Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05867-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05867-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05867-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
20 de febrero de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05867 01
Accionante: José Oswaldo Naranjo Casas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05867 01
Accionantes: JOSÉ OSWALDO NARANJO CASAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 28 de noviembre de 2024, dictado por el Consejo de Estado,
Sección Quinta.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El señor José Oswaldo Naranjo Casas solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 24 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que revocó la providencia
del 25 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado 49 Administrativo
de Bogotá, y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, promovida contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Fuera Aérea Colombiana1.
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Proceso que se identificó con la radicación 11 001 33 42 049 2022 00011 00/01.
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Accionante: José Oswaldo Naranjo Casas
1.2. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue adelantada con
el objeto de que se declarara la nulidad del oficio FAC-S-2020-070689-CI
/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-COP-JERLAAOFSU del 7 de julio de 2020,
mediante el cual se negó al demandante el reconocimiento de la prima para
oficiales del cuerpo administrativo. A título de restablecimiento del derecho,
el actor pretendió que: (i) se reconociera y pagara la prima profesional de
que trata el artículo 962 del Decreto 1211 de 1990, (ii) se pagara el 40%
de su asignación básica mensual de manera retroactiva desde que se hizo
exigible dicha prestación, y (iii) reconocer la indexación a la que hubiera
lugar por tal concepto.
1.3. La demanda se fundamentó en que José Oswaldo Naranjo Casas
ingresó a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) el 13 de diciembre de 2006 y
fue designado a prestar sus servicios en el cuerpo administrativo de la
entidad, inicialmente como técnico y, a partir del 21 de junio de 2005, como
profesional por tiempo completo y en cargos de la especialidad de
contaduría pública.
Sostuvo que el 3 de septiembre de 2018, mediante acto administrativo
número 198, le fue reconocido el pago de la prima para oficiales del cuerpo
administrativo, indicando que se desempeñaba en su profesión por tiempo
completo. Sin embargo, en febrero de 2020, el demandante informó a la
FAC que en su desprendible de pago se reflejaba la prima de especialista y
la prima administrativa, y la entidad dejó de pagárselas a partir del 1° de
marzo de 2020.
Adujo que promovió la solicitud de reconocimiento de la prima del cuerpo
administrativo, con fundamento en la sentencia C-229 de 2011, en la que
la Corte Constitucional señaló que para el caso de dicha prestación no se
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“Prima para Oficiales del Cuerpo Administrativo. A partir de la vigencia del presente decreto, los Oficiales del
Cuerpo Administrativo de las Fuerzas Militares cuando presten los servicios profesionales de su especialidad
por tiempo completo, tendrán derecho a una prima mensual equivalente al cuarenta por ciento (40%) del
sueldo básico correspondiente a su grado”.
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haría discriminación entre los oficiales o suboficiales que solicitaran
pertenecer al cuerpo administrativo.
1.4. La demanda correspondió al Juzgado 49 Administrativo de Bogotá,
autoridad que, mediante sentencia del 23 de septiembre de 2023, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda con fundamento en que
el demandante cumplió los requisitos para el reconocimiento de la prima
de orden administrativo, por lo que tenía derecho a seguir devengándola.
1.5. Contra la anterior decisión, la demandada presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, a través de sentencia del
24 de septiembre de 2024, la cual revocó el fallo de primera instancia y
en su lugar denegó las pretensiones de la demanda, al advertir que el
demandante había sido trasladado del cargo, razón por la cual, pese a
que siguió ejerciendo las mismas funciones, no cumplía con la totalidad
de los requisitos para continuar devengando la prestación reclamada.
Además, adujo que no se demostró que el actor hubiera solicitado a la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa el concepto favorable para ejercer
su profesión de contador público en el cargo, requisito exigible para el
reconocimiento de la prima.
1.6. El accionante adujo en la tutela que la providencia de segunda instancia
incurrió en defecto fáctico porque no realizó un análisis completo de las
pruebas que demostraban que él pertenecía al cuerpo administrativo de la
entidad desde que se expidió la Resolución 398 del 30 de noviembre de
2006, que lo vinculó como Suboficial de la FAC, como consta en su hoja de
vida. Entonces, a su juicio, no se le podía exigir que nuevamente solicitara
hacer parte de una dependencia a la que ya pertenecía. En tal sentido,
manifestó:
“En efecto las pruebas arrimadas al proceso, demostraron que mi representado
pertenece al Cuerpo Administrativo, a pesar del reprochable intento de la entidad
demandada disfrazar tal verdad en la contestación de la demanda, en la que
afirmaron sin ningún escrúpulo, que mi mandante hace parte del Cuerpo
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Administrativo de la Fuerza Aérea Colombiana, ejerciendo el cargo de TÉCNICO
ESPECIALISTA TESORERÍA pretendiendo tal vez con esto que se le nieguen las
pretensiones ocultando una condición que a las claras tiene o aún peor que ejerce
las mismas funciones en el cargo que desempeña como Suboficial Profesional.
Lo anterior indica, que mi mandante solicitó pertenecer al cuerpo administrativo
en el momento en que se expide la resolución No. 398 del 30 de noviembre de
2006 como Suboficial a la FAC, razón por la cual, en este instante, no se le puede
exigir que nuevamente haga una solicitud para pertenecer a algo que ya
pertenece, como tampoco se le puede exigir que solicite ser reconocido como
Oficial, cuando él está conforme en su condición de Suboficial.
Ahora bien al negarle el derecho a mi poderdante, en razón a que no ha solicitado
ser Oficial, sería un acto de discriminación, especialmente cuando la Corte
Constitucional ya estableció, que en su condición se Suboficial puede acceder a
ella; así es que exigirle un concepto de la Junta Asesora de Ministerio , para
que desempeñarse como profesional, en la norma no dice que bebe
presentar solicitud y ser aceptado de acuerdo con las necesidades de las
Fuerzas Militares, no hay un previo concepto de la junta asesora, porqué,
porque el Suboficial no está pidiendo ser Oficial y este requisito aplica
para los Oficiales, en ningún lado de la jurisprudencia dice que es un requisito
para los Suboficiales, no es un aspecto procedente sobre este aspecto la resolución
No. 398 del 30 de noviembre de 2006 evidencia que el Suboficial NARANJO fue
incorporado al Cuerpo Administrativo de Suboficiales “sin que sea procedente
acudir a la Junta Asesora del Ministerio de la Defensa Nacional (…)”. (Negrillas del
original).
1.7. De acuerdo con lo expuesto, la parte actora formuló las siguientes
pretensiones:
“PRIMERO: Que se tutele el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y AL
ACCESO A LA JUSTICIA vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN 7 MAGISTRADA PONENTE:
PATRICIA SALAMANCA GALLO con la providencia de fecha 24 de septiembre de
2024 notificada el 8 de octubre de 2024 dentro del radicado No. 11001-33-42-
049-2022-00011-01 Medio de Control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO de carácter laboral.
SEGUNDO: Que se ordene confeccionar una providencia que recoja un análisis
exhaustivo sobre los requisitos contenidos en el artículo 96 del Decreto 1211 de
1990 ‘Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de
la Fuerzas Militares’ y de las pruebas arrimadas al proceso, que no fueron tenidas
en cuenta para resolver la alzada”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca hizo un recuento de
las actuaciones adelantadas en la segunda instancia y manifestó que la
decisión atacada fue proferida con sujeción a la ley. Además, sostuvo que
los fundamentos de la acción de tutela se dirigen únicamente a discutir
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los argumentos que fueron objeto de debate en el trámite ordinario, por
lo que se está empleando como un recurso o instancia adicional.
2.2. El Juzgado 49 Administrativo de Bogotá allegó copia digital del
expediente.
2.3. La Nación, Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea Colombiana,
guardó silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 28 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado,
Sección Quinta, declaró improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. En concreto,
consideró que los argumentos propuestos en el escrito de tutela
evidencian un desacuerdo con lo concluido por el juez ordinario, lo que no
permite inferir la existencia de una vulneración de derechos
fundamentales que dé lugar al estudio del fondo del asunto. Además,
advirtió que lo pretendido por el accionante es reabrir el debate que ya
fue zanjado por el juez natural de la causa, y convertir así la acción de
tutela en una tercera instancia.
IV. IMPUGNACIÓN
La parte accionante manifestó encontrarse en desacuerdo con la
sentencia de primera instancia, e insistió en que la decisión atacada
incurrió en un defecto fáctico porque no efectuó un análisis completo de
las pruebas arrimadas al proceso.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
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de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. El señor José Oswaldo Naranjo Casas interpuso demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la FAC con el objeto de obtener el
reconocimiento de la prima para oficiales del cuerpo administrativo.
5.2.2. El Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, a través de sentencia del
23 de septiembre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, al considerar que el demandante cumplió con los requisitos
para obtener el reconocimiento de la prima para oficiales del cuerpo
administrativo.
5.2.3. Contra la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso
de apelación y, mediante proveído del 24 de septiembre de 2024, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, la revocó y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el demandante no cumplió con todos los requisitos para
obtener el derecho a la prima que reclama.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
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5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación3,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional 4 hizo énfasis en
“la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
4
M. P. Natalia Ángel Cabo.
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En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573
de 20195, el alto tribunal explicó que este requisito busca tres objetivos:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
5
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 6.
5.3.1.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho 7:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
6
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
7
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
5.3.2. Caso concreto
En el asunto bajo examen, la Sala recuerda que las inconformidades
planteadas por la parte accionante en la tutela y en la impugnación
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consisten en que, a su juicio, la sentencia que resolvió en segunda
instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y le denegó
el reconocimiento de la prima para oficiales del cuerpo administrativo de
la FAC, incurrió en defecto fáctico porque no efectuó un análisis completo
de las pruebas que, según alega, demostraban que él hacía parte del
cuerpo administrativo de la entidad, razón por la cual cumplía con los
requisitos acceder a dicha prestación.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que los argumentos expuestos
por el demandante en la tutela constituyen simplemente la reiteración del
debate que ya se agotó en el proceso ordinario, lo que deja en claro que
sólo busca ventilar sus inconformidades frente a las conclusiones a las
que llegó el juez natural del asunto sobre el caso planteado.
Dicho de otro modo, la parte actora simplemente pretende que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, por lo que es evidente que sólo
quiere acceder a una instancia adicional.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
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En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
cuestionar lo resuelto por el juez natural del asunto y a reclamar que no
se decidió de acuerdo con el criterio que le resultaba más favorable.
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En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó en este caso.
Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales.
5.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de noviembre de 2024,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró la
improcedencia de la tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 05867 01
Accionante: José Oswaldo Naranjo Casas
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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