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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05891-00

Fecha
11 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05891-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Paula Andrea Franco Hoyos, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada la decisión, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05891-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

11 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05891-00
Accionante: Paula Andrea Franco Hoyos
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial.

Decisión: Se declara improcedente la acción de tutela.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la señora Paula Andrea Franco Hoyos, quien actúa en
nombre propio, contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura del
Quindío, Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, Juzgado Sexto Penal
del Circuito de Conocimiento de Armenia, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el trabajo y de petición,
con ocasión de la expedición de la Resolución del 27 de septiembre de 2024, por
medio de la cual se nombró al señor Ronald Cuesta Murillo, en el cargo de oficial
mayor del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Armenia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

Paula Andrea Franco Hoyos fue nombrada en propiedad como oficial mayor del
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, cargo
del que tomó posesión el 1 de agosto de 2023.

A principios del año 2024 realizó diferentes solicitudes de traslado a Juzgados en
las ciudades de Armenia y Calarcá.

El 16 de agosto de 2024, al no haber recibido información sobre los conceptos
de traslado a los Juzgados 4° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Calarcá y 6° Penal del Circuito de Armenia, pidió a la Unidad de Administración
de Carrera Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura de Quindío que le
informaran el estado de sus solicitudes de traslado para el cargo de Oficial

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05891-00
Accionante: Paula Andrea Franco Hoyos

Mayor/Sustanciador Circuito en propiedad, que fueron respondidas de forma
desfavorable a sus pretensiones los días 30 de agosto de 2024 y 17 de
septiembre de 2024, por el Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío y por
la Unidad de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura respectivamente.

El 1 de octubre de 2024 fue vinculada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
al proceso de tutela que se sigue bajo el radicado 63001-22-14-000-2024-00092-
00 en el que se enteró que a través de la Resolución del 27 de septiembre de
2024 se nombró al señor Ronald Cuesta Murillo en el cargo de oficial mayor en
el Juzgado Penal del Circuito de Armenia por motivos de seguridad.

La Sala pone de presente que la accionante en su escrito solicitó que se ordene
que las autoridades convocadas se pronuncien respecto del recurso de
reposición con radicado EXTCSJ24-5175, que se advierte, fue interpuesto por el
señor Sebastián Acevedo Díaz, quien es uno de los aspirantes a ser trasladado
al cargo de oficial mayor, contra el concepto desfavorable que emitió la Unidad
de Administración de Carrera Judicial mediante Oficio CJO24-3386 de 6 de junio
de 2024, puesto que puede tener incidencia respecto de su situación.

2.2. Fundamentos jurídicos

Paula Andrea Franco Hoyos argumentó que el nombramiento en propiedad del
señor Ronald Cuesta Murillo vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad
y al mérito, porque fue extemporánea en desmedro de las personas que radicaron
su solicitud en el término establecido para los efectos.

Esta situación reflejaría un aparente desorden administrativo de la Unidad de
Carrera Judicial, que dejaría a los aspirantes en un estado de indefensión,
desprotegidos de mecanismos ordinarios para hacer valer sus derechos y su
trabajo procedimental previo.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó al señor Juez con fundamento en los hechos
relacionados, disponer y ordenar a su favor lo siguiente:

«PRIMERO: Vincular a todas las personas que a la fecha nos encontramos
a la espera de un pronunciamiento de fondo frente al nombramiento del
cargo de OFICIAL MAYOR/SUSTANCIADOR CIRCUITO DEL JUZGADO
del Juzgado 6° Penal del Circuito de Armenia; así como al señor Ronald
Cuesta Murillo.

SEGUNDO: Tutelar los derechos fundamentales a la Igualdad; de Petición;
al Trabajo; al Debido Proceso Administrativo; los cuales considero violados
por las entidades accionadas.

TERCERO: Ordenar a la Unidad de Carrera Judicial, autorizar el cambio de
sede de la solicitud de traslado por razones de seguridad incoada por el

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Accionante: Paula Andrea Franco Hoyos

señor Ronald Cuesta Murillo del Juzgado 6° Penal del Circuito de Armenia,
a alguna de las vacantes publicadas por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Risaralda, para el cargo de OFICIAL
MAYOR/SUSTANCIADOR CIRCUITO DEL JUZGADO; y que consecuente
con ello, se deje sin efectos el concepto de traslado por motivos de
seguridad expedido a favor del señor Ronald Cuesta Murillo al Juzgado 6°
Penal del Circuito de Armenia.

CUARTO: Ordenar a la Unidad de Carrera Judicial, pronunciarse, de
manera inmediata y sin dilaciones, respecto del recurso con radicado
EXTCSJ24-51751, para que posterior a ello, el Consejo Seccional de la
Judicatura Quindío, remita al Honorable Juez Sexto Penal del Circuito de
Armenia, las correspondientes listas de elegibles y conceptos de traslados,
a efectos de que se proceda con el correspondiente nombramiento,
advirtiéndose además que ante la presencia de lista de elegibles vigente y
conceptos de traslados, se atiendan CRITERIOS OBJETIVOS DE
SELECCIÓN.»

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 5 de noviembre de 2024, a
través del cual se ordenó notificar al como accionados la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al
Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, al Consejo Seccional de la
Judicatura de Risaralda, al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de
Armenia, y como terceros interesados en el resultado del proceso al Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Armenia, y a los señores Ronald
Cuesta Murillo, Diego Llovinson Ramírez Arias, Diego Iván Vanegas Ramírez,
Edna Marieth Zambrano Herrera, Ana María Peláez Londoño, Gloria Milady
Estrada Vargas, Jaiber Jiménez Patiño, Manuela Leyva Vergara, Jackeline
Beltrán Serna, Jeyson Pérez Jurado, Silvana Patricia Cagiazango Jurado, Carlos
Andrés Arcilla Quintero, Luis Alberto Robayo Cuellar, Henry Torres Pérez y
Sebastián Acevedo Díaz y demás postulados para la opción de sede en el cargo
de oficial mayor del Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Armenia.

2.4.1. El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Armenia, Quindío señaló que cuenta con dos cargos de oficial mayor pendientes
de proveer en propiedad, actualmente ocupados por funcionarios en
provisionalidad. Específicamente, ha estado adelantando un proceso de
nombramiento para el señor Ronald Cuesta Murillo, quien solicitó un traslado por
razones de seguridad.

El Juzgado señaló que ha actuado respetando todos los trámites administrativos
y ha garantizado los derechos fundamentales de los participantes. Actualmente,

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Este recurso fue interpuesto por el señor Sebastián Acevedo Díaz.
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Accionante: Paula Andrea Franco Hoyos

tiene la hoja de vida de Paula Andrea Franco Hoyos en estudio para ponderar los
factores objetivos de selección con miras a un nombramiento definitivo. El
Juzgado consideró que no ha vulnerado ningún derecho fundamental y que su
actuación se ajusta completamente a las disposiciones legales, manteniendo un
proceso transparente para proveer las plazas vacantes de oficial mayor.

2.4.2. El Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío manifestó que ha
adelantado oportunamente todos los trámites correspondientes a la provisión de
vacantes para los cargos de oficial mayor del Juzgado Sexto Penal del Circuito
de Armenia, publicadas originalmente en abril de 2024. En cuanto al traslado por
seguridad del señor Ronald Cuesta Murillo, aclaró que este es un tema exclusivo
de las Unidades de Seguridad y de Administración de la Carrera Judicial de la
Rama Judicial, siendo la decisión de aceptación competencia del nominador.

2.4.3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda señaló que no ha
vulnerado los derechos fundamentales invocados.

Su petición principal es ser desvinculada de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Como información adicional, menciona haber
recibido un oficio que ordena suspender trámites de la vacante y otro posterior
que remite un concepto favorable de traslado por seguridad para Ronald Cuesta
Murillo, el cual fue enviado al Juzgado 3 Penal del Circuito de Pereira para el
respectivo nombramiento.

2.4.4. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si las entidades demandadas incurrieron en una violación de los
derechos fundamentales a la Igualdad; de Petición; al Trabajo y al Debido
Proceso Administrativo.

Previo a ello, se deberá determinar si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos generales y específicos de procedencia cuando se reprochan
decisiones judiciales.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

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Accionante: Paula Andrea Franco Hoyos

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3.4. Del requisito de subsidiariedad

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia2.

No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho referencia al
tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos administrativos, destacando
como regla general que no es la sede adecuada para controvertirlos, puesto que

2
En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley
estipulan (sic) un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con
el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad,
vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las
disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
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son los procedimientos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los
escenarios naturales para la discusión sobre ellos3.

De esta manera entonces, la tutela es improcedente para debatir asuntos propios
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo objeto se encuentra
plenamente definido en el artículo 104 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que le otorga la potestad de
conocer «además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originado en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa…».

Al respecto, se advierte que para cuestionar la legalidad de actos administrativos
se han dispuesto una serie de acciones contencioso-administrativas.

Adicionalmente, vale la pena poner de presente que en la Ley 1437 de2011 se
consagraron una serie de medidas cautelares dirigidas a garantizar el resultado
del proceso.

3.4.1. Análisis del presupuesto de subsidiariedad

En el caso concreto se advierte que la parte accionante no ha agotado los
mecanismos ordinarios para cuestionar la legalidad de la resolución del 27 de
septiembre de 2024, por medio de la cual se nombró al señor Ronald Cuesta
Murillo en el cargo de oficial mayor del Juzgado Sexto Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Armenia, Quindío, por lo que no puede pretender
que se deje sin efectos a través de la acción de tutela, máxime cuando ni siquiera
se argumentó la existencia de un perjuicio irremediable.

Al respecto, se advierte que la accionante no ha hecho uso de las acciones
contenciosas pertinentes para cuestionar el acto de nombramiento del señor
Ronald Cuesta Murillo, por lo que no ha agotado todos los mecanismos de
protección.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción, por las razones
expuestas en el proveído, pues, se reitera, dentro de las facultades del juez
constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales idóneas
para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario,
la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de protección
alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la carta a los
jueces constitucionales.

Ahora bien, tal como se precisó en los hechos de la acción de tutela, dentro de
las pretensiones se solicitó un pronunciamiento respecto del recurso con

3
Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.
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radicado EXTCSJ24-5175 interpuesto por el señor Sebastián Acevedo Díaz,
respecto del cual no se observa que la señora Franco Hoyos tenga legitimación
alguna, a lo que cabe agregar que fue desatado a través de la Resolución CJR24-
0388 de 7 de octubre de 2024 en la que se rechazó el recurso, por lo que la
misma es a su vez improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Paula Andrea Franco Hoyos, de acuerdo con los argumentos expuestos en la
parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada la decisión, remitir el expediente de la actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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