Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05879-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05879-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05879-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de noviembre de 2024
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05879-00
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05879-00
Accionantes: Brayan Alexander Ciceri Cabrera y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial que confirmó decisión de
negar pretensiones de reparación directa por privación injusta de la
libertad. Falta de legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el abogado Jender Argote
Giraldo a nombre de los señores Brayan Alexander Ciceri Cabrera, Karina
Vanessa Potosí Domínguez, Tiffany Nicol Ciceri Potosí, Francisca Margarita
Cabrera, María José Ciceri y Margarita Alexandra Ciceri Cabrera, en contra del
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto y el Tribunal Administrativo
de Nariño.
ANTECEDENTES
Pretende la parte actora el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, contradicción, defensa, libertad y buena fe, los cuales considera
vulnerados por las providencias del 30 de noviembre de 2023 y el 24 de mayo de
2024 proferidas dentro del medio de control de reparación directa con radicado
52001-33-33-007-2020-00007-00 [01]
HECHOS
Manifestó el abogado que los señores Brayan Alexander Ciceri Cabrera, Karina
Vanessa Potosí Domínguez, Tiffany Nicol Ciceri Potosí, Francisca Margarita
Cabrera, María José Ciceri y Margarita Alexandra Ciceri Cabrera interpusieron
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demanda de reparación directa el 6 de septiembre de 2019, en contra de la Rama
Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de
la Nación, por la privación injusta de la libertad del señor Brayan Alexander Ciceri
Cabrera.
Que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto mediante sentencia
del 30 de noviembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda y la decisión
fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Nariño mediante providencia del
24 de mayo de 2024.
Considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto
fáctico en dimensión negativa, ya que no valoraron el Oficio PGD-01-548/17 del
25 de julio de 2017 expedido por el Instituto de Orientación Santo Ángel y Centro
Amigoniano Pasto – Mocoa, donde se certificó que el señor Brayan Alexander
Ciceri Cabrera estuvo privado de su libertad desde el 28 de abril y hasta el 12 de
diciembre de 2014. Además, no se tuvo en cuenta la solicitud de amparo de
pobreza y en su lugar se condenó en costas.
PRETENSIONES
Solicitó amparar los derechos invocados, dejar sin efectos las providencias del
30 de noviembre de 2023 y el 24 de mayo de 2024 expedidas dentro del medio
de control de reparación directa con radicado 52001-33-33-007-2020-00007-00
[01] y, en consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Nariño que, dentro
de los 30 días siguientes a la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva
decisión donde tenga en cuenta todas “las consideraciones, etapas del proceso
penal, competencias y funciones de los ficales (sic), jueces de control de
garantías en la justicia penal”.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 1.° de noviembre de 2024 se dispuso su admisión; se ordenó la
notificación de las autoridades judiciales accionadas; se vinculó a la Rama
Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de
la Nación, como terceros interesados y se requirió a la parte accionante para que
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allegara poder especial para presentar esta acción de tutela.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Pasto allegó informe
donde adujo que la sentencia de primera instancia se adoptó con fundamento en
las pruebas que se aportaron al proceso y en la norma aplicable al caso. Solicitó
que se declare improcedente la tutela, dado que no se configura ninguna de las
causales específicas de procedencia de ésta de manera excepcional contra
providencia judicial.
El Tribunal Administrativo de Nariño solicitó negar el amparo invocado, bajo el
entendido que en el asunto no se demostró que la privación de la libertad del
señor Ciceri fuera injusta, o que las entidades demandadas incurrieran en error,
motivo por el cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial rindió informe donde señaló
que en las etapas procesales del medio de control de reparación directa objeto
de discusión se respetaron las garantías del debido proceso.
Además, adujo que es evidente que lo que pretenden los accionantes es revivir
un debate que ya se adelantó en el proceso ordinario; motivo por el cual, solicitó
negar el amparo invocado y declarar la falta de legitimación material en la causa
por pasiva.
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto pidió que se
declare improcedente la acción de tutela, por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad, pues la parte accionante cuenta con el recurso extraordinario de
revisión, medio idóneo para alegar la presunta transgresión de los derechos
invocados.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación solicitó
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su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que no
existe relación de causalidad entre las actuaciones del ente investigador y la
presunta transgresión de los derechos alegados.
Por otro lado, señaló que la parte accionante no sustenta de manera adecuada
en qué defectos incurrieron las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales accionadas. Por lo que se debe declarar improcedente la acción de
tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A efectos de decidir la presente acción se abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) legitimación en la causa por activa y III)
caso concreto.
I) Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
II) Legitimación en la causa por activa
En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene
toda persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe
en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales. A su vez, en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 se dispone la legitimidad para el ejercicio de la acción de
tutela. La norma indica que esta puede ser presentada: 1. Directamente por la
persona que considera vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales;
2. A través de su representante legal; 3. Por medio de apoderado judicial; 4. Por
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agente oficioso y 5. Mediante el defensor del pueblo y los personeros
municipales.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien
radica la acción se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de no ser
así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo del
asunto. En cuanto a la presentación de la tutela mediante apoderado judicial es
preciso indicar que la Corte Constitucional1 estima que este debe aportar poder
especial que lo faculta para actuar, con las siguientes indicaciones:
“(…) La Corte, en reiterados fallos, ha señalado los elementos del apoderamiento
en materia de tutela, así: (i) acto jurídico formal que se concreta en un escrito,
llamado poder, el cual se presume auténtico; (ii) tratándose de un poder
especial, debe ser específico, de modo que aquel conferido para la
promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso
no se entiende otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial;
(iii) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del
derecho habilitado con tarjeta profesional.
Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de
tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de
modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier
proceso para solicitar el amparo constitucional (…)” (negrilla fuera de texto
original).
III) Caso concreto
El abogado Jender Argote Giraldo presentó acción de tutela diciendo actuar en
calidad de apoderado de los señores Brayan Alexander Ciceri Cabrera, Karina
Vanessa Potosí Domínguez, Tiffany Nicol Ciceri Potosí, Francisca Margarita
Cabrera, María José Ciceri y Margarita Alexandra Ciceri Cabrera “partes
demandantes en Demanda de Medio de Reparación con Radicado No. (sic)
2020-007 del Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto, con poder especial para
presentar tutelas”.
Al revisar el poder conferido en el proceso ordinario se evidencia que se le
concedieron las siguientes facultades:
1 Corte Constitucional. Sentencia T 194 de 2012
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“(…) BRAYAN ALEXANDER CICERI CABRERA (…) KARINA VANESSA POTOSI
DOMÍNGUEZ (…) TIFFANY NICOL CICERI POTOSI, FRANCISCA MARGARITA
CABRERA (…) MARÍA JOSÉ CICERI (…) Y MARGARITA ELEXANDRA (sic)
CICERI CABRERA (…) conferimos poder amplio y suficiente al Dr. JENDER
ARGOTE GIRALDO, (…) para que en nuestros (sic) y representación, previos los
trámites legales instaure y lleve hasta su terminación DEMANDA DE MEDIO DE
CONTROL O ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, en contra de la NACIÓN
COLOMBIANA- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL (…)
con el fin de obtener la reparación integral de los daños y perjuicios tanto materiales
como morales, que se causaron con la imposición de Medida (sic) de
aseguramiento en Establecimiento Carcelario del señor BRAYAN ALEXANDER
CICERI CABRERA.
(…)
Nuestro apoderado cuento (sic) con todas las facultades inherentes para el
ejercicio del presente poder en especial para solicitar medidas cautelares, desistir,
transigir, conciliar, recibir dineros, renunciar, sustituir, reasumir y todo cuanto en
derecho tienda al buen y fiel cumplimiento de su gestión. (…)”2
Al respecto, observa la Sala que en el poder especial antes citado, los mandantes
no le confirieron al abogado Argote la facultad de presentar acciones
constitucionales a su nombre, para la protección de los derechos fundamentales
que se pudieran desconocer y menos en contra de las autoridades aquí
accionadas.
Así las cosas, es importante resaltar que, aunque el señor Argote es el apoderado
judicial de la parte demandante en el proceso ordinario de reparación directa, la
personería adjetiva que allí se le reconoció no lo faculta para promover también
la presente solicitud de amparo, toda vez que, para ello requiere un poder
especial conferido en debida forma por los titulares del derecho3.
Sobre el particular sea del caso mencionar que mediante providencia del 1.° de
noviembre de 2024 se requirió a la parte accionante para que allegara poder
especial para presentar esta acción de tutela; el 13 del mismo mes y año el
abogado Argote remitió copia del poder conferido en el proceso ordinario, el cual
ya fue examinado y no lo legitima para actuar en el asunto.
2 Folios 16 y 17 del documento “001 2020-00007 Cuaderno principal F 1 A 81”. Anexo remitido por el Juzgado
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Pasto índice 015 de SAMAI Consejo de Estado.
3 Así lo ha determinado la Corte Constitucional en sentencias T-1025 de 2006, T-493 de 2007, entre otras,
y el Consejo de Estado, Sección Cuarta en Sentencia de 28 de marzo de 2019, rad.
20001233300020180030101.
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En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el abogado
Jender Argote Giraldo a nombre de los señores Brayan Alexander Ciceri Cabrera,
Karina Vanessa Potosí Domínguez, Tiffany Nicol Ciceri Potosí, Francisca
Margarita Cabrera, María José Ciceri y Margarita Alexandra Ciceri Cabrera,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
HAPC
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