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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05842-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05842-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva del presente proveído. Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05842-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05842 00
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca

Temas: Tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de los derechos
a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No cumple el
requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de
tutela presentada a través de apoderado por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR) contra el Tribunal Administrativo del Cauca, para que se protejan sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia cuya violación le atribuye a la sentencia del 11 de agosto de
2022, dictada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 19001 33 33 009 2018 00013 01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Pretensiones

La entidad accionante solicita lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05842 00
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

PRIMERO. – Que el H. Consejo de Estado tutele la protección (sic) los derechos
fundamentales de mi prohijada a la [i]gualdad (artículo 13 C.N.), al acceso a la
administración de justicia (artículo 229 ibidem) y al debido proceso (artículo 29
ibidem) por una configuración de vía de hecho.

SEGUNDO. – Se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 11
de agosto de 2022, por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del [proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho] radicado bajo partida
19001333300920180001301 ejecutoriada el 6 de septiembre de 2022, y en su
lugar se establezca que la prima de actividad y la prima de antigüedad reconocidas
al señor PINO SALAZAR COSME WILLIAM por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
POLICÍA NACIONAL en la Resolución No. 2604 de 2024 (sic), en los porcentajes de
prima de actividad en el 50 % y la prima de antigüedad en el 22 % se encuentran
ajustados a derecho conforme el Decreto 2070 de 2003.

TERCERO. – Se ordene al Tribunal Administrativo del Cauca, dictar nueva
providencia en la que se revoque la sentencia 218 de fecha 23 de octubre de 2019,
proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Popayán, y se nieguen las
súplicas de la demanda por encontrarse ajustados a derecho los actos
administrativos llevados a juicio, esto es la Resolución No. 2604 del 31 de mayo
de 2004 y el Oficio No. E-00003-201721003-CASUR-ID-266701 del 25 de
septiembre de 2017, y ser improcedente el incremento de las partidas de primas
de actividad en un 28 % y antigüedad en un 56 % bajo los parámetros de la
interpretación excesiva del artículo 24 del Decreto 2070 de 2003.

CUARTO. – Que el juez de tutela dicte providencia de remplazo en el evento que la
accionada (sic) sean renuentes en el cumplimiento de la orden constitucional.

QUINTO. – Que se impartan las demás órdenes, previsiones y comunicaciones
conforme lo exija la naturaleza de esta acción de tutela.

SEXTO. – Se adopten las decisiones que en derecho correspondan, en aras de
proteger los derechos constitucionales aquí señalados y otros que el juez de tutela
evidencie vulnerados, en virtud del principio [iura novit curia].

2.2. Hechos

Por medio de la Resolución 2604 del 31 de mayo de 2004, se reconoció y ordenó el
pago de asignación mensual de retiro a favor del señor William Cosme Pino Salazar a
partir del 16 de abril de 2004, en cuantía equivalente al 78 % del sueldo básico y las
partidas legalmente computables para el grado, por haber acreditado un tiempo de
servicios de 22 años, 3 meses y 10 días al servicio de la Policía Nacional, según lo
dispuesto en los Decretos 1213 de 1990, 1791 de 2000 y 2070 de 2003.

El referido señor mediante petición elevada el 19 de septiembre de 2017, radicada bajo
el ID 264939 solicitó la reliquidación de lo correspondiente a la prima de actividad y la

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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

prima de antigüedad de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 del
Decreto 2070 de 2003, la cual fue negada a través del Oficio E-00003-201721003-
CASUR-ID-266701 del 25 de septiembre de 2017, porque la primera se le reconoció en

un porcentaje del 50 % y la segunda en un 22 %, en atención al tiempo de prestación
de servicios que acreditó.

Inconforme con la decisión acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho para que se declararan nulos los anteriores actos, y, en consecuencia, se
dispusiera la reliquidación, pago y reajuste de la asignación de retiro, aumentando las
partidas reclamadas del 50 % al 78 % y del 22 % al 78 %, respectivamente, de acuerdo
con lo previsto en el numeral 24.2 del artículo 24 del Decreto 2070 de 2003.

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán profirió sentencia el 23 de
octubre de 2019, accediendo a las pretensiones de la demanda. Contra esa decisión
interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del
Cauca en sentencia del 11 de agosto de 2022, en el sentido de confirmar el fallo de
primera instancia, la cual quedó ejecutoriada el 6 de septiembre de 2022.

2.3. Fundamentos jurídicos

La accionante aduce la vulneración de sus derechos a la igualdad, al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, por cuanto el Tribunal Administrativo del
Cauca realizó una aplicación errada de la norma al caso concreto, configurándose la
causal de defecto material o sustantivo.

Lo anterior, porque la alta corporación realizó una errónea interpretación del artículo
24 del Decreto 2070 de 2003, al otorgarle al derecho allí establecido unos efectos
excesivos de interpretación, además de ordenar una aplicación desbordada de la
norma al caso concreto.

En el presente asunto, el retiro del agente ocurrió el 16 de enero de 2004, y los tres
meses de alta finalizaron el 16 de abril de 2004, como consta en la hoja de servicios;
en ese orden, la norma aplicable para el reconocimiento y pago de su asignación

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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

mensual de retiro era el Decreto 2070 de 2003, tal y como lo dispuso en la Resolución
2604 del 31 de mayo de 2004.

La sentencia del 23 de octubre de 2019, proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Popayán, interpretó de manera inexcusable, extensiva y
erróneamente el contenido del artículo 24 del Decreto 2070 de 2003, por medio del
cual se establecen los porcentajes que se deben conceder al liquidar la asignación
mensual de retiro conforme al tiempo de servicios en la institución, pero no indica la
forma ni la cuantía que integran las partidas de prima de actividad y prima de
antigüedad.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Cauca en la providencia del 11 de agosto
de 2022, compartió la hermenéutica del a quo y desestimó los argumentos del recurso
de alzada, lo que configura una vía de hecho que vulnera los derechos invocados en
el libelo introductorio, ya que se efectuó una exégesis desmedida de la norma para
conceder la prima de actividad en un 28 % más para llevarla del 50 % al 78 % y la de
antigüedad en un 56 % para elevarla del 22 % a un 78 % invocando el numeral 24.2
del artículo 24 del Decreto 2070 de 2003.

2.4. Actuación procesal

Por medio de proveído del 7 de noviembre de 2024, se requirió a la abogada Lizeth
Andrea Mojica Valencia para que aportara poder especial, extendido con el lleno de
los requisitos legales.1 El 19 de noviembre de 2024, se allegó memorial de
subsanación de la demanda.

La acción de tutela se admitió mediante auto del 27 de noviembre de 2024, que ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca, como demandados.
Así mismo, se dispuso notificar al señor Cosme William Pino Salazar que actuó como
parte demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento con

1 «Constituido, bien sea: a) mediante presentación personal o, en su lugar, b) acogiéndose íntegramente

a la Ley 2213 de 2022, aportando la prueba de otorgamiento a través de mensaje de datos (a modo de
ejemplo, con la captura de pantalla del envío […] desde el correo electrónico del accionante, etc.).
Además, para este último supuesto, el poder contendrá el correo electrónico del apoderado, que deberá
coincidir con el consignado en el Registro Nacional de Abogados»

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05842 00
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

radicado 19001 33 33 009 2018 00013 00 [01] como tercero interesado en las resultas
de este proceso, para que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de
defensa, rindieran el respectivo informe.

2.5. Intervenciones

Tanto la autoridad demandada como el vinculado a este proceso guardaron silencio,
pese a que fueron debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al
inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,2 que dispone que «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

3.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) contra la sentencia del 11 de agosto
de 2022, que profirió el Tribunal Administrativo del Cauca dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001 33 33 009 2018 00013

2 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

01.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un medio de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este
mecanismo de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones
ordinarias que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se
pueden pasar por alto.
Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

3.4. Hechos probados

3 Corte Constitucional, Sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-

972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.

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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

El 19 de diciembre de 2017, el señor Cosme William Pino Salazar, por medio de
apoderado, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
que se declararan nulos la Resolución 2604 del 31 de mayo de 2004 y el Oficio E-
00003-201721003-CASUR Id: 266701 del 25 de septiembre de 2017, emitidos por la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), a través de los cuales se le
reconoció y ordenó pagar asignación de retiro.4

El 23 de octubre de 2019, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán
profirió sentencia dentro del proceso con radicación 19001 33 33 009 2018 00013 00,
en la que dispuso lo siguiente:5

PRIMERO.- DECLARAR la NULIDAD PARCIAL de la Resolución N° 02604 del 31 de
mayo de 2004, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de una asignación
de retiro al actor.

SEGUNDO.- DECLARAR la NULIDAD TOTAL del oficio con radicado […] 201721003 del
25 de septiembre de 2017, que negó el reajuste de la asignación de retiro en las
partidas prima de actividad y prima de antigüedad.

TERCERO.- CONDENAR a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL a
reajustar la asignación de retiro al señor COSME WILLIAM PINO SALAZAR [...] respecto
de las partidas prima de actividad y prima de antigüedad, con fundamento en el
Decreto 2070 de 2003.

La partida prima de actividad se reajustará en un 28 %, para un total del 78 % y la
partida prima de antigüedad se reajustará en un 56 %, para un total del 78 %.

Una vez efectuado el reajuste ordenado, reconocerá el mayor valor dejado de
percibir respecto de la asignación de retiro otorgada al señor COSME WILLIAM PINO
SALAZAR mediante la Resolución N° 02604 del 31 de mayo de 2004 y hasta la fecha
de la ejecutoria de la presente providencia y en adelante reconocerá la asignación
reajustada en los términos anteriores.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional pagará las diferencias
resultantes de la reliquidación que aquí se ordena, debidamente indexadas con
base en el IPC, conforme al artículo 187 del CPACA, siguiendo la fórmula
jurisprudencialmente aceptada por el Consejo de Estado y mencionada en
precedencia.

En el evento que la entidad, haya realizado pagos por los reajustes aquí anotados,
los mismos deben descontarse en la respectiva liquidación de la condena.

CUARTO.- DECLARAR la prescripción de las asignaciones mensuales de retiro
causadas con anterioridad al 19 de septiembre de 2014.

4 Índice 18, del expediente electrónico.
5 Índice 18, del expediente electrónico.

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Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

QUINTO: SIN CONDENA en costas.

[…]

El 11 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca, al desatar el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión anterior, resolvió lo
siguiente:6

PRIMERO. - CONFÍRMAR la Sentencia N° 218 del 23 de octubre de 2019, proferida
por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. - CONDENAR en costas a la parte demandada, de conformidad con las
razones expuestas.

[…]

El 30 de agosto de 2022, se notificó electrónicamente a las partes el fallo del 11 de
agosto de 2022, según lo dispuesto en el artículo 203 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y quedó ejecutoriado el 6 de
septiembre de 2022.7

3.5. El caso concreto

Considera la Sala que en el presente asunto no se cumple con el requisito de
inmediatez, por cuanto la providencia objeto de censura se dictó por el Tribunal
Administrativo del Cauca el 11 de agosto de 2022, se notificó electrónicamente a las
partes el 30 de agosto de ese año y, quedó ejecutoriada el 6 de septiembre de 2022,
mientras que la solicitud de tutela se radicó en la Ventanilla Virtual de esta corporación
el 29 de octubre de 2024;8 por consiguiente, transcurrieron dos años, un mes y
veintitrés días desde cuando quedó en firme el proveído que se demanda y la
interposición de la presente acción, lo que supera el término de seis meses que señaló
la Sala Plena de esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de
tutela contra providencia judicial.

6 Índice 18, del expediente electrónico.
7 Índice 18, del expediente electrónico.
8 Índice 2, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05842 00
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

Si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de
caducidad, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en virtud del carácter
preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, esta debe
interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento
generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, con el
fin de proteger derechos de terceros, impedir que el amparo se convierta en un factor
de inseguridad jurídica, y evitar su uso como herramienta supletoria de la negligencia
en la agencia de derechos, desnaturalizando con ello la finalidad de la acción.9

Según se dejó visto, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante decisión del 5 de
agosto de 2014,10 explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando
el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se
encuentran en juego los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica,
criterios por los cuales acogió, como regla general, un plazo de seis meses contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, de manera que en el asunto que
se examina se evidencia la pretermisión del principio de inmediatez.

Con todo, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la razonabilidad del plazo
se debe determinar de conformidad con los hechos de cada caso concreto, por lo que
a modo de desarrollo jurisprudencial se han identificado tres excepciones que justifican
el transcurso de un lapso prolongado entre la vulneración del derecho y la interposición
de la acción, así:

(i) Ante la existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser,
por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término
razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que
hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir,
su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos
continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la
exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad
a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación
de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.

9 La Sentencia T-187 de 2012, presenta la línea jurisprudencial al respecto.
10 Consejo de Estado, Sala Plena. Radicado 11001 03 15 000 2012 02201-01 (IJ), Demandante: Alpina

Productos Alimenticios S. A.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05842 00
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato
preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.11

Así las cosas, el examen de inmediatez no se reduce a verificar el paso del tiempo
entre el hecho generador de la vulneración de un derecho fundamental y la formulación
de la demanda de tutela, sino que, además, comprende la valoración de la
razonabilidad del plazo, estimación sujeta a los hechos que configuran el asunto
concreto y que se debe efectuar por el juez de tutela atendiendo los criterios fijados
por la Corte Constitucional.

Siendo del caso analizar la razonabilidad del término para acudir a la acción de tutela,
la Sala extrae que el asunto no se adecua a ninguna de las excepciones traídas por la
Corte Constitucional para hacer procedente su estudio. Lo anterior, porque la
accionante no justifica ni siquiera menciona el motivo de la tardanza en el uso de la
solicitud de amparo.

Es necesario precisar que el requisito de inmediatez no responde a motivaciones
caprichosas, sino a la protección del orden judicial y social, partiendo del presupuesto
de que cuando una persona realmente encuentre afectados sus garantías
fundamentales de forma grave, acudirá inmediata y diligentemente al juez
constitucional para solicitar su restablecimiento.

Así las cosas, no se evidencia que en el asunto se supere el examen de inmediatez
requerido, pues además de que se excedió el término previsto como prudencial para
la interposición de la acción, no se acreditó la ocurrencia de circunstancias que
justifiquen la tardanza en su presentación; en consecuencia, la solicitud de amparo
resulta improcedente.
IV. CONCLUSIÓN

11 Sentencias T-433 de 2016, T-584 de 2011, T-1028 de 2010, T-792 de 2007 y, T-158 de 2006, entre

otras.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 05842 00
Demandante: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

La Sala concluye que en el caso la acción de tutela es improcedente para atacar la
providencia del 11 de agosto de 2022, que profirió el Tribunal Administrativo del Cauca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
19001 33 33 009 2018 00013 01, porque no se cumple con el requisito de inmediatez
y no se acreditaron las razones que justificaran la pretermisión del tiempo para acudir
al mecanismo de amparo.

En tal sentido, la Sala declarará improcedente la acción interpuesta por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), de acuerdo con los argumentos expuestos en
la parte motiva del presente proveído.

Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM

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