Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05846-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05846-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05846-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05846-00
Accionante: Consorcio de Servicio de Tránsito y Transporte
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05846-00
Accionante: Consorcio de Servicios de Tránsito y Transporte
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medios de control de
controversias contractuales y de nulidad y restablecimiento del derecho. Subtema 2:
contrato estatal, requisito de constar por escrito. Subtema 3: defectos sustantivo,
fáctico y procedimental absoluto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por el Consorcio de Servicios de Tránsito y Transporte en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Consorcio de Servicios de Tránsito y Transporte presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
audiencia, a la defensa, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, que
consideró vulnerados por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, con ocasión del fallo de segunda instancia proferido el 11 de septiembre de
2024 dentro del proceso con radicado núm. 76001-23-33-000-2017-01359-00/01, que
declaró la inexistencia del contrato de concesión y la caducidad del medio de control
de nulidad y de restablecimiento del derecho.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el trámite
constitucional, la Sala encuentra los siguientes hechos relevantes:
1
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Accionante: Consorcio de Servicio de Tránsito y Transporte
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
2.1.1. El Consorcio de Servicios de Tránsito y Transporte, (el Consorcio), presentó
demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales1 en contra
del municipio de Ginebra, Valle del Cauca, con las pretensiones de que el juez
administrativo anulara las resoluciones 286 del 13 de octubre de 2016, que declaró el
incumplimiento del contrato de concesión núm. 001 de 2012 y la caducidad de este; y
287 de esa fecha, que resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición
interpuesto en contra de la anterior resolución; y, en consecuencia, que ordenara el
pago de los perjuicios materiales y morales causados.
2.1.2. El asunto correspondió conocerlo, bajo radicado núm. 76001-23-33-000-2017-
01359-00, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. El municipio de Ginebra
contestó a la demanda2 que no suscribió un contrato con el Consorcio porque el
documento en el que el alcalde aceptó la oferta no constituye este; y que el concejo
municipal no autorizó la celebración del negocio de concesión, aspecto necesario de
conformidad con el artículo 32 de la Ley 136 de 1994; cargos que sustentaron las
excepciones de «nulidad absoluta» y de «inexistencia del contrato».
2.1.3. En sentencia de primera instancia del 31 de marzo de 20223, se declaró la
nulidad de las resoluciones 286 y 287 del 13 de octubre de 2016 y se condenó en
abstracto al municipio de Ginebra. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
encontró que la entidad demandada no otorgó las oportunidades procedimentales
adecuadas al consorcio para ejercer su defensa; desatendió lo dispuesto en el artículo
86 de la Ley 1474 de 2011; y, declaró la caducidad por eventos anteriores a la
ejecución del contrato que no constituían su grave incumplimiento y que le eran
atribuibles al contratante.
2.1.4. La parte demandada interpuso recurso de apelación4 en contra de la anterior
decisión, para lo cual, en términos generales, adujo que no fueron resueltas de fondo
las excepciones de inexistencia y de nulidad del contrato.
2.1.5. En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió sentencia el 11 de septiembre de 20245 en la que revocó el fallo del
31 de marzo de 2022; declaró probada la excepción de inexistencia del contrato
formulada por la parte demandada; declaró la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho; y, condenó al consorcio en costas.
El alto tribunal explicó que el contrato que pretendió celebrar el municipio de Ginebra
era de concesión, motivo por el cual, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 80 de
1993, se trataba de un negocio sometido al Estatuto General de Contratación de la
1 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05846-00, índice 13, certificado 0A24AF4A025D23EA
993650AD0C604E7F 7DCE34D18BA3AAAD 104B246C8F1FD1C2, archivo denominado
«057ED_CUADERNO2pdf».
2 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05846-00, índice 13, certificado 0A24AF4A025D23EA
993650AD0C604E7F 7DCE34D18BA3AAAD 104B246C8F1FD1C2, archivo denominado
«056ED_CUADERNOPRINCIPALPAR», págs. 282 a 313.
3 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05846-00, índice 13, certificado 0A24AF4A025D23EA
993650AD0C604E7F 7DCE34D18BA3AAAD 104B246C8F1FD1C2, archivo denominado
«056ED_CUADERNOPRINCIPALPAR», págs. 368 a 399.
4 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05846-00, índice 13, certificado 0A24AF4A025D23EA
993650AD0C604E7F 7DCE34D18BA3AAAD 104B246C8F1FD1C2, archivo denominado
«18_ALLEGAMEMORIAL_GARCIARADICADO20», págs. 1 a 18.
5 Samai, exp. núm. 76001-23-33-000-2017-01359-01, índice 24, certificado 11F49F02144905A5
E2580526CC5CDB4A 3CC54DFADCE46E4C 5B50AE4BE6F71E48.
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Administración Pública6. Además, indicó que, en los términos de los artículos 397 y 418
de la referida ley, el contrato debía constar por escrito, formalidad ad substantiam actus
sin la cual el acuerdo no quedaba perfeccionado. Por lo expuesto, consideró lo
siguiente:
28. En el caso, esto es precisamente lo que ha acaecido, las partes no han elevado el
contrato a escrito. Ha faltado una solemnidad sustancial9 para la existencia del acto10.
Tanto en la demanda, como en la contestación, el Municipio y el Consorcio relataron
que nunca celebraron el contrato por escrito. En adición, en las pruebas arrimadas al
expediente no obra un contrato suscrito por las partes.
29. En el expediente solamente obra la adjudicación11 y un acto denominado
“aceptación de la oferta”12. Sobre el particular la Sala aclara que la mera manifestación
unilateral de la administración no tiene la potencialidad de remover, por razones
jerárquicas y competenciales, una formalidad – la escritural − impuesta por la ley. La
ley es jerárquicamente superior en la pirámide normativa a los actos administrativos y,
además, es al legislador y no al poder reglamentario a quien se ha encargado la
expedición del Estatuto Contractual de la Administración Pública de conformidad con
el inciso final del artículo 150 de la Constitución.
[…]
31. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que existe un supuesto en el que expresamente
se permite entender que la oferta más su aceptación constituyen el contrato escrito: la
mínima cuantía. El artículo 2.5.d de la Ley 1150 de 2007 prescribe: “d) La comunicación
de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal”. Sin
embargo, constituye esta una regla de excepción en el régimen contractual público y
no la regla general. Por lo mismo, no puede hacerse de ella una interpretación
extensiva o analógica, pues ello sería contrario a, y en desmedro de, la regla general
establecida en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 199313.
En ese orden, la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación expuso que,
ante la inexistencia del negocio de concesión, no resultaba procedente el medio de
control de controversias contractuales, que solo era posible ejercerlo por quien tiene
la condición de parte de un contrato estatal, salvo que la demanda tuviera como
pretensión la declaración de existencia de un contrato, lo que no ocurrió en el caso.
Por lo expuesto, sostuvo lo siguiente:
33. Por tratarse de una demanda en la cual se solicitaba la nulidad de dos actos
administrativos, resultaba procedente, entonces, la nulidad y restablecimiento del
derecho. La Sala estudiará la demanda como si se hubiera presentado en ejercicio de
6 Ley 80 de 1993.
7 ARTICULO 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL. Los contratos que celebren las entidades estatales
constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen
mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos
que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los
originales de los contratos estatales.
8 ARTICULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando
se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.
[…].
9 El inciso segundo del artículo 898 del Código de Comercio prescribe: “Será inexistente el negocio jurídico cuando
se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato
y cuando falte alguno de sus elementos esenciales”.
10 «Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 21 de mayo de 1968, CXIV».
11 « Resolución 433 de 17 de diciembre de 2012 obrante a folio 305, expediente digital Samai, Cuaderno 2 A».
12 «Aceptación de la Oferta LP-001 de 2012 de 21 de diciembre de 2012, suscrito exclusivamente por el alcalde
Municipal, folios 313 y siguientes, expediente digital Samai, Cuaderno 2 A. 175175».
13 Se transcribe incluso con errores de texto.
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ese medio de control. Sin embargo, las resoluciones 286 y 287 fueron expedidas y
notificadas el 13 de octubre de 2016, y la demanda fue presentada el 4 de septiembre
de 2017. Por lo tanto, ya habían trascurrido los 4 meses de que trata el 164.2.d) del
CPCA, y había operado la caducidad.
34. En consecuencia, se declarará la inexistencia del contrato, propuesta como
excepción por la parte demandada, y se declarará, de oficio, la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho14.
2.1.6. Un magistrado integrante de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado salvó su voto15 en la sentencia del 11 de septiembre de 2024, toda vez que,
en su criterio, la solemnidad contenida en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 no
implicaba que debiera existir un solo documento suscrito por las partes, sino que el
respectivo acuerdo al que hubieran llegado estas constara por escrito, requisito que
en el caso concreto quedó cumplido con la aceptación de la oferta, la cual incluyó el
objeto, la contraprestación y todas las cláusulas de ejecución.
El magistrado disidente agregó que lo dispuesto en el literal d del numeral 5 del artículo
2 de la Ley 1150 de 200716, que dispone que la aceptación de la oferta en procesos
de mínima cuantía constituye el contrato, no es una excepción a lo previsto en el
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, sino «un ejemplo de que la solemnidad de constar
por escrito puede cumplirse de manera distinta a lo entendido en la sentencia».
Por otra parte, el magistrado expresó que la ausencia de la solemnidad de un contrato
no conlleva a la inexistencia de este sino a su nulidad, con fundamento en el artículo
1740 del Código Civil, pero que, en todo caso, los efectos de ambas figuras son los
mismos. También, que no está de acuerdo con que los actos que declararon la
caducidad del contrato no sean contractuales y que debían ser demandados en nulidad
y restablecimiento del derecho. Sobre este último punto, adujo que:
5.1.- Cuando se profirieron los actos, las partes estaban ejecutando un contrato cuya
«inexistencia» solo fue declarada en la sentencia; por tanto, no puede considerarse
que dichos actos cambiaron de naturaleza, pues fueron expedidos como contractuales
y así se deben estudiar.
5.2.-. En este punto, es relevante tener en cuenta que, cuando la entidad expide el acto,
el demandante no conoce ni puede anticipar que el juez va a cambiar la naturaleza de
un acto contractual y va a considerarlo como un simple acto administrativo, sin vínculo
alguno con un contrato. El demandante no puede tener capacidad para adivinar
semejante conclusión. Por consiguiente, no tendría por qué demandar en los cuatro
meses, sino que se fundamenta en la forma como se emite el acto (contractual), para
demandar dentro de los dos años, acogiéndose a las disposiciones legales vigentes17.
14 Se transcribe incluso con errores de texto.
15 Samai, exp. núm. 76001-23-33-000-2017-01359-01, índice 34, certificado 2354BCAE6D7BA90A
A7A8FAFB8FA002FA 07A795E8B6F0ECCE 3D9738B90BB129A7.
16 Artículo 2°.De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa,
con base en las siguientes reglas:
[…]
5) Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la
entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:
[…]
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con
base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.
17 Se transcribe incluso con errores de texto.
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2.1.7. Por último, otro de los magistrados integrante de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado aclaró su voto18 en la sentencia del 11 de septiembre
de 2024, en el sentido de indicar que, si bien compartió la «decisión de fondo» porque
consideró que era «la que en derecho correspond[ía]», lo cierto era que la Sala, al
momento de resolver el recurso de apelación, no debió adecuar el medio de control de
controversias contractuales al de nulidad y restablecimiento del derecho para declarar
la caducidad de las pretensiones, por cuanto se desconoció los derechos a la defensa
y al debido proceso de las partes al impedirles discutir, oponerse y controvertir un
asunto ajeno a la contienda adelantada en primera instancia. Por lo expuesto, afirmó
que:
[…] lo procedente era analizar la controversia originalmente propuesta y abordar las
consecuencias que la inexistencia del contrato podría generar respecto a la fuerza
vinculante de los actos acusados en los términos del artículo 91 (numeral 2) del
CPACA, sin perjuicio de la facultad del juez de declarar las excepciones que encuentre
probadas, aún en el momento de fallar en segunda instancia, como en este caso, la
excepción de ineptitud de la demanda por indebida escogencia del medio de control
judicial19.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente20:
PRIMERA: AMPARAR los derechos al debido proceso, audiencia y a la defensa,
igualdad, y el acceso a la administración de justicia del Consorcio de Servicios de
Tránsito y Trasporte de Ginebra, salvaguardando a su vez principios que revisten las
decisiones judiciales dejando sin efecto la sentencia de 11 de septiembre de 2024,
proferida por la Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del
proceso rad. 76001 23 33 000 2017 01359 01, que revocó la decisión de primera
instancia.
SEGUNDO: Ordenar a la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado
proferir una nueva sentencia de reemplazo de segunda instancia de fondo conforme a
derecho, y confirmando la de primera instancia21.
Como fundamento de sus pretensiones, el Consorcio de Servicios de Tránsito y
Transporte sintetizó las actuaciones judiciales surtidas dentro del proceso con radicado
núm. 76001-23-33-000-2017-01359-01 y sostuvo que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en el defecto sustantivo en la sentencia del 11
de septiembre de 2024 porque lo sorprendió con la declaración de inexistencia del
contrato, la adecuación de la demanda al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y la declaración de caducidad de ese medio de control.
Para lo anterior, citó de manera textual los fundamentos contenidos en el salvamento
y la aclaración de voto presentados por los magistrados integrantes de la sala. Aseguró
que el juez de segunda instancia pasó por alto que en el proceso de licitación la oferta
fue aceptada por el municipio de Ginebra, actuación que tenía los mismos efectos
previstos en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que dispone que dicha aceptación
18 Samai, exp. núm. 76001-23-33-000-2017-01359-01, índice 31, certificado 9404B4FD97022C04
049B0A95C56273CB 4E4D5796E97AA764 6044350D6228AB5A.
19 Se transcribe incluso con errores de texto.
20 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05846-00, índice 2, certificado 94CC41B52B64943E
09CFD110FE2E8131 58025F535FF7E50D 0B9B72A7D6120175, págs. 1 a 30.
21 Se transcribe incluso con errores.
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constituye el contrato en los procesos de mínima cuantía, es decir, que el acuerdo de
voluntades existió y que el contrato de concesión tuvo validez.
La parte tutelante también aseguró que se configuró un defecto fáctico en la sentencia
del 11 de septiembre de 2024, toda vez que la subsección accionada valoró de manera
equivocada los hechos y las pruebas del proceso que la llevó a una decisión que no
corresponde con la realidad probatoria. Expuso que la autoridad judicial interpretó
restrictivamente el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y exigió un documento firmado por
ambas partes para considerar que el contrato quedó perfeccionado, a pesar de que
con la aceptación de la oferta por parte del municipio se cumplió con el requisito
previsto en ese artículo.
Manifestó que aportó pruebas al proceso judicial que demostraban la existencia de la
voluntad de las partes de celebrar el contrato y la ejecución de las obligaciones
contraídas, sin que fueran valoradas de manera adecuada, lo que impidió obtener la
contraprestación pactada y a la que tenía derecho. Asimismo, consideró que:
[A]l ajustar el medio de control y declarar la caducidad, el juez creó una situación de
incertidumbre jurídica y privó al demandante de acceder a una resolución acorde con
los hechos, afectando gravemente sus derechos patrimoniales y procesales, situación
que genera una discriminación implícita, pues el tratamiento recibido no se basa en un
criterio razonable o legítimo, sino en una interpretación errónea y desproporcionada de
las normas contractuales.
Por último, aseveró que se configuró un defecto procedimental absoluto con la decisión
que declaró la «caducidad del medio de control para controvertir los actos
demandados», pues en relación con ese punto la ponencia fue derrotada «tanto por el
salvamento de voto […] como por la aclaración [de voto], ya que en realidad su
pronunciamiento no se trató en realidad de una aclaración sino de un salvamento
parcial de voto»22. Así, sostuvo que, en los términos previstos en el artículo 49 del
reglamento interno del Consejo de Estado, el proyecto de sentencia no quedó
aprobado.
2.3. Trámite procesal
El despacho ponente, mediante auto del 30 de octubre de 202423, admitió la solicitud
de tutela; vinculó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al municipio de
Ginebra; tuvo como pruebas los documentos aportados con el escrito de amparo;
requirió al abogado Juan Carlos Novoa Buendía para que aportara el documento que
lo acreditaba como apoderado del consorcio; y suspendió los términos del trámite
constitucional.
2.4. Intervenciones
2.4.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del
magistrado ponente de la providencia objeto de tutela, contestó24 que la sentencia del
11 de septiembre de 2024 y el expediente ordinario «contienen los argumentos y
22 Se transcribe incluso con errores de texto.
23 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05846-00, índice 5, certificado 9C4AF4B348337DE1
F6F51E0191243F09 69FD16018955984E 53742C2B135D4F84.
24 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05846-00, índice 10, certificado 83CFBBDBADD19435
A0B0310383576675 C72C421DC65BE346 D55D1BD3D6E97026.
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elementos necesarios para que el juez de tutela tome la decisión que en derecho
corresponda». Además, indicó que estaba presto a atender lo que se disponga en el
presente trámite constitucional.
2.4.2. El municipio de Ginebra respondió25 que algunos hechos expuestos en el
escrito de tutela son ciertos, pero que el accionante omitió que el recurso de apelación
tuvo fundamento en que el juez de primera instancia no resolvió las excepciones de
inexistencia y de nulidad del contrato, y que en la sentencia del 31 de marzo de 2022
un magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca salvó el voto porque
concluyó que el contrato no existió, dado que no quedó por escrito de acuerdo con los
requisitos dispuestos en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993.
Adujo que la tutela no superó el requisito de relevancia constitucional, en la medida en
que un salvamento de voto no resulta suficiente para dejar sin efectos una decisión
judicial que fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la respectiva sala,
además de que la caducidad del medio de control puede ser declarada de oficio por el
juez de primera o segunda instancia siempre que se encuentre configurada. Por lo
anterior, pidió que se declarara improcedente la acción.
Por otro lado, afirmó que el fallo del 11 de septiembre de 2024 tiene sustento legal y
motivación suficiente, con lo cual no está de acuerdo el actor. Frente al defecto
procedimental, aseguró que la sala mayoritaria aprobó la sentencia objeto de reparos,
al considerar que el magistrado que aclaró el voto indicó que compartía la decisión de
fondo.
2.4.3. Finalmente, el abogado Juan Carlos Novoa Buendía explicó que: i) el Consorcio
fue constituido el 16 de noviembre de 2012 y estaba representado legalmente por
Héctor Molano Rojas; ii) en Resolución 038 del 19 de febrero de 2015, el municipio de
Ginebra acogió la decisión de los consorciados de designar como representante legal
del consorcio a la sociedad Systracol Ltda que, a su vez, estaba representada
legalmente por el señor Molano Rojas, quien falleció el 12 de junio de 2021; y, iii) por
lo expuesto, quedó como representante legal del consorcio Luz Mary Usma Gaviria en
su condición de representante suplente de la mencionada sociedad26.
Con el anterior memorial, el abogado Novoa Buendía aportó27 el poder a él otorgado
por Luz Mery Usma Gaviria en su condición de representante legal suplente de la
sociedad Systracol Ltda, que a su vez funge como representante legal del consorcio;
certificado de existencia y representación legal de la referida sociedad; acta de
constitución del consorcio; Resolución 038 del 19 de febrero de 2015; y, registro de
defunción de Héctor Molano Rojas.
25 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05846-00, índice 14, certificado D2464B1CB79B68CC
131A7BDD02AD5580 2041304FB854CA11 38EC8432CD635908.
26 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05846-00, índice 15, certificado 2A9A3BCC9357EBC4
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27 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-05846-00, índice 15, certificado 6FC3418AD45D9DA9
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Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa por activa del Consorcio de Servicios de Tránsito y
Transporte está acreditada, por cuanto fue la parte demandante en el proceso que
finalizó con la sentencia del 11 de septiembre de 2024 objeto de tutela, y, por lo tanto,
es el titular de los derechos vulnerados.
Además, Juan Carlos Novoa Buendía tiene poder para actuar como representante
judicial del consorcio porque Luz Mery Usma Gaviria es la representante suplente de
la sociedad Systracol Ltda, que, a su vez, funge como representante legal del
consorcio.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en razón a que fue la autoridad que profirió
el fallo del 11 de septiembre de 2024 que, según afirmó el tutelante, vulneró sus
derechos fundamentales.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado28 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional29.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:
(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
29 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales30 y, por lo tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
En consecuencia, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución31.
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
3.3.1. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte
Constitucional32 ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de
tutela de pronunciarse de forma expresa, y con claridad, sobre a las razones por las
cuales el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los
lineamientos que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia33.
La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurados los defectos sustantivo, fáctico y procedimental absoluto
expuestos en el escrito de tutela, quedaría probado que la autoridad accionada no
podía declarar la inexistencia del contrato, ni adecuar la demanda al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para declarar su caducidad, escenario en el
cual estarían afectados los derechos fundamentales del consorcio actor, en particular,
el debido proceso, para cuyo amparo acudió a esta acción constitucional.
3.3.2. Subsidiariedad
El requisito de subsidiariedad exige, en los términos de los artículos 86 constitucional
y 6.° del Decreto 2591 de 199134, que el juez constitucional, por un lado, verifique que
el accionante no cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus
derechos fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos resultan
30 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
31 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
34 ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
[…].
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idóneos y eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo
con las particularidades de cada caso35.
En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que estos no sean
idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de derechos
fundamentales, así como, en los eventos en que se configura un perjuicio irremediable,
el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección impostergables36.
Cuando se trata de una tutela interpuesta en contra de providencia judicial, la Corte
Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios
constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos
fundamentales37. De manera específica, el alto tribunal expresó lo siguiente:
La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de tutela
pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.
En el presente asunto, los argumentos del tutelante consisten, en concreto, en que la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no podía adecuar la
demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y declarar su
caducidad, por cuanto ese punto de la sentencia quedó derrotado con los votos
disidentes manifestados en la sentencia del 11 de septiembre de 2024.
Al respecto, es preciso indicar que, de acuerdo con el artículo 24838 de la Ley 1437 de
2011, (CPACA), el recurso extraordinario de revisión procede en contra de los fallos
dictados, entre otras autoridades, por las subsecciones de las secciones de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado; y que el artículo 25039 ibidem
prevé como causal del recurso, en su numeral 5, la nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y que no es susceptible de apelación, la cual puede ser
invocada dentro del año siguiente a la ejecutoria de la providencia controvertida.
En relación con la mencionada causal, la Sala Quince Especial de Decisión de esta
corporación ha sido enfática en establecer que el vicio alegado como nulidad, por un
lado, se debió configurar en el momento en que se profirió la sentencia, y, por otro
lado, debió ser el resultado del desconocimiento grave e insanable de alguna ritualidad
sustancial40. Además, la Sala Catorce Especial de Decisión indicó41 que esta causal
ocurre en los siguientes eventos:
35 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
36 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
37 Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.
38 ARTÍCULO 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por
los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
39 ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia
del 7 de abril de 2015, radicado núm. 2013-02724-00.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia
del 13 de octubre de 2020, radicado núm. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
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[…] la carencia absoluta de motivación de la sentencia, la violación al principio de la
non reformatio in pejus, la prueba obtenida con violación del debido proceso, la
expedición de una sentencia condenatoria contra un tercero que no estuvo vinculado
en el proceso, la falta de congruencia, la falta de votos necesarios para la
aprobación de una sentencia y la expedición de un fallo inhibitorio injustificado
[Subrayado fuera de texto].
Pues bien, de lo expuesto, la Sala observa que el accionante argumentó que se
configuraron los defectos sustantivo y procedimental absoluto en la sentencia objeto
de reparos, porque la decisión de adecuar la demanda contractual al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho y declarar su caducidad, quedó «derrotada»,
toda vez que los magistrados que presentaron la aclaración y el salvamento de voto
no la compartieron.
En consecuencia, en atención a lo dispuesto en la jurisprudencia del Consejo de
Estado emitida a través de sus salas especiales, es necesario advertir que, si el
tutelante consideró que la decisión de declarar la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contenida en la parte resolutiva del fallo del 11
de septiembre de 2024 no contó con el número de votos requerido para ser aprobada,
debió discutir ese asunto por conducto del recurso extraordinario de revisión, con
fundamento en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, «existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso alguno».
Por los motivos expuestos, los defectos sustantivo y procedimental absoluto
sustentados en los cargos bajo estudio no superan el requisito de subsidiariedad, con
ocasión de que el tutelante dispone de otro medio de defensa judicial para ejercer la
defensa de los derechos fundamentales que, consideró, fueron vulnerados por la
autoridad judicial accionada.
Cuestión distinta ocurre con los reparos que sustentan los defectos fáctico y sustantivo
por indebida interpretación de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 , atinente a la
decisión que declaró la inexistencia del contrato, porque el accionante no cuenta con
otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus
derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del proceso
ordinario en el que fue emitida la sentencia del 11 de septiembre de 2024.
3.3.3. Análisis de los demás requisitos de procedibilidad
El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la sentencia objeto
de reparos fue proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 11 de septiembre de 2024, y el escrito de tutela se presentó el 29 de octubre
de 202442, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la
jurisprudencia constitucional43 y el Consejo de Estado44 como razonable.
La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los hechos
y argumentos por los que consideró vulnerados sus derechos fundamentales por la
42 Samai, exp. núm. 1001-03-15-000-2024-05474-00, índice 3, certificado 1ECFECD3E45D5D49
DBD0656F5AEE8BB1 79E0F08DEB24B853 048E3F52EDF3B49B.
43 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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configuración de los defectos fáctico y sustantivo, y estos no exponen una posible
irregularidad procedimental. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida
dentro de un trámite de tutela.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales de
procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en los términos
que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
La Sala debe decidir si la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo en la sentencia del 11 de septiembre de
2024 y, por ende, si vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
audiencia, a la defensa, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia del
Consorcio de Servicios de Tránsito y Transporte.
Para ello, es necesario establecer si la autoridad judicial accionada realizó una
indebida interpretación de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 y valoró de manera
inadecuada las pruebas aportadas al expediente ordinario que daban cuenta de que
la aceptación de la oferta permitió que el contrato de concesión quedara perfeccionado
y tuviera validez.
Para tal fin, se estudiará las generalidades de los defectos fáctico y sustantivo, y, luego,
el caso concreto.
3.4.1 Generalidades de los defectos alegados
Defecto sustantivo
Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una
norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque
su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible,
fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado45.
De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos para escoger entre
diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con
el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución
Política.
La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006, se pronunció sobre la limitación
del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los
siguientes términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
45 Corte Constitucional, sentencia T-474 de 2008.
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las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]46.
En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de las
normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo de la
Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos (artículo
5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al acceso a la administración
de justicia (artículo 228 Superior)47.
Defecto fáctico
De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto fáctico
cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión»48. Este vicio en la valoración probatoria debe
ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión»49
objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y otra
negativa.
La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia y da
valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una
valoración por “completo equivocada”»50. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»51.
En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
46 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006.
47 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
48 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
49 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
50 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
51 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso52.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el análisis
del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia
judicial53, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, por qué el juez
ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»54.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por lo
menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión judicial
cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en cada
caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]55.
3.4.2. Caso concreto
En el asunto bajo estudio, el tutelante afirmó que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, puesto
que, como quedó expuesto en el salvamento de voto de la sentencia del 11 de
septiembre de 2024, el acta de aceptación de la oferta proferida por el municipio de
Ginebra y las demás pruebas aportadas al expediente ordinario permitían tener por
cumplido el requisito previsto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, normas
que prevén lo siguiente:
ARTICULO 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL. Los contratos que
celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados
a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o
imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general,
aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha
formalidad.
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación,
inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales.
[…]
ARTICULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del
Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación
52 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
53 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
54 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
55 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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y éste se eleve a escrito. [Subrayado fuera de texto].
Al respecto, la Sala mayoritaria de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado consideró que, según las anteriores normas, el contrato estatal debe constar
por escrito, es decir, que constituye una formalidad ab substantiam actus sin la cual el
contrato no logra obtener su perfeccionamiento. Además, explicó que, en el caso
concreto, las partes no elevaron a escrito el contrato, asunto que fue reconocido en la
demanda y en el memorial de contestación.
De lo expuesto, esta Subsección observa que la sentencia del 11 de septiembre de
2024 no incurrió en un defecto sustantivo, en la medida en que, en efecto, los artículos
39 y 41 de la Ley 80 de 1993 exigen por regla general para el perfeccionamiento del
contrato estatal que este conste por escrito, esto es, que se eleve a escrito el acuerdo
de voluntades al que llegaron las partes, de manera que, la interpretación que realizó
la autoridad accionada de esas normas no fue irrazonable o arbitraria.
En este punto, cabe destacar que: i) el Consorcio en la demanda que presentó,
manifestó que «entre las partes no se suscribió formalmente un contrato de
concesión»; ii) el municipio de Ginebra formuló las excepciones de nulidad absoluta y
de inexistencia del contrato con fundamento en que las partes no suscribieron contrato
de concesión; y iii) en el recurso de apelación, la demandada argumentó que el juez
de primera instancia no resolvió las referidas excepciones.
En ese orden, la Sala encuentra que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado no sorprendió al consorcio con la sentencia del 11 de septiembre
de 2024 al declarar la inexistencia del contrato de concesión, puesto que, desde que
inició el proceso ordinario, el objeto de discusión giró en torno a verificar la suscripción
del acuerdo de voluntades por escrito, y, por ende, a determinar su existencia.
Ahora bien, el tutelante adujo que la autoridad accionada no valoró el acto del
municipio en el que aceptó la oferta y las demás pruebas aportadas al proceso
ordinario que daban cuenta de la existencia del contrato y su ejecución, lo que
constituyó un defecto fáctico en la sentencia del 11 de septiembre de 2024.
Frente a este reparo, la Sala estima oportuno precisar que la acción de tutela
interpuesta en contra de una providencia judicial como mecanismo excepcional y
subsidiario de protección de derechos fundamentales, no habilita al juez constitucional
para revisar, de manera general o abstracta, todas las pruebas aportadas a un proceso
ordinario, so pena de invadir las competencias que son propias de los jueces naturales
en ejercicio de su autonomía e independencia judicial y que han sido asignadas por el
legislador.
En tal sentido, no es procedente analizar el cargo del accionante referente a que en
segunda instancia del proceso ordinario se omitió valorar las pruebas sobre
determinado hecho, sin que el accionante en el escrito de amparo identificara cada
prueba que consideró desconocida, haya abordado su contenido, lo que pretendió
acreditar con esta y el impacto que su apreciación hubiera tenido en la decisión final.
Ocurre lo contrario con el reproche consistente en que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado no tuvo en cuenta que la aceptación de la oferta
permitía tener por cumplido el requisito contenido en los artículos 39 y 41 de la Ley 80
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Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
de 1993, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, porque el
accionante identificó la prueba, expuso su contenido y el impacto que, consideró,
tendría en la sentencia.
Acerca del numeral 5 del artículo 2 ibidem, este dispone que, en procesos de
contratación de mínima cuantía, «la comunicación de aceptación junto con la oferta
constituye para todos los efectos el contrato celebrado». Por su parte, en la sentencia
del 11 de septiembre de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado analizó la aplicación de esa norma al caso concreto y concluyó que se trataba
de una regla de excepción al régimen contractual público que no era posible extenderla
por analogía, ya que se desconocía la regla general establecida en los artículos 39 y
41 de la Ley 80 de 1993.
En cuanto al contenido del acto de aceptación de la oferta y de la adjudicación del
contrato de concesión obrantes como pruebas al interior del proceso ordinario, la
autoridad accionada indicó que la sola manifestación unilateral de la administración no
tenía la potencialidad de «remover» una formalidad impuesta en la ley, en razón a
criterios jerárquicos y competenciales, toda vez que la ley es superior a los actos de la
administración y que es el legislador quien está encargado de la expedición del
Estatuto Contractual de la Administración Pública según el artículo 150 constitucional.
De lo anterior, la Sala encuentra que la subsección accionada, lejos de desconocer el
acto de aceptación de la oferta y la adjudicación del contrato, apreció estos
documentos y les otorgó el valor que las normas permitían en el caso concreto, en
particular, los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. Cuestión distinta, es que el
accionante no está de acuerdo con que estas pruebas resultaban insuficientes para
tener por cumplido el requisito de elevar a escrito el acuerdo de voluntades, incluso,
luego de que en la misma demanda ordinaria afirmó que las partes nunca formalizaron
dicho negocio.
De este modo, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado no pasó
por alto que el municipio de Ginebra aceptó la oferta del consorcio y emitió un acto en
el que expresó que le adjudicaba el contrato de concesión; lo que ocurrió fue que la
autoridad accionada advirtió que las partes omitieron realizar una formalidad que la ley
exige para que el contrato quede perfeccionado y sin la cual el negocio resulta
inexistente. Por las razones expuestas, no se configuró el defecto fáctico que el
accionante le atribuyó a la providencia objeto de tutela.
IV. CONCLUSIONES
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la tutela frente a los defectos
procedimental absoluto y sustantivo que controvirtieron la decisión de la autoridad
accionada de adecuar la demanda contractual al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para declarar su caducidad, por cuanto no superaron el
requisito de subsidiariedad, en atención a que es un debate que debe ser agotado por
conducto del recurso extraordinario de revisión bajo la causal 5 contenida en el artículo
250 del CPACA.
Además, se negará la solicitud de amparo en relación con los defectos sustantivo y
fáctico que reprocharon la decisión de la sentencia del 11 de septiembre de 2024 de
declarar la inexistencia del contrato, toda vez que la Subsección B de la Sección
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Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Tercera del Consejo de Estado realizó una interpretación razonable de las normas que
rigen la materia y valoró en debida forma el acto de aceptación de la oferta y la
adjudicación del contrato.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente el escrito de tutela presentada por el Consorcio
de Servicios de Tránsito y Transporte en relación con los defectos procedimental
absoluto y sustantivo que controvirtieron la decisión de la autoridad accionada de
adecuar la demanda contractual al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para declarar su caducidad, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el
Consorcio de Servicios de Tránsito y Transporte respecto de los defectos sustantivo y
fáctico que reprocharon la decisión de la sentencia del 11 de septiembre de 2024 de
declarar la inexistencia del contrato, de conformidad con la parte considerativa de esta
providencia.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Juan Carlos Novoa Buendía para
actuar como apoderado judicial del Consorcio de Servicios de Tránsito y Transporte.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
DACJ/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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