Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05864-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05864-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05864-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 10010315000202405864-00
Acumulado: 11001-03-15-000-2024-06446-00
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otros1
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Mínimo vital, ii) igualdad, iii) debido
proceso, iv) salud, v) trabajo, vi) dignidad humana, vii) vida y viii) seguridad social
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Marlon Andrés Aristizábal Meza
y Ferley José Sandoval Villalba contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el
Municipio de Ibagué y la Gestora Urbana de Ibagué.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “4ED_CARATULAPDF(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
Expediente núm. 1001-03-15-000-2024-05864-00
1. El señor Marlon Andrés Aristizábal Meza, en nombre propio, presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el Municipio de Ibagué y la
Gestora Urbana de Ibagué, porque, a su juicio: i) el Tribunal, con ocasión a que en
“[…] una Acción Popular (que aún está en curso sin fallo) […] determinó la
cancelación de mi permiso y el retiro inmediato de mi puesto de trabajo […] como
medida cautelar en el radicado 73001- 23333-000-2023-00302-00 […]”; y ii) el
Municipio y la Gestora, con ocasión a que “[…] me pretende desalojar cuando a mi
alrededor existen más de 40 actores infractores del espacio público ilegales sobre
quienes no existe reparo alguno [...]”: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-06446-00
2. El señor Ferley José Sandoval Villalba, en nombre propio, presentó acción
de tutela2 contra el «HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA–
CIRCULO DE IBAGUE, (Magistrado Andrés Rojas Villa) MUNICIPIO DE IBAGUE,
GESTORA URBANA, SECRETARIA DE GOBIERNO, DIRECCION DE ESPACIO
PUBLICO, Y SECRETARIA DE MOVILIDAD»3, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al «MÍNIMO VITAL, DERECHO AL TRABAJO, DEBIDO
PROCESO EN CONEXIDAD AL PRINCIPIO DE PRESUNCIO DE LEGALIDAD»4
Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
Expediente núm. 1001-03-15-000-2024-05864-00
2 Con escrito radicado el 25 de noviembre de 2024, a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
3 Transcripción del texto original
4 Transcripción del texto original
3
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
3. Señaló que, es comerciante inscrito ante la Cámara de Comercio de Ibagué
con matrícula mercantil desde el 9 de octubre de 2018 y que “[…] canceló los
permisos requeridos a la Alcaldía de Ibagué y la Gestora Urbana para poder ejercer
la actividad comercial en forma legal y no informal, en el lugar donde se me asigno
calle 12 entre carrera 3 y 2. (anexo cámara de comercio, RUT) lo anterior bajo el
principio de la CONFIANZA LEGITIMA. […]”.
4. Manifestó que, el 3 de noviembre de 2024, “[…] un señor que se identificó
como magistrado se acercó al establecimiento de comercio ubicado en la calle 12
entre carreras 3 y 2, manifestó que se encontraba en una diligencia de inspección
judicial dentro de un proceso de Acción Popular (en curso), persona a quien le
entregue mis permisos legales de funcionamiento entregados por la Alcaldía de
Ibagué- Gestora Urbana y que daban cuenta de la autorización y el pago mensual
asignado para el uso y aprovechamiento del espacio público desde el año 2021 y
estaban vigente a la fecha de la inspección. […]”.
5. Indicó que, “[…] el señor magistrado indico que a su parecer me encontraba
obstaculizando supuestamente la vía y que pese a tener permiso, ordeno en forma
inmediata se me revocara y suspendiera las ordenes de uso del espacio que me
han concedido la Gestora Urbana de Ibagué y a su vez me retirara de forma
inmediata con el vehículo WILLYS (que no es fijo sino movible) del lugar que he
habían asignado y vengo ocupando con permisos legales desde el año 2021, para
lo cual le respondí que hasta el momento mi permiso me lo había concedido la
alcaldía y pues eran ellos los que me tenían que informar y cancelarlo, además que
no soy parte de ninguna acción popular, desconozco de leyes y no sé cuál es el
proceder a seguir. El magistrado ordeno que oficiaran de inmediato la medida a la
Alcaldía de Ibagué, gestora Urbana y todas las dependencias. […]”.
6. Adujo que, el 17 de septiembre de 2024 le fue infirmado que la Gestora
urbana no le podía conceder más permisos5 “[…] por que el Tribunal superior de
Ibagué, como medida cautelar en el radicado 73001-23333-000-2023- 00302-00,
ordeno que no se me concediera más permisos por conducto de una medida
5 Transcripción literal del texto
4
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
cautelar dentro de un proceso de Acción Popular q se tramita y que incluso a la
fecha de la presente acción de tutela no tiene fallo. […]”.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-06446-00
7. Indicó que, el Municipio de Ibagué mediante los Decretos 378 de 2017 y
1069 de 2017, autorizó el aprovechamiento económico del espacio público
transitorio.
8. Señaló que, de acuerdo con la directriz de la Gestora Urbana, cumplió con
los requisitos y le fue expedido “[…] acto jurídico mediante documento público donde
autoriza el aprovechamiento económico del espacio público tránsito. […]”.
9. Manifestó que el “[…] documento jurídico la gestora urbana lo expedía de
manera mensual, lo cual se prologo en el tiempo por más de 5 años, sin interrupción
alguna. […]”.
10. Adujo que, “[…] de manera arbitraria a los vendedore (sic) de café de willys
que NO se prorrogaba el contrato, por que existió una medida cautelar que los
ordenaba […]” y que el 1.° de noviembre de 2024, “[…] Sali (sic) como de costumbre
a laborar, cuando en los puntos asignados para dicha labor se encontraban agentes
de tránsito, impidiendo el parqueo de los Willys, manifestando que por orden
expresa del secretario de gobierno y de la secretaria de movilidad no se podía volver
a desempeñar dicha labor. […]”.
11. Señaló que, desconocía la medida cautelar y “[…] que procedí y (sic) indagar
con los colegas , y observamos en la misma que la orden es expresa contra, el
comerciante MARLON , y un ESTABLECIMINETO UBICADO EN LA PLAZOLETA
SANTA LIBRADO, […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
Expediente núm. 1001-03-15-000-2024-05864-00
5
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
12. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1. Se reconozca y conceda la protección por vía de tutela al señor MARLON
ANDRES ARISTIZABAL MEZA mayor y vecino de Ibagué e identificado con la
cédula de ciudadanía N° […] expedida en Ibagué, en cuanto a sus derechos
fundamentales del DERECHO AL TRABAJO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO
en concordancia con el principio de LA CONFIANZA LEGITIMA Y SEGURIDAD
JURIDICA, DERECHO, DERECHO A LA IGUALDAD vulnerados por las acciones
desplegadas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN ORALIDAD DE IBAGUE,
ALCALDIA DE IBAGUE, GESTORA URBANA DE IBAGUE y que le impiden cumplir
con el propósito de los derechos exigidos en protección.
2. Suspender de forma transitoria la medida provisional y cautelar tomada en
diligencia de inspección judicial dentro del proceso de Acción Popular radicación
73001-23333-000-2023-00302-00, donde se ordenó la suspensión del permiso
concedido para el uso del espacio público, compulsa de copias para investigación
disciplinaria, fiscal y penal, entre otros, hasta tanto no se desate el fallo principal
dentro de la Acción Popular cuyos efectos deben ser vinculantes y con efectos erga
omnes.
3. Notificar a las entidades tuteladas las medidas correctivas y transitorias tomadas
con la presente acción. […]”.
12.1 Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que6:
“[…] Con respeto de las decisiones transitorias por el señor Magistrado, considero
que con la medida cautelar tomada de revocarme el permiso y ordenar la
movilización y el retiro definitivo del lugar que ocupo por más de 3 años, pagando
impuestos, vulnera gravemente mi DERECHO AL DEBIDO PROCESO en
concordancia con el principio de LA CONFIANZA LEGITIMA Y SEGURIDAD
JURIDICA DERECHO AL TRABAJO y DERECHO A LA IGUALDAD y demás
derechos vinculantes, ya que, en primera medida, se me vulnera el DERECHO AL
TRABAJO pues el Willis es mi único sustento vital, mi único ingreso de vida, no
cuento con otro medio para subsistir y pagarle a mis empleados sus salarios
quienes también tienen familias, potísima razón para cuidarlo y ser legal, pagar
impuestos, fomentar empleo, todo en forma legal y consiente que se debe hacer lo
correcto para surgir como persona y comerciante. Permanecer por 3 años en el
lugar asignado por la Gestora Urbana de Ibagué, me da la seguridad de que puedo
seguir trabajando y sustentando mis necesidades básicas y de las personas que
tengo a mi cargo, por tal motivo, estoy inscrito en la cámara de comercio y pago los
impuestos en regla, los permisos de funcionamiento, es ajeno a mí que exista una
discordia publica por el aprovechamiento del espacio público, que exista una acción
popular con efectos erga omnes y no personales como a mi parecer me ha tocado
y sobre lo cual elevo la voz de protesta e igualdad. Únicamente deseo que me dejen
trabajar en paz.
Se me vulnera el DERECHO AL DEBIDO PROCESO en concordancia con el
principio de LA CONFIANZA LEGITIMA Y SEGURIDAD JURIDICA ya que como
advierto con los documentos que aporto, funciono en forma legal, la Alcaldía de
Ibagué por intermedio de la Gestora Urbana me permitió el uso del espacio público
y para ello pago impuestos mes a mes y soy 100% legal, por 2 tanto, tengo
6 Transcripción literal del texto
6
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
derechos adquiridos y legitimados con la antigüedad de 3 años al día y vigente
cancelando mi permiso para funcionar, y de la noche a la mañana no se me puede
cambiar las condiciones de uso o funcionamiento por la autoridad administrativa
por sospecha o por elección, se debe respetar mi antigüedad y mis permisos
vigentes. […]”.
[…]
“[…] El magistrado simplemente me revoco el permiso y ordeno a la alcaldía que
se me comunicara que no me concedieran más permisos, pero omitió por completo
que tenía permisos concedidos de casi 3 años por la entidad encargada GESTORA
URBANA a quien le cancelaba como ordena la ley; soy ajeno a una acción popular
que vincula a todos los actores que ocupan el espacio público, pero no se me puede
simplemente por tomar una medida cautelar, generar un cambio inesperado en
tanto a la legalidad vigente para trabajar en cumplimiento de las exigencias legales
establecidas para el uso del espacio público.
Se me vulnera el DERECHO A LA IGUALDAD pues el magistrado fue selectivo y
no imprimió medida cautelar sobre otros actores que incluso ocupaban el espacio
público sobre la misma calle 12 a salir a la 3 y que la mayoría están sin permiso,
quienes con sus sombrillas obstaculizan el paso de vehículos y personas, pasando
frente a ellos, ignorando imponer la misma clase de medida cautelar urgente de
recuperar el espacio y la vía como lo hizo conmigo, decisión que me afecta
directamente en igualdad pues la acción popular y las medidas transitorias que se
tomen deben ir encaminadas en contra de todos los actores que se encuentran
afectando el uso público o interrumpiendo el uso del espacio público, pese a ello,
el magistrado paso por alto otros vehículos en calles que también “obstaculizan con
o sin permiso” la vía pública, sombrillas que incluso impedían el paso de los
vehículos a un solo carril y eso… […]”.
[…]
“[…] Solicito amablemente se reconozcan mis derechos legítimos en igualdad de
condiciones a los demás, se reconozca mi aporte al fomento del desempleo con mi
establecimiento de comercio, se reconozca la legalidad de mis permisos de uso y
aprovechamiento del espacio público permitido por la autoridad competente, todo
lo anterior, hasta que exista un fallo concreto producto de la sentencia judicial de
Acción Popular con efectos erga omnes y no contra unos pocos con permisibilidad
de la Administración de Justicia. […]”.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-06446-00
13. El actor solicitó en su escrito de tutela7:
“[…] PRIMERA: TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE MÍNIMO
VITAL, DERECHO AL TRABAJO, DEBIDO PROCESO EN CONEXIDAD AL
PRINCIPIO DE PRESUNCIO DE LEGALIDAD delseñor FERLEY JOSE
SANDOVAL VILLALBA.
SEGUNDA: como consecuencia, de lo anterior SE ORDENE a la GESTORA
URBANA suscriba nuevamente permiso de aprovechamiento económico del
7 Transcripción literal del texto
7
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
espacio público transitorio del señor FERLEY JOSE SANDOVAL VILLALBA de su
establecimiento,
TERCERA: Se inste al MUNICIPIO DE IBAGUE en cabeza de su alcaldesa, para
que restablezca como autoridad Municipal los derechos del accionante,
CUARTO: Se Ordene al SECRETARIO DE GOBIERNO – DIRECTOR DE
JUSTICIA suspender Cualquier Orden de LEVANTAMIENTO, AL ACCIONANTE.
QUINTO: Se Ordene al SECRETARIO DE MOVILIDAD – DIRECTOR OPERATIVO
suspender Cualquier Orden de LEVANTAMIENTO, AL ACCIONANTE.
SEXTO: Se ordene al HONORABLE MAGISTRADO. Para que certifique, que la
medida cautelar proferida por su despacho, mediante auto de fecha 25 de octubre
de 2024,dentro de la acción de popular con radicado 202300302 no tenía efectos
vinculantes al suscrito. […]”.
14. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que8:
“[…] 8. Con desconocimiento total de la medida cautelar, procedí a revisar el
documento y indagar con los colegas , y observamos en la misma que la orden es
expresa contra, el comerciante MARLON , y un ESTABLECIMINETO UBICADO EN
LA PLAZOLETA SANTA LIBRADO , lo anterior se observa en la orden del tribunal
la cual manifestaba lo siguiente:
9. Visto lo anterior, se puede establecer que la alcaldía municipal en cabeza de su
alcaldesa, y la secretaria de gobierno , no se tuvo un análisis juicioso, ni correcto
haciendo una indebida interpretación al auto emitido por el Honorable tribunal de
Ibagué , simplemente de manera coloquial ordeno levantar los willys.
10. Que en declaraciones a la ciudadanía ibaguereña del director de espacio
público, manifiesta que “por orden de un juez – magistrado, se ordena el
levantamiento de los yipaos , que los mismos no estaban aparados en el deber
constitucional de especial protección, ya que con el simple echo de tener un vehículo
tenían como subsistir por tener capacidad económica”
11. Con asombro y desconsuelo veo que solamente, me prohíben el derecho al
trabajo, cuando cumplo con todos los requisitos de conformación de establecimiento
de comercio para el aprovechamiento del espacio público y pagamos para ello
tributando al municipio de Ibagué. […]”.
Actuación
Expediente núm. 1001-03-15-000-2024-05864-00
8 Transcripción literal del texto
8
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
15. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de diciembre de 2024: i)
admitió la solicitud de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Tolima, a la Alcaldesa del Municipio de Ibagué y al Director de la
Gestora Urbana de Ibagué; y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, a
Nación – Ministerio del Trabajo, a la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, a la Dirección de Espacio
Público de Ibagué y a Nicolas Álvarez Bernal, concediéndoles el término de tres (3)
días para rendir informe sobre el particular.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-06446-00
16. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de diciembre de 2024, resolvió
lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Decretar la acumulación del proceso de tutela identificado con el
número único de radicación 110010315000202406446-00 al proceso de tutela
identificado con el número único de radicación 110010315000202405864-00, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Suspender el trámite de la solicitud de tutela identificada con el número
único de radicación 110010315000202405864-00 hasta tanto la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 110010315000202406446-00 se
encuentre en la misma etapa procesal.
TERCERO: Admitir la solicitud de tutela presentada por Ferley José Sandoval
Villalba contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el Municipio de Ibagué –
Secretaría de Gobierno y Secretaría de Movilidad, y la Gestora Urbana de Ibagué,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Notificar, por el medio más expedito y eficaz, a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Tolima, a la Alcaldesa del Municipio de Ibagué, al
Secretario de Gobierno del Municipio de Ibagué, al Secretario de Movilidad de
Ibagué y al Director de la Gestora Urbana de Ibagué, quienes podrán rendir informe
y allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas, dentro de los
tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia.
QUINTO: Vincular a la Nación – Ministerio del Trabajo, – Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, a la Dirección de
Espacio Público de Ibagué y a Nicolas Álvarez Bernal, en calidad de terceros con
interés legítimo.
SEXTO: Notificar, por el medio más expedito y eficaz, a la Ministra del Trabajo, al
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, al Director General del Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA, al Director de Espacio Público de Ibagué y a Nicolas Álvarez
Bernal, quienes podrán rendir informe y allegar los documentos que pretendan hacer
valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta
providencia. […]”.
9
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
Expediente núm. 1001-03-15-000-2024-05864-00
17. La Alcaldía de Ibagué- Secretaría de Gobierno- Dirección de Espacio Público
indicó9 “[…] en atención al oficio con fecha del 29 de noviembre de 2024, este
despacho acusa como recibido la notificación mediante en el cual resuelve sobre un
requerimiento previo a decidir la solicitud de tutela […]”.
18. El Tribunal Administrativo de Tolima señaló que:
“[…] En este escenario, la decisión judicial fue objeto de apelación por parte
de los sujetos procesales del extremo pasivo, y actualmente se encuentra
bajo estudio en la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, en el
despacho del Consejero Nicolás Yepes Corrales. Esto evidencia que el
proceso judicial aún no ha culminado y que existe un recurso idóneo en curso
que permite revisar la legalidad y proporcionalidad de la medida adoptada.
Por otra parte, la medida cautelar, lejos de ser arbitraria, está orientada a
proteger el interés colectivo en el uso adecuado del espacio público, derecho
que prima sobre cualquier interés particular, especialmente cuando el
accionante desarrolla una actividad comercial que no se enmarca dentro de
la economía informal tradicional. La presencia de múltiples vehículos
comerciales operados por empleados contratados desvirtúa cualquier
alegato de precariedad económica que podría justificar la utilización del
espacio público como medio de subsistencia, diferenciándose claramente del
perfil de los vendedores informales a quienes se pretende beneficiar en el
proceso principal. […]”.
[…]
“[…] es preciso señalar que la medida cautelar no constituye una vulneración
de los derechos fundamentales del accionante, sino una actuación
preventiva y proporcional encaminada a garantizar la protección del interés
colectivo en el uso adecuado del espacio público. Lo anterior, se observa en
el sentido que en la misma diligencia judicial se decretaron varias medidas
cautelares en procura de la defensa de los derechos e intereses colectivos,
con cargas en cabeza del Municipio de Ibagué quien debió adelantar los
procedimientos administrativos legalmente previstos para dar cumplimiento
a las mismas, así como observando la jurisprudencia constitucional sobre la
materia, lo anterior, para evidenciar que la inspección judicial tuvo efectos
genéricos propios del medio de control y no particulares atendiendo los
asuntos del accionante. […]”.
[…]
9 Transcripción literal del texto
10
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
“[…] Si bien el accionante alega posibles afectaciones a su derecho al
trabajo, es evidente que su modelo de negocio trasciende la necesidad de
trabajar directamente en la venta diaria para su subsistencia, lo que le
permite reorganizar su actividad sin incurrir en la ocupación indebida de
bienes de uso público.
Por último, y con remisión a los argumentos expuestos, quisiera resaltar que
las actuaciones judiciales adelantadas en esta sede se hicieron con total
apego al ordenamiento constitucional y legal, respetándose en todo
momento el derecho fundamental al debido proceso, sin que de lo actuado
pueda colegirse vulneración a derecho fundamental alguno.
[…]”.
19. El Ministerio de Trabajo solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar “[…] toda vez
que esta Entidad no está vulnerando los derechos fundamentales del señor Marlon
Andrés Aristizábal Meza, lo que implica que haya ausencia por parte de este
Ministerio, bien sea por acción u omisión, de amenaza de derecho fundamental
alguno. […]”.
20. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo consideró que encuentra
evidencia o prueba que demuestre que esa entidad haya efectuado actuación
alguna que hubiere originado los reclamos del actor, y “[…] no ha efectuado
actuaciones que vulneren los derechos colectivos señalados por el actor. Más aún,
no se cuestiona en manera alguna, el ejercicio de las atribuciones conferidas
legalmente al MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO y que en esa
consecuencia surgiesen los hechos y pretensiones expuestos con la demanda. […]”,
por lo que solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva al
considerar “[…] la tienen en principio las partes que integran la relación jurídica
procesal y, por lo tanto, pueden solicitar que se declare algún tipo de situación
particular referente a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. En
ese sentido el MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, solo puede
actuar y por ende responder conforme a lo estrictamente facultado por la
Constitución, la ley y los decretos que establecen su objeto y competencias, esto es
el Decreto 210 de 2003 y al Decreto 2785 de 2006 (Normas compiladas en el
Decreto 1074 de 2015), por ende, no es dable atribuirle responsabilidades ajenas a
sus competencias. […]”.
11
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
21. El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- señaló que se niegue el amparo
de tutela impetrado por el actor al considerar que: “[…] frente a los hechos expuestos
en el escrito de tutela, el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, no ha vulnerado
derecho constitucional del señor Marlon Andrés Aristizábal, como vendedor Ambulante,
pues como se observa dentro del ámbito de sus competencias, no se encuentra la de
recuperación del espacio público, por ende por parte de la entidad que representó no existe
violación al DERECHO AL TRABAJO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO en concordancia
con el principio de LA CONFIANZA LEGITIMA Y SEGURIDAD JURIDICA, DERECHO,
DERECHO A LA IGUALDAD. […]”
21.1 Indicó que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva:
“[…] Respecto de la legitimación pasiva, la Honorable Corte Constitucional en
reiterada jurisprudencia se ha pronunciado fijando criterios del siguiente tenor: “…
la legitimación por pasiva hace referencia a la aptitud legal de la persona contra
quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute
en el proceso”, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece
o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada
a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar
a ello.” (Sentencia T- 1015 de 2006). “Falta de legitimación por pasiva de la tutela.
La jurisprudencia ha señalado que la informalidad no es absoluta, pues aun cuando
el trámite es preferente y sumario, no por ello se excluye la necesidad de satisfacer
ciertos presupuestos básicos para evitar una decisión inhibitoria, como la capacidad
de las partes, la competencia, y la integración de la causa pasiva, entre otros. […]”.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-06446-00
22. La Nación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Comercio se opuso a
que le sean tutelados los derechos fundamentales del actor, al considerar que esa
entidad no ha vulnerado la condición constitucional del actor. Solicitó que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva en el presente trámite de
tutela y señaló que:
“[…] En lo referente a la legitimación en la causa, la tienen en principio las partes que
integran la relación jurídica procesal y, por lo tanto, pueden solicitar que se declare
algún tipo de situación particular referente a la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales. En ese sentido el MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y
TURISMO, solo puede actuar y por ende responder conforme a lo estrictamente
facultado por la Constitución, la ley y los decretos que establecen su objeto y
competencias, esto es el Decreto 210 de 2003 y al Decreto 2785 de 2006 (Normas
compiladas en el Decreto 1074 de 2015), por ende, no es dable atribuirle
responsabilidades ajenas a sus competencias. […]”.
12
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23. La Alcaldía de Ibagué- Secretaría de Gobierno- Dirección de Espacio Público
consideró que no hay vulneración al derecho fundamental al trabajo, al mínimo vital,
ni a la confianza legítima, solicitó “[…] DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA POR AUSENCIA DE VULNERACION AL DERECHO
FUNDAMENTAL alegados en la presente acción constitucional o en su defecto
NEGAR el amparo constitucional solicitado […]”.
24. Gestora Urbana Ibagué, Banco Inmobiliario del Municipio, Empresa Industrial y
Comercial del Estado, E.I.C.E. solicitó que “[…] se desvincule de la presente acción
de tutela a la GESTORA URBANA DE IBAGUÉ, toda vez que la entidad no ha
incurrido ni es la responsable de la vulneración de los derechos fundamentales
enunciados ni del restablecimiento de los mismos. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
25. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199110, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
202111 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201912, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
26. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
11 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
12 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
13
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falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
Legitimación en la causa por pasiva
27. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto sobre la legitimación en la causa por pasiva, para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del
contenido de la sentencia.
28. Visto el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por
pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
29. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 200613, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute
en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
13 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
14
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el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[14].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
30. La Sala advierte que la Nación Ministerio de Trabajo, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA-,
Gestora Urbana Ibagué, Banco Inmobiliario del Municipio, Empresa Industrial y
Comercial del Estado, E.I.C.E. solicitaron su desvinculación por cuanto, a su juicio,
carecen de legitimación en la causa por pasiva.
31. Al respecto, es preciso indicar que dichas autoridades fueron vinculadas dentro
marco del proceso ordinario, por lo que les asiste interés.
32. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que la Nación- Ministerio de Trabajo, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje-
SENA-, y Gestora Urbana Ibagué, Banco Inmobiliario del Municipio, Empresa
Industrial y Comercial del Estado, E.I.C.E. les asiste interés en la decisión de tutela
que se profiera respecto al medio de control de Protección de los derechos e
intereses colectivos mencionado supra.
14 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por las sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-
562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
15
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33. En tal virtud, la Sala declarará no probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva formuladas por la Nación- Ministerio de Trabajo,
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje-
SENA-, y Gestora Urbana Ibagué, Banco Inmobiliario del Municipio, Empresa
Industrial y Comercial del Estado, E.I.C.E.
Problemas jurídicos
34. Corresponde a la Sala establecer i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de la subsidiariedad.
35. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) sobre la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato; iv) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; v) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi)
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; vii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
a la salud; viii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
al trabajo; ix) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
a la dignidad humana; x) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la vida; xi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; procediendo posteriormente a xii) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
16
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36. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena15, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
37. Esta Sección adoptó16 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200517, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
38. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
39. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
17 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
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análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”18 que encaje en dichos parámetros.
40. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
41. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201419.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
42. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de subsidiariedad.
Acerca del requisito general de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales
43. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86
superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 20, indica que la
solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
18 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
20 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
18
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44. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir
la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un
perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos
mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.
45. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional21:
“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200922 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez
que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.
En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en
lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
21 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el
mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción
contencioso-administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa
judicial.
19
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fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.
Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”
7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la
protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.
46. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital
47. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos
[…]”.
48. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho23:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción
de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación
de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
23 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
20
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prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este derecho
se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.), la salud
(Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.). De esta
forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de mayor
relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
49. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
50. Atendiendo a que la Corte Constitucional3 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
21
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
51. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
52. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud
24 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
22
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53. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el artículo
2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 2015 25 sobre el derecho
fundamental a la salud.
54. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional19, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo
55. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
56. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha
dicho lo siguiente26:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho
y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho
al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad
jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a
través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su
perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir
dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables
para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio
a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto
productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.
25 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
26 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
23
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana
57. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala).
58. Atendiendo a que la Corte Constitucional27 ha establecido que el derecho a la
dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación
con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degradante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal
ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor fundante
del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida
59. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.
60. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional28, se ha sostenido
que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia digna,
27 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
28 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la extinción
de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que incomoden
su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
61. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan
su poder adquisitivo constante […]”.
62. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente29:
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado6.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”7. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”30 […]”.
29 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas
30 Ibidem
25
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
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Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
Análisis del caso concreto
Expediente núm. 1001-03-15-000-2024-05864-00
63. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, el Municipio de Ibagué y la Gestora Urbana de Ibagué,
porque, a su juicio: i) el Tribunal, con ocasión a que en “[…] una Acción Popular
(que aún está en curso sin fallo) […] determinó la cancelación de mi permiso y el
retiro inmediato de mi puesto de trabajo […] como medida cautelar en el radicado
73001- 23333-000-2023-00302-00 […]”; y ii) el Municipio y la Gestora, con ocasión
a que “[…] me pretende desalojar cuando a mi alrededor existen más de 40 actores
infractores del espacio público ilegales sobre quienes no existe reparo alguno [...]”:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-06446-00
64. El señor Ferley José Sandoval Villalba, en nombre propio, presentó acción
de tutela31 contra el «HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA–
CIRCULO DE IBAGUE, (Magistrado Andrés Rojas Villa) MUNICIPIO DE IBAGUE,
GESTORA URBANA, SECRETARIA DE GOBIERNO, DIRECCION DE ESPACIO
PUBLICO, Y SECRETARIA DE MOVILIDAD»32, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al «MÍNIMO VITAL, DERECHO AL TRABAJO, DEBIDO
PROCESO EN CONEXIDAD AL PRINCIPIO DE PRESUNCIO DE LEGALIDAD»33
65. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
66. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
31 Con escrito radicado el 25 de noviembre de 2024, a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
32 Transcripción del texto original
33 Transcripción del texto original
26
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2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
67. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
67.1 Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos con el núm. de
radicación 73001-23-33-000-2023-00302-00.
Solución del caso concreto
Expediente núm. 1001-03-15-000-2024-05864-00
68. Como fundamento de su solicitud, el actor en su escrito de tutela señaló que34:
“[…] Con respeto de las decisiones transitorias por el señor Magistrado, considero
que con la medida cautelar tomada de revocarme el permiso y ordenar la
movilización y el retiro definitivo del lugar que ocupo por más de 3 años, pagando
impuestos, vulnera gravemente mi DERECHO AL DEBIDO PROCESO en
concordancia con el principio de LA CONFIANZA LEGITIMA Y SEGURIDAD
JURIDICA DERECHO AL TRABAJO y DERECHO A LA IGUALDAD y demás
derechos vinculantes, ya que, en primera medida, se me vulnera el DERECHO AL
TRABAJO pues el Willis es mi único sustento vital, mi único ingreso de vida, no
cuento con otro medio para subsistir y pagarle a mis empleados sus salarios quienes
también tienen familias, potísima razón para cuidarlo y ser legal, pagar impuestos,
fomentar empleo, todo en forma legal y consiente que se debe hacer lo correcto para
surgir como persona y comerciante. Permanecer por 3 años en el lugar asignado
por la Gestora Urbana de Ibagué, me da la seguridad de que puedo seguir
trabajando y sustentando mis necesidades básicas y de las personas que tengo a
mi cargo, por tal motivo, estoy inscrito en la cámara de comercio y pago los
impuestos en regla, los permisos de funcionamiento, es ajeno a mí que exista una
discordia publica por el aprovechamiento del espacio público, que exista una acción
popular con efectos erga omnes y no personales como a mi parecer me ha tocado
y sobre lo cual elevo la voz de protesta e igualdad. Únicamente deseo que me dejen
trabajar en paz. […]”
34 Transcripción literal del texto.
27
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Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
[…]
“[…] El magistrado simplemente me revoco el permiso y ordeno a la alcaldía que se
me comunicara que no me concedieran más permisos, pero omitió por completo que
tenía permisos concedidos de casi 3 años por la entidad encargada GESTORA
URBANA a quien le cancelaba como ordena la ley; soy ajeno a una acción popular
que vincula a todos los actores que ocupan el espacio público, pero no se me puede
simplemente por tomar una medida cautelar, generar un cambio inesperado en tanto
a la legalidad vigente para trabajar en cumplimiento de las exigencias legales
establecidas para el uso del espacio público. […]”
[…]
“[…] El suscrito no pretende señalar a nadie ni discriminar a nadie, ni a comerciantes,
ni a vendedores formales e informales, únicamente requiere le respeten su derecho
al trabajo en igualdad de condiciones, su derecho al debido proceso bajo el principio
de la confianza legítima obtenida en forma legal por autoridad competente, con el
pago de emolumentos mensuales, esto es, permisos para funcionamiento y uso del
espacio público.
12. El derecho a exigir igualdad en las decisiones judiciales y el derecho al trabajo
obliga al suscrito a presentar y elevar su posición de tutela a sus derechos
fundamentales, persona ajena a los conflictos del municipio, recuperación de
espacio público que se pueden derivar de Acciones populares vigentes, pero que no
pueden afectar a unos frente a otros.
13. Solicito amablemente se reconozcan mis derechos legítimos en igualdad de
condiciones a los demás, se reconozca mi aporte al fomento del desempleo con mi
establecimiento de comercio, se reconozca la legalidad de mis permisos de uso y
aprovechamiento del espacio público permitido por la autoridad competente, todo lo
anterior, hasta que exista un fallo concreto producto de la sentencia judicial de
Acción Popular con efectos erga omnes y no contra unos pocos con permisibilidad
de la Administración de Justicia. […]”.
Expediente núm. 11001-03-15-000-2024-06446-00
69. Como fundamento de su solicitud, el actor en su escrito de tutela señaló que35:
“[…] se puede establecer que la alcaldía municipal en cabeza de su alcaldesa, y la
secretaria de gobierno , no se tuvo un análisis juicioso, ni correcto haciendo una
indebida interpretación al auto emitido por el Honorable tribunal de Ibagué ,
simplemente de manera coloquial ordeno levantar los willys.
10. Que en declaraciones a la ciudadanía ibaguereña del director de espacio
público, manifiesta que “por orden de un juez – magistrado, se ordena el
levantamiento de los yipaos , que los mismos no estaban aparados en el deber
constitucional de especial protección, ya que con el simple echo de tener un vehículo
tenían como subsistir por tener capacidad económica”
11. Con asombro y desconsuelo veo que solamente, me prohíben el derecho al
trabajo, cuando cumplo con todos los requisitos de conformación de establecimiento
35 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
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Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
de comercio para el aprovechamiento del espacio público y pagamos para ello
tributando al municipio de Ibagué.
12. Actualmente todos los vendedores ambulantes o informales, del municipio de
Ibague y quienes no tributan tienen el beneplácito de la administración municipal,
para ejercer sus laborales.
13. Tengo 2 Hijas estudiantes de la universidad Nacional y la universidad distrital en
la ciudad de Bogotá, Las cuales dependen 100% de nosotros 14. Así mismo Tengo
a cargó a mi mamá de más de 60 años, la cual depende única y exclusivamente de
mi.
15. Después de la pandemia Me sentí en la obligación de buscar una alternativa de
trabajo ya que tengo un problema auditivo tengo 5 cirugías ya que sufro de otitis
crónica media.
16. Con unos ahorros y un crédito que hicimos con mi esposa para comprar un
motocarro ya que no nos alcanzó para un willis de segunda y ya completamos 4
años de estar laborando en ese espacio asignado por la gestora urbana y la
viabilidad de espacio público […]”.
70. La Sala considera que, la solicitud de tutela no cumple con el requisito general
de procedencia de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, en la medida
en que, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se
observa que el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de Protección
de los derechos e intereses colectivos, identificado con el número único de
radicación 730012333000202300302-00, se encuentra en trámite, es decir, este no
ha sido definido por el juez natural de la causa.
71. Al respecto, la Sala advierte que el proceso se encuentra pendiente para
proferir sentencia, por parte del Tribunal Administrativo del Tolima.
72. En ese orden de ideas, como lo ha señalado esta Sección36 no se cumple el
requisito general de procedencia de subsidiariedad, en la medida que el proceso se
encuentra en trámite:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se encuentra
en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar cualquier decisión
adversa las partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas proceden
dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto,
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
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Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
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Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
no se puede tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad
procesal en la decisión que pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como
una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el trámite de
los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además,
no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso
del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su estudio en sede de
tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite. […]”.
73. Al respecto, esta Corporación37 ha considerado que:
“[…] Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201338, advirtió
que al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso
ha culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no
es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar
un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos
fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite39; (ii) no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios40; y (iii) se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”41”.42 […]”.
[…]
Y, solo en el evento que la parte actora considere que éstas irregularidades
procesales subsisten luego de ejecutoriada la sentencia o la providencia que ponga
fin al proceso, es posible acudir de manera subsidiaria a la acción de tutela, se
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
38 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
39 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
40 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones
de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla
jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre
otras.
41 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
42 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
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Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
reitera, luego de agotados los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance
de las partes en el desarrollo del proceso judicial […]”. (Resaltado del texto original)
74. En ese orden de ideas, en el caso sub examine no se cumple el requisito
general de procedencia de subsidiariedad, en la medida en que aún se encuentra
en trámite el medio de control cuestionado por los actores, por lo que se desconoce
la incidencia que eventualmente podría llegar a tener las presuntas irregularidades
que se advirtió en el escrito de tutela y que, en principio, corresponde conocer al
juez natural de la causa.
Análisis del perjuicio irremediable
75. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
76. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional43:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que
así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio
ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”44[…]”.
77. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los actores se
encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
43 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
44 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
31
Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
78. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para
lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de un
mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan otros
recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de los
afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable que en el presente caso no se configuró.
Conclusiones de la Sala
79. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva formuladas por la Nación- Ministerio de Trabajo, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA-, y
por Gestora Urbana Ibagué, Banco Inmobiliario del Municipio, Empresa Industrial
y Comercial del Estado, E.I.C.E. por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Núm. único de radicación: 1001-03-15-000-2024-05864-00 (Acumulado 11001-03-15-000-
2024-06446-00)
Actor: Marlon Andrés Aristizábal Meza
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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