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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05886-01

Fecha
17 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05886-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2024, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por falta del requisito de subsidiariedad, en la medida que el actor dentro del proceso ordinario no expuso inconformidad alguna respecto de la firmeza del acto administrativo y el excesivo ritualismo en que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en precedencia. Segundo. Revocar en lo demás la decisión de primera instancia, para, en su lugar negar las pretensiones de la demanda de tutela, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva. 41 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras. www.consejodeestado.gov.co 18 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-05886-01 Accionante: Paulo Adolfo Filigrana Carabalí Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05886-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05886-01
Accionante: Paulo Adolfo Filigrana Carabalí
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial.

Decisión: Confirmar parcialmente la sentencia proferida en primera
instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 13 de
diciembre de 2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo
de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción presentada por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional ni el de subsidiariedad.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente se infiere que el señor Paulo Adolfo Filigrana
Carabalí estuvo vinculado en una de las unidades legislativas de la Cámara de
Representantes en diferentes periodos legislativos que se desarrollaron a partir
del año 2000 y concluyeron con la declaratoria de insubsistencia de su
nombramiento en el año 20221.

El accionante sostuvo que la Cámara de Representantes no materializó su
desvinculación en la fecha de expedición del acto administrativo, teniendo en
cuenta que el actor se encontraba fuera de la entidad debido a una incapacidad
médica2 por lo que adujo que no fue notificado de la Resolución núm. 1626 del
18 de julio de 2022. El referido acto administrativo resolvió lo siguiente:

1 El actor desarrolló sus labores desde el mes de agosto de 2000 hasta el mes de julio de 2002 (como

asistente II) y posteriormente durante el año 2010 (como asistente III) y desde el 2011 (como asistente V)
hasta el 18 de julio de 2022, fecha en la cual se profirió la Resolución núm. 1626 mediante la cual se
declaró insubsistente su nombramiento teniendo en cuenta las características del mismo al ser este
de libre nombramiento y remoción aunado al hecho de que su nominador no fue reelegido como
representante a la Cámara. Durante los periodos referidos le fueron concedidas distintas incapacidades
debido a sus quebrantos de salud, algunas de las cuales fueron catalogadas como enfermedad general y
otras como enfermedad profesional.
2 La cual, de acuerdo con lo expuesto por el actor en su escrito de tutela, inició justamente el 18 de julio de

2022, debido a una prórroga realizada a una incapacidad previa, que se desarrolló entre el 8 de julio y el 17
de julio de 2022.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05886-01
Accionante: Paulo Adolfo Filigrana Carabalí

«[…] DECLARAR INSUBSISTENTE al señor PAULO ADOLFO FILIGRANA
CARABALÍ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10487713, cubriendo
el pago de la seguridad social durante el tiempo que dure su incapacidad,
en el cargo de ASISTENTE V, de la Unidad de Trabajo Legislativo del
Representante a la Cámara del doctor CARLOS JULIO BONILLA SOTO, a
partir del 20 de julio de 2022, con efectos fiscales hasta el 19 de julio de 2022.
[…]3». (Sic en toda la cita). Negrillas y subrayas de la Sala.

En ese entendido, de la decisión expuesta en precedencia se extrae que la
autoridad legislativa se comprometió a realizar los aportes a la seguridad social
del actor hasta el momento en que durara su incapacidad pese a haber sido
declarada su insubsistencia.

El 4 de noviembre de 2022 la Cámara de Representantes emitió una certificación4
indicando que el accionante estuvo vinculado a esa entidad hasta el 30 de
septiembre de 2022. El señor Filigrana Carabalí sostuvo que tampoco fue
notificado de la comunicación citada, pues estuvo incapacitado hasta el 4 de
noviembre de 2022, pese a que el documento referido en su párrafo final indica
que fue expedida: “por solicitud del interesado”.

El 75 de marzo de 2023, el actor presentó por conducto de apoderado, una
reclamación administrativa ante la Cámara de Representantes pretendiendo su
reintegro, el pago de emolumentos salariales y prestacionales desde el 1 de
octubre de 2022, así como el reconocimiento de una indemnización por perjuicios
morales.

La reclamación fue contestada de manera desfavorable por la autoridad
legislativa el 246 de marzo de 2023 y estuvo sustentada7 en el artículo 125
constitucional, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, la jurisprudencia de esta
corporación y un concepto de Función Pública.

Previa solicitud8 al accionante de que realizara el trámite correspondiente a la
calificación de pérdida laboral ante su fondo de pensiones en la que le indicó
además que ya había completado 2490 días en incapacidad, el 1 de junio9 de
2023 la autoridad legislativa decidió retirar a partir de esa fecha y anualidad, el
pago de su seguridad social.

El 26 de julio de 202310, el accionante instauró demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Congreso
de la República – Cámara de Representantes, en la que solicitó entre otras la
nulidad del acto administrativo que lo declaró insubsistente11.

El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Veintitrés Administrativo de
Bogotá, autoridad judicial que por auto calendado el 7 de diciembre de 202312,
rechazó la demanda por caducidad, en el análisis efectuado por la autoridad

3Índice 2 del aplicativo SAMAI, escrito de tutela, pruebas:
https://drive.google.com/drive/folders/1qGpd63ieuhxuPSleHw3ZaTfwBB-CUvPq?usp=drive_link . pág. 891.
4Ibidem, pág. 899, expedida por el jefe de la División de Personal de la Cámara de Representantes mediante

oficio C.T.S núm. 3810.
5Ibidem, pág. 900-916
6 Ibidem, pág. 917-919
7 La autoridad legislativa le indicó que, de conformidad con la normativa y la jurisprudencia vigentes, la

administración puede declarar la insubsistencia de un empleado nombrado bajo la modalidad de libre
nombramiento y remoción en cualquier tiempo, pues esta decisión es de carácter discrecional y por otro lado
que la situación de incapacidad por enfermedad no confiere un fuero de estabilidad frente a ello.
8 Mediante oficio núm. D.P. 4.1.-1206-2023 del 23 de mayo de 2023
9
A través de la resolución núm. 1291 del 1 de junio de 2023, pág.922-923, pruebas escrito de tutela.
10 Índice 1 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-35-0232023-00257-00
11 Solicitó también la nulidad de los actos administrativos del 24 de marzo y 1 de junio de 2023.

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Accionante: Paulo Adolfo Filigrana Carabalí

judicial concluyó que la notificación del acto demandado se efectuó por conducta
concluyente, no óbstate la demanda no se presentó dentro del término legal para
tal efecto.

El auto del 7 de diciembre de 2023 fue objeto de un recurso de reposición que no
prosperó12. No obstante, el a quo concedió la apelación en el efecto suspensivo
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D que, mediante auto13 del 22 de agosto de 2024, confirmó la decisión.

2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante argumentó que se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, la igualdad, la
dignidad humana, la seguridad social y al mínimo vital, endilgándole a las
providencias la existencia de los siguientes defectos:

2.2.1. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: sostuvo que tanto
en la actuación administrativa como en la judicial se incurrió en este defecto pues
en su criterio se privilegió la formalidad sobre el derecho sustancial,
específicamente en la aplicación de la normativa referente a la notificación y
publicación de los actos administrativos conforme a lo dispuesto en los artículos
67, 72 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo , lo que implicó omisiones en la verificación de los requisitos de
publicación, citación, comunicación y notificación, trasgrediendo con ello su
garantía al debido proceso.

2.2.2. Defecto fáctico: argumentó que en las decisiones de las instancias existió
una indebida valoración probatoria pues presuntamente se basaron en pruebas
inexistentes y en conjeturas no verificadas sobre la publicación o notificación de
los actos administrativos. Sostuvo que las autoridades judiciales reprochadas
determinaron discrecionalmente la fecha de inicio de caducidad sin tener certeza
sobre el cese del vínculo laboral o su notificación, omitiendo en su análisis los
periodos en que el actor estuvo incapacitado.

2.2.3. Defecto sustantivo: indicó que las autoridades judiciales le dieron una
interpretación errónea a la normativa al aplicar la figura de notificación por
conducta concluyente, pues con ello ignoraron las prerrogativas legales para la
publicación de actos administrativos dispuestos por los artículos 67, 72 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Expuso que esta aplicación careció de un análisis exhaustivo, basándose
únicamente en la ausencia de una prueba de notificación formal.

2.2.4. Violación directa de la Constitución: manifestó, sin profundizar sobre el
particular, que se incurrió en este defecto por el incumplimiento de las garantías
al debido proceso (artículo 29), los principios mínimos fundamentales del
trabajador (artículo 53) y el acceso efectivo a la administración de justicia (artículo
229).

2.2.5. Finalmente, sostuvo que con su desvinculación laboral y el cese del pago
de su seguridad social se le generó un perjuicio irremediable toda vez que ya no
contaba con sus servicios médicos y por sus padecimientos de salud tampoco
podía trabajar. Aunado a lo anterior indicó que estaba en trámite la calificación
de su pérdida de capacidad laboral, lo que le imposibilitaba acceder a su pensión
de invalidez.

12 Índice 6 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-35-0232023-00257-00
13 Índice 4 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-33-35-0232023-00257-01

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2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«[…] 1. Sírvase su Señoría, tutelar los derechos fundamentales que invoco a
la Dignidad Humana, Igualdad, Seguridad Social, Mínimo Vital, y Acceso
efectivo a la administración de justicia por la configuración de la vía de hecho
bajo el defecto procedimental; defecto fáctico; defecto sustantivo y la violación
directa de la constitución.

2. Sírvase su Señoría, ordenar al Juzgado Veintitrés Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección “D”, dejar
sin efecto las decisiones judiciales por medio de las cuales se rechazó la
demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de radicación 11001-33-
35-023-2023-00257-00.

3. En consecuencia, sírvase su señoría ordenar al Juzgado Veintitrés
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda
y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección
“D” que se profiera una nueva providencia judicial en el proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho de radicación 11001-33-35-023-2023-00257-
00, a efectos de admitir la demanda. […]». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado mediante auto del 1º de noviembre de 202414, en el que
ordenó notificar al magistrado Israel Soler Pedroza del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y al titular del Juzgado 23 Administrativo de Bogotá y tener como
pruebas los documentos arrimados con la solicitud de amparo.

2.4.1. El Juzgado 23 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá -Sección Segunda15 a través de la jueza María Teresa Leyes Bonilla
solicitó negar el amparo invocado. Manifestó que no trasgredió los derechos
fundamentales del accionante pues actuó conforme a las normas procesales.

Afirmó que la verdadera intención del actor era impugnar su desvinculación
laboral, dispuesta mediante la Resolución núm. 1616 del 18 de julio de 2022,
cuya legalidad debió cuestionarse dentro del plazo legal de cuatro (4) meses, por
lo que, al no hacerlo dentro del término estipulado, se configuró en este caso el
fenómeno de la caducidad.

Indicó que al no existir en el expediente la fecha de notificación de la resolución
precitada, se asumió como notificación por conducta concluyente el momento en
que se certificó que el accionante cesó la prestación de sus servicios, es decir, el
30 de septiembre de 2022.

Finalmente, señaló que las acciones administrativas posteriores presentadas por
la parte actora no tenían la capacidad de revivir los términos de caducidad.

2.4.2. El Tribunal16 Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda -
Subsección D, a través del magistrado Israel Soler Pedroza solicitó negar el
amparo invocado. Sostuvo que no se vulneraron derechos fundamentales del

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Índice 4 del aplicativo SAMAI.
15 Índice 9 del aplicativo SAMAI 11_RECIBEPRUEBAS_05ContestacionTutela_1_20241107142038116
16 Índice 12 del aplicativo SAMAI.

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accionante, ya que las decisiones judiciales se apegaron a las normas procesales
aplicables.

Coincidió con el a quo en que el objetivo real del medio de control presentado era
revivir la posibilidad de controvertir la legalidad de la Resolución núm. 1616 de
18 de julio de 2022, mediante la cual se declaró la insubsistencia laboral del actor,
indicando que esta debió realizarse dentro del término de caducidad establecido
de cuatro meses, contado desde el 1 de octubre de 2022.

Aunado a lo anterior, al igual que la primera instancia ordinaria, consideró que
los actos administrativos posteriores, como la resolución de la reclamación
administrativa y el retiro del pago de la seguridad social, no tenían la capacidad
de revivir el término de caducidad ya vencido.

En ese sentido señaló que, en su providencia del 22 de agosto de 2024, que
resolvió la apelación contra el rechazo de la demanda por caducidad, fue claro
en indicar que esta figura procesal, según la jurisprudencia del Consejo de
Estado, debe contarse desde la desvinculación efectiva del servicio y no desde
la fecha en que se niega el reintegro, ya que el acto decisivo fue el que declaró
la insubsistencia del demandante. Indicó que la caducidad, prevista en el artículo
169 del CPACA, representa un límite al ejercicio del derecho de acción por
razones de seguridad jurídica, lo cual operó por inactividad del accionante.

Finalmente, reiteró que la acción de tutela contra providencias judiciales es
excepcional y solo procede ante falencias de relevancia constitucional. En este
caso, no se configuraron dichos defectos, ya que las decisiones adoptadas por
las autoridades respetaron los principios legales y constitucionales aplicables.
Por ello, solicitó rechazó el medio de control interpuesto

2.4.3. No se realizaron más intervenciones.

2.5. Sentencia Impugnada17

La Sección Tercera Subsección C del Consejo de Estado afirmó que los
argumentos del accionante no cumplían con el requisito de relevancia
constitucional pues pretendían reabrir discusiones jurídicas previamente
resueltas en el proceso ordinario, sin demostrar una verdadera vulneración de
derechos fundamentales. Reiteró que la acción de tutela debe limitarse a asuntos
de clara trascendencia constitucional y no podía usarse como una instancia
adicional para debatir cuestiones legales o económicas privadas.

Indicó que los reproches de la parte actora sobre presuntas violaciones
constitucionales eran genéricos y no justificaban una intervención mediante
tutela. Subrayó que esta acción tiene carácter residual y no puede usarse para
revivir debates probatorios o jurídicos ya zanjados por el juez natural,
garantizando que el análisis se enfoque en vulneraciones verdaderamente
constitucionales.

Expuso que el tribunal determinó que la caducidad de la acción debía contarse
desde el 30 de septiembre de 2022, por una certificación laboral que evidenció la
terminación del vínculo laboral desde ese momento, a pesar de que la Resolución
núm. 1626 de 2022 no fue notificada formalmente, apreciación que no se advertía
contraevidente.

17 Índice 29 del aplicativo SAMAI.

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Asimismo, sostuvo que el ad quem ordinario desestimó el argumento del
demandante según el cual la continuidad en el pago de aportes a seguridad social
prolongaba la relación laboral, pues señaló que dichos pagos obedecieron a
motivos de protección en salud y no implicaban una extensión del vínculo.

Finalmente, indicó que la autoridad judicial concluyó que los argumentos del
demandante no eran suficientes para alterar la fecha de inicio del término de
caducidad, ya que este había reconocido expresamente la terminación de su
relación laboral al solicitar su reintegro desde octubre de 2022, por lo que reiteró
que el demandante intentaba reabrir cuestiones ya resueltas en el marco del
proceso ordinario, pretendiendo usar la acción de tutela como una instancia
adicional, contradiciendo su carácter residual y su limitación a asuntos
estrictamente constitucionales.

Por otro lado, señaló que los cargos presentados no cumplían con el requisito de
subsidiariedad en razón a que el demandante tuvo la oportunidad de plantear sus
inconformidades durante el proceso judicial ordinario, particularmente en la
apelación, en donde tenía que atacar la totalidad de los aspectos con los que
estaba inconforme para que estos fueran puestos en conocimiento del tribunal
accionado.

Manifestó que al revisar el recurso de apelación elevado por el actor dentro del
proceso ordinario, observó que sí bien denunció lo relativo a su incapacidad
mientras se estimó notificada la terminación del contrato, no fueron mencionados
los asuntos relacionados con la firmeza del acto administrativo o el extenso
formalismo en que supuestamente incurrieron las autoridades judiciales.

Finalmente, señaló que el actor alegó que no se podía tener por notificada la
actuación que lo desvinculó en la fecha en que lo determinó el juzgado
censurado, teniendo en cuenta que, en ese momento, estaba incapacitado y no
tenía forma de conocerla, pero no se advertía que ese argumento en particular
hubiera sido resuelto por el juez de la segunda instancia.

En ese entendido, en su criterio, no agotó las herramientas procesales
disponibles, como la solicitud de complementación o adición a la decisión que
permitieran darle respuesta a todas sus demandas, en particular, frente a la queja
relacionada con su incapacidad y la notificación efectiva del acto administrativo y
de la certificación.

Aunado a lo anterior, adujo que el actor tampoco presentó un recurso
extraordinario de revisión contra el auto censurado, el cual a su juicio era
procedente en este caso.

2.6. Impugnación18

El actor reiteró los argumentos de su escrito de tutela y expresó su inconformidad
con las decisiones judiciales que rechazaron su demanda, argumentando que se
vulneraron sus derechos fundamentales.

Alegó que el a quo de tutela erró al considerar improcedente la acción de tutela
por no haber presentado un recurso extraordinario de revisión, ya que este aplica
únicamente a sentencias y no a autos como el discutido.

18 Índice 20 del aplicativo SAMAI.

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Citó entre sus fundamentos algunas sentencias de esta corporación19 en las que
se establece que, ante dudas razonables sobre la caducidad de la acción y
notificaciones irregulares, debe admitirse la demanda para que durante el curso
del proceso se determine si era viable la oportunidad de su presentación. Resaltó
que rechazar una demanda en la etapa inicial equivale a decidir de fondo sin
agotar las etapas procesales, contraviniendo la garantía constitucional del
derecho al debido proceso.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
al proferir la sentencia del 22 de agosto de 2024, incurrió en los defectos:
procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico, sustantivo y de violación
directa de la Constitución y con ello en la trasgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, a la dignidad humana, a la seguridad social y al mínimo vital del
accionante.

No obstante, previo a resolver todo lo expuesto, primero se deberá determinar si
la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales y específicos de
procedencia.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

19 Entre las que se destaca la seguida bajo el radicado 25000-23-41-000-2018-00796-01

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Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados están plenamente identificados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional, salvo
en lo relacionado con la firmeza del acto administrativo y el excesivo ritualismo
en que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales accionadas, en la
medida que el actor dentro del proceso ordinario no expuso dicha inconformidad
en el escrito de apelación, por lo tanto, esta Sala comparte el criterio del juez
constitucional de primera instancia, según el cual no se agotó el requisito de
subsidiariedad.

De otra parte, contrario a lo concluido por el a quo, la decisión que en segunda
instancia resolvió el recurso de apelación incoado por el demandante contra el
auto que rechazó la demanda por caducidad, no es objeto del recurso
extraordinario de revisión 20, teniendo en cuenta que solo es procedente contra
sentencias, por lo que, sobre los demás argumentos esbozados por el actor, se
entiende superado el requisito de subsidiariedad.

En ese orden de ideas, en el presente asunto se entiende agotado el requisito de
subsidiariedad, salvo en lo relacionado con la firmeza del acto administrativo y el
excesivo ritualismo en que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales
accionadas, por las razones expuestas en precedencia.

20 Índice 39 del aplicativo SAMAI, Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 24 de enero de 2025,

magistrado ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves, expediente 11001-03-15-000-2021-11487-00.

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3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia cuestionada.

3.3.1.4. Contrario a lo afirmado en la sentencia impugnada, el asunto a resolver
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia
de una interpretación normativa y de una valoración probatoria que considera
alejada de toda razonabilidad indicando la existencia de los defectos:
procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico, sustantivo y de violación
directa de la Constitución y con ello en la trasgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la
igualdad, la dignidad humana, la seguridad social y el mínimo vital .

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se advierte que
este se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus
actuaciones generan una denegación de la justicia21. Este defecto procedimental
puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder
a la administración de justicia cuando: i) se aplican normas procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales en cada caso concreto, ii) se
exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda
tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia
sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental en la
apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando
a ello hay lugar22.

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto del defecto
procedimental absoluto como del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de
un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y
directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse
directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso;
iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya
alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido
imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo
anterior se vulneren derechos fundamentales23.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

21 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
22 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289

de 2005 y T-053 de 2012.
23 Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de

2014.

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a. Una dimensión negativa2, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez.

b. Una dimensión positiva3, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»4.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez
que ordinariamente conoce de un asunto.

3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»24.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia
de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó,
cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal
o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta
inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación
o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos
erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

24 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:

Eduardo Montealegre Lynett.

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(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango
de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la
decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y
la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no
produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto
es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia
Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador»25.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presenta un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoce las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoce la
normativa aplicable o porque se desconoce una sentencia con efectos erga
omnes.

3.7. El defecto por violación directa de la Constitución

La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto que
se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política según
el cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.»26

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este defecto se
configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental
necesario para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: “(a) en la solución del
caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el

25 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.
26 SU-336 de 2017, Corte Constitucional

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precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución27”28.

Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica de
procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a una
disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de la
excepción de inconstitucionalidad29.

En el presente caso se estudiarán las causales invocadas de forma conjunta por
estrechamente relacionadas.

3.8. El caso concreto

Para efectos de determinar si existió una interpretación normativa caprichosa, se
le impuso una carga ritual excesiva al actor o se realizó una valoración probatoria
arbitraria es necesario conocer el texto de la providencia objeto de la acción de
tutela. En esta se señaló:

«(…) III. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL CASO

Corresponde a la Sala determinar, si la decisión adoptada por el a quo en el
auto del 07 de diciembre de 2023, mediante la cual se rechazó la demanda al
considerar que operó la caducidad, se encuentra ajustada a derecho o si por el
contrario debe ser revocada.

Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

El artículo 138 del CPACA dispone:

“ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; “(…)”, siempre y cuando la demanda
se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.
Negrillas de la Sala

A su vez, artículo 164 del ibídem, establece:

“ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá
ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando: (…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales. (…)” (negrilla
fuera del texto original).

El H. Consejo de Estado desarrolló el concepto de caducidad de la siguiente
manera:

27 Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y

T-809 de 2010.
28 Sentencia T-369 de 2015.
29 Sentencia SU-198 de 2013.

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“Se tiene por establecido que la caducidad se configura cuando el plazo establecido
en la ley para instaurar algún tipo de acción ha vencido. Es la sanción que consagra
la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los
plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le
asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato
jurisdiccional del poder público. Las normas de caducidad tienen fundamento en la
seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir
que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente”30

De igual manera, esa misma Alta Corporación determinó, que “esta figura no
debe considerarse en forma alguna como una violación o desconocimiento de
la garantía constitucional del libre acceso a la administración de justicia31”

La H. Corte Constitucional en providencia del 08 de agosto de 2001, dispuso:
“La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones
contencioso-administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que
podría generarse ya sea por la eventual anulación de un acto administrativo, o
el deber que podría recaer sobre el Estado de reparar el patrimonio del particular
afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia, se han establecido
plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos
los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del
interés general”32. Respecto al término de caducidad sobre actos
administrativos que versen sobre retiros del servicio, el H. Consejo de Estado
estableció lo siguiente:

““(…)”, cuando se trata de actos administrativos que implican el retiro del
servicio, el momento de la desvinculación resulta ser de trascendental
importancia, teniendo en cuenta que marca el límite temporal de terminación de
la vinculación laboral con la entidad y, bajo ese entendido, es allí donde se
materializa para el interesado la lesión a su derecho subjetivo. “(…)” la
caducidad de la presente demanda corresponde computarse a partir del día
siguiente a aquel en que se hizo efectiva la desvinculación laboral33”. Negrillas
y subrayas de la Sala.

Caso en concreto.

1. Uno de los reparos del apoderado de la parte demandante respecto al
rechazo de la demanda por caducidad, es que no es posible atribuirles a los
actos administrativos, el criterio de principales o de subsidiarios, por lo que se
hace necesario analizarlos en forma individual.

1.1. La parte demandante solicitó la nulidad del acto administrativo emitido por
la Cámara de Representantes el 24 de marzo de 202334 , notificado el 27 de
marzo de 2023, por medio del cual se dio respuesta a la petición dirigida, entre
otros aspectos, a que se reintegrara al actor al cargo que venía desempeñando.
“(…)”, es importante resaltar, que no es posible contabilizar la caducidad desde
la fecha de notificación del referido acto, comoquiera que como ya se indicó, la
caducidad en los casos de retiro del servicio se cuenta desde el momento en
que se efectúa la desvinculación y no desde que la entidad niega la solicitud de
reintegro, comoquiera que el acto que resolvió definitivamente la situación del
demandante, fue el que lo declaró insubsistente. Negrillas y subrayas de la Sala.

El H. Consejo de Estado ha sostenido dicha postura, de la siguiente manera:

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P.

Enrique Gil Botero, Providencia del 13 de julio de 2013, Radicación: 07001-23-31-000-2001-01356-
01(25712).
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P.

William Hernández Gómez, Providencia del 16 de agosto de 2018, Radicación: 17001-23-33-000-2016-
00149-01(3523-16).
32 Corte Constitucional, Sala Plena, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Jorge

Iván Duque Gutiérrez, Sentencia del 20 de junio de 2024, Radicación 66001-23-33-000-2021-00141-01
(3172-2023)
34 Archivo 002, fls. 944 a 947

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“Esta Corporación ha precisado que el acto administrativo definitivo que es
susceptible de ser enjuiciado en sede judicial es aquella «manifestación de voluntad
de la administración, en ejercicio de la función administrativa, orientada a producir
efectos jurídicos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica, y, por
ende, susceptible del control jurisdiccional».

Bajo este criterio interpretativo, debe entenderse que el acto administrativo que
declara el retiro del servicio es el acto definitivo que contiene la decisión
unilateral de la administración de culminar el vínculo legal y reglamentario del
servidor público, cuya efectividad es el punto de partida para contabilizar la
caducidad del medio de control. Esta Corporación se ha pronunciado en ese
sentido así:

Ahora bien, teniendo en cuenta que mediante la resolución acusada se retiró
del servicio al actor, se precisa que según lo ha reiterado esta Sala, “tratándose
de actos de retiro del servicio, el interés para obrar del demandante nace a partir
del día siguiente en que tenga lugar la desvinculación, es decir, desde la
ejecución del acto respectivo y no desde su notificación.

Así las cosas, para garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia, el punto de partida para contar la caducidad cuando se demanda
el acto de retiro del servicio, es a partir del día siguiente a aquel en que se
hace efectiva la desvinculación”35(negrilla fuera del texto original).

1.2. De igual manera, solicitó la nulidad de la Resolución 1291 del 1° de junio
de 2023 proferido por la Cámara de Representantes, mediante el cual, se retiró
la protección constitucional consistente en el pago de la seguridad social del
actor, que venía reconociendo la entidad, hasta tanto terminara la incapacidad
del señor Paulo Adolfo Filigrana Carabalí36.

De la lectura de las pretensiones del medio de control se concluye, que la
finalidad es que se reintegre al demandante al cargo que ocupaba en la entidad
enjuiciada, situación que no es consecuente con la solicitud de nulidad del
señalado acto y el restablecimiento solicitado, comoquiera que la Resolución
1291 del 1° de junio de 2023, resolvió aspectos relacionados con el pago de la
seguridad social que se le estaba reconociendo al demandante, pero no
respecto al vínculo con la entidad.

Así las cosas y contrario a lo manifestado en el recurso de apelación, se
advierte, que no es que se les den a los actos demandados las categorías de
principales y subsidiarios, y tampoco que se realice un estudio parcializado de
los actos demandados, sino que es indispensable determinar con claridad, cuál
fue el acto administrativo que definió la situación legal del demandante,
comoquiera que es a partir de éste que se debe contabilizar la caducidad.

En este orden de ideas, la Sala comparte los argumentos expuestos por la Juez
de primer grado, al determinar que la caducidad se debe contabilizar desde la
terminación del vínculo laboral, la cual se produjo con la Resolución 1626 del 18
de julio de 2022, en razón a que fue a través de dicho acto administrativo que
se declaró insubsistente al demandante, y donde adicionalmente quedó claro,
que se continuaría con el pago de la seguridad social, durante el tiempo que
durara la incapacidad, ya que este acto resolvió de manera definitiva la situación
laboral del demandante con la entidad enjuiciada.

2. Ahora bien, se procede a analizar el reparo del apoderado del señor Paulo
Adolfo Filigrana Carabalí, respecto de la fecha tenida en cuenta por el a quo
para contabilizar la caducidad del medio de control.

El Despacho de primer grado advirtió, que en el plenario no obra constancia de
notificación de la Resolución 1626 del 18 de julio de 2022, sin embargo, hay una

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P.

Rafael Francisco Suárez Vargas, Sentencia del 09 de junio de 2022, Radicación: 08001 33 31 000 2010
00695 01 (2134-2016)
36 Archivo 002, fls. 627 y 628

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certificación expedida por el jefe de la división de personal de la entidad
demandada, en la cual quedó consignado que el demandante prestó sus
servicios hasta el 30 de septiembre de 2022. No obstante lo anterior, el
apoderado del demandante en el recurso de apelación manifestó, que la
certificación laboral “corresponde a una mera información emanada de la
entidad nominadora y no un acto administrativo tendiente a calificar de alguna
manera el status de mi representado con la Administración”.

Sobre las certificaciones laborales expedidas por las entidades, la H. Corte
Constitucional ha determinado lo siguiente:

“3.2. Con fundamento en ese derecho, esta Corporación ha indicado que los
empleadores tienen la obligación de expedir certificados laborales a quienes les
han prestado sus servicios. “(…)” “a fin de que, de un lado, el trabajador pueda
reclamar los derechos que le asisten, y, del otro, se protejan en su integridad
los demás derechos fundamentales de los que es titular “(…)”.
“(…)”

Si bien es cierto, las certificaciones laborales no tienen la calidad de acto
administrativo y no son enjuiciables ante esta jurisdicción, éstas son relevantes
y se deben tener en cuenta para adoptar la decisión pertinente, porque
contienen la información laboral y el estado actualizado del trabajador con la
entidad, aún más cuando por ley ordena la custodia de dicha información de
manera actualizada, “veraz, cierta, clara, precisa y completa”.

Por lo tanto, frente a este punto, la Sala también comparte lo resuelto por la
Juez de primer grado, que determinó el conteo de la caducidad de la demanda,
desde la fecha de terminación del vínculo laboral del señor Paulo Adolfo
Filigrana Carabali con la entidad enjuiciada, que según el certificado obrante en
el archivo 002 fl. 651, terminó el 30 de septiembre de 2022.

3. Finalmente, el apoderado del demandante argumentó, que la entidad
demandada continuó con el pago de la seguridad social, por lo que dicha
situación no permitió que se perfeccionara la desvinculación del señor Paulo
Adolfo Filigrana Carabalí de la Cámara de Representantes, y que el vínculo
laboral se extendió indefinidamente.

En primer lugar, la Sala no comparte ese argumento, comoquiera que en la
petición radicada el 07 de marzo de 2023, se solicitó el reintegro del señor Paulo
Adolfo Filigrana Carabalí al cargo que venía desempeñando sin solución de
continuidad a partir del 1° de octubre de 2022, es decir, la parte demandante
era consciente de su desvinculación de la entidad enjuiciada, comoquiera que
la Resolución 1626 del 18 de julio de 202237, fue clara al señalar la decisión que
se estada adoptando, ya que en el encabezado quedó consignado: ”POR
MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA INSUBSISTENTE UN NOMBRAMIENTO
“(…)” y si bien es cierto, en el único numeral de la parte resolutiva se adicionó
la advertencia del pago a la seguridad social de la siguiente manera: ” (...)
cubriendo el pago de la seguridad social durante el tiempo que dure su
incapacidad (...), esto no implica una “prórroga“ de la vinculación laboral del
demandante con la entidad.

De igual manera, tal como lo sostuvo la Juez de primer grado, en la sentencia
de tutela proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado del
Valle del Cauca – Cali , que obra en el archivo 002 fl. 521, al momento de realizar
el resumen de la acción, se dejó consignado que el abogado expuso que su
representado se encontraba vinculado al Congreso de la Republica- Cámara
de Representantes, sin embargo, que el pasado 30 de septiembre de 2022,
había sido declarado insubsistente, y dicha situación también quedó consignada
en la decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
judicial de Cali20, es decir, la parte actora siempre tuvo conocimiento y
conciencia de la fecha de terminación del vínculo laboral.

37 Archivo 002, fl. 649 y 650

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Ahora bien, la entidad demandada desde la expedición de la Resolución 1626
de 2022, advirtió sobre la incapacidad en la que se encontraba el demandante,
por lo tanto, continuó con el pago de la seguridad social, situación que no puede
entenderse, como lo afirma el apoderado y como ya fue expuesto en párrafos
anteriores, como una continuación del vínculo laboral, aún más cuando no obra
constancia en el plenario, de que la entidad le estuviera cancelando
emolumentos salariales y prestacionales al demandante, al contrario, la parte
los está solicitando en el medio de control que aquí se analiza.

Con lo anterior se puede concluir, que la entidad demandada a efectos de
salvaguardar el derecho a la salud del demandante continuó con el pago de la
seguridad social, aun finalizado el vínculo laboral, lo cual se extendió por un
periodo de tiempo considerable, ya que la suspensión de estas cotizaciones se
realizó el 1° de junio de 2023.

Así las cosas y tal como lo resolvió el a quo, el término de caducidad de 4 meses
se contabilizó a partir del día siguiente de la fecha de terminación del vínculo
laboral, lo cual ocurrido el 30 de septiembre de 2022 como lo certificó el Jefe de
la División de Personal de la Cámara de Representantes21; el conteo inicio el
1° de octubre de 2022 y finalizó el 1° de febrero de 2023 y el presente medio de
control se radicó el 26 de julio de 202338, por lo tanto, a la fecha de presentación
de la demanda, el término de caducidad ya se había superado. De igual manera,
verificadas las pruebas aportadas, no se evidencia que la parte demandante
hubiera solicitado la conciliación prejudicial, por lo que el término de caducidad
quedó superado en su totalidad, sin ningún tipo de interrupción. “(…)” Negrillas
y subrayas de la Sala.

Al analizar la providencia objeto de la acción de tutela la Sala advierte que no se
configuraron los defectos sustantivo y fáctico alegados, puesto que, tanto la
interpretación normativa como la valoración probatoria son razonables.

En efecto, en este caso la autoridad judicial ante la falta de prueba de la
notificación formal del acto que declaró insubsistente el nombramiento del
demandante, a efectos de analizar el cómputo de la caducidad, consideró como
fecha de terminación del vínculo laboral el 30 de septiembre de 2022, teniendo
en cuenta la certificación laboral del 4 de noviembre de esa anualidad que fue
expedida por la Cámara de Representantes “por solicitud del interesado”
aplicando respecto a esta la figura de notificación por conducta concluyente que
tiene su fundamento en el artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

Aunado a lo anterior, la autoridad judicial objeto de reproche, sustentó la
aplicación de la figura, con base a que en la reclamación administrativa realizada
el 7 de marzo de 2023, el apoderado del actor solicitó el reintegro al cargo que
venía desempeñando el señor Filigrana Carabalí a partir del 1 de octubre de
2022, situación que hace evidente, que la parte actora tenía claridad respecto a
la fecha de su desvinculación.

En ese entendido, no se configura un defecto sustantivo si la interpretación
realizada por la autoridad judicial está dentro de los márgenes razonables de la
norma, como ocurrió en este asunto. Ahora bien, contrario al planteamiento del
actor, la figura de la conducta concluyente no ignora las prerrogativas legales de
publicación de los actos administrativos, sino que las complementa en
situaciones en las que el conocimiento efectivo del acto está demostrado.

38 Archivo 003

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La Corte Constitucional39 ha avalado el uso de la conducta concluyente siempre
que se respete el derecho al debido proceso y el conocimiento de los actos
administrativos ya no ofrezca dudas, como ocurrió en este caso.

Por otro lado, no se presentó un defecto fáctico en el análisis de las fechas de
caducidad.

Como lo expuso la autoridad judicial accionada, la jurisprudencia del Consejo de
Estado40 establece que el término de caducidad comienza a contarse desde el
conocimiento del acto por parte del interesado y no como lo entendió el
apoderado de la parte actora en su asunto, desde el final de las incapacidades
médicas, por lo que lo alegado por el actor en ese sentido, carece de asidero.

Aunado a lo anterior, cabe recordar que el defecto por exceso ritual manifiesto
implica una afectación grave del derecho al debido proceso por la exigencia
desproporcionada de formalidades procesales.

En este caso, no se configuró dicha situación, ya que las actuaciones del tribunal
se ajustaron a las normas procesales vigentes, específicamente los artículos 67,
72 y 77 del CPACA, que regulan la notificación y comunicación de actos
administrativos. En ese entendido, las autoridades judiciales cumplieron con las
formalidades esenciales y no se vulneraron derechos fundamentales del señor
Filigrana Carabalí, por lo cual el defecto endilgado no tiene ningún fundamento.

Con relación al supuesto defecto por violación directa de la Constitución el
accionante invocó los artículos 29, 53 y 229 constitucionales, pero no se advierte
su vulneración.

En ese sentido, el derecho al debido proceso (artículo 29) fue garantizado por las
diferentes instancias al cumplir con las formalidades legales; las garantías
laborales (artículo 53) no se desconocieron, ya que, por el contrario, la Cámara
de Representantes realizó los pagos a la seguridad social durante la incapacidad
del actor incluso por varios meses más posteriores a su desvinculación; y el
acceso a la justicia (artículo 229) fue plenamente ejercido a través de las acciones
legales presentadas por el actor.

Respecto del alegado perjuicio irremediable, este carece de sustento, dado que
el actor aún cuenta con recursos legales para acceder a su pensión de invalidez
y puede iniciar otras acciones judiciales si lo considera necesario. El retiro del
pago de seguridad social no implica un perjuicio grave e irreparable, ya que se
ajustó a la normativa que regula estas situaciones, en particular, el artículo 41 de
la Ley 909 de 2004 referente a las causales de retiro de un servidor público de

39 Corte Constitucional, Sentencia C-029 de 2021. “Las notificaciones por edicto [147] y por conducta
concluyente resultan válidas por cuanto desarrollan el principio de economía procesal [148]”
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael

Francisco Suárez Vargas, Sentencia del 09 de junio de 2022, Radicación: 08001 33 31 000 2010 00695 01
(2134-2016)

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libre nombramiento y remoción. A lo anterior se suma que su tipo de
nombramiento y las condiciones inherentes a este son de pleno conocimiento del
actor como profesional del derecho.
Se evidencia que la Cámara de Representantes aplicó el artículo 125 de la
Constitución y la jurisprudencia sobre actos administrativos de insubsistencia y,
por su parte, las autoridades judiciales con su decisión de rechazar la demanda
por caducidad utilizaron la normativa y jurisprudencia que eran pertinentes para
el asunto, sin que se advierta que su interpretación haya sido irrazonable.
Así las cosas, de ninguna manera se puede considerar entonces, que la
interpretación de la autoridad judicial haya sido arbitraria o caprichosa. Lo que, si
se advierte, es que la parte accionante pretende reabrir el debate jurídico de
instancia, y solicitar que se acoja su criterio particular sobre el asunto objeto de
estudio sin un sustento firme, más allá de su inconformidad con las decisiones
que no le favorecieron por su propia incuria.

Cabe recordar que el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del
fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica
si se verifica la existencia de «una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima
de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»41, lo que no sucede en el caso concreto.

En ese orden de ideas, de conformidad con la motivación expuesta, es preciso
cconfirmar parcialmente la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2024, por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por falta del
requisito de subsidiariedad, en la medida que el actor dentro del proceso ordinario
no expuso inconformidad alguna respecto de la firmeza del acto administrativo y
el excesivo ritualismo en que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales
accionadas, y revocar en lo demás la decisión de primera instancia, para, en su
lugar negar las pretensiones de la demanda de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia proferida el 13 de diciembre de
2024, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por falta
del requisito de subsidiariedad, en la medida que el actor dentro del proceso
ordinario no expuso inconformidad alguna respecto de la firmeza del acto
administrativo y el excesivo ritualismo en que presuntamente incurrieron las
autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en precedencia.

Segundo. Revocar en lo demás la decisión de primera instancia, para, en su
lugar negar las pretensiones de la demanda de tutela, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva.

41 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.

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Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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