, y una misma identidad de
sujetos, en tanto se registra igual dirección de correo electrónico del remitente, esto
es, tutelaslaboral1965@gmail.com, por lo que es del caso remitir el expediente para
su acumulación al proceso 20001-31-21-002-2024-00126-00, Actor: Arianis Yaribel
Ochoa Márquez, tramitado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de
Restitución de Tierras de Valledupar.
ii) En todo caso, verificado el número de cédula del accionante en el Sistema de
Gestión Documental GESDOC, se evidenció que este no ha presentado ninguna
petición por los hechos manifestados en la acción de tutela.
ii) En relación con la tutela T-10023657, que se encuentra en Sala de revisión de la
Corte Constitucional, se encuentra que las últimas actuaciones fueron la del 25 de
junio de 2024, en la que se suspendieron los términos para fallar, y la del 23 de
septiembre siguiente, en la que se registró proyecto de sentencia. Sobre el asunto, el
Ministerio no ha sido notificado de ninguna decisión de fondo, ni tampoco de órdenes
que se le hayan dado como consecuencia de dicho trámite de tutela.
iv) En lo referente al programa «Cambia mi casa», es de señalar que es una iniciativa
que se encuentra en ejecución, en el marco del convenio de cooperación con el
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municipio de Valledupar. Actualmente, se adelanta el proceso de priorización de los
barrios donde se llevará a cabo el programa de mejoramiento de vivienda, razón por
la cual es importante que la ciudadana se acerque a las instalaciones de Fonvisocial,
entidad descentralizada de vivienda para el municipio de Valledupar, para estar al
tanto si el barrio donde vive será objeto de esta iniciativa del gobierno. Por tal razón,
el Ministerio no es competente para postular hogares a mejoramientos de vivienda y
no tiene ninguna orden actual que le de esta priorización.
1.3.6. El Ministerio de Transporte. El coordinador del Grupo de Defensa Judicial,
Jorge Guillermo Salazar Chávez, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva del ente ministerial, puesto que no es de su competencia o
responsabilidad el realizar el pago del apoyo monetario destinado a los afectados por
el fenómeno «La Niña» y que se encuentran registrados en el Registro Único
Nacional de Damnificados (RUNDA), al igual que tampoco tiene competencia para
gestionar los trámites administrativos en dicho registro. De igual forma, solicitó la
acumulación de la acción constitucional conforme al artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto
1069 de 2015, respecto a las denominadas tutelas masivas, dado que en diferentes
juzgados se han radicado acciones de tutela de contenido y naturaleza similar.
1.3.7. La Gobernación del Cesar. La jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Blanca
Katiusca Sánchez Jiménez, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva, en atención a lo siguiente:
i) Los hechos narrados están relacionados con las afectaciones que se han
producido en el corregimiento de Aguas Blancas perteneciente al municipio de
Valledupar producto de las obras del proyecto Vial Ruta del Sol III del que deviene un
Contrato de Concesión vial celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI) con el Concesionario YUMA, es por ello que el departamento del Cesar no tiene
injerencia en su desarrollo.
ii) El pago de la ayuda económica por situación de desastre natural «Fenómeno de
La Niña» decretado por el gobierno Nacional a través del Decreto 2113 de 2022,
debe ser pagado directamente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastre (UNGRD), siempre y cuando se encuentren registrados en el RUNDA.
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iii) En lo que tiene que ver con los auxilios de vivienda, es de señalar que como ente
departamental se tiene la voluntad de ayudar y contribuir con las necesidades de la
población para acceder a la vivienda digna, es por ello que en el caso puntual de
mejoramiento de vivienda actualmente se ha realizado la postulación para participar
con 900 mejoramientos de vivienda urbanos y rurales en la convocatoria del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en los municipios de San Diego, El
Copey, La jagua, Chiriguaná, La Gloria, González, Chimichagua, Astrea, Curumaní y
La Paz. Por su parte el municipio de Valledupar se postuló de forma independiente
como ciudad Capital, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma
Urbana de Valledupar (FONVISOCIAL), de manera que es necesario que el accionante,
como residente del corregimiento de Aguas Blancas, deba solicitar la inclusión
directamente al municipio de Valledupar.
1.3.8. La Personería Municipal de Valledupar. La personera Dina Margarita
Zabaleta Molina solicitó la desvinculación del trámite de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, dadas las siguientes circunstancias:
i) Como ministerio público no han trasgredido los derechos invocados por el
accionante, pues siempre han estado prestos a responder las solicitudes impetradas
ante la entidad; no obstante, en el caso no se allegó petición ni escrita ni verbal.
Empero, se puede evidenciar que los mismos hechos y requerimientos fueron
presentados por otras personas del corregimiento de Aguas Blancas, en otras
acciones de tutela, entre estas, la de la señora Yanelis Gutiérrez Movila, a la que se
le dio contestación el día 10 de mayo de 2024.
ii) En consideración a que el accionante no desagregó sus hechos ni tampoco
manifestó con claridad el marco fáctico que soporta sus pretensiones, no les consta
que no haya recibido el pago de los subsidios solicitados, ni que este cumpla con los
requisitos establecidos por el Gobierno Nacional para su reconocimiento. Lo anterior,
por cuanto el subsidio RUNDA es otorgado por la Unidad Nacional para la Gestión de
Riesgo de Desastres y el subsidio CAMBIA MI CASA o por el Ministerio de Vivienda.
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1.3.9. El Banco Agrario de Colombia. El representante legal de la entidad
financiera, Roberto Carlos Ducuara Manrique, solicitó su desvinculación del trámite
de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a lo siguiente:
i) No se evidencia cómo entidad bancaria, en calidad de intermediario financiero, ha
vulnerado derechos fundamentales del accionante; sin embargo, se colige que la
causa de su inclusión surge con el fin de proporcionar información concerniente a los
giros realizados en favor de Farit Garizado Arrieta, por concepto del subsidio RUNDA
Registro Único Nacional de Damnificados.
ii) Sobre el particular, se advierte que los recursos fueron devueltos al cliente
convenio, dado que no fueron cobrados por el beneficiario en los días establecidos,
según se pasar a señalar:
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que prevé que
«[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la
República [...] serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo
de Estado», en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25 del Acuerdo
080 de 2019, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de
Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente acción de tutela.
2.2. Problema jurídico
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Demandante: Farid Garizado Arrieta
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad y, en caso de resultar afirmativo, se analizará, en
segundo lugar, si en el asunto se configura la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
2.3. Sobre la procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 constitucional y que se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones elevadas en ejercicio del mecanismo de
amparo, comoquiera que el ordenamiento jurídico ha establecido diversas acciones
ordinarias encaminadas, igualmente, a la defensa de los derechos, las cuales no se
pueden pasar por alto.
Por ello, el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia1 ha reiterado que el juez de tutela debe analizar los asuntos que
llegan a su conocimiento observando estrictamente el carácter subsidiario y residual
de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos
medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger el derecho que se
alegue como conculcado, o cuando a pesar de que se disponga de otro medio de
defensa judicial idóneo, se acuda a la acción de tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse.
De no tenerse en cuenta los referidos parámetros el juez constitucional desconocería
el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en contravía del
sistema jurídico.
1Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre muchas otras.
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2.4. Análisis de la Sala.
El señor Farid Garizado Arrieta, actuando en causa propia, solicita la protección de
su derecho fundamental al agua, como fuente de vida y presupuesto ineludible para
la realización de otros derechos constitucionales como la salud, la vivienda, el
saneamiento ambiental y la dignidad humana, los cuales estima vulnerados por la
Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, el municipio de
Valledupar-Secretaría de Gobierno, el Banco Agrario de Colombia, la Fiduprevisora,
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Transporte, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales, la Agencia Nacional de Infraestructura; el Instituto Nacional de Vías
(Invías), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación; la
Contraloría General de la República, la Superintendencia de Industria y Comercio, el
departamento del Cesar, la Personería Municipal de Valledupar, la Corporación
Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), la Empresa de Servicios Públicos de
Valledupar (Emdupar S. A. E. S. P.), la Constructora Ariguaní S. A. S. y Yuma
Concesionaria S. A.
Como sustento de tutela alega que es damnificado por la inundación ocurrida en el
corregimiento de Aguas Blancas del municipio de Valledupar (Cesar), consecuencia
de la ola invernal del año 2022 y la construcción de la doble calzada entre los
municipios de Bosconia y Valledupar (Ruta del Sol), por lo cual ha presentado, junto
con varios de los afectados, diferentes peticiones y acciones de tutela.
En tal sentido, presentó como pretensiones, entre otras, que se ordene al Ministerio
de Vivienda i) el acatamiento del fallo para que se den las órdenes impartidas por
parte del magistrado —sin especificar a qué fallo hace referencia—; ii) delegar o
realizar la visita e inspección ocular a las viviendas que se vieron afectadas por la ola
invernal hace dos años; y iii) firmar los convenios con la Gobernación del Cesar y la
Alcaldía Municipal de Valledupar para el mejoramiento de vivienda y el acatamiento
de la orden impartida por la Corte Constitucional en el plan de mejoramientos de
viviendas; y asimismo, que se ordene a la Alcaldía Municipal y a la Personería
Municipal de Valledupar dar efectiva respuesta a lo requerido por la Corte
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Constitucional en el Auto del 6 de mayo de 2024, en específico, los literales e), g), h),
i), j) y k); providencia judicial, que de acuerdo al anexo aportado con el escrito de
demanda, fue adoptada dentro del trámite de tutela con radicación T-10.023.657. De
igual forma, que se ordene al municipio de Valledupar brindar una respuesta, clara,
precisa, concreta y de fondo del por qué, pese a haber diligenciado y cumplido los
requisitos de ley, no le han otorgado la cometida.
Pues bien, de la revisión del libelo, en el que no se aportó ninguna prueba que
soportara las pretensiones, como de las contestaciones ofrecidas por las accionadas,
se encuentra que además de que el accionante no especificó los reclamos
presentados en contra de las autoridades accionadas, tampoco se aprecia del
plenario ninguna petición presentada ante su instancia, a efectos de que fuera en
sede administrativa, en la que se determinara, en primer término, la viabilidad de
salvaguardar los derechos fundamentales que se estiman vulnerados, en
preservación del principio del privilegio de la decisión previa.
En efecto, se alega que existe vulneración del derecho fundamental al agua, puesto
que el municipio de Valledupar no ha brindado una respuesta, clara, precisa,
concreta y de fondo del por qué, pese a haber diligenciado y cumplido los requisitos
de ley, no le han otorgado la acometida; y además, que el Ministerio de Vivienda no
ha cumplido con lo dispuesto por la Corte Constitucional, en el proceso T-
10.023.657, en torno al plan de mejoramiento de viviendas.
Es cierto que la jurisprudencia constitucional ha señalado que «cuando se esté ante
una presunta amenaza o vulneración del derecho al agua de una persona de
especial protección constitucional,2 el análisis de procedibilidad puede estar sujeto a
exigencias menores»;3 sin embargo, también ha especificado que la acción de tutela
procede para solucionar controversias surgidas con la prestación del servicio público
de agua cuando: «i) el agua está destinada al consumo humano domiciliario; ii) la
falta de prestación del servicio afecta otros derechos como la vida en condiciones
2 En la sentencia T-115 de 2023, señaló que «determinados grupos de personas o comunidades
gozan de una garantía reforzada al derecho fundamental al agua, de modo que cuando el juez decida
sobre su suministro, debe tener especial precaución cuando se encuentra frente a niños o niñas,
personas de la tercera edad, en situación de discapacidad o gravemente enfermas, mujeres en estado
de embarazo o lactancia, o en condición de debilidad manifiesta, así como cuando se trata de
hospitales, centros penitenciarios o carcelarios o establecimientos educativos».
3 Sentencia T-096 de 2023.
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dignas y la salud; y iii) se establece que quien reclama la protección de este
derecho fundamental ha realizado actuaciones mínimas ante la empresa que lo
está vulnerando.4
Asimismo, es cierto que de acuerdo con la Corte Constitucional «el goce efectivo del
derecho fundamental a la vivienda supone la exigencia para el Estado de adoptar las
medidas tendientes a asegurar que los grupos más vulnerables de la sociedad
puedan acceder a un lugar de residencia adecuado que garantice unas condiciones
mínimas de habitabilidad, asequibilidad y disponibilidad de servicios, de manera que
permita desarrollar de manera digna el proyecto de vida a quienes habiten en ella5»;
pero este derecho también está sujeto al procedimiento administrativo dispuesto para
su otorgamiento, lo que quiere decir, que no es un derecho que se haga exigible de
manera inmediata y directa.
En el caso no se supera el análisis de subsidiariedad, pues pese a que el accionante
manifiesta que es damnificado por una inundación ocurrida en el corregimiento de
Aguas Blancas del municipio de Valledupar (Cesar), de lo que puede colegirse que
se trata de una persona en condición de debilidad manifiesta, no lo es menos que no
demostró haber desplegado alguna actuación ante el ente municipal y/o empresa de
servicio público prestadora del servicio de agua, a efectos de lograr la instalación de
la acometida requerida; ni tampoco ante el Ministerio de Vivienda para acceder al
plan de mejoramiento de vivienda, máxime cuando lo que se extrae sobre el
particular es que lo querido es que se ordene el cumplimiento de una providencia
judicial emitida dentro de un proceso de tutela que se adelanta ante la Corte
Constitucional, lo cual escapa de la competencia del presente juez constitucional,
pues tal cometido corresponde solicitarlo dentro de la instancia judicial que tiene a
cargo el proceso de tutela.
A su turno, se extrae que aun cuando en el precario escrito de tutela el accionante
menciona que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD)
aún no le ha pagado el subsidio, pese a estar incluido en el RUNDA (Registro Único
Nacional de Damnificados), no lo es menos que en la contestación ofrecida por la
4 Sentencia T-712 de 2014.
5 Sentencia T-311 de 2016.
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entidad, esta dejó en claro que a su instancia no se había allegado ninguna petición
ni requerimiento en orden a buscar el pago del subsidio reclamado.
No obstante, refirió que con ocasión de la acción de tutela solicitó información de la
Subdirección General de la UNGRD, Subgrupo de Ayudas Económicas A Jefas y Jefes
de Hogar, la cual informó que «al beneficiario ya se le había programado
previamente un giro para ser reclamado en los puntos de pago autorizados, pero por
alguna razón no le fue posible retirar el dinero», por lo que «ser[ía] incluido en el
próximo ciclo que se gestione, que será en los primeros meses del año 2025»;
información que el Banco Agrario de Colombia corroboró en su contestación, pues
este informó que: «los recursos fueron devueltos al cliente convenio, dado que no
fueron cobrados por el beneficiario en los días establecidos», en tal sentido, se insta
al accionante para que proceda a acercarse ante la UNGRD, en orden a pedir
información sobre el próximo ciclo de pago.
Así las cosas, se tiene que lo peticionado con el mecanismo de amparo es la
declaración de derechos que no ha tenido un desarrollo ante la administración y ello
torna improcedente a la acción de tutela, pues el accionante pretermitió la instancia
administrativa que bien podría garantizar la materialización de los derechos
invocados como vulnerados.
Por tanto, se impone en el caso el respeto por el privilegio de la decisión previa,
según el cual, por regla general, la administración pública, a diferencia de los
particulares, no puede ser llevada a juicio si previamente no se le ha solicitado un
pronunciamiento sobre la pretensión que se propone someter al juez.
De esta forma, se evidencia que la presente acción de tutela no supera el examen de
procedencia requerido y, en todo caso, no se encuentra dentro de los alegatos
presentados por el señor Farid Garizado Arrieta la existencia de algún perjuicio de
carácter irremediable que justifique la flexibilización del requisito de subsidiariedad.
En tal sentido, se concluye que en el asunto se configura la causal de improcedencia
de la acción de tutela contenida en el numeral 1º, del artículo 6, del Decreto 2591 de
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1991, que corresponde a la «existencia de otros recursos o medios de defensa
judiciales al alcance».
3. Conclusión
En el caso, al evidenciarse que el accionante no requirió o presentó alguna petición
ante las diferentes autoridades contra las que acciona, se impone a la Sala declarar
improcedente la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Farid
Garizado Arrieta, dadas las consideraciones que preceden.
Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
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