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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05872-00

Fecha
17 de enero de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05872-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, por los motivos expuestos. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Café del Mar SAS, por las razones señaladas en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05872-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 17 de enero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05872-00
Demandante: Café del Mar SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia mediante la cual la autoridad
judicial demandada, dentro de una acción popular, libró despacho comisorio para que se
realizara la restitución de un inmueble arrendado. Igualmente, cuestionó la providencia
que, de un lado, resolvió el recurso de reposición formulado contra la anterior decisión y,
de otro lado, rechazó por improcedente el recurso de apelación.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Café del Mar SAS
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 30 de octubre de 2024, Café del Mar SAS (antes Ltda.), mediante
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso (defensa y juez natural), junto con el
principio de imparcialidad, con ocasión de los Autos de 13 de septiembre y
18 de octubre de 2024, proferidos dentro de la acción popular No. 13001-23-
33-000-2014-00406-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“Primero: Declarar que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, al momento
de proferir los autos de fecha 13 de septiembre de 2024 y 18 de octubre de 2024,
incurrió DEFECTO SUSTANTIVO, INDEBIDA Y/O FALSA MOTIVACIÓN,
EXTRALIMITACION DE FACULTADES Y DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO,

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05872-00
Demandante: Café del Mar SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Naturaleza: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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vulnerando el derecho fundamental al debido proceso, derecho de defensa,
derecho al juez natural y el principio constitucional de imparcialidad y los demás
que el despacho considere.

Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, se REVOQUEN, los
autos de fecha 13 de septiembre de 2024 y 18 de octubre de 2024, proferido
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) En 2012, el Ministerio de Cultura suscribió el contrato
interadministrativo de Comodato No. 2199 con la Escuela Taller Cartagena
de Indias (ETCAR), en el cual esta última se obligó a (se trascribe)
“administrar, inventariar, registrar, los bienes de propiedad de la Nación de
interés cultural BIC, con la finalidad de su protección, conservación,
mantenimiento, restauración, puesta en valor y divulgación, de tal manera
que se resalten los valores, históricos, científicos y artísticos y estéticos y se
genera apropiación social”.

5. 2) El 16 de octubre de 2012, la Escuela Taller Cartagena de Indias y
Café del Mar SAS celebraron un contrato de arrendamiento, para que el
inmueble de interés cultural Baluarte Santo Domingo pudiera ser destinado
para el funcionamiento de un bar-restaurante.

6. 3) El 20 de agosto de 2014, David García Gómez presentó una
demanda, en ejercicio de la acción popular, para que se protegieran los
derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, el goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y la
defensa del patrimonio público, dada la acción u omisión de la Nación –
Ministerio de Cultura, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, el Instituto
de Patrimonio y Cultura de Cartagena, la Escuela Taller de Cartagena de
Indias y la sociedad Café del Mar SAS frente a la celebración de contratos
de arrendamiento sobre el Baluarte Santo Domingo. A dicha demanda le
correspondió el radicado No. 13001-23-33-000-2014-00406-00.

7. 4) El 21 de noviembre de 2018, la Escuela Taller de Cartagena de Indias
promovió demanda, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, en la que pretendió la terminación del contrato de
arrendamiento por los incumplimientos en los que incurrió Café del Mar SAS2,
así como la restitución del inmueble y el pago de los cánones de
arrendamiento y reajustes adeudados. La demanda le correspondió, por

2 a) Ejecutar intervenciones en el Baluarte sin autorización por parte del arrendador ni de la autoridad competente,

b) introducir elementos explosivos en el mismo, igualmente sin autorización, c) no constituir las pólizas de
cumplimiento previstas a su cargo en el contrato de arriendo, d) impedir – contra lo pactado en el contrato- la
libre circulación de las personas que visitan este bien de interés cultural y la zona donde está situado y d) negarse
a pagar el canon reajustado de conformidad con la cláusula tercera del contrato, y a devolver el inmueble
originalmente arrendado por la ETCAR.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05872-00
Demandante: Café del Mar SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Naturaleza: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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reparto, al Juzgado 12 Administrativo de Cartagena, bajo el radicado No.
13001-33-33-012-2018-00268-00, sin que (se trascribe) “se haya proferido
sentencia alguna”.

8. 5) En la acción popular antes referida, el Tribunal Administrativo de
Bolívar, mediante Sentencia de 13 de agosto de 2019, concedió la
protección de los derechos e intereses colectivos vulnerados por los
demandados, con el contrato de arrendamiento del Baluarte Santo
Domingo y les ordenó estudiar y verificar los demás contratos de explotación
económica sobre esa clase de bienes, para que, de encontrar anomalías
en ellos, realizaran las acciones correspondientes. Además, dispuso la
conformación del comité de cumplimiento de la sentencia.

9. 6) La anterior providencia fue apelada tanto por Café del Mar SAS3,
como por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena4, y la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la Sentencia de 21 de
noviembre de 20225, la modificó, en el sentido de excluir la moralidad
administrativa de los derechos vulnerados y ordenar a la Escuela Taller
Cartagena de Indias o a la autoridad competente: a) la terminación y
liquidación del contrato de arrendamiento sobre el Baluarte Santo Domingo,
así como otro cualquiera de la misma tipología que recayera sobre dicho
inmueble, dentro del término de 6 meses siguientes a la ejecutoria de esa
sentencia, b) la realización de estudios para determinar la administración
directa o la entrega a un particular del baluarte, de conformidad con
normas, restricciones y razones técnicas, financieras y económicas. Además,
ordenó la intervención y colaboración armónica de las demás autoridades
demandadas en el estudio anterior y en la protección del baluarte y demás
bienes de la misma naturaleza.

10. 7) El 1 de marzo de 2024, la Escuela Taller profirió la Resolución No. 326,
por medio de la cual dio por terminado el contrato de arrendamiento que
celebró con Café del Mar SAS, en cumplimiento de lo ordenado por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y convocó al
representante legal de la sociedad para la suscripción del acta de
liquidación bilateral del contrato, para el 18 de marzo de 2024.

3 Pidió tener en cuenta que el actor popular había desistido de la acción y, por ende, no existía violación de los

derechos invocados. Afirmó que el baluarte estaba en buen estado de conservación y sin intervención, por lo que
la sentencia de primera instancia se apartaba de las pruebas obrantes. Sostuvo que en los términos del artículo 13
de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se regulan, en lo que no contravenga lo dispuesto en dicha norma,
por el derecho privado; en esos términos, existe una libertad para regular los aspectos particulares del contrato.
Señaló que al juez no le correspondía la modificación del contrato, por lo que el aumento del precio del
arrendamiento no podía ser fruto de su imposición.
4 Cuestionó que la sentencia de primera instancia se limitara a imputarle responsabilidad por supuestas

obligaciones constitucionales, sin que se identificara la conducta atribuible, por acción u omisión, en la supuesta
vulneración declarada. Estimó que el a quo no se pronunció sobre su falta de legitimación por pasiva, como quiera
que la responsable de las posibles violaciones imputadas es la arrendadora del baluarte, es decir, el
establecimiento público Escuela Taller Cartagena de Indias.
5 Dicha decisión fue notificada el 25 de enero de 2023 y se su constancia de ejecutoria se expidió el 7 de febrero

de 2024.
6 Notificada personalmente el 8 de marzo de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05872-00
Demandante: Café del Mar SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Naturaleza: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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11. 8) Contra la anterior resolución, Café del Mar SAS formuló recurso de
reposición. Alegó, entre otros, que la Escuela Taller no podía dar por
terminado unilateralmente el contrato, ya que estaba en curso el medio de
control de controversias contractuales y, por ende, violaba su derecho al
debido proceso.

12. 9) Mediante la Resolución No. 74 de 17 de abril de 2024, la Escuela
Taller repuso parcialmente la Resolución No. 32 de 2024. Concretamente,
modificó su artículo tercero en lo atinente a la fecha de convocatoria para
la liquidación bilateral del contrato de arrendamiento. Otorgó 5 días
siguientes al recibo de la citación para que el representante de Café del
Mar SAS compareciera y, de no hacerlo dentro del plazo señalado, dispuso
que procedería con la terminación unilateral del contrato.

13. Frente a la existencia del proceso de controversias contractuales en
curso, señaló que informó de ello en la acción popular y las autoridades
judiciales no manifestaron que dicho proceso suspendiera o prorrogara el
término de cumplimiento a la orden dictada por el Consejo de Estado.

14. 10) El 21 de junio de 2024, la Escuela Taller de Cartagena le solicitó al
Tribunal Administrativo de Bolívar que librara despacho comisorio dirigido a
la Inspección de Policía Comuna 1B de la Localidad Histórica y del Caribe
Norte de Cartagena, con el fin de que se realizara la restitución de inmueble
denominado Baluarte Santo Domingo, dada su ocupación irregular por
parte de Café del Mar SAS. En Auto de 13 de septiembre de 2024, la
autoridad judicial aludida ordenó lo solicitado.

15. 11) El 23 de septiembre de 2024, Café del Mar SAS interpuso recurso
de reposición y, en subsidio, de apelación, con el fin de que se revocara el
auto por la falta de fundamento fáctico y legal con la que había sido
proferido7.

16. 12) Mediante Auto de 18 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo
de Bolívar decidió, de un lado, no reponer el auto recurrido, tras considerar
que la restitución o desalojo era una consecuencia natural de la orden
judicial de terminación del contrato. De otro lado, rechazó por
improcedente el recurso de apelación.

17. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que las providencias enjuiciadas incurrieron en indebida o falsa
motivación porque (se trascribe) “no es cierto que para liquidar el contrato
y cumplir a cabalidad las ordenes emitidas por el Consejo de Estado,

7 (se trascribe) “Al respecto de la terminación unilateral y liquidación de contratos de tracto sucesivo como lo es

el que ata a las partes ni la ley 80 de 1993, ni la 1150 de 2007, ni la 1437 de 2011, establecen como condición para
la liquidación la restitución del bien.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05872-00
Demandante: Café del Mar SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Naturaleza: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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mediante sentencia de la acción popular, sea necesario, que de manera
previa se proceda a la restitución del bien inmueble y que además su
decisión carecía de soporte jurídico”. Adujo que las Leyes 80 de 1993, 1150
de 2007 ni 1437 de 2011 establecían tal condición.

18. Además, refirió que, a pesar de haberse declarado la terminación del
contrato, desde su suscripción las partes previeron que la restitución de este
tendría lugar mediante la intervención del juez competente (cláusula
décima tercera), que, en este caso, sería el Juzgado 12 Administrativo de
Cartagena que conoce del medio de control de controversias
contractuales. En ese orden, alegó también un defecto procedimental
absoluto por la actuación al margen del proceso establecido para la
restitución.

19. En ese orden, puso de presente que el Consejo de Estado no ordenó
la restitución del inmueble, y que cuando la autoridad judicial demandada
comisionó para que se surtiera tal diligencia incurrió en violación al principio
de imparcialidad, por desconocer arbitrariamente las órdenes dadas por el
superior y extralimitarse, pues su deber, según lo dispuesto en el artículo 34
de la Ley 472 de 1998, era verificar el cumplimiento de lo ordenado en la
sentencia.

20. Agregó que (se trascribe) “dejar en firme la decisión de comisionar
para la restitución del inmueble es igual a permitir que el magistrado
sustanciador adicione la sentencia del [C]onsejo de [E]stado en una
flagrante configuración de un defecto sustantivo, ya que actúa al margen
del procedimiento legal establecido para tal fin, como quiera que para la
adición debía procederse de conformidad al artículo 287 de CGP”.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados8

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, como
ponente de la Sentencia de 21 de noviembre de 2021, dictada en el
proceso No. 2014-00406-01 (65.566), precisó que en dicha decisión ordenó
la terminación y liquidación del contrato de arrendamiento, y ello fue
cumplido a través de un acto administrativo, cuya presunción de legalidad
se encuentra incólume. Además, refirió que para la recuperación del
espacio público el juez popular de primera instancia podía dar órdenes
encaminadas al cumplimiento efectivo de la referida providencia, ante las
maniobras dilatorias del tutelante para el cumplimiento de la sentencia, con
detrimento grave de los intereses y derechos colectivos vulnerados.

8 Mediante Auto de 5 de noviembre de 2024, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la

referencia, (2) tener como parte demandada al Tribunal Administrativo de Bolívar y (3) vincular, en calidad de
terceros interesados, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, al Instituto de Patrimonio y Cultura de
Cartagena, a la Escuela Taller de Cartagena de Indias, al Ministerio de Cultura y a la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05872-00
Demandante: Café del Mar SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Naturaleza: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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22. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes puso de presente
que las manifestaciones de la parte actora desconocían la sentencia que
se profirió dentro de la acción popular No. 2014-00406-00, comoquiera, en
la verificación de su cumplimiento, Café del Mar SAS se ha resistido a
entregar el Baluarte de Santo Domingo para garantizar los derechos
colectivos que se ampararon, pese a que (se trascribe) “la consecuencia
natural de la terminación del contrato no es otra que la restitución de
espacio”.

23. Por otra parte, alegó su falta de legitimación pasiva en la causa y
solicitó su desvinculación del presente trámite, en la medida que la
vulneración alegada no provino de una acción u omisión suya. Sobre este
aspecto adujo que, pese a tener interés en el cumplimiento de la sentencia
de la acción popular aludida, no fue quien profirió las decisiones judiciales
cuestionadas.

24. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena solicitó que se declarara
improcedente el amparo solicitado por carecer de relevancia
constitucional y porque a través de él se buscaba cuestionar decisiones
legítimas de ejecución de la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
el 21 de noviembre de 2022.

25. En esa medida, manifestó que, de la discusión planteada, la parte
actora pretendía derivar efectos económicos con la intención de seguir
explotando el bien de interés cultural, en contravía de las órdenes
contenidas en la Sentencia de 21 de noviembre de 2022 del Consejo de
Estado, cuya ejecución correspondía al Tribunal Administrativo de Bolívar.
Por lo que la tutela no podía convertirse en un recurso extraordinario de su
decisión ni en un mecanismos jurídico de la parte actora para evitar la
recuperación del baluarte y la protección del patrimonio público y cultural.
Máxime cuando aquella ha presentado otras acciones de tutela.

26. Indicó que, en gracia de discusión, no se configuraban los defectos
invocados. Sobre la falsa o indebida motivación explicó que 1) hubo una
lectura parcializada de la ratio decidendi de la sentencia y del alcance de
las órdenes que emitió el Consejo de Estado; y b) no era cierto que la
entrega del inmueble solo pudiera ser ordenada por el juez del contrato, eso
no consta en aparte alguno del contrato. Al contrario, en la cláusula décima
cuarta se estipuló que la restitución no estaba supeditada a declaración
judicial algunas, de manera que (se trascribe) “era deber del arrendatario
entregar el inmueble al día siguiente de su terminación por parte del
arrendador”.

27. Frente a la extralimitación en la ejecución de la sentencia, refirió que
aquella no se dio porque el juez popular de ejecución de las sentencias de

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Demandante: Café del Mar SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Naturaleza: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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acción popular tiene amplios poderes para interpretar la parte resolutiva en
aras de proteger los derechos colectivos (Sentencia de 29 de abril de 2021,
Rad. 2002-90004-06). Aunque lo cierto era que, en el caso concreto, no se
hizo uso de esa competencia, pues la restitución hizo parte de la ratio
decidendi.

28. El Tribunal Administrativo de Bolívar y la Escuela Taller Cartagena,
luego de hacer un recuento fáctico, consideraron que no le asistía razón a
la parte actora en relación con los defectos alegados, toda vez que al
proceso se le impartió el trámite procesal pertinente. Destacaron que la
restitución del inmueble era una consecuencia natural de la orden de
terminación del contrato y que no impedía la práctica de su liquidación.

29. Por ende, se opusieron a las pretensiones de la tutela y solicitaron su
rechazo, habida cuenta de que no existió vulneración alguna ni se cumplió
con lo requisitos generales y específicos de procedencia.

30. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, pese a haber sido
debidamente notificado9, guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Conclusión.

2.1. Solicitud de desvinculación

31. En lo que respecta a la solicitud de desvinculación del Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes, la Sala la negará, comoquiera que se le
vinculó como tercero, tras considerar que le podía asistir interés en el
presente asunto, por haber sido parte, en calidad de demandada, dentro
de la acción popular en la que se profirieron las providencias que aquí se
enjuician.

2.2. Fijación de la controversia

32. Determinar, una vez verificados los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, si el
Tribunal Administrativo de Bolívar afectó el derecho fundamental al debido
proceso de la sociedad Café del Mar SAS, por haber proferido los Autos
enjuiciados, en los que 1) comisionó a la Inspección de Policía Comuna 1B
de la Localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena, para que
adelantara la diligencia de restitución del bien inmueble arrendado

9 Índice 10 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05872-00
Demandante: Café del Mar SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Naturaleza: Acción de tutela. Primera instancia
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(Baluarte de Santo Domingo), y 2) no repuso dicha decisión y, además,
rechazó, por improcedente, el recurso de apelación formulado.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

33. La Sala declarará como improcedente esta solicitud de amparo al no
cumplirse el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes razones:

34. Para la Corte Constitucional, este requisito encuentra su razón de ser en
el carácter residual de esta acción, la especialidad de las competencias
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios, así como la
necesidad de evitar que este mecanismo se convierta en una instancia
adicional para reabrir debates de carácter legal. En ese orden, como
finalidades de la relevancia constitucional han sido identificadas las de
preservar las competencias judiciales, respetar la autonomía e
independencia los jueces, restringir la acción de tutela a asuntos donde se
afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se convierta en una
instancia adicional10.

35. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental11.

36. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con
suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto12; (2) que la solicitud de amparo
no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
ordinario13 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad14.

10 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 215 de 2022.
11 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU 169 de 2024.
12 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
13 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
14 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05872-00
Demandante: Café del Mar SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Naturaleza: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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37. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202315,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

38. En virtud de lo anterior, logró advertirse que la controversia planteada
por la parte actora no tiene relevancia constitucional porque: (1) no cumple
con la carga argumentativa necesaria que requiere una acción de tutela
contra providencia judicial, puesto que, aunque enunció varios defectos
(sustantivo, indebida y/o falsa motivación, extralimitación de facultades y
procedimental), en los que, a su juicio, incurrieron las decisiones
cuestionadas, no desarrolló una argumentación suficiente que demostrara
la vulneración de sus garantías constitucionales, pues se limitó a reprochar
lo atinente a la restitución del bien inmueble arrendado (Baluarte de Santo
Domingo) y a indicar que el Tribunal Administrativo de Bolívar no podía
comisionar a la Inspección de Policía de Cartagena para que adelantara
dicha diligencia porque ello no constaba en la parte resolutiva de la
Sentencia de 21 de noviembre de 2022 de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, lo cierto es que ello desconoció que en la
parte motiva de la aludida decisión sí se hizo alusión a la restitución16 y,
además, no justificó la intervención del juez constitucional en el asunto.

39. Aunado a ello, (2) se pretendió reabrir un pleito ya zanjado o debatido,
dentro de la acción popular No. 2014-00406-00, comoquiera que el reproche
sobre la restitución ya había sido manifestado en el recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación17, y este, a su vez, fue objeto de pronunciamiento
por parte del juez natural en el Auto de 18 de octubre de 202418.

15 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
16 (se trascribe) “62. Precisado lo anterior, aunque no se puede anular el contrato, por prohibición expresa del

artículo 144 del CPACA, se ordenará su terminación y liquidación en el estado en que se encuentre. Además, se
ordenará a la Escuela Taller Cartagena de Indias o la autoridad competente que adopte todas las medidas
necesarias para la restitución del baluarte. (…)”. (Se resalta). Página 33 de la Sentencia de 21 de noviembre de
2022, Rad. 13001-23-33-000-2014-00406-01 (AP).
17 En el referido recurso, el apoderado de Café del Mar SAS sostuvo (se trascribe) “La decisión se adopta sin

fundamento legal para la restitución (…) la acción popular, cuya sentencia profirió el consejo de estado, tiene
como ratio decidendi que ningún bien BIC bienes de interés cultural puede ser aprovechado por un particular
bajo la modalidad de contrato de arrendamiento, por lo que ordenó a la ETCAR la terminación del contrato y la
liquidación del mismo, sin que dentro de sus decisiones ordenara la restitución del inmueble arrendado, muy a
pesar de haber concebido la posibilidad de hacerlo, (…). Obsérvese, que la terminación y liquidación del contrato
no lleva implícita la restitución, pues el consejo de estado previó que debía ordenar además la restitución, pero
finalmente no lo hizo. (…)
Muy a pesar de la omisión la sentencia no fue adicionada ni de oficio ni a solicitud de partes y en ese sentido el
cumplimiento de la sentencia a cargo del comité de verificación debe limitarse a lo efectivamente ordenado. A
propósito de esto debe tenerse en cuenta que el art 35 de la ley 472 de 1998, (…)”.
18 En dicha providencia, el Tribunal Administrativo de Bolívar consideró (se trascribe): “Ahora bien, es cierto como

lo afirma el recurrente, que el Consejo de Estado no hizo manifestación expresa al desalojo del inmueble; lo cual
a juicio del Despacho, no era necesario; pues la restitución o desalojo como lo califica el recurrente, es una
consecuencia natural de la orden de terminación del contrato; y constituye además la finalidad de la pluricitada
orden judicial; en ese sentido, la restitución resulta ser una actuación absolutamente necesaria para el
cumplimiento efectivo del fallo; pues sin restitución no produciría el fallo un efecto útil, no lográndose por tanto la
protección efectiva de los derechos que fueron objeto de amparo.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05872-00
Demandante: Café del Mar SAS
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Naturaleza: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_____________________________________________________________________________________________________________

2.4. Conclusión

40. Como el requisito de relevancia constitucional no se cumplió en el
caso concreto, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre los
demás requisitos y declarará improcedente la solicitud de amparo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes, por los motivos expuestos.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Café del Mar SAS, por las razones señaladas en la parte motiva de esta
decisión.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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