Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05858-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05858-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05858-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de noviembre de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05858-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05858-00
Accionante: Luis Heyner Segura Martínez
Accionado: Universidad Politécnico Grancolombiano
Temas: Acción de tutela por presunta transgresión de los derechos al debido
proceso, educación e igualdad por negativa de dar apertura de curso
intersemestral.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Heyner Segura
Martínez, en nombre propio, en contra de la Universidad Politécnico
Grancolombiano.
ANTECEDENTES
El señor Luis Heyner Segura Martínez instauró acción de tutela, en aras de que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a
la igualdad, los cuales considera vulnerados por la institución educativa antes
citada.
HECHOS
Manifestó que es estudiante de ingeniería industrial, modalidad virtual en la
Universidad Politécnico Grancolombiano y “me encuentro en el último semestre
de mi carrera”.
Que cuando inició el semestre 2024-2 la Universidad le indicó que debido a la
cantidad de créditos disponibles no podía matricular la asignatura de estocástica,
que es prerrequisito para inscribir otras materias; situación que le impide culminar
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su carrera en el tiempo previsto y le afecta su proyección personal y laboral.
Adujo que la Universidad ofreció la materia ya señalada como curso vacacional;
sin embargo, no le fue posible inscribirse, pues ya habían pasado las fechas para
esto, tal y como le informaron en escrito CAS-1449223-H5R8N4.
Afirmó que la Universidad se ha reservado el derecho de abrir los cursos que no
cumplan con el cupo mínimo y tampoco ha ofrecido alternativas que garanticen
la culminación del plan de estudio, sino que se limita a señalar que “están
gestionando los trámites de devolución de dinero por la media matrícula y que,
de abrirse el curso vacacional, recibiría un llamado para realizar el registro y
pago”.
PRETENSIONES
Solicita que se ordene a la Universidad Politécnico Grancolombiano habilitar “la
asignatura pendiente en una modalidad que permita mi culminación oportuna, o,
en su defecto, que me ofrezca alternativas viables y efectivas para completar mi
carrera en el periodo académico en curso”.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 1.° de noviembre de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó la
notificación de la entidad accionada.
POSICIÓN DE LA ACCIONADA
La Universidad Politécnico Grancolombiano allegó informe donde precisó que
el estudiante no se encuentra en último semestre. La materia de estocástica tiene
como prerrequisito estadística inferencial, la cual cursó el actor durante el periodo
2024-60 en el bloque 1 y por ende, en dicho momento no era posible ver ambas
asignaturas.
Por otro lado, indicó que para el periodo 2024-60 el accionante solicitó orden de
pago de media matrícula, lo que limitó el número de créditos a cursar en el
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semestre y afectó “el orden en la inscripción de módulos correspondientes”.
También argumentó que mediante escrito CAS-1449223-H5R8N4 se negó la
solicitud de inscripción a vacacionales por extemporáneo, pero en “CAS-
1448771-T1L7N6, se aprobó la inscripción y se confirmó la generación del boleto
de pago para módulo vacacional”.
Indicó que la Universidad ha garantizado la oferta regular de las materias que
deben cursar los estudiantes cada semestre y los cursos intersemestrales no
hacen parte de las obligatorias, por lo tanto, el estudiante debe acogerse a las
políticas de apertura que plantee la institución.
Finalmente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad, bajo el entendido que el actor no presentó recurso
de reposición y apelación en contra de las dos respuestas que la Universidad le
brindó en relación con la inscripción de materias. Tampoco se acredita una
negativa del derecho a la educación y el daño que amerite una atención urgente.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A efectos de decidir la presente acción, se abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) autonomía universitaria y III) caso
concreto.
I) Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
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II) Autonomía universitaria
La autonomía universitaria es una protección prevista en el artículo 69 de la
Constitución Política que consagra la potestad que tienen las universidades de
“darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.
Al respecto, la Corte Constitucional considera que el principio de autonomía
universitaria se erige como una garantía de las instituciones de educación
superior para el ejercicio de la actividad administrativa, financiera, académica y
científica, de forma libre, y sin que para ello pueda mediar presión alguna por
parte del poder público. Además, tiene una relación intrínseca con los derechos:
de libertad de cátedra, de enseñanza, de aprendizaje y de investigación, a la
educación, al libre desarrollo de la personalidad y a escoger libremente
profesión u oficio1.
Así mismo, sostiene la Corte que dicha autonomía tiene las siguientes
limitaciones:
“(…) a) La discrecionalidad universitaria, propia de su autonomía, no es absoluta,
como quiera que se encuentra limitada por el orden público, el interés general y
el bien común.
b) La autonomía universitaria también se limita por la inspección y vigilancia de
la educación que ejerce el Estado.
c) El ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto por el pluralismo
ideológico, demuestran que los centros superiores tienen libertad para determinar
sus normas internas, a través de los estatutos, las cuales no podrán ser contrarias
a la ley ni a la Constitución.
d) Los estatutos se acogen voluntariamente por quienes desean estudiar en el
centro educativo superior, pero una vez aceptados son obligatorios para toda la
comunidad educativa. El reglamento concreta la libertad académica,
administrativa y económica de las instituciones de educación superior.
e) El Legislador está constitucionalmente autorizado para limitar la autonomía
universitaria, siempre y cuando no invada ni anule su núcleo esencial. Por lo
tanto, existe control estricto sobre la ley que limita la autonomía universitaria.
f) La autonomía universitaria es un derecho limitado y complejo. Limitado porque
es una garantía para el funcionamiento adecuado de la institución. Es complejo,
como quiera que involucra otros derechos de las personas.
g) Los criterios para selección de los estudiantes pertenecen a la órbita de la
autonomía universitaria, siempre y cuando aquellos sean razonables,
proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en especial el derecho a
la igualdad. Por ende, la admisión debe corresponder a criterios objetivos de
1 Corte Constitucional, sentencia T-106 de 2019
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mérito académico individual.
h) Los criterios para determinar las calificaciones mínimas deben regularse por
reglamento, esto es corresponden a la autonomía universitaria.
i) Las sanciones académicas hacen parte de la autonomía universitaria. Sin
embargo, son de naturaleza reglada, como quiera que las conductas que originan
la sanción deben estar previamente determinadas en el reglamento. Así mismo,
la imposición de sanciones está sometida a la aplicación del debido proceso y del
derecho de defensa (…)”2
Conforme a lo anterior, para la Corte es claro que el establecimiento y la
aplicación de los estatutos y reglamentos internos de las universidades
constituyen una expresión del principio de autonomía universitaria, pero dicha
potestad no es absoluta, por cuanto su ejercicio debe realizarse bajo los límites
constitucionales y en respeto a los derechos y garantías fundamentales, como
el debido proceso, la igualdad y la educación.
III) Caso concreto
En síntesis, el señor Luis Heyner Segura Martínez solicitó la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la igualdad, los
cuales considera transgredidos por la Universidad Politécnico Grancolombiano,
por no permitir la inscripción de la materia de estocástica y tampoco ofrecer
alternativas para culminar su plan de estudios.
En el informe que rindió la institución educativa accionada indicó que el señor
Segura tiene un plan de estudios de 9 semestres, de los cuales debe cursar 4,
porque es beneficiario del convenio SENA y le homologaron 48 materias.
Sostiene la Universidad que a la fecha han transcurrido más de 4 semestres y el
accionante no ha culminado su plan de estudios, debido a que en los periodos
2024-10 y 2024-60 inscribió menos de los módulos permitidos “puesto que pagó
solo media matricula (sic)” lo que ocasionó “bloqueo para inscribir otras
asignaturas por cuanto no cumplía con los prerrequisitos académicos para poder
cursarlas”.
En relación con la negativa de permitir la inscripción de la materia de estocástica
2 Corte Constitucional. Sentencia T 234 de 2023
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señaló que ésta tiene como prerrequisito haber aprobado estadística inferencial,
la cual cursó el actor en el periodo 2024-60 bloque 1; motivo por el cual no era
permitido ver las dos en el mismo momento, tal y como lo establece el artículo 38
del reglamento académico y disciplinario3.
Aunado a lo anterior, expuso que el actor solicitó la inscripción a vacacionales y
le fue negada por extemporánea, pues la petición la realizó el 28 de octubre y las
inscripciones se cerraron 5 días antes.
Frente a la no apertura de los cursos intersemestrales por no cumplir con el
mínimo de 15 estudiantes, precisó la Institución que bajo el principio de
autonomía universitaria tiene la facultad de abrir convocatoria o no, ya que éstos
no hacen parte de los módulos obligatorios que se deben ofertar, tal y como lo
contempla el reglamento estudiantil. Además, indicó que el 14 de noviembre de
2024 se publicaría si los cursos ofertados dieron o no apertura.
Por último, la Universidad adujo que, si el actor “no puede cursar el módulo
PROGRAMACIÓN ESTOCÁSTICA en el periodo vacacional, deberá inscribirlo
de manera regular en el semestre 2025-10, junto con el módulo CONTROL DE
CALIDAD, y una vez cursado y aprobado podrá inscribir el módulo SIMULACIÒN
en el periodo 2025-60”.
En esa medida, evidencia la Sala que la Universidad Politécnico Grancolombiano
no le transgrede al señor Segura su derecho a la educación, pues, le ha
garantizado la oferta regular de las materias que éste debe cursar según su plan
de estudios en cada semestre.
Ahora, si bien el actor presenta un retroceso en su plan académico debido a que
en los periodos 2024-10 y 2024-60 canceló media matrícula y, por ello, requiere
cursar la materia estocástica en intersemestral, lo cierto es que la negativa de dar
apertura a dicho curso no viola los derechos fundamentales a la educación y al
debido proceso, pues la Institución educativa accionada, en uso de la autonomía
universitaria, estableció en su reglamento interno que se reserva el derecho de
3 “ARTÍCULO 38. Prerrequisitos.
El estudiante deberá cumplir con los prerrequisitos establecidos en el plan de estudios de su programa
académico. De igual manera, es responsabilidad del estudiante inscribir primero las asignaturas o los
módulos reprobados y/o cancelados en semestres anteriores”.
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programar o abrir dichos cursos4, en este caso, a que se logre la inscripción y
pago de mínimo 15 estudiantes.
Tampoco se evidencia transgresión del derecho a la igualdad, pues no está
sustentado ni acreditado en la tutela que la Universidad esté tratando al actor de
manera distinta que al resto de los estudiantes o dicho de otra manera, que
personas en condiciones similares hubieran recibido un trato distinto; por lo que
se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Luis Heyner Segura Martínez,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
4 Artículo 57
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
HAPC
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